Sandro Iván Arroyo Valencia
Expediente 835/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 835/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sandro Iván Arroyo Valencia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que se haya presentado escrito alguno; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, el cual no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Asimismo, con fundamento en el artículo 19, fracción III, del Acuerdo referido, el cuaderno único del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, ya que se negó la suspensión definitiva. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyanse el juicio y el cuaderno único de suspensión Finalmente, se ordena la devolución de un tomo de prueba, enviado por el juez responsable como complemento a su informe justificado. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio suscrito por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Zamora, Michoacán, mediante el cual remite copia del convenio celebrado por las partes dentro del juicio ordinario oral familiar 91/2023 que sobre divorcio sin expresión de causa promovió Nadia Yedith Barrera Vega (tercera interesada) frente a Sandro Iván Arroyo Valencia, (quejoso) en la audiencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés; circunstancia de la que este juzgado toma conocimiento. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 835/2023, promovido por Sandro Iván Arroyo Valencia; y, RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintitrés (fojas 2-13), en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, Sandro Iván Arroyo Valencia, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en el artículo 1°, 4°, 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; órgano jurisdiccional que la registró con el número de expediente 835/2023; en proveído de cinco de julio de dos mil veintitrés (foja 15), la admitió; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Reconocimiento de carácter de tercero interesado. En auto de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, se reconoció el carácter de tercera interesada a Nadia Yedith Barrera Vega por sí y en representación de su menor hija de iniciales N.F.A.B., y se ordenó su emplazamiento. Asimismo, se solicitó al Delegado del Instituto de la Defensoría Pública Federal, designara un asesor jurídico que pudiera fingir como representante especial de la menor de iniciales N.F.A.B. Finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49, 50 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, toda vez que el acto reclamado fue emitido por una autoridad con sede en el lugar en el que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097 que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, cuyo texto es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado, con los criterios transcritos y en atención a la lectura integral de la demanda, el acto reclamado por el quejoso al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, consiste en: El proveído de seis de junio de dos de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio ordinario familiar oral sobre divorcio sin expresión de causa 91/2023 promovido por Nadia Yedith Barrera Vega, frente a Sandro Iván Arroyo Valencia en el que, decretó una pensión alimenticia provisional a favor de la menor de iniciales N.F.A.B, por el equivalente a un día de salario diario de manera mensual, que corresponde a la cantidad de $ 6,223.20 (seis mil doscientos veintitrés pesos 20/100 moneda nacional). Asimismo, fijó como pago de alimentos provisionales una pensión alimenticia provisional a favor de Nadia Yedith Barrera Vega, por el equivalente a treinta días de salario mínimo al mes, que corresponde a la cantidad de $ 6,223.20 (seis mil doscientos veintitrés pesos 20/100 moneda nacional). Tercero. Certeza del acto reclamado. El Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado (foja 23). Certeza que se corrobora con la prueba documental que acompañó a su informe el mencionado juez, consistente en copias certificadas del juicio ordinario oral familiar 91/2023 (un tomo). Prueba con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por un funcionario público en el desempeño de su encargo, entre las que se encuentra, el acuerdo de seis de junio de dos mil veintitrés, emitido dentro del expediente 91/2023; de ahí que se tenga debidamente probado el acto reclamado. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En ese contexto, la autoridad responsable en el oficio 2471 recibido en este juzgado vía correó institucional el veintinueve de septiembre del año en curso, informó que dentro del expediente de origen [91/2023], se llegó a un convenio entre las partes y adjuntó copia de la audiencia correspondiente. De ahí que este juzgador estime, de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. A efecto de explicar la razón de dicha actualización, se estima necesario traerla a glosa la referida porción normativa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional; de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y en consecuencia no le agravie a la parte quejosa; se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo; caso en el que el juicio constitucional carece de litis sobre la que deba hacerse pronunciamiento de fondo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 193758, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 196820, la cual es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Y, la tesis aislada P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 197367, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo así como del análisis de sus anexos, se advierte que el quejoso reclamó del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, el acto siguiente: El proveído de seis de junio de dos de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio ordinario familiar oral sobre divorcio sin expresión de causa 91/2023 promovido por Nadia Yedith Barrera Vega, frente a Sandro Iván Arroyo Valencia en el que, decretó una pensión alimenticia provisional a favor de la menor de iniciales N.F.A.B, por el equivalente a un día de salario diario de manera mensual, que corresponde a la cantidad de $ 6,223.20 (seis mil doscientos veintitrés pesos 20/100 moneda nacional). Asimismo, fijó como pago de alimentos provisionales una pensión alimenticia provisional a favor de Nadia Yedith Barrera Vega, por el equivalente a treinta días de salario mínimo al mes, que corresponde a la cantidad de $ 6,223.20 (seis mil doscientos veintitrés pesos 20/100 moneda nacional). Ahora bien, la documental que adjuntó el juez responsable al oficio 2471 de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, consiste en la "Audiencia Preliminar", celebrada en esa propia fecha, del que se advierte, en lo de interés, lo siguiente: El dicha audiencia, en la etapa denominada "Mediación y/o Conciliación", la juez acordó que las partes deseaban llegar una conciliación. En la misma etapa se advierten las diversas "cláusulas" que integraron el convenio, sobre el ejercicio de la patria potestad; sobre la guarda y custodia de los menores de iniciales A.A.B. y N.F.A.B.; y, convivencia. En la "Tercera", Sandro Iván Arroyo Valencia se comprometió a otorgar la cantidad de siete mil quinientos pesos por concepto de alimentos a la menor de iniciales N.F.A.B., los cuales tendrían un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al índice nacional de precios al consumidor publicado por el Banco de México, saldo que el deudor alimentario demostrara que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. En ese caso, el incremento se ajustará a lo que realmente hubiese obtenido el deudor, de conformidad con lo ordenado en el numeral 451 del Código Familiar de Michoacán. Sandro Iván Arroyo Valencia, erogará al centro educativo el pago de las colegiaturas así como todo lo relativo a los gastos escolares, útiles, uniformes; por el plazo que la menor de edad lo requiera. Sandro Iván Arroyo Valencia, otorgará la cantidad de tres mil seiscientos treinta pesos de manera mensual a Nadia Yedith Barrera Vega, por concepto de aliment6os asistenciales, por el plazo de quince años, el cual tendrá un incremento anual en términos del artículo 451 del Código Familiar de Michoacán. Respecto de los gastos extraordinarios dela menor de iniciales N.F.A.B., los erogarán Sandro Iván Arroyo Valencia y Nadia Yedith Barrera Vega en un cincuenta por ciento, comprometiéndose el aquí quejoso a afiliar a sus menores hijos al Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, se acordó cómo se haría el pago por concepto de indemnización a Nadia Yedith Barrera Vega. Se decretó el vínculo matrimonial, para lo cual se ordenó girar oficio al Registro Civil correspondiente para el levantamiento del acta de divorcio. Finalmente, el juez acordó: "[.] Siendo todo lo que desean manifestar y al estar conformes tanto ministerio público como tutriz, se sanciona el presente convenio, elevándose a la categoría de cosa juzgad, ordenándose estar y pasar por él, en todo tiempo y lugar". De modo que, al haber llevado un convenio Sandro Iván Arroyo Valencia con Nadia Yedith Barrera Vega, sobre varios aspectos y entre éstos al monto que otorgaría tanto a la menor de iniciales N.F.A.B. como a la referida tercera interesada, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, toda vez que la materia de este juicio de amparo es el auto de seis de junio del año en curso, en donde el juez responsable precisamente fijó los montos, que por concepto de alimentos provisionales debía otorgar el aquí quejoso tanto a Nadia Yedith Barrera Vega como a la menor de iniciales N.F.A.B., por lo que al haber llegado a un convenio sobre ese aspecto, cesaron los efectos del acto reclamado. En esa virtud, es inconcuso que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica de las inconformes, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó huella de dicha afectación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XXI de la citada ley, procede sobreseer en el juicio constitucional, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, y materia de este considerando. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de garantías, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que se tomen en consideración constancias remitidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo que se resuelve [las exhibidas por la responsable], pues las mismas tienen valor probatorio pleno y sirven para demostrar el motivo de sobreseimiento invocado en esta sentencia. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2000902, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Sandro Iván Arroyo Valencia, en contra del acto y autoridad precisados en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el diverso cuarto. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista, personalmente a la quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 29 de septiembre de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
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