Santa García Uscanga
Expediente 344/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 344/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 25/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Santa García Uscanga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 344/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la quejosa y tercero interesado, mediante proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés (foja 71) para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia autorizada el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Santa García Uscanga, para los efectos siguientes: "para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el diez de abril de dos mil veintitrés en el juicio ordinario civil 451/2020 de su índice y, en su lugar, emita otra en la que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la Litis sometida ante su potestad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo." En consecuencia, el veinte de julio de dos mil veintitrés (fojas 49 y 50) se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, en proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés (foja 71) se ordenó dar vista a la quejosa y tercero interesado con las constancias remitidas por la referida autoridad responsable con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 7225/2023 signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, por el cual remitió copia certificada del acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, por el que dejó insubsistente la resolución emitida el diez de abril de dos mil veintitrés en el juicio ordinario civil 451/2020 de su índice. Asimismo, por diversos oficios 6887/2023 y 7197/2023 remitió copia certificada de la resolución de dos de agosto de dos mil veintitrés, en la cual con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida a su potestad, en la que dejó firme la pensión decretada inicialmente, consistente en el 30% (treinta por ciento) del sueldo y demás prestaciones que recibe el demandado de su fuente laboral. Ahora, de la resolución reclamada se advierte que el juez responsable con fundamento en el artículo 210, párrafo tercero de la Ley de Enjuiciamientos Civiles del Estado, que contempla el trámite de la reclamación en contra de la pensión decretada inicialmente procedió a resolver bajo las siguientes consideraciones: -José Francisco Mondragón Gómez, se inconformó respecto de la pensión decretada inicialmente, misma que consistió en el 30% (treinta por ciento) del sueldo y prestaciones que recibe el demandado como trabajador pensionado del Instituto de las Fuerzas Armadas de México, que pertenece a su vez, al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, indicando que su contraparte está ejercitando violencia económica en su perjuicio, ya que cuenta con una casa de dos pisos misma que se ubica en la calle Aluvión número setenta y ocho del Fraccionamiento Laguna Real de esta ciudad. -Además hizo mención que Santa García Uscanga trabaja en la empresa FAMSA del Coyol como Gerente del Departamento de Ropa, contando con veinte años de labores, por lo que tiene ingresos propios y no tiene la necesidad de demandarle los alimentos. -Asimismo se advirtió que el reclamante hizo valer que tiene setenta y dos años de edad y requiere de sus ingresos para poder subsistir, por todo ello, solicita se reduzca la pensión decretada inicialmente. Consecuentemente, el Juez responsable dejó constancia que Santa García Uscanga dio respuesta al trámite incidental de la reclamación y, expuso que el mismo resultaba notoriamente improcedente, por lo que solicitó dejarse firme la pensión fijada en un principio. Así, el Juez responsable manifestó que, impuesto de las constancias que conforman ese trámite, arribó a la determinación de que no le asiste la razón al inconforme José Francisco Mondragón Gómez, pues consideró que los argumentos que hizo valer no resultaron fundados en derecho. Lo anterior es así, pues en lo referente al argumento del reclamante de que la parte actora Santa García Uscanga tiene un inmueble de su propiedad y con ello tiene satisfecho lo propio a gastos de habitación, es un aspecto que no puede cobrar actualidad, ya que los documentos que obran en autos y con los cuales se pretendió demostrar ello, carecen de la eficacia convictica que se necesita, pues el documento carece de los datos necesarios para poder tener la certeza de que en ese inmueble vive la referida actora, e incluso, si la inscripción correspondiente ampara un terreno o en su caso una casa-habitación. Lo cual, el juez responsable señaló como elementos indispensables para poder tener por justificado que en ese lugar reside la acreedora alimentaria, por lo que, aun analizados a la luz de los numerales 261 fracción I y 265, de la Ley de Enjuiciamientos Civiles del Estado, no resultan idóneos para demostrar ese aspecto. Posteriormente, el juez responsable en lo referente al argumento de que la contraparte (actora) ejercía violencia psicológica y además percibe ingresos por su actividad laboral, tampoco resultan ser fundados, puesto que no se acompañó prueba con la cual se demostrara estos aspectos, ya que los documentos exhibidos con la reclamación y que obran en autos, solo sirvieron para acreditar el vínculo familiar que une a los contendientes, así como, que el demandado es una persona que pertenece a la tercera edad, pero tal aspecto no puede ser definitorio para graduar el porcentaje fijado en forma primigenia. Por su parte, respecto de las vistas fotográficas, el juez responsable señaló que éstas sólo reflejan lo que en ellas se advierte, pero se puede tener la certeza de que el demandado es la persona que aparece en las mismas, por lo que, sólo se acredita lo que se deduce en esas vistas fotográficas. En las relatadas consideraciones, el juez responsable tomando en cuenta que a la luz del numeral 242, del Código Civil, los alimentos deben ser proporcionados de acuerdo a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos y como en el caso concreto se trata de una acreedora alimentaria, quien tiene el carácter de cónyuge, contando con aproximadamente cincuenta y tres años de edad, mientras que el demandado al ser el motor que produce los ingresos debe soportar las deducciones oficiales y sus propios requerimientos, sin pasar por alto que él es una persona de la tercera edad, pues cuenta con setenta y cuatro años, y que los pleitistas se desenvuelven dentro de ese distrito judicial, por lo que el alto costo de la zona les perjudica por igual y que pertenecen a un estatus social medio, el cual surge de las propias constancias procesales, es por todo ello que, consideró justo y equitativo, que sin perjuicio de lo que se llegue a resolver en la sentencia de fondo, se deje firme la pensión decretada inicialmente. Bajo ese contexto, y de acuerdo con la documentación que hasta ese momento obraba en el sumario natural resolvió que la parte actora incidentista José Francisco Mondragón Gómez, no demostró sus argumentaciones, mientras que Santa García Uscanga, se opuso a esa incidencia, ental virtud, declaró infundada la reclamación interpuesta por el demandado en contra de la pensión alimenticia provisional decretada dentro del auto de fecha treinta de junio del año dos mil veintiuno. Asimismo, se concluyó que sin perjuicio de lo que se llegue a resolver en la sentencia de fondo, se dejó firme la pensión decretada inicialmente. En mérito de lo anterior, se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo toda vez que dejó insubsistente la resolución dictada el diez de abril de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario civil 451/2020-I y, en su lugar, emitió otra en la que, con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida ante su potestad por lo que hace a la pensión alimenticia provisional, empelando un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, del cúmulo probatorio ofrecido por las partes a efecto de resolver el citado recurso, así como de cualquier incidencia ocurrida o dictada dentro del procedimiento que pueda afectar la capacidad económica de los mismos; lo anterior, de conformidad al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, justificando las conclusiones que alcanzó. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVENSE las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el incidente único de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva como se advierte de la resolución emitida en data de ocho de mayo de dos mil veintitrés (fojas 111-114), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley."Boca del Río, Veracruz, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la quejosa y tercero interesado, mediante proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés (foja 71) para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia autorizada el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Santa García Uscanga, para los efectos siguientes: "para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el diez de abril de dos mil veintitrés en el juicio ordinario civil 451/2020 de su índice y, en su lugar, emita otra en la que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la Litis sometida ante su potestad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo." En consecuencia, el veinte de julio de dos mil veintitrés (fojas 49 y 50) se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, en proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés (foja 71) se ordenó dar vista a la quejosa y tercero interesado con las constancias remitidas por la referida autoridad responsable con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 7225/2023 signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, por el cual remitió copia certificada del acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, por el que dejó insubsistente la resolución emitida el diez de abril de dos mil veintitrés en el juicio ordinario civil 451/2020 de su índice. Asimismo, por diversos oficios 6887/2023 y 7197/2023 remitió copia certificada de la resolución de dos de agosto de dos mil veintitrés, en la cual con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida a su potestad, en la que dejó firme la pensión decretada inicialmente, consistente en el 30% (treinta por ciento) del sueldo y demás prestaciones que recibe el demandado de su fuente laboral. Ahora, de la resolución reclamada se advierte que el juez responsable con fundamento en el artículo 210, párrafo tercero de la Ley de Enjuiciamientos Civiles del Estado, que contempla el trámite de la reclamación en contra de la pensión decretada inicialmente procedió a resolver bajo las siguientes consideraciones: -José Francisco Mondragón Gómez, se inconformó respecto de la pensión decretada inicialmente, misma que consistió en el 30% (treinta por ciento) del sueldo y prestaciones que recibe el demandado como trabajador pensionado del Instituto de las Fuerzas Armadas de México, que pertenece a su vez, al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, indicando que su contraparte está ejercitando violencia económica en su perjuicio, ya que cuenta con una casa de dos pisos misma que se ubica en la calle Aluvión número setenta y ocho del Fraccionamiento Laguna Real de esta ciudad. -Además hizo mención que Santa García Uscanga trabaja en la empresa FAMSA del Coyol como Gerente del Departamento de Ropa, contando con veinte años de labores, por lo que tiene ingresos propios y no tiene la necesidad de demandarle los alimentos. -Asimismo se advirtió que el reclamante hizo valer que tiene setenta y dos años de edad y requiere de sus ingresos para poder subsistir, por todo ello, solicita se reduzca la pensión decretada inicialmente. Consecuentemente, el Juez responsable dejó constancia que Santa García Uscanga dio respuesta al trámite incidental de la reclamación y, expuso que el mismo resultaba notoriamente improcedente, por lo que solicitó dejarse firme la pensión fijada en un principio. Así, el Juez responsable manifestó que, impuesto de las constancias que conforman ese trámite, arribó a la determinación de que no le asiste la razón al inconforme José Francisco Mondragón Gómez, pues consideró que los argumentos que hizo valer no resultaron fundados en derecho. Lo anterior es así, pues en lo referente al argumento del reclamante de que la parte actora Santa García Uscanga tiene un inmueble de su propiedad y con ello tiene satisfecho lo propio a gastos de habitación, es un aspecto que no puede cobrar actualidad, ya que los documentos que obran en autos y con los cuales se pretendió demostrar ello, carecen de la eficacia convictica que se necesita, pues el documento carece de los datos necesarios para poder tener la certeza de que en ese inmueble vive la referida actora, e incluso, si la inscripción correspondiente ampara un terreno o en su caso una casa-habitación. Lo cual, el juez responsable señaló como elementos indispensables para poder tener por justificado que en ese lugar reside la acreedora alimentaria, por lo que, aun analizados a la luz de los numerales 261 fracción I y 265, de la Ley de Enjuiciamientos Civiles del Estado, no resultan idóneos para demostrar ese aspecto. Posteriormente, el juez responsable en lo referente al argumento de que la contraparte (actora) ejercía violencia psicológica y además percibe ingresos por su actividad laboral, tampoco resultan ser fundados, puesto que no se acompañó prueba con la cual se demostrara estos aspectos, ya que los documentos exhibidos con la reclamación y que obran en autos, solo sirvieron para acreditar el vínculo familiar que une a los contendientes, así como, que el demandado es una persona que pertenece a la tercera edad, pero tal aspecto no puede ser definitorio para graduar el porcentaje fijado en forma primigenia. Por su parte, respecto de las vistas fotográficas, el juez responsable señaló que éstas sólo reflejan lo que en ellas se advierte, pero se puede tener la certeza de que el demandado es la persona que aparece en las mismas, por lo que, sólo se acredita lo que se deduce en esas vistas fotográficas. En las relatadas consideraciones, el juez responsable tomando en cuenta que a la luz del numeral 242, del Código Civil, los alimentos deben ser proporcionados de acuerdo a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos y como en el caso concreto se trata de una acreedora alimentaria, quien tiene el carácter de cónyuge, contando con aproximadamente cincuenta y tres años de edad, mientras que el demandado al ser el motor que produce los ingresos debe soportar las deducciones oficiales y sus propios requerimientos, sin pasar por alto que él es una persona de la tercera edad, pues cuenta con setenta y cuatro años, y que los pleitistas se desenvuelven dentro de ese distrito judicial, por lo que el alto costo de la zona les perjudica por igual y que pertenecen a un estatus social medio, el cual surge de las propias constancias procesales, es por todo ello que, consideró justo y equitativo, que sin perjuicio de lo que se llegue a resolver en la sentencia de fondo, se deje firme la pensión decretada inicialmente. Bajo ese contexto, y de acuerdo con la documentación que hasta ese momento obraba en el sumario natural resolvió que la parte actora incidentista José Francisco Mondragón Gómez, no demostró sus argumentaciones, mientras que Santa García Uscanga, se opuso a esa incidencia, ental virtud, declaró infundada la reclamación interpuesta por el demandado en contra de la pensión alimenticia provisional decretada dentro del auto de fecha treinta de junio del año dos mil veintiuno. Asimismo, se concluyó que sin perjuicio de lo que se llegue a resolver en la sentencia de fondo, se dejó firme la pensión decretada inicialmente. En mérito de lo anterior, se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo toda vez que dejó insubsistente la resolución dictada el diez de abril de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario civil 451/2020-I y, en su lugar, emitió otra en la que, con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida ante su potestad por lo que hace a la pensión alimenticia provisional, empelando un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, del cúmulo probatorio ofrecido por las partes a efecto de resolver el citado recurso, así como de cualquier incidencia ocurrida o dictada dentro del procedimiento que pueda afectar la capacidad económica de los mismos; lo anterior, de conformidad al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, justificando las conclusiones que alcanzó. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVENSE las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el incidente único de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva como se advierte de la resolución emitida en data de ocho de mayo de dos mil veintitrés (fojas 111-114), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."
- Principal
Con esta fecha se notifica a la parte quejosa el siguiente aCUERDO : Boca del Río, Veracruz, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés.********************Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la quejosa y tercero interesado, mediante proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés (foja 71) para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna.********************Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.********************Ahora, en sentencia autorizada el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a********************, para los efectos siguientes: ********************"para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el diez de abril de dos mil veintitrés en el juicio ordinario civil ******************** de su índice y, en su lugar, emita otra en la que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la Litis sometida ante su potestad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo."****************************************En consecuencia, el veinte de julio de dos mil veintitrés (fojas 49 y 50) se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz.********************Posteriormente, en proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés (foja 71) se ordenó dar vista a la quejosa y tercero interesado con las constancias remitidas por la referida autoridad responsable con base en las cuales se pronuncia este acuerdo.********************De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. ********************Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 7225/2023 signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, por el cual remitió copia certificada del acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, por el que dejó insubsistente la resolución emitida el diez de abril de dos mil veintitrés en el juicio ordinario civil ******************** de su índice. ********************Asimismo, por diversos oficios 6887/2023 y 7197/2023 remitió copia certificada de la resolución de dos de agosto de dos mil veintitrés, en la cual con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida a su potestad, en la que dejó firme la pensión decretada inicialmente, consistente en el 30% (treinta por ciento) del sueldo y demás prestaciones que recibe el demandado de su fuente laboral.********************Ahora, de la resolución reclamada se advierte que el juez responsable con fundamento en el artículo 210, párrafo tercero de la Ley de Enjuiciamientos Civiles del Estado, que contempla el trámite de la reclamación en contra de la pensión decretada inicialmente procedió a resolver bajo las siguientes consideraciones:********************-********************, se inconformó respecto de la pensión decretada inicialmente, misma que consistió en el 30% (treinta por ciento) del sueldo y prestaciones que recibe el demandado como trabajador pensionado del Instituto de las Fuerzas Armadas de México, que pertenece a su vez, al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, indicando que su contraparte está ejercitando violencia económica en su perjuicio, ya que cuenta con una casa de dos pisos misma que se ubica en la calle ******************** de esta ciudad.********************-Además hizo mención que******************** trabaja en la empresa ******************** contando con veinte años de labores, por lo que tiene ingresos propios y no tiene la necesidad de demandarle los alimentos.********************-Asimismo se advirtió que el reclamante hizo valer que tiene setenta y dos años de edad y requiere de sus ingresos para poder subsistir, por todo ello, solicita se reduzca la pensión decretada inicialmente.********************Consecuentemente, el Juez responsable dejó constancia que******************** dio respuesta al trámite incidental de la reclamación y, expuso que el mismo resultaba notoriamente improcedente, por lo que solicitó dejarse firme la pensión fijada en un principio.********************Así, el Juez responsable manifestó que, impuesto de las constancias que conforman ese trámite, arribó a la determinación de que no le asiste la razón al inconforme ********************, pues consideró que los argumentos que hizo valer no resultaron fundados en derecho.********************Lo anterior es así, pues en lo referente al argumento del reclamante de que la parte actora******************** tiene un inmueble de su propiedad y con ello tiene satisfecho lo propio a gastos de habitación, es un aspecto que no puede cobrar actualidad, ya que los documentos que obran en autos y con los cuales se pretendió demostrar ello, carecen de la eficacia convictica que se necesita, pues el documento carece de los datos necesarios para poder tener la certeza de que en ese inmueble vive la referida actora, e incluso, si la inscripción correspondiente ampara un terreno o en su caso una casa-habitación. ********************Lo cual, el juez responsable señaló como elementos indispensables para poder tener por justificado que en ese lugar reside la acreedora alimentaria, por lo que, aun analizados a la luz de los numerales 261 fracción I y 265, de la Ley de Enjuiciamientos Civiles del Estado, no resultan idóneos para demostrar ese aspecto.********************Posteriormente, el juez responsable en lo referente al argumento de que la contraparte (actora) ejercía violencia psicológica y además percibe ingresos por su actividad laboral, tampoco resultan ser fundados, puesto que no se acompañó prueba con la cual se demostrara estos aspectos, ya que los documentos exhibidos con la reclamación y que obran en autos, solo sirvieron para acreditar el vínculo familiar que une a los contendientes, así como, que el demandado es una persona que pertenece a la tercera edad, pero tal aspecto no puede ser definitorio para graduar el porcentaje fijado en forma primigenia.********************Por su parte, respecto de las vistas fotográficas, el juez responsable señaló que éstas sólo reflejan lo que en ellas se advierte, pero se puede tener la certeza de que el demandado es la persona que aparece en las mismas, por lo que, sólo se acredita lo que se deduce en esas vistas fotográficas.********************En las relatadas consideraciones, el juez responsable tomando en cuenta que a la luz del numeral 242, del Código Civil, los alimentos deben ser proporcionados de acuerdo a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos y como en el caso concreto se trata de una acreedora alimentaria, quien tiene el carácter de cónyuge, contando con aproximadamente cincuenta y tres años de edad, mientras que el demandado al ser el motor que produce los ingresos debe soportar las deducciones oficiales y sus propios requerimientos, sin pasar por alto que él es una persona de la tercera edad, pues cuenta con setenta y cuatro años, y que los pleitistas se desenvuelven dentro de ese distrito judicial, por lo que el alto costo de la zona les perjudica por igual y que pertenecen a un estatus social medio, el cual surge de las propias constancias procesales, es por todo ello que, consideró justo y equitativo, que sin perjuicio de lo que se llegue a resolver en la sentencia de fondo, se deje firme la pensión decretada inicialmente.********************Bajo ese contexto, y de acuerdo con la documentación que hasta ese momento obraba en el sumario natural resolvió que la parte actora incidentista ********************, no demostró sus argumentaciones, mientras que********************, se opuso a esa incidencia, ental virtud, declaró infundada la reclamación interpuesta por el demandado en contra de la pensión alimenticia provisional decretada dentro del auto de fecha treinta de junio del año dos mil veintiuno.********************Asimismo, se concluyó que sin perjuicio de lo que se llegue a resolver en la sentencia de fondo, se dejó firme la pensión decretada inicialmente.********************En mérito de lo anterior, se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo toda vez que dejó insubsistente la resolución dictada el diez de abril de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario civil ********************-I y, en su lugar, emitió otra en la que, con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida ante su potestad por lo que hace a la pensión alimenticia provisional, empelando un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, del cúmulo probatorio ofrecido por las partes a efecto de resolver el citado recurso, así como de cualquier incidencia ocurrida o dictada dentro del procedimiento que pueda afectar la capacidad económica de los mismos; lo anterior, de conformidad al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, justificando las conclusiones que alcanzó.********************Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS.********************Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVENSE las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el incidente único de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo.********************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General.********************En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva como se advierte de la resolución emitida en data de ocho de mayo de dos mil veintitrés (fojas 111-114), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años.********************Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General.********************Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio y anexo signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo copia certificada de la resolución de dos de agosto de dos mil veintitrés. Sin embargo, de autos de advierte que en proveído de siete de agosto pasado, se requirió a la referida autoridad responsable copia certificada del proveído por el cual dejó insubsistente la resolución dictada el diez de abril de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario civil ******************** de su índice. En tales condiciones, se reserva dar vista a las partes hasta en tanto la referida autoridad responsable de cabal cumplimiento al requerimiento efectuado en autos y remita las constancias correspondientes al total cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio y anexo signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo copia certificada de la resolución de dos de agosto de dos mil veintitrés, con la que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sin embargo, del contenido de la misma se advierte que en el punto resolutivo tercero, que el Juez responsable además ordenó remitir copia certificada del auto anterior, esto es, aquel por el cual dejó insubsistente la resolución dictada el diez de abril de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario civil 451/2020 de su índice, sin que lo hubiera hecho. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con sede en Veracruz, Veracruz, para que dentro del improrrogable plazo de TRES DÍAS contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada del proveído por el cual dejó insubsistente la resolución dictada el diez de abril de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario civil 451/2020 de su índice; lo anterior en debido acatamiento a la sentencia amparadora. Ello, con la finalidad de que este Juzgado esté en condiciones de dar vista a las partes con la totalidad de las constancias, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En el entendido de que subsiste el apercibimiento con el que se le conminó en proveído de veinte de julio de la presente anualidad, esto es que de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de conformidad con el artículo 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien a mil días de salario de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese en términos de ley.
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