Sandra Yadira Juarez Fierro
Expediente 235/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 235/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 24/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Sandra Yadira Juarez Fierro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
****************************************Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de veintiocho de julio de dos mil veintitrés (notificado el treinta y uno de julio del año en curso, de forma electrónica), en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida.****************************************Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno electrónico, archívese el presente como asunto definitivamente concluido. ****************************************Expediente principal****************************************Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se precisa que este asunto es susceptible de conservación, dado que en resolución constitucional de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial****************************************Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito.****************************************En el entendido, que una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la orden de archivo, con apoyo en los artículos 26, 27 y 28 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al depósito documental que sea designado por el Área Coordinadora de Archivos, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que elabore el Área Coordinadora de Archivos.****************************************Original incidente de suspensión****************************************Por otra parte, en razón de que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados.****************************************En consecuencia, de conformidad con el numeral 17, fracción III, inciso b) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el incidente de suspensión es susceptible de conservación; por ende, se ordena agregar al expediente.****************************************En el entendido, que una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la orden de archivo, con apoyo en los artículos 26, 27 y 28 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al depósito documental que sea designado por el Área Coordinadora de Archivos, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que elabore el Área Coordinadora de Archivos.****************************************
- Principal
Visto el estado procesal de los presentes autos y con el oficio sin número, suscrito por el Director del Hospital General de Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Los Mochis, Sinaloa, al que se adjuntaron diversos documentos. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió conceder el amparo solicitado, para los siguientes efectos: ". SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. Por tanto, acorde a las consideraciones vertidas, lo conducente es otorgar el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable Director General del Hospital General de Zona 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, en el plazo de tres días, contado a partir de que se le notifique la ejecutoria que cause este fallo: ? Otorgue respuesta completa a la petición de la quejosa Sandra Yadira Juárez Fierro contenida en el escrito que depositó en correos de México el veinte de febrero de dos mil veintitrés, el cual fue dirigido a la responsable, en el que solicitó que se le otorguen las facilidades necesarias para que se le canalice a otro hospital con la especialidad respectiva o a través del servicio subrogado, para que se le otorgue una segunda opinión respecto a su padecimiento, y se determine si es o no necesaria la continuidad de la atención médica o en su caso si existe alguna opción en cuanto al tratamiento para mejorar su salud; haciendo de su conocimiento la respuesta que recaiga a la misma. ." De lo anterior se advierte que en el fallo constitucional se fijó un elemento sustancial que debe seguir el Director del Hospital General de Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Los Mochis, Sinaloa, o la autoridad vinculada a ello, a saber: a) Se dé respuesta a la petición formulada por la quejosa, el veinte de febrero de dos mil veintitrés. La citada sentencia de amparo causó estado por auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, y se requirió su cumplimiento. En acatamiento a lo anterior, la autoridad Director del Hospital General de Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Los Mochis, Sinaloa, presentó oficio sin número, de catorce de julio de dos mil veintitrés, al que adjuntó diverso oficio dirigido a la quejosa, sin fecha, suscrito por el citado director, a través del cual se le dan a conocer, lo requerido en su escrito de petición, a saber, se le informó que recibió atención médica especializada, atención médica con segunda opinión, solicitud de realizarse exámenes, tratamiento médico, medicamentos por seis meses y cita continua al día seis de julio de dos mil veintitrés. Del examen de la citada documental, la que de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tiene pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable, cumplió con la sentencia constitucional, porque a la quejosa se le dio respuesta a su petición. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de la quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por el Director del Hospital General de Zona Número 49 de Los Mochis del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Sinaloa, mediante el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; agréguese para que obre como corresponda. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se le da vista a la parte quejosa, con el oficio antes citado, para que en el término de tres días, contado a partir al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, doce de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que por auto de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad responsable Director General del Hospital General de Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, informando acerca de los trámites realizados en vías de cumplimiento a la sentencia de amparo; sin que se tenga más noticia sobre tal acatamiento. En consecuencia, en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que se le notifique a la citada autoridad, el presente acuerdo, deberá cumplir con la sentencia de amparo, esto es, para el efecto de que: " . * Otorgue respuesta completa a la petición de la quejosa ******************** contenida en el escrito que depositó en correos de México el veinte de febrero de dos mil veintitrés, el cual fue dirigido a la responsable, en el que solicitó que se le otorguen las facilidades necesarias para que se le canalice a otro hospital con la especialidad respectiva o a través del servicio subrogado, para que se le otorgue una segunda opinión respecto a su padecimiento, y se determine si es o no necesaria la continuidad de la atención médica o en su caso si existe alguna opción en cuanto al tratamiento para mejorar su salud; haciendo de su conocimiento la respuesta que recaiga a la misma.". Se le informa a la citada responsable, que está en la aptitud física de informar lo antes requerido, vía oficio o, al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx.; o en su caso informe el impedimento legal que tuviere para ello. Cabe referir, que en caso de desacato por parte de las autoridades requeridas se consideraría que van en contra de lo ordenado por el artículo 17 Constitucional, que establece que la justicia debe ser pronta, completa e imparcial; además, la sentencia ejecutoria de amparo, fue dictada por una autoridad facultada constitucionalmente para ello, y como consecuencia, su acatamiento debe ser obligatorio e inmediato, en la especie, lo más grave y que denota un claro desacato a la sentencia ejecutoria dictada en este juicio. Para lo cual, se les apercibe a la autoridad responsable, que en caso de omitir dar cumplimiento, realizar evasivas o retardar aún más el cumplimiento a la sentencia constitucional, se hará acreedora, a una multa por cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del numeral 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, que se le impondrá en esa medida, tomando en consideración que han sido contumaces en dar cumplimiento a la sentencia de amparo, lo cual genera retraso en la restitución de los derechos sustanciales del quejoso y los perjuicios que ello conlleva, de ahí que se justifique fijar el monto ligeramente arriba de la mínima; igualmente, en su oportunidad se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en turno de este Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, el cual podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. Se invoca al respecto la jurisprudencia P./J.54/2014, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la letra señala: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.".
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