Santiaga Elizabeth Soto Reyes
Expediente 369/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 369/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Santiaga Elizabeth Soto Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se desprende que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra el auto de treinta y uno de mayo del año en curso, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado alguna promoción al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al primero de los Cuerpos de Leyes citados, se declara que dicha resolución ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno electrónico, archívese el presente como asunto definitivamente concluido. En esa virtud, con apoyo en los artículos 12 y 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido que, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 20, 21, 22 y 23 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende, en específico, las documentales allegadas por la autoridad responsable Delegado Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en Culiacán, Sinaloa -por conducto del Gerente de Área de Servicios Jurídicos de dicho instituto- y por el autorizado legal de la quejosa Santiaga Elizabeth Soto Reyes, relativas a la respuesta que la citada responsable le dio a la quejosa, respecto del escrito recibido el nueve de enero del año en curso, de las que se advierte la actualización de la causal de improcedencia de cesación de efectos del acto reclamado, cuyo análisis se hace valer de manera oficiosa por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, acorde con el numeral 62 de la Ley de Amparo. Los citados documentos tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Conviene señalar, el Juez de Distrito sólo puede sobreseer en el juicio de amparo, fuera de la audiencia constitucional cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues así lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002. En esa ejecutoria, el Máximo Tribunal del país adujo que la posibilidad de sobreseer el juicio fuera de la audiencia constitucional, tiene sustento en el artículo 83, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada; pero, ese sobreseimiento debe estar fundado en una causa de improcedencia que tenga las características de ser notoria, manifiesta e indudable, entendidos éstos, cuando saltan a la vista de la simple lectura de las constancias de autos y por más elementos de prueba que se ofrezcan en su contra, éstas no desaparecerían; y de no ser el caso, entonces -se afirmó-, el juzgador está obligado a pronunciarse sobre la cuestión de fondo, concediendo o negando la protección constitucional solicitada. Lo así dicho le dio origen a la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Ahora, este órgano de control advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque han cesado los efectos del acto reclamado. La citada causal de improcedencia se materializa cuando la autoridad responsable deroga o revoca el mismo acto reclamado, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto reclamado, o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce la garantía violada. Dicho de otra forma, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del justiciable, al concluir su actuación, pero ello no implica la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 210, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Ahora, para determinar la actualización o no de ese supuesto normativo, debe analizarse la verdadera pretensión de la parte quejosa, y contraponerlo con las constancias que obran en autos, para que de esa forma se pueda establecer si la negativa atribuida a la responsable cesó en sus efectos. En el caso, Santiaga Elizabeth Soto Reyes, presentó el diez de mayo de dos mil veintitrés, demanda de amparo indirecto contra la omisión del Delegado Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en Culiacán, Sinaloa, de emitir respuesta por escrito, completa y congruente con lo peticionado en el escrito que recibió la responsable desde el nueve de enero del año en curso. Ahora, la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, esto al momento de la presentación de la demanda de amparo -diez de mayo de dos mil veintitrés-, al sostener que hasta el pasado veintidós de mayo, fue que notificó a la quejosa la contestación a la petición que le formuló por escrito; de lo que se desprende que al momento de rendir la responsable el informe justificado solicitado, el acto reclamado había dejado de surtir efectos. Para robustecer lo anterior, la citada autoridad jurisdiccional adjuntó a su informe justificado, copias certificadas de la contestación y la notificación de la misma, documentales que la quejosa también exhibió al presente juicio de amparo. Atento a los citados antecedentes, y como se anunció, en la especie se actualiza la causal de improcedencia de cesación del acto reclamado, porque la autoridad responsable se pronunció respecto de la petición que le formuló a la responsable por escrito el nueve de enero del año en curso. En efecto, en este juicio de amparo dicha causal de improcedencia se actualiza respecto del acto reclamado, toda vez que el atribuido a la autoridad responsable Delegado Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en Culiacán, Sinaloa, dejó de existir, por tanto, sus efectos ya no podrán surtir en perjuicio de la quejosa, puesto que se le restituirá en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en relación con lo establecido por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Sobre el tópico, el artículo 77 de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional es un medio de control, pues tiene por objeto reparar las violaciones de derechos humanos que un acto de autoridad genere sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueve, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos que le han sido transgredidos y, si la fracción XXI, del artículo 61 de la propia Ley, previene que el juicio resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, entonces, no existe motivo legal alguno para la promoción y resolución del juicio de amparo si no puede alcanzarse su objetivo protector, ya que el propósito de esta causa se encuentra orientado hacia la imposibilidad de cristalizar el señalado fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 38, Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En consecuencia, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse las causales de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la propia legislación; por consiguiente, la audiencia constitucional señalada en los presentes autos para las diez horas con diez minutos del próximo siete de junio, se deja sin efectos.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta suscrito por el licenciado Luis Javier Jiménez González, en su carácter de autorizado legal de la quejosa Santiaga Elizabeth Soto Reyes, mediante el cual informa que ha cesado el acto reclamado, toda vez la autoridad responsable notificó a su representado la respuesta al escrito de petición, cuya omisión es el acto reclamado en el presente juicio, razón por la cual considera que han cesado los efectos del acto reclamado, manifiesta su conformidad con el envío al archivo del presente juicio y remite documental para acreditar lo anterior; agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, dígasele al promovente, que su petición será analizada en el momento procesal oportuno. Por lo que respecta a la documental allegada por el autorizado de la quejosa, conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por recibida, sin perjuicio de relacionarla de nueva cuenta al verificarse la audiencia constitucional.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta suscritos por el Gerente de Área de Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Delegación IV en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, en su carácter de Delegado de la autoridad responsable Delegado Regional IV, Sinaloa del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mediante el cual rinde informe justificado y remite documental; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. En ese contexto, acorde al artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado solicitado a la citada autoridad responsable, y dese vista a las partes con dicho informe para que se impongan de su contenido. Por lo que respecta a la documental allegada por el delegado de la citada autoridad responsable, conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por recibida, sin perjuicio de relacionarla de nueva cuenta al verificarse la audiencia constitucional.
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