Santiago Orozco Valencia
Expediente 718/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 718/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 20/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado PENSIONISSSTE
- Santiago Orozco Valencia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución terminada de engrosar el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en la que por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo, y por otra, se negó la protección constitucional, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el mismo. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Por otro lado, como de autos se advierte que obran glosados documentos originales exhibidos por la parte quejosa, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a solicitar su devolución, apercibida que en caso de no hacerlo en dicho término, los documentos correrán la misma suerte que tenga el presente expediente. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.marilyn "2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA" 13450. SECRETARIO DE HAIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 13451. VOCAL EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO PENSIONISSSTE. Corporativo Magna Sur, Boulevard Adolfo López Mateos, Número 2157, colonia Los Alpes C.P. 01010, DELEGACIÓN Álvaro Obregón, Ciudad de México. 13452. SERGIO ARIEL PÉREZ LUCIO. JEFE DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN OFICINA DE SUBDIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO PENSIONISSSTE. Corporativo Magna Sur, Boulevard Adolfo López Mateos, Número 2157, colonia Los Alpes C.P. 01010, DELEGACIÓN Álvaro Obregón, Ciudad de México. 13453. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDADA Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 13454. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDADA Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. CIUDAD DE MÉXICO 13455. INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. 13456. JEFE DE VIVIENDA EN MICHOACÁN DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. MORELIA, MICHOACÁN. DENTRO DE LOS AUTOS QUE INTEGRAN EL JUICIO DE AMPARO 718/2018 PROMOVIDO POR SANTIAGO OROZO VALENCIA, SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: Morelia, Michoacán, veinte de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución terminada de engrosar el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en la que por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo, y por otra, se negó la protección constitucional, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el mismo. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Por otro lado, como de autos se advierte que obran glosados documentos originales exhibidos por la parte quejosa, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a solicitar su devolución, apercibida que en caso de no hacerlo en dicho término, los documentos correrán la misma suerte que tenga el presente expediente. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe. LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. MORELIA, MICHOACÁN, 20 DE JUNIO DE 2019. ATENTAMENTE: EL SECRETARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LICENCIADO OSCAR HERNÁNDEZ GARCÍA. JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN SECCIÓN AMPARO. JUICIO DE AMPARO: 718/2018 QUEJOSO: ******************** ACUERDO DE 20 DE JUNIO DE 2019. 13455. INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. 13456. JEFE DE VIVIENDA EN MICHOACÁN DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.
- Principal
Primero.- sobresee.... Segundo.- No Ampara...
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 718/2018, promovido por Santiago Orozco Valencia, por su propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán (fojas 2-09), Santiago Orozco Valencia, por su propio derecho, compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y de otras autoridades. Actos que estimó violatorios de los artículos 1º, 14, 16 y 123, Apartado B, fracciones XI, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de trece de septiembre de dos mil dieciocho, previo cumplimiento a la prevención formulada, se admitió a trámite la presente demanda de amparo; se registró en el libro de gobierno con el número 718/2018, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a las autoridades responsables, se fijó fecha para la audiencia constitucional y ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en virtud de que se reclama una norma de carácter general cuya aplicación se dio dentro de la demarcación territorial en donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda, se advierte que los actos reclamados consisten en: Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la expedición del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio, específicamente los artículos 49 y 51; Del Jefe de Servicios de Atención en Oficina de la Subdirección Especializada de Atención al Público, del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado; la emisión del oficio 170.177.2/378/2018 de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, en el que refiere se aplicaron los numerales impugnados; y, Del Director General, de la Junta Directiva y el Vocal Ejecutivo del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE); así como del Jefe de Vivienda en Michoacán, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (FOVISSSTE), la omisión de garantizar el derecho a la vivienda otorgando créditos baratos y accesibles para el quejoso, y de proporcionar facilidades para que éste retire las aportaciones enteradas a la subcuenta del Fondo de la Vivienda. Tercera. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto atribuido al Vocal Ejecutivo del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), no obstante que del informe rendido en su representación por la Jefa de Servicios de lo Contencioso, y del Jefe de Servicios de Atención en Oficina de la Subdirección Especializada de Atención al Público, del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado [foja 36], haya manifestado que es cierto el diverso acto reclamado consistente en la emisión del oficio 170.177.2/378/2018 de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Lo anterior es así, si tomamos en cuenta que del oficio que obra en copia certificada a fojas 41 y 42 del presente juicio, se desprende que únicamente lo suscribió el Jefe de Servicios de Atención en Oficina de la Subdirección Especializada de Atención al Público, del aludido Fondo, de lo que se sigue que si no existe prueba alguna que indique que el Vocal Ejecutivo tuvo intervención en la emisión del oficio reclamado, es de concluirse que respecto de esa autoridad, no es cierto el acto de que se trata. Tampoco es cierto el acto reclamado a las autoridades Jefe de Vivienda en Michoacán, Director General; y Junta Directiva todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como al Vocal Ejecutivo del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), consistente en la omisión de garantizar el derecho a la vivienda otorgando créditos baratos y accesibles para el quejoso, y de otorgar facilidades para que éste retire las aportaciones enteradas a la subcuenta del Fondo de la Vivienda, pues así lo manifestaron los tres primeros al rendir su informe justificado [fojas 81, 44 y 49]. Para sostener lo antes dicho, es pertinente establecer que nos encontramos en presencia de un acto de naturaleza omisiva, y para determinar si este existe o no, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad están obligadas a realizar esa conducta. En otras palabas, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que el quejoso indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Es aplicable la tesis 1a. XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 53, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de junio de 1998, Materia Común-Administrativa, Novena Época, registro 196080, de rubro: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO". En ese tenor, es pertinente traer a glosa la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, que en sus artículos 6º, 104, 113, 214 y 220 dispone: "Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: [.] IV. Cuenta Individual, aquélla que se abrirá para cada Trabajador en el PENSIONISSSTE o, si el Trabajador así lo elije, en una Administradora, para que se depositen en la misma las Cuotas y Aportaciones de las Subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de ahorro solidario, de aportaciones complementarias de retiro, de aportaciones voluntarias y de ahorro de largo plazo, y se registren las correspondientes al Fondo de la Vivienda, así como los respectivos rendimientos de éstas y los demás recursos que puedan ser aportados a las mismas;" "Artículo 104. El PENSIONISSSTE tendrá a su cargo: I. Administrar Cuentas Individuales, y II. Invertir los recursos de las Cuentas Individuales que administre, excepto los de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda." "Artículo 113. El Vocal Ejecutivo del PENSIONISSSTE tendrá las obligaciones y facultades siguientes: I. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva del Instituto con voz, pero sin voto, para informar de los asuntos del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al servicio del Estado; II. Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva del Instituto y de la Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE, relacionados con el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado; III. Convocar a las sesiones de la Comisión Ejecutiva; IV. Presentar anualmente a la Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE, dentro de los dos primeros meses del año siguiente, los estados financieros y el informe de actividades del ejercicio anterior; V. Presentar a la Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE a más tardar el último día de septiembre de cada año, los presupuestos de ingresos y egresos, el proyecto de gastos y los planes de labores y de financiamiento para el año siguiente; VI. Presentar a consideración de la Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE, un informe bimestral sobre las actividades de la propia Comisión Ejecutiva; VII. Presentar a la Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE para su consideración, la estrategia de inversión de los recursos de Pensiones; VIII. Proponer al Director General los nombramientos y remociones del personal técnico y administrativo del PENSIONISSSTE, y IX. Las demás que le señalen esta Ley y sus disposiciones reglamentarias." "Artículo 167. El Instituto administrará el Fondo de la Vivienda que se integre con las Aportaciones que las Dependencias y Entidades realicen a favor de los Trabajadores. El Instituto contará con una Comisión Ejecutiva, que coadyuvará en la administración del Fondo de la Vivienda de acuerdo con el reglamento que emita la Junta Directiva. El Fondo de la Vivienda tiene por objeto establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los Trabajadores obtener crédito barato y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria en los casos que expresamente determine la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda. Estos préstamos se harán hasta por dos ocasiones, una vez que el primer crédito se encuentre totalmente liquidado. El Instituto podrá celebrar convenios de coordinación y colaboración con las autoridades federales, Entidades Federativas y municipios, según corresponda, para el mejor cumplimiento del objeto del Fondo de la Vivienda. Asimismo, para el ejercicio de las funciones del Fondo de la Vivienda se podrá contratar cualquier tipo de servicios." "Artículo 214. Corresponde a la Junta Directiva: I. Autorizar los planes y programas que sean presentados por la Dirección General para las operaciones y servicios del Instituto; II. Examinar para su aprobación y modificación, el programa institucional y los programas operativos anuales de acuerdo con lo establecido en la Ley de Planeación, así como los estados financieros del Instituto; III. Examinar y aprobar anualmente el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del Instituto; IV. Aprobar las políticas de inversión del Instituto, a propuesta del Comité de Inversiones, excepto tratándose del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y el programa anual de Reservas actuariales y financieras que deban constituirse para asegurar el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios que determina esta Ley, así como el cumplimiento de sus fines; V. Conocer y aprobar en su caso, en el primer bimestre del año, el informe del estado que guarde la administración del Instituto; VI. Aprobar el estatuto orgánico y los reglamentos necesarios para la operación del Instituto propuestos por el Director General; VII. Establecer o suprimir delegaciones del Instituto en las Entidades Federativas; VIII. Autorizar al Director General a celebrar convenios con los gobiernos de las Entidades Federativas o de los municipios o sus Dependencias o Entidades, a fin de que sus Trabajadores y Familiares Derechohabientes aprovechen los seguros, prestaciones y servicios que comprende el régimen de esta Ley; IX. Dictar los acuerdos y resoluciones a que se refiere el artículo 219 de esta Ley; X. Dictar los acuerdos que resulten necesarios para otorgar los beneficios previstos en los seguros, prestaciones y servicios establecidos en esta Ley; XI. Constituir a propuesta del Director General, un Consejo Asesor Científico y Médico; XII. Nombrar y remover al personal de confianza del primer nivel del Instituto, a propuesta del Director General, sin perjuicio de las facultades que al efecto le delegue; XIII. Conferir poderes generales o especiales, de acuerdo con el Director General; XIV. Otorgar premios, estímulos y recompensas a los servidores públicos del Instituto, de conformidad con lo que establece la ley de la materia; XV. Proponer al Ejecutivo Federal los proyectos de reformas a esta Ley; XVI. En relación con el Fondo de la Vivienda: a) Examinar y, en su caso, aprobar el presupuesto de ingresos y egresos, así como los programas de labores y de financiamiento del Fondo de la Vivienda para el siguiente año; b) Examinar y, en su caso, aprobar, en el primer bimestre del año, el informe de actividades de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda y, dentro de los cuatro primeros meses del año, los estados financieros que resulten de la operación en el último ejercicio; c) Establecer las reglas para el otorgamiento de créditos; d) Examinar y, en su caso, aprobar anualmente el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del Fondo de la Vivienda, los que no deberán exceder del cero punto setenta y cinco por ciento de los recursos totales que maneje; e) Aprobar los programas de inversión y de Reservas que deben constituirse para asegurar la operación del Fondo de la Vivienda y el cumplimiento de los demás fines y obligaciones del mismo; f) Vigilar que los créditos y los financiamientos que se otorguen se destinen a los fines para los que fueron programados, y g) Las demás funciones necesarias para el cumplimiento de los fines del Fondo de la Vivienda; XVII. En relación con el PENSIONISSSTE: a) Examinar y, en su caso, aprobar el presupuesto de ingresos y egresos, así como los programas de labores y de inversión del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado; b) Examinar y, en su caso, aprobar en el primer bimestre del año, el informe de actividades de la Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE y, dentro de los cuatro primeros meses del año, los estados financieros que resulten de la operación en el último ejercicio; c) Examinar y, en su caso, aprobar a propuesta de la Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE, la estrategia de inversión de los recursos; d) Examinar y, en su caso, aprobar anualmente el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del PENSIONISSSTE; e) Examinar y, en su caso, aprobar a propuesta de la Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE, el programa de Reservas que deben constituirse para asegurar la operación del PENSIONISSSTE y el cumplimiento de los demás fines y obligaciones del mismo; f) Autorizar la constitución de sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, y g) Las demás funciones necesarias para el cumplimiento de los fines del PENSIONISSSTE; XVIII. Aprobar mecanismos de contribución solidaria entre el Instituto y sus Derechohabientes; XIX. Presentar al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al Congreso de la Unión, a más tardar el 30 de junio de cada año, un informe dictaminado por auditor externo, que incluya, al menos, los siguientes elementos: a) La situación financiera de cada uno de los seguros ofrecidos por el Instituto, y actuarial de sus reservas, aportando elementos de juicio para evaluar si las primas correspondientes son suficientes para cubrir los gastos actuales y futuros de los beneficios derivados de cada seguro; b) Los posibles riesgos, contingencias y pasivos que se están tomando en cada seguro y la capacidad financiera del Instituto para responder a ellos en función de sus ingresos y las reservas disponibles; c) Estimaciones sobre las posibles modificaciones a las Cuotas y Aportaciones de cada seguro, en su caso, que se puedan prever, para mantener la viabilidad financiera del Instituto, y de las fechas estimadas en que dichas modificaciones puedan ser requeridas, y d) La situación de sus pasivos laborales totales y de cualquier otra índole que comprometan su gasto por más de un ejercicio fiscal. Para los propósitos anteriores la Junta Directiva informará sobre las tendencias demográficas de sus Derechohabientes, incluyendo modificaciones en la esperanza de vida; tendencias en la transición epidemiológica, y cambios en la composición de género de la fuerza laboral, entre otros factores. La estimación de riesgos, a su vez, considerará factores derivados del ciclo económico, de la evolución del costo de los tratamientos y medicamentos, los costos laborales, de la situación macroeconómica, así como cualquier otro factor que afecte la capacidad del Instituto para cumplir con sus compromisos. En todos los casos, la estimación sobre riesgos y pasivos laborales y de cualquier otro tipo, se formulará con estricto apego a los principios de contabilidad generalmente aceptados por la profesión contable organizada en México. El informe, asimismo, deberá contener información sobre el estado que guardan las instalaciones y equipos del Instituto, particularmente los dedicados a la atención médica, para poder atender de forma satisfactoria a sus derechohabientes, y XX. En general, realizar todos aquellos actos y operaciones autorizados por esta Ley y los que fuesen necesarios para la mejor administración y gobierno del Instituto. "Artículo 220. El Director General representará legalmente al Instituto y tendrá las obligaciones y facultades siguientes: I. Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva del Instituto y representar a éste en todos los actos que requieran su intervención; II. Convocar a sesiones a los miembros de la Junta Directiva; III. Someter a aprobación de la Junta Directiva: a) El programa institucional; b) El programa de administración y constitución de Reservas; c) El programa operativo anual de acuerdo con lo establecido en la Ley de Planeación; d) El programa anual de préstamos; e) Los estados financieros del Instituto, y f) El informe financiero y actuarial; IV. Presentar a la Junta Directiva un informe anual del estado que guarde la administración del Instituto; V. Someter a la Junta Directiva los proyectos de estatuto orgánico y reglamentos previstos en esta Ley; VI. Expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público así como las disposiciones y lineamientos normativos distintos a los reglamentos expedidos por el Titular del Ejecutivo Federal, necesarios para la operación del Instituto; VII. Proponer a la Junta Directiva el nombramiento y, en su caso, la remoción de los servidores públicos de primer nivel del Instituto y nombrar a los Trabajadores de base y de confianza de los siguientes niveles, sin perjuicio de la delegación de facultades para este efecto; VIII. Resolver, bajo su inmediata y directa responsabilidad, los asuntos urgentes a reserva de informar a la Junta Directiva sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos; IX. Formular el calendario oficial de actividades del Instituto y conceder licencias al personal, vigilar sus labores e imponer las correcciones disciplinarias procedentes conforme a las condiciones generales de trabajo, sin perjuicio de la delegación de facultades; X. Presidir las sesiones del Comité de Control y Auditoría; XI. Firmar las escrituras públicas y títulos de crédito en que el Instituto intervenga, representar al Instituto en toda gestión judicial, extrajudicial y administrativa, y llevar la firma del Instituto, sin perjuicio de poder delegar dichas facultades; XII. Informar bimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el incumplimiento en el pago de Cuotas y Aportaciones; XIII. Hacer pública, la información del incumplimiento de Cuotas y Aportaciones; XIV. Ejercitar y desistirse de las acciones legales; XV. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, así como los presupuestos del Instituto y presentarlos para su aprobación a la Junta Directiva; XVI. Establecer los mecanismos de evaluación de desempeño del Instituto; XVII. Establecer las medidas que aseguren la solidez financiera a largo plazo del Instituto; XVIII. Presidir las sesiones de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda y del PENSIONISSSTE, facultad que podrá ser delegada en el Vocal Ejecutivo respectivo; XIX. Proponer a la Junta Directiva el nombramiento de los Vocales Ejecutivos del Fondo de la Vivienda y del PENSIONISSSTE, y XX. Las demás que le fijen las leyes o los reglamentos y aquellas que expresamente le asigne la Junta Directiva. [.]". Luego, de los artículos transcritos no se advierte -como lo señala el quejoso en su demanda- que el Director General y la Junta Directiva, así como el Vocal Ejecutivo, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tuvieren la obligación de otorgar créditos baratos y accesibles para el quejoso, así como tampoco la de otorgar facilidades a efecto de que éste retire las aportaciones de la subcuenta del Fondo de la Vivienda. De ahí que, si el quejoso reclama del Director General, de la Junta Directiva y del Vocal Ejecutivo referidos, la omisión de otorgarle créditos baratos y accesibles, así como de otorgarle facilidades para retirar las aportaciones enteradas a la subcuenta del Fondo de la Vivienda; y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado no constriñe a dichas autoridades a pronunciarse al respecto o realizar alguna acción como las que pide el quejoso, es evidente que no incurrieron en los actos atribuidos, al no tener la obligación de obrar en el sentido solicitado. En tales condiciones, procede sobreseer en el juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con los actos reclamados a las autoridades indicadas en este considerando. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, del tomo IV, Sexta Época, Materia Común, Apéndice 2000, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos, no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cuarta. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la expedición del Reglamento que contiene los artículos reclamados por el quejoso, en uso de las facultades que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Certeza que se corrobora con la publicación del Reglamento que contiene los preceptos 49 y 51 tildados de inconstitucionales, en el Diario Oficial de la Federación y la certeza en el actuar de la autoridad responsable se encuentra probada con el hecho de que sus actos forman parte de un procedimiento legislativo, el cual, de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no está sujeto a prueba, al tratarse de hechos públicos y notorios. Es aplicable al caso particular, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia(s): Común, página 260, registro 191452, del rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Asimismo, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo 65, Volumen 65, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 233090: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." De igual manera, es cierto el acto reclamado a la autoridad Jefe de Servicios de Atención en Oficina de la Subdirección Especializada de Atención al Público, del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado; consistente en la emisión del oficio 170.177.2/378/2018 de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, pues así lo manifestó en su representación la Jefa de Servicios de lo Contencioso del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado al rendir su informe justificado [fojas 36 a 42]. Certeza que se corrobora con la copia certificada del oficio de que se trata, que anexaron dichas autoridades responsables a su informe justificado [fojas 41 y 42]. Documental con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo del documento público, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Quinta. Procedencia del juicio. Determinada la certeza de los actos reclamados, debe examinarse la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por cuestión de técnica jurídica las causas de improcedencia se estudiarán en el orden siguiente: 1. Falta de interés. La Directora General de Amparos contra Actos Administrativos en representación del Presidente de la República, refiere que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII en relación con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, pues el oficio mediante el cual se dio respuesta al quejoso no es obligatoria y por ello, no es susceptible de impugnarse, sino por un acto posterior en el que se aplique al particular el criterio sustentado en dicha solicitud; por tanto, si únicamente se le está dando contestación a una petición, carece de interés jurídico para promover el presente amparo. Al efecto, invoca el criterio de rubro: "CONSULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2007)". El anterior planteamiento es infundado, porque contrario a lo que sostiene la autoridad responsable, este juzgador considera que la respuesta a la petición del quejoso sí es obligatoria, dado que precisamente en aplicación de los preceptos reclamados, el Jefe de Servicios de Atención en Oficina de la Subdirección Especializada de Atención al Público del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, le respondió que sólo procede devolver los fondos de la subcuenta de vivienda en los supuestos ahí previstos, esto es, contar con sesenta y cinco años de edad o bien, adquiera el derecho a disfrutar de una pensión. Por ello, no resulta aplicable el criterio invocado por la autoridad, pues en el caso no se trata de una consulta fiscal en términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación. 2. Ausencia de conceptos de violación. De igual modo, dicha representante del Presidente de la República y la Jefa de Servicios de lo Contencioso, en representación de las autoridades Jefe de Servicios de Atención en Oficina de la Subdirección Especializada de Atención al Público del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, y del Vocal Ejecutivo del mencionado Fondo, aducen que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el artículo 63, fracción V y 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, toda vez que no se advierte razonamiento alguno a partir del cual pueda estimarse que el quejoso haga conceptos de violación contra los artículos reclamados, por lo que no señala la causa de pedir ni expresa el agravio que le causen dichos preceptos legales. Es infundado lo aducido por las autoridades responsables, en virtud de que la improcedencia la hacen descansar en el hecho de que la parte quejosa en sus escritos de demanda y ampliación no expresó conceptos de violación tendentes a impugnar la constitucionalidad de los preceptos legales combatidos. Al respecto cabe precisar que del análisis integral de la demanda se advirtieron argumentos en los que el quejoso adujo que al negarle el retiro, reembolso o devolución de sus ahorros, se contraviene su derecho a una vivienda o un crédito para obtener la misma, de modo que no se garantiza su derecho a la vivienda mediante el otorgamiento de un crédito accesible. Tan es así, que lo anterior motivó a que se le realizara la prevención, a efecto de que el quejoso precisara si deseaba combatir en esta instancia la constitucionalidad de los aludidos preceptos 49 y 51 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio. Es decir, los argumentos contenidos en su demanda de amparo están dirigidos a dichos preceptos legales, no así a su acto de aplicación, de ahí que no puede hablarse de falta de conceptos de violación. 3. No es acto de autoridad. La Jefa de Servicios de lo Contencioso, en representación de las autoridades Jefe de Servicios de Atención en Oficina de la Subdirección Especializada de Atención al Público del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, y del Vocal Ejecutivo del mencionado Fondo, invoca la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, y señala que el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, no actúa desde una posición de imperio, sino que lo hace como Administradora de Fondos para el Retiro, de modo que su relación no es de supra a subordinación, sino entre particulares. La causal invocada resulta infundada. Ello porque el Jefe de Servicios de Atención en Oficina de la Subdirección Especializada de Atención al Público, del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, como órgano desconcentrado tiene como objeto la administración de las cuentas individuales de los trabajadores, de conformidad con la Ley del Issste y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de modo que es el ente facultado para decidir o autorizar la aplicación de dichos recursos. Además, para atender a la petición del quejoso, la autoridad responsable sustentó su respuesta en el texto de los artículos 49 y 51 del Reglamento Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio, aquí reclamados y en esa virtud, su respuesta es vinculante para el quejoso; por ende, de autoridad para efectos del juicio de amparo. Las autoridades responsables no hicieron valer diversa causa de improcedencia, ni este juzgador la advierte de oficio, por lo que procede entrar al estudio de los conceptos de violación. Sexta. Análisis de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Al respecto, en su demanda el quejoso aduce sustancialmente que los artículos 49 y 51, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio, contravienen su derecho a la vivienda, al privarlo de sus propios ahorros, lo cual transgrede sus derechos contenidos en los numerales 1º, 14, 16 y 123 Apartado B, Constitucionales, debido a que se le niega la devolución o reembolso de las aportaciones enteradas al Fondo de la Vivienda, lo que impide que adquiera una vivienda o un crédito para obtenerla o reparar la que tiene. Son infundados los anteriores motivos de disenso. Para dar sustento a la premisa anterior, es necesario traer a colación los preceptos legales tildados de inconstitucionales, los cuales disponen: "Artículo 49. El trabajador que cumpla sesenta y cinco años o adquiera el derecho a disfrutar una pensión, tendrá derecho a percibir las aportaciones enteradas a la subcuenta de ahorro para el retiro. En caso del fallecimiento del trabajador, el saldo de la subcuenta se entregará a los beneficiarios que el trabajador haya señalado por escrito para tal efecto. A falta de beneficiarios, dicha entrega se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 501, fracciones I a IV, de la Ley Federal del Trabajo." [.] "Artículo 51. El trabajador que cumpla las condiciones a que se refiere el artículo 49 del Reglamento, tendrá derecho a retirar las aportaciones enteradas a la subcuenta del fondo de la vivienda. Para ello, se deberá consultar al Fondo de la Vivienda si el trabajador tiene un crédito hipotecario insoluto con el Instituto; en caso afirmativo, el Fondo de la Vivienda aplicará los recursos de la subcuenta al crédito otorgado. De existir un remanente por ese concepto, se le entregará al Trabajador. En el supuesto de que el trabajador no haya tenido crédito hipotecario con el Fondo de la Vivienda, el saldo de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda le será entregado en su totalidad. En caso de fallecimiento, a los beneficiarios que el trabajador haya señalado por escrito para tal efecto, se les entregará el saldo de la subcuenta mencionada en el párrafo anterior. La designación de beneficiarios quedará sin efecto si el o los designados mueren antes que el titular de la cuenta. A falta de las personas a que se refiere este artículo, el Instituto será el beneficiario." De los preceptos transcritos se obtienen las siguientes premisas: Que el trabajador que cumpla sesenta y cinco años o adquiera el derecho a disfrutar una pensión, tendrá derecho a percibir las aportaciones enteradas a la subcuenta de ahorro para el retiro; Que en caso del fallecimiento del trabajador, el saldo de la subcuenta se entregará a los beneficiarios que dicho trabajador haya señalado por escrito para tal efecto, y a falta de beneficiarios, la entrega se hará conforme a lo que dispone la Ley Federal del Trabajo; Asimismo, que el trabajador que cumpla las condiciones anteriores, tendrá derecho a retirar las aportaciones enteradas a la subcuenta del fondo de la vivienda; Para lo anterior, se deberá consultar al Fondo de la Vivienda si el trabajador tiene un crédito hipotecario insoluto con el Instituto; en caso afirmativo, el Fondo de la Vivienda aplicará los recursos de la subcuenta al crédito otorgado. Igualmente, en caso de existir un remanente por ese concepto, se le entregará al Trabajador; También se advierte que en el supuesto de que el trabajador no haya tenido crédito hipotecario con el Fondo de la Vivienda, el saldo de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda le será entregado en su totalidad; y, Que en caso de fallecimiento, dicho saldo se entregará a los beneficiarios que el trabajador haya señalado por escrito para tal efecto. Sentado lo anterior, se advierte que, contrario a lo que afirma el impetrante del amparo, los numerales transcritos sí garantizan su derecho a la vivienda, al disponer que los trabajadores al servicio del Estado cuentan con un sistema de Ahorro para el Retiro, mismo que es administrado por Pensionissste; ahorros que le serán entregados íntegramente al trabajador, siempre y cuando no hubiere ejercido su derecho a un crédito hipotecario, pues en este supuesto, Pensionissste cubre el monto del crédito y el remanente se reintegra al trabajador, o a sus beneficiarios, en caso de fallecimiento de aquél. Luego, si bien el Fondo de la Vivienda es el encargado de integrar las aportaciones que las dependencias y entidades realicen a favor de los trabajadores, lo cierto es que de conformidad con lo que establece el artículo 167 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dicho Fondo tiene por objeto establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los Trabajadores obtener crédito barato y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria en los casos que expresamente determine la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda. En tal virtud, por disposición del numeral 169 del ordenamiento legal invocado, los recursos afectos a la vivienda deben destinarse al otorgamiento de créditos para los trabajadores que sean titulares de las Subcuentas del Fondo de la Vivienda, de suerte que el importe de estos créditos deberá aplicarse a los siguientes fines: a) A la adquisición o construcción de vivienda; b) A la reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones; y, c) A los pasivos contraídos por cualquiera de los conceptos anteriores. De lo que se concluye que, si el quejoso desea adquirir una vivienda, reparar, ampliar o mejorar la propia, debe realizar la solicitud correspondiente ante el Fondo de la Vivienda, a efecto de que, una vez otorgado el crédito hipotecario respectivo, el saldo de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda de su cuenta individual sea aplicado como pago inicial del citado crédito, dado que como trabajador tiene derecho de elegir la vivienda nueva o usada, a la que se aplique el importe del crédito que reciba con cargo al Fondo de la Vivienda, pues es de esa manera que se le entregan los recursos que administra el referido Fondo. O si por el contrario, el quejoso no desea aplicar los recursos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda en la adquisición de un crédito a su favor, los mismos serán transferidos al PENSIONISSSTE, las Administradoras o Aseguradoras para la contratación de la Pensión correspondiente o su entrega en una sola exhibición, según proceda, en los términos de lo dispuesto por la propia Ley. Es decir, de conformidad con lo que establece el artículo 49 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio, al cumplir sesenta y cinco años el quejoso, o bien cuando adquiera el derecho a disfrutar una pensión, también podrá percibir las aportaciones enteradas a la subcuenta de ahorro para el retiro; y en este caso, si no ejerció su prerrogativa a obtener un crédito hipotecario con el Fondo de la Vivienda, el saldo de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda le será entregado en su totalidad. Por tanto, el quejoso, como trabajador sujeto al régimen previsto en el artículo décimo transitorio, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe cumplir con los requisitos que al efecto establece el Reglamento para el otorgamiento de las pensiones previstas en el mismo, el cual no prevé que los trabajadores dispongan en cualquier tiempo de los recursos monetarios que administra el Fondo de la Vivienda, como lo pretende el quejoso, sin que por ello sea dable afirmar que se transgrede su derecho a una vivienda digna, pues el propio Instituto y su Reglamento prevén las formas en que el quejoso puede hacer uso de ese derecho. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación aducidos por el quejoso y no advertirse deficiencia que suplir, procede negar la protección constitucional solicitada. Negativa que se hace extensiva al acto de aplicación reclamado por el quejoso, consistente en el oficio 170.177.2/378/2018 de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, pues como quedó establecido a lo largo de la presente resolución, sus argumentos no van dirigidos a impugnar por vicios propios la actuación de la autoridad que lo emitió, sino al contenido de los preceptos 49 y 51 del multicitado Reglamento. Séptima. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y, en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Santiago Orozco Valencia, por su propio derecho, respecto de los actos reclamados, en términos de la consideración tercera de este fallo. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Santiago Orozco Valencia, por su propio derecho, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, y por los motivos expuestos en la consideración sexta de esta sentencia. Tercero. Publíquese esta resolución en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, como lo solicita el quejoso Santiago Orozco Valencia, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles expídanse a su costa las copias en los términos que solicita, previo recibo que se deje en autos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Santiago Acosta Mena66/2023
- Santiago Duran Huaroco683/2021
- Santiago Hernandez Aparicio743/2023
- Santiago Longares Rodriguez608/2019
- Santiago Ornelas Diaz353/2018
- Santiago Orozco Valencia518/2022
- Santiago Sánchez Pérez900/2023
- Santiago Silva Ortiz1214/2022
- Santiago Tinoco Zamudio1476/2023
- Santiago Vega Balverde20/2021
- Sara Bedolla Ortiz597/2021
- Sara Chagolla García801/2020