Santa Úrsula Cruz Torres

Expediente 225/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
225/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
21/08/2023

Partes del expediente

  • Santa Úrsula Cruz Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 225/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión de suspensión, en virtud de que, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés (fojas 36-38), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por el 1. Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia De Familia en Veracruz, Veracruz; por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo de prueba que se formó con las mismas, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley."Boca del Río, Veracruz, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión de suspensión, en virtud de que, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés (fojas 36-38), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por el 1. Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia De Familia en Veracruz, Veracruz; por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo de prueba que se formó con las mismas, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión de suspensión, en virtud de que, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés (fojas 36-38), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por el 1. Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia De Familia en Veracruz, Veracruz; por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo de prueba que se formó con las mismas, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa y por medio de lista de acuerdos al tercero interesado, como se encuentra ordenado mediante proveído de treinta de marzo del año en curso, misma que a la letra dice: RESULTANCO....PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintiuno de marzo dos mil veintitrés, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en Boca del Río, Veracruz, y turnado a este órgano jurisdiccional en la misma data, Santa Úrsula Cruz Torres, por sí y en representación de sus menores hijos de identidad reservada G.S.C y I.M.S.C, promovió demanda de amparo contra actos que más adelante se precisarán, que atribuye al Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz (fojas 02 a 17). SEGUNDO. Admisión. Mediante proveído de cuatro siguiente, se acordó admitir a trámite la demanda de amparo; dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló alegatos, fijar hora y data para celebrar audiencia constitucional; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; ordenándose tramitar el incidente de suspensión, y emplazar a la parte tercera interesada (fojas 18 a 23). TERCERO. Trámite. Mediante proveído de trece de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por legalmente emplazado al presente juicio al tercero interesado Nolberto Sánchez Ramírez (foja 32). CUARTO. Audiencia constitucional. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos las constancias de la autoridad responsable, quien no hizo valer causales de improcedencia (fojas 73 a 77) la audiencia constitucional tuvo verificativo el veintiocho de junio de dos mil veintitrés (foja 90). Hasta hoy no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales, quedando el expediente en estado de resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, en virtud de que se trata de un acto proveniente de una autoridad judicial, que trasgrede el derecho fundamental previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo que es impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio ya que, al tratarse de que los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este Juzgado, la parte quejosa eligió promover el presente juicio ante esta autoridad judicial, en términos del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de amparo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija en forma clara y precisa cuales son los actos reclamados, antes de verificar su certeza o inexistencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega, que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que además se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos (anexos), e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión y, precisa, debe atenderse a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia que se cita a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Bajo ese orden de ideas, al analizar en su integridad la demanda de amparo y las constancias de autos principalmente las constancias rendidas por la autoridad responsable se tiene que, el acto reclamado en el presente juicio es: la resolución de reclamación de seis de marzo de dos mil veintitrés, emitido en los autos del juicio ordinario civil 1921/2022, del índice del juzgado responsable, en el cual se decretó reducir la pensión alimenticia provisional. Establecida la fijación clara y precisa del acto reclamado, por cuestión de método, debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, pues reconoció la existencia de la resolución de seis de marzo de dos mil veintitrés, dictada dentro de los autos del expediente 1261/2022, del índice de la autoridad ordenadora (fojas 51 a 68 a 70, 73 a 77 y 80 a 89). Además, lo anterior se corrobora con las propias documentales que adjunta la responsable como justificación a su informe, así como las que remitió con posterioridad, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su numeral 2°, ya que se trata de documentos públicos, expedidos por funcionario en ejercicio de las funciones que les asigna la ley; pues de ésta se advierte la existencia del acto reclamado en el presente juicio. Al respecto de lo anterior, tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Improcedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza la procedencia del juicio constitucional. En el caso, se estima que se concreta el motivo improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que cesaron los efectos del acto reclamado, como a continuación se verá. MARCO LEGAL El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" La cesación a que se refiere el artículo y fracción transcritos se da por revocación o por sustitución, la primera, implica la desaparición o destrucción del acto reclamado y, la segunda, se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiere concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo supuesto, en cambio, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. -Hasta aquí el marco legal- ANTECEDENTES Previo a explicar el motivo de improcedencia que se concreta, se relatan los siguientes antecedentes del acto reclamado que permitirán su mejor comprensión (tomos I y II de pruebas): 1). En veintiséis de octubre de dos mil veintidós, Santa Úrsula Cruz Torres, por sí y en representación de sus menores hijos de identidad reservada G.S.C y I.M.S.C, promovió juicio ordinario civil y demandó de Nolberto Sánchez Ramírez, el cumplimiento y pago de una pensión provisional alimenticia a su favor y, en su oportunidad, una definitiva (fojas 1-19 del tomo único). 2). Por auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz acordó: admitirla y radicarla con el número 1912/2022; fijar una pensión alimenticia de carácter provisional a razón del setenta por ciento (60%) del sueldo y demás prestaciones del demandado como trabajador de la empresa denominada RM Lavorati S.A. de C.V. y, emplazarlo al juicio. 3). En data de dos de diciembre de dos mil veintidós el deudor alimentario contestó la demanda de alimentos e interpuso recurso de reclamación, mismo que resolvió el seis de marzo de dos mil veintitrés, en el cual se decretó reducir la pensión alimenticia provisional. 4). Mediante escrito de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, la autoridad responsable tuvo por recibido y acordado el escrito de la aquí quejosa Santa Úrsula Cruz Torres, por sí y en representación de sus menores hijos de identidad reservada y Nolberto Sánchez Ramírez, en el que exhibieron un convenio de transacción judicial, en el que entre otras cuestiones, se acordó que se sustituyera la pensión provisional alimenticia fijada en el aludido controvertido, por una de carácter definitiva a razón del cincuenta y cinco por ciento (55%) (fojas 53 a 61 de autos). 5). Ante ello, por resolución de quince de mayo de dos mil veintitrés, se resolvió: tener por presentado el aludido convenio judicial; aprobarse en sus términos; a razón del cincuenta y cinco por ciento (55%) de su sueldo y demás prestaciones, el cual fue debidamente ratificado ante presencia judicial el mismo día de su presentación, resolución que se transcribe para mayor ilustración: ".RESULTANDO: - - - -ÚNICO. Mediante escrito presentado ante este juzgado el diecinueve de abril del año dos mil veintitrés, comparecen ante este tribunal los señores SANTA ÚRSULA CRUZ TORRES, por su propio derecho y en representación de sus hijos, persona en desarrollo de identidad reservada bajo iniciales G. e I.M., de apellidos SÁNCHEZ CRUZ, así como NOLBERTO SÁNCHEZ RAMÍREZ, con la personalidad que tiene debidamente acreditada en autos, formulando convenio de transacción en el presente juicio, el cual fue debidamente ratificado ante la presencia judicial el mismo día de su presentación, según se advierte de lo actuado a fojas doscientos diez de autos. Se dio la intervención que en derecho corresponda al ciudadano Agente del ministerio Público adscrito a este tribunal, quien refirió no tener oposición alguna que manifestar, según se advierte del contenido del pedimentos civil número 521/2023, glosado a fojas doscientos catorce de autos, ordenándose turnar los autos a vista del suscrito a fin de pronunciar la resolución que conforme a derecho corresponda en relación a dicho convenio de transacción, lo que fue obsequiado oportunamente, por lo que en este acto se decide dicho convenio bajo los siguientes:------------------- CONSIDERANDOS: I.- Indica el artículo 2877 del código Civil que "La transacción es un contrato por el cual las partes haciéndose reciprocas concesiones, terminan una controversia presente o previene una futura".---------------- II.- En cumplimiento a dicha disposición, comparecen ante este tribunal los señores SANTA ÚRSULA CRUZ TORRES, por su propio derecho y en representación de sus hijos, persona en desarrollo de identidad reservada bajo iniciales G. e I.M., de apellidos SÁNCHEZ CRUZ, así como NOLBERTO SÁNCHEZ RAMÍREZ, con la personalidad que tiene debidamente acreditada en autos, formulando convenio de transacción en el presente juicio, el cual fue debidamente ratificado ante la presencia judicial el mismo día diecinueve de abril del año en curso, según se advierte de lo actuado a fojas doscientos diez de autos, mediante el cual los comparecientes se reconocen la personalidad con la cual comparecen al presente controvertido, que fin de concluir la controversia planteada deciden que. "SEGUNDA.- Las partes que suscriben convienen que, en tanto procedimiento como después de ejecutoriado el mismo, los menores de apellidos SÁNCHEZ CRUZ, quedaran bajo la GUARDA CUSTODIA de la suscrita SANTA ÚRSULA CRUZ TORRES. Y que AMBOS PADRES CONSERVAREMOS LA PATRIA POTESTAD respecto de nuestros menores hijos, por no estar en disputa la misma. TERCERA.- Queda establecido que tanto la suscrita SANTA ÚRSULA como nuestros menores hijos de apellidos SÁNCHEZ CRUZ será el ubicado en CALLE RETORNO BARRETO NÚMERO 116, MANZANA 17 LOTE 6, DEL FRACCIONAMIENTO EL CORTIJO, C.P. 91725, DE ESTA CIUDAD DE VERACRUZ, sin que exista impedimento alguno para que posteriormente pueda cambiar de domicilio, debiendo notificarse por escrito dicho cambio. Asimismo, el domicilio donde habitará el suscrito NOLBERTO SÁNCHEZ RAMÍREZ, será el ubicado en la CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS PAVÓN, MANZANA 7, LOTE 7 LOC. DOS LOMAS. C.P. 91697, DE ESTA CIUDAD DE VERACRUZ, sin que exista impedimento alguno para que posteriormente pueda cambiar de domicilio, debiendo notificarse mutuamente por escrito dicho cambio. CUARTA.- Ambas partes están de acuerdo en que el c. NOLBERTO SÁNCHEZ RAMÍREZ, proporcione el porcentaje del 55% (CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO) del sueldo y demás prestaciones que percibe como empleado de la empresa denominada RM LAVORATI S.A. DE C.V., descuento que deberá aplicarse del total de sus percepciones ordinarias, como extraordinarias; asignándoles a cada menor un 20% (veinte por ciento) de manera definitiva y para la suscrita, en calidad de compensatoria por el término de siete años, un 15% (quince por ciento); asimismo, las cantidades que resulten, serán depositadas de la misma forma como se venía realizando la suscrita SANTA ÚRSULA CRUZ TORRES. Para el cumplimiento de la presente clausula, se deberá girar atento oficio en calidad de mandamiento al C. GERENTE Y/O JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O PAGADOR DE LA EMPRESA DENOMINADA MLAVORATI S.A. DE C.V., con domicilio ubicado en AVENIDA URSULO GALVAN, NÚMERO 203, COLONIA LAS BAJADAS, C.P. 91726, DE ESTA CIUDAD DE VERACRUZ, VER., para que este a su vez, ORDENE AL PAGADOR CORREPONDIENTE, dejar sin efecto el descuento del 60 (sesenta por ciento) que se le venía realizando al C. NOLBERTO SÁNCHEZ RAMÍREZ, Y EN SU LUGAR, SE LE INICIE A DESCONTAR EL 55% (CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO) asignándoles a cada menor un 20 (veinte por ciento) de manera definitiva y para la suscrita, en calidad de compensatoria por el término de siete años, un 15 (quince por ciento) del total de sus percepciones ordinarias, deberán ser depositadas de la misma forma como se venía como realizando la suscrita SANTA ÚRSULA CRUZ TORRES. Cabe señalar que, los alimentos ya se encuentran garantizados dentro de los presentes autos, por lo que con tal hecho se encuentra satisfecho lo establecido en el artículo 142 fracción III del Código Civil reformado Vigente para nuestro estado. QUINTA.- Asimismo, ambas partes acuerdan que, además de la pensión alimenticia aquí pactada, y señalada en la cláusula Inmediata anterior, ambas partes acuerdan que, respecto de los gastos de uniformes, calzado, colegiaturas y todo lo que se genere para la educación de los menores, así como en el mes de diciembre de cada año se les comprará ropa a dicho menores, dicho gastos se cubrirán de la siguiente manera: El suscrito NOLBERTO SÁNCHEZ RAMÍREZ se hará cargo de dichos gastos antes mencionados, sólo y únicamente respecto del hijo varón y SANTA ÚRSULA CRUZ TORRES se hará cargo de antes mencionado, solo y únicamente respecto de la menor.- SEXTA.- La suscrita SANTA ÚRSULA CRUZ TORRES, Declara bajo protesta de decir verdad que, al memento de la firma del presente convenio NO ENCONTRARSE EN ESTADO DE GRAVIDEZ por lo cual no genera ninguna responsabilidad extra para el C. NOLBERTO SÁNCHEZ RAMÍREZ.- SÉPTIMA: En atención a lo establecido por el Artículo 9.3 de la Convención de los Derechos del Niño que a la letra dice: ""Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño"". Ambos cónyuges establecemos un régimen de visitas y convivencias para ambas partes y de acuerdo a las posibilidades del C. NOLBERTO SÁNCHEZ RAMÍREZ debido a su trabajo, en el cual se garantiza la seguridad y sano desarrollo de los menores de apellidos SÁNCHEZ CRUZ, de la siguiente forma: a). El C. NOLBERTO SÁNCHEZ RAMÍREZ, tendrá el derecho de convivir y entrevistarse con sus menores hijos de horas en que se lo permitan sus actividades laborales de éste y siempre y cuando sean horas acordes a la edad y que no Interrumpan con las actividades escolares, de desarrollo y de Talud de dichos menores. b). El domicilio para el suscrito, recoja a nuestros menores hijos, es el indicado en la cláusula Tercera que antecede o en el que en un futuro se señale dentro de los presentes autos para tal efecto, c). El C. NOLBERTO SÁNCHEZ RAMÍREZ se compromete a que, el tiempo en que conviva con nuestros menores hijos, dicha convivencia sea, PARA CONVIVIR E INTERACTUAR SOLO Y ÚNICAMENTE NUESTRO MENORES HIJOS Y NO LOS PODRÁ IR A DEJAR EN CASA DE SU SEÑORA MADRE E IRSE A OTRO LADO Y DEJARLOS SOLOS EN DICHO DOMICILIO, TODA VEZ QUE LA CONVIVENCIA ES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LOS LAZOS DE PADRE E HIJOS, ASIMISMO LA CONVIVENCIA CON AMBOS PROGENITORES ES FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS MENORES Y TAMBIÉN TOMANDO EN CUENTA QUE, LAS CONVIVENCIAS TIENE COMO FINALIDAD REGULAR, PROMOVER, EVALUAR, PRESERVAR Y, EN SU CASO, MEJORAR O REENCAUSAR LA CONVIVENCIA CON EL PADRE NO CUSTODIO Asimismo, ambas partes se comprometen a que si en caso de que cualquier de nuestros dos menores hijos, se niegue a convivir con el padre no custodio por alguna razón personal de dicho menor, ambos padres aceptan dicha decisión, previa explicación que tenga que dar dicho menor. OCTAVA. Es de significar que nuestro matrimonio lo contrajimos bajo el régimen de SOCIEDAD CONYUGAL, y que durante nuestro matrimonio adquirimos los siguientes bienes inmuebles. -EL INMUEBLE CONSISTENTE EN: UNA CASA HABITACIÓN UBICADA EN CALLE RETORNO BARRETO NÚMERO 116, MANZANA 17 LOTE 6, DEL FRACCIONAMIENTO EL CORTIJO, C.P. 91725, DE ESTA CIUDAD DE VERACRUZ En consecuencia de lo anterior, las partes proceden a liquidar la sociedad conyugal de la siguiente manera: 1).- Con relación al inmueble: CONSISTENTES EN: UNA CASA HABITACIÓN UBICADA EN LA CALLE RETORNO BARRETO NÚMERO 116, MANZANA 17 LOTE 6, DEL FRACCIONAMIENTO EL CORTIJO, C.P. 91725, DE ESTA CIUDAD DE VERACRUZ. a.- El suscrito NOLBERTO SÁNCHEZ RAMÍREZ cede la parte relativa del 50% (CINCUENTA POR CIENTO) de dicha casa habitación, que le corresponde de dicha sociedad conyugal favor de los menores GAEL E ITZEL MADAI ambos de apellidos SÁNCHEZ CRUZ, mismos que son representado por la suscrita SANTA ÚRSULA CRUZ TORRES. Lo anterior por así convenir a sus intereses. b. Ambas partes acuerdan que en un término no mayor a un mes (30 días), DESPÚES DE QUE SE LIQUIDE LA CASA HABITACIÓN POR PARTE DE LA SUSCRITRA SANTA ÚRSULA CRUZ TORRES, ambos, se Presentaran ante el Notario Público de su preferencia en la ciudad de Veracruz, a fin de protocolizar la presente clausula, y se elabore la escritura correspondiente, debiéndose los Pagos que se generen de dicha transacción, en un 50% (cincuenta por ciento) cada uno de los suscritos. C.- en caso de que el C- NOLBERTO SÁNCHEZ RAMÍREZ, incumpla con el inciso inmediato anterior, es decir que, si en dicho término, no realiza el cambio de propietario o escrituración correspondiente, SE SOLICITARA AL JUEZ QUE CONOCE DEL ASUNTO PARA QUE, POR REBELDÍA O POR MANDAMIENTO JUDICIAL , ORDENE AL NOTARIO PÚBLICO EJECUTE LA SENTENCIA QUE RECAIGA AL PRESENTE CONVENIO o en su caso proceder por la vía legal correspondiente el ex cónyuge afectado. CON LO ANTERIOR SE DA POR LIQUIDADA LA SOCIEDAD CONYUGAL, MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN MÁS BIENES QUE LIQUIDAR EN LO FUTURO. NOVENA.- Las partes se obligan s respetarse mutuamente, a no agredirse física ni verbalmente y a no ejecutar acto alguno que cause daño o perjuicio en su persona, familia, papeles, posesiones o domicilio. DÉCIMA.- En virtud de que el presente ACUERDO DE VOLUNTADES fue efectuado sin vicios en el consentimiento, error, dolo, lesión, ni violencia y el mismo no contiene apartados contrarios a derecho y hemos quedado conscientes de su alcance y obligatoriedad, sometiéndose expresamente a la Competencia de los Tribunales Judiciales de la Ciudad de que Veracruz, ver., renunciando expresamente a cualquier otro fuero futuro que por razón de su domicilio presente o futuro que pudiera llegar a corresponderles, para el caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas, por lo que solicitamos sea aprobado por su señoría el presente convenio. Todo lo no previsto dentro del presente Convenio será resuelto por las partes de común acuerdo." Ahora bien, analizando las cláusulas que integran el convenio de transacción cuyo análisis nos ocupa, considera jurídico concluir que las mismas no son contrarias a la moral y al derecho, por lo que se cumplen con los supuestos normativos previstos en los artículos 1725, 1727, 1729, 1730, 1731 y 1736 del Código civil, por lo que este unitario considera jurídico concluir que se debe aprobar el convenio de transacción formulado entre los aquí contendientes en todas y cada una de sus partes, condenándolos en todas y cada una sus partes, considerándolos a estar y pasar por él, en todas y cada una de sus partes, como si se tratara de cosa juzgada. Por lo anteriormente expuesto y fundado en el artículo 2877 del Código Civil, es de resolverse y se; RESUELVE: PRIMERO.- Dado lo manifestado en el considerando que antecede, se aprueba el convenio de transacción celebrado entre los aquí contendientes, en todas y cada una de sus partes, condenándolos a estar y pasar por él, en todas y cada una de sus partes, como si se tratara de cosa juzgada.--------------------SEGUNDO.- Comuníquese la presente determinación al C. Juez titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el estado, con residencia en esta ciudad, a fin de que surta sus efectos legales procedentes en los autos del juicio de amparo V-225/2023-I de su índice.-----------------------------------------------------TERCERO.- Notifíquese por lista de acuerdos a las partes, envíese copia de este fallo a la superioridad para los efectos legales que correspondan y oportunamente archívese lo actuado como asunto concluido. ---------Así lo resolvió y firma el C. licenciado GUSTAVO BERISTAIN BAZÁN, Juez del Juzgado Décimo de Primera Instancia en esta ciudad, especializado en Derecho de Familia, por ante la Licenciada ELISA MONTIEL PRADO, secretaría de acuerdos con quien actúa y DA FE." (fojas 74 a 77 de autos). 6). Luego, mediante proveído de diez de octubre de dos mil veintidós, dictado por el titular del referido órgano jurisdiccional, declaró que la resolución de quince de mayo de dos mil veintitrés causó estado, quedando firme para todos la efectos legales a que haya lugar, por lo que ordenó girar oficio al Pagador y/o Jefe de Recursos Humanos de la empresa RM Lavorati S.A. de C.V., a efecto de que proceda a dejar sin efecto el sesenta por ciento aplicado al sueldo y demás prestaciones del demandado Nolberto Sánchez Ramírez, y en su lugar se proceda a realizar el descuento del cincuenta y cinco por ciento (55%) sobre el sueldo y demás prestaciones (foja 85 de autos). -Hasta aquí los antecedentes-. SUBSUNCIÓN Así pues, la hipótesis que en el presente asunto se actualiza es la segunda, por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del inicial acto reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Lo que se sostiene, en la medida que del análisis de las constancias que remitió como justificación de sus actos el juez responsable, se desprende que mediante resolución de quince de mayo de dos mil veintitrés, dicho juzgador dejó sin efectos la parte del acuerdo dictado en el juicio de origen el ocho de noviembre de dos mil veintidós que venía afectando el porcentaje de la pensión provisional de alimentos decretada en dicho asunto a favor de las aquí quejosas y aprobó el convenió propuesto por las partes sus términos; y en su lugar, ordenó que debía descontar el 55% (cincuenta y cinco por ciento) al deudor alimenticio asignándoles a cada menor un 20 (veinte por ciento) de manera definitiva y para la suscrita, en calidad de compensatoria por el término de siete años, un 15 % (quince por ciento) del total de sus percepciones ordinarias, deberán ser depositadas de la misma forma como se venía como realizando la quejosa Santa Úrsula Cruz Torres. En estas circunstancias, al haber quedado plenamente demostrado que el acto reclamado consistente en la resolución de reclamación de seis de marzo de dos mil veintitrés, emitido en los autos del juicio ordinario civil 1921/2022, del índice del juzgado responsable, en el cual se decretó reducir la pensión alimenticia provisional, quedó sustituida por la diversa resolución firme de quince de mayo de dos mil veintitrés; resulta entonces evidente, indudable y manifiesto que en el presente asunto se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, por consiguiente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo la jurisprudencia 59, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Se destaca que si bien dicha jurisprudencia se originó con anterioridad a la Décima Época aun así es aplicable a la Ley de Amparo vigente, atento que no se opone a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. CONCLUSIÓN Sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se concreta el motivo de improcedencia aquí analizado. Por tanto, con apoyo en la fracción V, del numeral 63, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo. Al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no hicieron manifestación alguna en el sentido de oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Santa Úrsula Cruz Torres, por sí y en representación de sus menores hijos de identidad reservada G.S.C y I.M.S.C., contra el acto reclamado y por la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cinco de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, se tiene a la citada autoridad remitiendo constancias relativas al convenio que celebraron las partes, así como del proveído en el que causa estado, ello, en los autos del expediente natural ******************** En esas condiciones, con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que remite, sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno, y con las mismas, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Por otro lado, de la certificación de cuenta se advierte que no median días hábiles entre la fecha en se pondrá a vista las constancias aquí atendidas y la de la audiencia constitucional; ello en razón de que dicha audiencia se encuentra fijada para el día de hoy. Así las cosas, si conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, entre la vista del informe y la audiencia constitucional deben mediar cuando menos ocho días hábiles, es inconcuso que la data que se encuentra fijada en el caso concreto no da oportunidad al otorgamiento de la referida vista. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración; en concordancia con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese en términos de ley.

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