Santa Márquez Bautista

Expediente 599/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
599/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
26/07/2022

Partes del expediente

  • Santa Márquez Bautista

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de julio de dos mil veintidós. En atención a la certificación con que se me da cuenta, se obtiene que el veintidós de julio del año en curso feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I inciso a) de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de trece de julio de esta anualidad, por el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de dicha ley, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. En tales condiciones, de conformidad en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) El presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por haberse desechado la demanda de amparo. b) Transcurridos más de tres años a partir de la fecha del presente acuerdo, previa acta que se elabore, procédase a la destrucción del mismo. c) Este asunto no se considera de relevancia documental, en los términos del artículo 15 del aludido Acuerdo General. d) Por último, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, respecto de la fecha del acuerdo por el que se ordena su archivo, así como indicando la valoración que corresponda (relevancia documental, conservable, depurable o destruible) como al efecto establece el artículo 35 de la normativa de mérito. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de julio de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por la aquí quejosa Santa Márquez Bautista, mediante el cual desahoga la prevención formulada por este juzgado en proveído de uno de julio del año en curso. Ahora bien, puesto que el escrito que se atiende fue presentado el día de ayer doce de julio, esto es, dentro del plazo conferido para ello, según se desprende de la certificación con la que se me da cuenta; en consecuencia, se tiene a la promovente presentando en tiempo su desahogo a la prevención, por lo que, el suscrito provee: DESECHAMIENTO Con apoyo en la facultad derivada del artículo 113 de la Ley de Amparo, y luego de examinar nuevamente en su integridad el escrito de demanda, concatenado con el aclaratorio que se atiende, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso, respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, de forma manifiesta e indudable, y por ende se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo. Los invocados artículos son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." De la interpretación armónica de los preceptos reproducidos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que dicha improcedencia resulte de nuestra Carta Magna de la Ley de Amparo, y que tratándose de actos de ejecución de sentencia (laudo) sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y que la parte quejosa puede, de considerarlo pertinente, al momento de impugnar la última resolución del procedimiento de ejecución, inconformarse en contra de todas aquellas violaciones que durante el procedimiento respectivo se hayan cometido en su perjuicio y que la hayan dejado sin defensa. Así, se tiene que en la presente instancia constitucional la parte quejosa reclama: La diligencia de embargo realizada en su contra dentro de los autos del expediente número 625/X/2016 del índice de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad de Boca del Río, Veracruz, así como la omisión de emplazarla y notificarla de tal diligencia de embargo. Actos que atribuye al Presidente de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad de Boca del Río, en su carácter de autoridad ordenadora, y al Actuario adscrito a dicha Junta, con el de ejecutora. Quien, bajo protesta de decir verdad narra, que el acto reclamado se verificó precisamente en la etapa de ejecución del laudo, el cual no constituye la última resolución dictada dentro de la ejecución de sentencia, que en este caso constituye el laudo; por lo que, el juicio de amparo respecto del acto aquí reclamado resulta improcedente. En efecto, respecto de dicho acto de autoridad, es evidente que la demanda que se atiende deviene notoriamente improcedente, toda vez que debe quedar precisado que el referido acto reclamado por la ahora quejosa, no constituye la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia (laudo) y contra la cual sí es procedente el amparo biinstancial, por lo que, el juicio de amparo debe estimarse improcedente, al no tratarse del supuesto de procedencia establecido en el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la ley de la materia, como lo pretende la parte quejosa en la presente instancia constitucional. No debe olvidarse que la intención del legislador fue evitar la obstaculización de la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público, para en su lugar, en un sólo juicio de amparo, promovido contra la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, pueda la parte quejosa inconformarse contra tal acto de autoridad, así como contra las demás violaciones cometidas dentro del mismo. Se insiste en la causa de improcedencia invocada, toda vez que como lo refiere la peticionaria de amparo en su escrito de demanda y aclaratorio, lo que impugna en la presente instancia constitucional, es una diligencia de embargo, tendente a ejecutar el laudo dictado en los autos del juicio laboral 625/X/2016, del índice de la Junta Especial número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Boca del Río, Veracruz; actuación que como se advierte, no constituye la última resolución, contra la cual, en su caso, sí procede el juicio de amparo de conformidad con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Por tanto, al no estar en el supuesto de procedencia del amparo indirecto que establece el aludido numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, de la ley de la materia, lo que procede, con apoyo además, en el dispositivo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es DESECHAR la demanda de amparo, por su notoria e indudable improcedencia, respecto de los actos reclamados precisados anteriormente. Robustecen las consideraciones legales expuestas, el criterio cuyos datos de identificación y contenido a la letra se insertan: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, CONTRA EL ACUERDO CONCLUSIVO EN DICHA ETAPA PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", estableció que para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia la expresión "última resolución", a que se refiere el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114, en relación con el numeral 113, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Con base en tal criterio, se arriba a la conclusión de que si bien es cierto que aun cuando en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no existe disposición legal específica que prevea la hipótesis de emitir un auto en el que se reconozca el cumplimiento total de la sentencia, o que declare la imposibilidad material o jurídica de ello, también lo es que tal circunstancia no exime a quienes siendo parte formal en el proceso, insten ante el Juez correspondiente a efecto de que emita una resolución en los términos apuntados, si para ello se tiene en cuenta que, en principio, la legislación local no lo prohíbe. De ahí que de conformidad con el criterio citado, los tribunales, entre otros, del orden civil, deben emitir el acuerdo conclusivo de la ejecución para que así la parte interesada pueda promover el juicio de amparo e impugnar en la misma demanda las violaciones procesales cometidas en esa etapa." Se arriba a esa conclusión, considerando además, que la ahora quejosa es la parte demandada en el juicio natural, al cual fue llamada, dio contestación y se integró a la relación procesal, según se desprende de sus manifestaciones en el escrito aclaratorio, puesto que al no tratarse de una tercero extraña ni por equiparación, queda sujeta a la hipótesis de procedencia del juicio de amparo, establecido en el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y al no actualizarse dicha premisa normativa, lo procedente es desechar su demanda de amparo. Sin que los actos reclamados por la promovente puedan considerarse como actos de imposible reparación en el juicio natural, que de llegarse a consumar se considere irreversiblemente reparable la violación del derecho fundamental de que se trate, pues en esencia, los actos aquí reclamados son relativos a la ejecución del laudo, sin que se advierta que se refieran a aspectos diversos a los que fueron motivo de la resolución definitiva dictada en el juicio natural, motivo por el cual, no podría considerarse que pueda aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, al no tratarse de actos emitidos en el procedimiento de ejecución de laudo que afectan de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente dispone: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y una vez que cause estado el presente acuerdo, en su oportunidad, archívese este asunto como concluido. Lo que se notifica por este medio a la parte promovente, así por estar ordenado en autos.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, uno de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Santa Márquez Bautista, contra actos del Presidente de la Junta Especial número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad de Boca del Río, Veracruz, y del actuario de su adscripción; regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 599/2022, y provéase lo conducente. PREVENCIÓN Ahora, el dispositivo 114 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, establece lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura". Por su parte, el artículo 108 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente. "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación". De la interpretación armónica de los preceptos reproducidos, se advierte la facultad del órgano jurisdiccional de analizar la demanda de amparo y, en caso de advertir alguna irregularidad, requerir al promovente a fin de que la aclare cuando, entre otros supuestos, hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia; pero de no subsanarse las deficiencias, irregularidades u omisiones del libelo constitucional dentro del plazo de cinco días, ésta se tendrá por no presentada. En el caso concreto, de la lectura total de la demanda que se atiende, se desprende que la quejosa señala como acto reclamado, de manera destacada: "LA ILEGAL DILIGENCIA DE EMBARGO REALIZADA EN MI CONTRA, DENTRO DE OS AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 625/X/2016 DEL ÍNDICE DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO DIEZ DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO." Por su parte, del capítulo de hechos, en lo que interesa, la promovente, bajo protesta de decir verdad refiere: "1.- La suscrita, soy parte demandada en el juicio laboral número 625/X/2016, promovido en mi contra por el C. ROBERTO ROMERO REYES. (.) 2.- Dentro del proceso labora referido en líneas anteriores, se dictó laudo en mi contra, el cual a ésta fecha, ya se encuentra en sección de ejecución. (.) 6. BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto a su Señoría, que AL DÍA DE HOY, NO HE SIDO EMPLAZADA LEGALMENTE, NI NOTIFICADA PERSONALMENTE DE TAL DILIGENCIA DE EMBARGO." Como se observa, la quejosa es omisa en aclarar si se incorporó a la relación procesal, habiendo sido emplazada y contestado la demanda incoada en su contra, y de ese modo dejar claro la calidad con la que comparece, a saber, si como parte en el proceso natural o como tercera extraña al juicio por equiparación. En ese tenor, a fin de no realizar inferencias que pudieran no coincidir con los hechos acaecidos, y estar en aptitud de acordar lo conducente, requiérase a la accionante de amparo, para que dentro del improrrogable plazo de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se realice del presente acuerdo, y con las copias para correr traslado a las partes de su escrito de aclaración de demanda, conforme al artículo 110 de la Ley de Amparo, más dos para el incidente de suspensión que solicita, desahogue el punto siguiente: ÚNICO. Aclare si contestó la demanda instaurada en su contra por Roberto Romero Reyes, o bien si se integró a la relación jurídico procesal dentro del referido juicio laboral 625/X/2016, del índice de la Junta responsable. Lo anterior es así, pues se hace absolutamente necesario para tener un conocimiento, por lo menos incipiente, del acto reclamado y sus antecedentes, de modo que permita desplegar la facultad de este órgano jurisdiccional para aceptar a trámite o no la demanda constitucional. Se apercibe a la promovente que en caso de no dar cumplimiento al punto de prevención detallado, al que deberá acompañar las copias correspondientes, dentro del plazo concedido para ello, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del penúltimo párrafo del arábigo 114, de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Óscar Emmanuel Salas Ramírez, puesto que sí acredita la calidad de licenciado en Derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. En cambio, como lo solicita, con apoyo en el segundo párrafo del artículo 24 de la ley de la materia, se tiene a Olivia Márquez Arteaga como autorizada exclusivamente para oír notificaciones aún las de carácter personal e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades previstas en el invocado artículo 12. DOMICILIO PROCESAL En términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese por lista a la parte quejosa el presente auto, así como los subsecuentes, por así haberlo solicitado expresamente en su escrito de demanda, ya que señaló los estrados de este juzgado como domicilio para oír y recibir notificaciones. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES En atención a lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado inicialmente en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y prorrogado en cuanto a su vigencia, en su numeral 22, fracción II, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico o servicios de mensajería instantánea que brinda la telefonía móvil, para entablar comunicaciones no procesales, en los casos en que se estime necesario. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. Lo que se notifica por este medio a la parte promovente, así por estar ordenado en autos.

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