Samuel Leyva Valdez

Expediente 111/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
111/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
29/04/2021

Partes del expediente

  • Samuel Leyva Valdez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra el auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado estado para todos los efectos legales. En ese sentido, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y acorde al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno, el presente juicio de amparo se sobreseyó fuera de audiencia; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Ahora del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de los autos se advierte que la autoridad responsable Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, ha sido contumaz en cumplir con la sentencia constitucional, sin haber justificado de manera fundada la imposibilidad para otorgar cumplimiento a la sentencia, como a continuación se detallará: El catorce de enero de dos mil veinte, se resolvió el juicio de amparo en el sentido de conceder la protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, de cumplimiento voluntario al laudo emitido en el juicio laboral O.P.D.J.E. No. 2-04-16/2015, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. La anterior sentencia causó ejecutoria el siete de febrero de dos mil veinte, fecha de primer requerimiento de cumplimiento a la autoridad responsable; debidamente notificada mediante oficio 230-1A, como consta en foja 97. No obstante lo anterior, la responsable no realizó pronunciamiento alguno. De igual manera, se advierte que en acuerdos de veintiséis de febrero, cuatro de septiembre, veinticuatro de septiembre de dos mil veinte y dos de marzo del presente año, se requirió a la autoridad responsable Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, por el cumplimiento de la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. Pues bien, mediante oficio suscrito por la autoridad responsable Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, presentado el seis de octubre de dos mil veinte, manifiesta los tramites que estaba realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el cual anexa copia de un oficio que dirigió al Secretario de Administración y Finanzas, con residencia en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual le solicitaba un apoyo para Laudos laborales y Mercantiles, por un importe de $60,000.000.00 (sesenta millones de pesos 00/100. M.N). Ahora bien, en proveídos de veintisiete de febrero, cuatro y veintinueve de septiembre de dos mil veinte y dos de marzo de dos mil veintiuno, el suscrito Juzgador requirió a la autoridad responsable a fin de que otorgara cabal cumplimiento a la sentencia constitucional, apercibida de multa y de envío al Tribunal Colegiado de Circuito para el trámite de inejecución de sentencia, mediante oficios 410-1A, 1022-1A, 1248-1A, 2078, (fojas 104, 119, 126 y 154). El anterior auto fue emitido, con el apercibimiento de que en caso de omitir dar cumplimiento, o realizar evasivas o retardar aún más el cumplimiento a la sentencia constitucional, se haría acreedor a una multa por CIEN DÍAS de salario mínimo general vigente, equivalentes a la cantidad de $14,170.00 (catorce mil ciento setenta pesos moneda nacional), de conformidad con lo establecido en el numeral 258 de la Ley de Amparo vigente; se hace efectivo el apercibimiento y se multa a la autoridad responsable Dr. Juan Alfonso Mejía López en su carácter de Secretario de Educación Pública y Cultura, y Director General de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, con un multa de CIEN DÍAS de salario mínimo general vigente, equivalentes a la cantidad de $14,170.00 (catorce mil ciento setenta pesos moneda nacional); para tales efectos, se hace del conocimiento del Administrador de Recaudación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, para llevar a cabo los cobros correspondientes remitiéndosele las constancias adecuadas que respalden las sanciones pecuniarias impuestas. En el entendido de que al haberse impuesto una multa, a la autoridad contumaz, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, en turno, para continuar con el trámite de inejecución de la sentencia, que puede culminar con la separación del puesto y su consignación; sin que puedan justificarse las autoridades responsables en el sentido de que acaban de asumir el cargo, puesto que como lo ha resuelto la Suprema Corte de la Nación en relación con este tema (incidente de inejecución), los apercibimientos y el proceso de ejecución de sentencia se sustancian con independencia de quien ostenta el cargo, y el cumplimiento en el presente asunto se ha retardado en exceso. Sin hacer óbice lo anterior, requiérase por oficio a la autoridad responsable Dr. Juan Alfonso Mejía López en su carácter de Secretario de Educación Pública y Cultura, y Director General de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad; a fin de que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la recepción del oficio respectivo, otorgue el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de amparo; para lo cual se le apercibe que, en caso de omitir dar cumplimiento, realizar evasivas o retardar aún más el cumplimiento a la sentencia constitucional, se hará acreedor a una segunda multa por DOSCIENTOS DÍAS de salario mínimo general vigente, equivalentes a la cantidad de $28,340.00 (veintiocho mil trescientos cuarenta pesos moneda nacional), de conformidad con lo establecido en el numeral 258 del citado ordenamiento, que se les impondrá en esa medida, tomando en consideración que han sido contumaces en dar cumplimiento a la sentencia de amparo, lo cual genera retraso en la restitución de los derechos sustanciales del quejoso y los perjuicios que ello conlleva, de ahí que se justifique fijar el monto ligeramente arriba de la mínima; igualmente. En el mismo contexto, se fija el aludido plazo en razón del tiempo transcurrido entre la ejecutoria de cumplimiento y la fecha del presente auto, lo cual de por sí se considera un retraso en el cumplimiento de la sentencia constitucional. En la especie, es pertinente destacar que, el suscrito Juzgador advierte un retardo, omisión y el incumplimiento a las determinaciones emitidas por este Juzgado; por ende, se le reitera, en caso de persistir en la omisión, retardo o evasivas se hará acreedor a la multa señalada; sin que en la especie, sea dable justificar su actuar en el sentido de que está realizando las gestiones tendentes a cumplimentar la sentencia emitida en el juicio de origen, puesto que han retardado excesivamente el cumplimiento de la sentencia sin justificación valida alguna. Cierto el Tribunal en Pleno fue preciso en establecer las hipótesis para imponer las multas, las cuales consisten en la omisión de dar cumplimiento y en el retardo injustificado, ambos aspectos que el suscrito Juzgador considera se actualizan en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 59/2014 sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 12, Noviembre de 2014, tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra establece: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo.". Asimismo, se invoca al respecto la Jurisprudencia 54/2014, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la letra establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.".

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que no obra agregada la constancia postal de acuse de recibo que acredite que la autoridad responsable Ayuntamiento de Choix, Sinaloa, haya recibido el oficio número 1533/2021-1A, en el cual se le solicitó su informe justificado; en consecuencia, requiérase por (vía ordinaria) para que dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de que surtan efectos la notificación de este auto, informen a este juzgado, pudiendo hacerlo, además de la vía ordinaria, por fax al número 0166 88 15 32 08, o al correo electrónico oficial 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, si recibió o no el oficio citado, y si es cierto o no el acto reclamado. En la inteligencia de que se le apercibe que de no otorgar cumplimiento a lo requerido en el término indicado, se impondrá una multa por el equivalente de cincuenta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Entretanto, la audiencia constitucional programada para para el día de hoy, se difiere y se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del diecinueve de abril de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo.

  4. Principal

    Visto el escrito de cuenta firmado por Samuel Leyva Valdez, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 2º, 3º, 5º, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos necesarios, se admite a trámite la demanda de garantías contra actos del Ayuntamiento Municipal de Choix, Sinaloa; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 111/2021-1A; sin tramitarse incidente de suspensión por no haber sido solicitado; pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibidas que de no rendir el informe justificado respectivo, o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, se le impondrá en la sentencia respectiva una multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la ley de la materia, a que se refiere el Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten, y si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días, según las circunstancias del caso, en términos de los preceptos 64 y 251, de la Ley Amparo. Se señalan las nueve horas con veinte minutos del veintidós de marzo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. De conformidad con lo que establece el precepto 5º, fracción IV, de la Ley de la materia, se tiene como parte en este juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Hágase saber al promovente del amparo, que en caso de la inexistencia de alguna autoridad, o bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella. Lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, al quejoso está obligado a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2o.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA.". Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Huertos de Villa número 1968 Fraccionamiento Los Naranjos de esta ciudad, y como sus autorizados en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, al licenciado Gabino Acevedo García, Francisco Javier Franco Zazueta y Rosa Ícela Zepeda Avilés, únicamente para imponerse de autos a Jasmin Alejandra Peraza y Jorge Luis Acevedo García, en razón de que no tienen registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8°, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia. Por último, se comunica a las partes que conforme a la Circular SECNO/1/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, el ocho de enero de dos mil veintiuno, mediante la cual hizo del conocimiento la decisión adoptada por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en el sentido de aprobar el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid19", por lo cual, en atención a la fracción II, punto 2 se hace del conocimiento que del 12 al 18 de enero de 2021, resulta aplicable el acuerdo general 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, se levanta la suspensión de plazos y términos prevista en la Circular CAP/3/2020 y, por ende, se reanudan los plazos y términos en la totalidad de los juicios y procesos; de igual manera se precisa lo siguiente: 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo.

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