Sandra Guadalupe Saucedo Chaidez

Expediente 981/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
981/2017
Año
2017
Actuaciones
17
Última actuación
13/07/2018

Partes del expediente

  • Sandra Guadalupe Saucedo Chaidez
  • Sandra Guadalupe Saucedo Chaidez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 981/2017-VI, promovido por la apoderada legal de la quejosa *******, contra actos del Presidente del Municipio de Juárez y otras autoridades. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, turnado a este Juzgado, ese mismo día, ********, por conducto de su apoderada legal, solicitó el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente y Tesorero ambos del Municipio de Juárez y Registro Público de la Propiedad, a quienes reclamó lo siguiente: 1. EL INDEBIDO EMBARGO, VALORIZACIÓN Y REMATE DEL INMUEBLE. 2. TODOS LOS ACTOS O RESOLUCIONES DICTADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE REMATE DEL INMUEBLE QUE MAS ADELANTE SE IDENTIFICA. 3. LA FALTA DE NOTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DEDUCIDA DEL EXPEDIENTE *************** DE REMATE DEL INMUEBLE. 4. LA PRETENSIÓN DE LA INMINENTE ESCRITURACIÓN Y LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O DESPOSESIÓN DEL INMUEBLE QUE SE IDENTIFICA COMO SIGUE ***** SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señala como derechos violados los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de uno de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables, su informe con justificación, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. CUARTO. Presentación del escrito de ampliación de demanda. Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el trece de marzo del año en curso, la apoderada legal de la quejosa Sandra Guadalupe Saucedo Chaidez, amplió demanda amparo, contra actos del Registro Público de la Propiedad, a quien reclamó lo siguiente: 1. LA INDEBIDA INSCRIPCIÓN DE EMBARGO ****. QUINTO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señala como derechos violados los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEXTO. Tramitación de la ampliación de la demanda. Mediante proveído de catorce de marzo del año en curso, se admitió la ampliación de demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable, Registro Público de la Propiedad, su informe con justificación, se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señalaron hora y fecha para la audiencia constitucional, la que previo a diversos diferimientos, se llevó a cabo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgador Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo vigente; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, así como al Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en el territorio en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la quejosa reclama lo siguiente: 1. Al Presidente y Tesorero del Municipio de Juárez: a) El embargo, valorización y remate del inmueble inscrito bajo el número ***, folio **, libro ***, de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Distrito Bravos. b) Todos los actos o resoluciones dictadas en el Procedimiento Administrativo de Ejecución ***************. c) La falta de notificación del citado Procedimiento Administrativo de Ejecución. d) La inminente escrituración y/o desposesión del referido bien inmueble. 2. Al Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos: a) La inscripción de embargo trabado sobre el referido bien inmueble, registrada bajo el número ***, folio **, libro ****, de la Sección Segunda del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Distrito Bravos. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los anteriormente señalados, los cuales serán estudiados enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe con justificación, el Presidente del Municipio de Juárez, negó la existencia de todos los actos reclamados; argumentando que carece de facultades para llevar a cabo un procedimiento administrativo de ejecución. Asimismo, por su parte el Tesorero del Municipio de Juárez, al rendir informe justificado negó la existencia de los actos reclamados consistentes en la valorización, remate y desposesión del bien inmueble inscrito bajo el 66, folio 66, libro 4458, de la Sección Primera. Lo anterior, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tales negativas. Por otra parte, el Tesorero del Municipio de Juárez, al rendir informe justificado refirió la existencia de los actos que se le reclaman consistentes en lo siguiente: a) El embargo del inmueble inscrito bajo el número **, folio **, libro ****, de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Distrito Bravos; b) La notificación del Procedimiento Administrativo de Ejecución *************; y, c) Los actos o resoluciones dictadas en el citado procedimiento. Sin embargo, mediante el diverso oficio TM/CJ/0871/2018, de ocho de febrero de dos mil dieciocho, el referido Tesorero Municipal, informó a este juzgado, que en virtud del pago del impuesto predial adeudado, el veintiocho de diciembre de dos mil doce, dejó sin efectos el Procedimiento Administrativo de Ejecución ******************; y ordenó su depuración y destrucción. (fojas 72-76) Por tanto, con lo anterior, se desvirtúa la existencia de los referidos actos reclamados, toda vez que al momento de la promoción del presente juicio de amparo, esto es, el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, habían quedado sin efecto; por ende se tiene por inexistentes los actos reclamados al Tesorero Municipal. En esas condiciones, impone sobreseer en el juicio de amparo respecto a los actos reclamados al Presidente y Tesorero del Municipio de Ciudad Juárez, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: **** IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y **** Es aplicable al caso, por identidad razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Bravos, aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en la inscripción del embargo trabado el veintitrés de noviembre de dos mil doce, relativo al Procedimiento Administrativo de Ejecución ******************, ordenado por el Tesorero del Municipio de Juárez; lo que acreditó con las copias certificadas relativas a la inscripción número **, folio **, libro ****, de la Sección Segunda. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a tales documentos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice lo siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 206, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, el suscrito advierte la actualización de la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dice lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: **** XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; **** Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, que establece lo siguiente: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. **** De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, registro cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la parte quejosa, en esencia, reclama al Registro Público de la Propiedad, la inscripción del embargo trabado sobre un bien de su propiedad, ordenada por el Tesorero Municipal, con registro 86, folio 86, libro 2786, de la Sección Segunda del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Distrito Bravos. Sin embargo, de la copia certificada remitida por el Jefe del Registro Público de la Propiedad, el trece de junio del año en curso, se advierte que con fecha doce de junio de dos mil dieciocho, se realizó la cancelación de la inscripción **, folio **, libro ****, de la Sección Segunda, correspondiente al embargo del bien inmueble inscrito el veintitrés de noviembre del dos mil doce, bajo el número **, folio **, libro ****, de la Sección Primera, propiedad de la aquí quejosa, ordenado por el Tesorero del Municipio de Juárez, relativo al Procedimiento Administrativo de Ejecución TM/DI/NYC/1774/2012. Documento el anterior, al que se le confiere pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De manera que, si el Registrador Público de la Propiedad del Distrito Bravos, el doce de junio de dos mil dieciocho, realizó la cancelación de la inscripción **, folio **, libro ****, de la Sección Segunda, correspondiente al embargo trabado el veintitrés de noviembre de dos mil doce, es indudable que cesaron los efectos de los actos reclamados al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que le dio motivo al amparo, reponiendo a la quejosa en el goce de la garantía violada, es decir, volviendo a las cosas al estado que guardaban. Lo anterior, porque una sentencia en la que se concediera la protección constitucional tendría por efecto precisamente, el obligar a las responsables a efectuar la cancelación de la inscripción registrada bajo el número 86, folio 86, libro 2786, de la Sección Segunda, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Distrito Bravos, relativa al embargo derivado del Procedimiento Administrativo de Ejecución **************, ordenado por el Tesorero del Municipio de Juárez, que como ya se dijo, finalmente ocurrió debido a la actuación del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio Distrito Bravos. Es aplicable al caso, la tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracción V, 64, 65, 73, 74, y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por *********, apoderada legal de la directa quejosa *********, contra las autoridades responsables y actos reclamados precisados en los considerandos tercero y quinto de esta determinación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hasta el día de hoy, trece de julio de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTRO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 981/2017-VI, promovido por la apoderada legal de la quejosa *******, contra actos del Presidente del Municipio de Juárez y otras autoridades. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, turnado a este Juzgado, ese mismo día, ********, por conducto de su apoderada legal, solicitó el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente y Tesorero ambos del Municipio de Juárez y Registro Público de la Propiedad, a quienes reclamó lo siguiente: 1. EL INDEBIDO EMBARGO, VALORIZACIÓN Y REMATE DEL INMUEBLE. 2. TODOS LOS ACTOS O RESOLUCIONES DICTADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE REMATE DEL INMUEBLE QUE MAS ADELANTE SE IDENTIFICA. 3. LA FALTA DE NOTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DEDUCIDA DEL EXPEDIENTE *************** DE REMATE DEL INMUEBLE. 4. LA PRETENSIÓN DE LA INMINENTE ESCRITURACIÓN Y LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O DESPOSESIÓN DEL INMUEBLE QUE SE IDENTIFICA COMO SIGUE ***** SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señala como derechos violados los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de uno de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables, su informe con justificación, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. CUARTO. Presentación del escrito de ampliación de demanda. Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el trece de marzo del año en curso, la apoderada legal de la quejosa Sandra Guadalupe Saucedo Chaidez, amplió demanda amparo, contra actos del Registro Público de la Propiedad, a quien reclamó lo siguiente: 1. LA INDEBIDA INSCRIPCIÓN DE EMBARGO ****. QUINTO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señala como derechos violados los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEXTO. Tramitación de la ampliación de la demanda. Mediante proveído de catorce de marzo del año en curso, se admitió la ampliación de demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable, Registro Público de la Propiedad, su informe con justificación, se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señalaron hora y fecha para la audiencia constitucional, la que previo a diversos diferimientos, se llevó a cabo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgador Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo vigente; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, así como al Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en el territorio en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la quejosa reclama lo siguiente: 1. Al Presidente y Tesorero del Municipio de Juárez: a) El embargo, valorización y remate del inmueble inscrito bajo el número ***, folio **, libro ***, de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Distrito Bravos. b) Todos los actos o resoluciones dictadas en el Procedimiento Administrativo de Ejecución ***************. c) La falta de notificación del citado Procedimiento Administrativo de Ejecución. d) La inminente escrituración y/o desposesión del referido bien inmueble. 2. Al Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos: a) La inscripción de embargo trabado sobre el referido bien inmueble, registrada bajo el número ***, folio **, libro ****, de la Sección Segunda del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Distrito Bravos. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los anteriormente señalados, los cuales serán estudiados enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe con justificación, el Presidente del Municipio de Juárez, negó la existencia de todos los actos reclamados; argumentando que carece de facultades para llevar a cabo un procedimiento administrativo de ejecución. Asimismo, por su parte el Tesorero del Municipio de Juárez, al rendir informe justificado negó la existencia de los actos reclamados consistentes en la valorización, remate y desposesión del bien inmueble inscrito bajo el 66, folio 66, libro 4458, de la Sección Primera. Lo anterior, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tales negativas. Por otra parte, el Tesorero del Municipio de Juárez, al rendir informe justificado refirió la existencia de los actos que se le reclaman consistentes en lo siguiente: a) El embargo del inmueble inscrito bajo el número **, folio **, libro ****, de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Distrito Bravos; b) La notificación del Procedimiento Administrativo de Ejecución *************; y, c) Los actos o resoluciones dictadas en el citado procedimiento. Sin embargo, mediante el diverso oficio TM/CJ/0871/2018, de ocho de febrero de dos mil dieciocho, el referido Tesorero Municipal, informó a este juzgado, que en virtud del pago del impuesto predial adeudado, el veintiocho de diciembre de dos mil doce, dejó sin efectos el Procedimiento Administrativo de Ejecución ******************; y ordenó su depuración y destrucción. (fojas 72-76) Por tanto, con lo anterior, se desvirtúa la existencia de los referidos actos reclamados, toda vez que al momento de la promoción del presente juicio de amparo, esto es, el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, habían quedado sin efecto; por ende se tiene por inexistentes los actos reclamados al Tesorero Municipal. En esas condiciones, impone sobreseer en el juicio de amparo respecto a los actos reclamados al Presidente y Tesorero del Municipio de Ciudad Juárez, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: **** IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y **** Es aplicable al caso, por identidad razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Bravos, aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en la inscripción del embargo trabado el veintitrés de noviembre de dos mil doce, relativo al Procedimiento Administrativo de Ejecución ******************, ordenado por el Tesorero del Municipio de Juárez; lo que acreditó con las copias certificadas relativas a la inscripción número **, folio **, libro ****, de la Sección Segunda. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a tales documentos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice lo siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 206, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, el suscrito advierte la actualización de la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dice lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: **** XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; **** Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, que establece lo siguiente: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. **** De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, registro cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la parte quejosa, en esencia, reclama al Registro Público de la Propiedad, la inscripción del embargo trabado sobre un bien de su propiedad, ordenada por el Tesorero Municipal, con registro 86, folio 86, libro 2786, de la Sección Segunda del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Distrito Bravos. Sin embargo, de la copia certificada remitida por el Jefe del Registro Público de la Propiedad, el trece de junio del año en curso, se advierte que con fecha doce de junio de dos mil dieciocho, se realizó la cancelación de la inscripción **, folio **, libro ****, de la Sección Segunda, correspondiente al embargo del bien inmueble inscrito el veintitrés de noviembre del dos mil doce, bajo el número **, folio **, libro ****, de la Sección Primera, propiedad de la aquí quejosa, ordenado por el Tesorero del Municipio de Juárez, relativo al Procedimiento Administrativo de Ejecución TM/DI/NYC/1774/2012. Documento el anterior, al que se le confiere pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De manera que, si el Registrador Público de la Propiedad del Distrito Bravos, el doce de junio de dos mil dieciocho, realizó la cancelación de la inscripción **, folio **, libro ****, de la Sección Segunda, correspondiente al embargo trabado el veintitrés de noviembre de dos mil doce, es indudable que cesaron los efectos de los actos reclamados al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que le dio motivo al amparo, reponiendo a la quejosa en el goce de la garantía violada, es decir, volviendo a las cosas al estado que guardaban. Lo anterior, porque una sentencia en la que se concediera la protección constitucional tendría por efecto precisamente, el obligar a las responsables a efectuar la cancelación de la inscripción registrada bajo el número 86, folio 86, libro 2786, de la Sección Segunda, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Distrito Bravos, relativa al embargo derivado del Procedimiento Administrativo de Ejecución **************, ordenado por el Tesorero del Municipio de Juárez, que como ya se dijo, finalmente ocurrió debido a la actuación del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio Distrito Bravos. Es aplicable al caso, la tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracción V, 64, 65, 73, 74, y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por *********, apoderada legal de la directa quejosa *********, contra las autoridades responsables y actos reclamados precisados en los considerandos tercero y quinto de esta determinación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hasta el día de hoy, trece de julio de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos se advierte que el informe rendido por el Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Bravos, no cumple con la temporalidad a que alude el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe en mención y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlo. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 590, Tomo XXVII, Febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. IMPONE QUE SE DIFIERA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA OTORGAR ÍNTEGRAMENTE A LAS PARTES, EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el análisis de dicho artículo, el plazo que permite al quejoso tener conocimiento del informe justificado, es de al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, que la circunstancia de que no se rinda con esa anticipación es imputable únicamente a la autoridad responsable y que en ningún caso puede provocar que se deje en estado de indefensión al quejoso. Conforme a ello, en el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, la audiencia debe diferirse para que se otorgue íntegramente a las partes el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, el cual, por tanto, debe computarse a partir de que surta efectos la notificación del auto en que se difiere la audiencia constitucional en términos del artículo 24, fracciones I y II del ordenamiento legal en cita, para que las partes se impongan del informe y, en su caso, cuenten con el tiempo suficiente para desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dando de esta manera, viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para el desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial; pues de computar ese plazo, contando los días que corren a partir del siguiente al en que surte efectos la notificación del proveído con que se da vista con el informe justificado hasta el anterior a la audiencia constitucional junto con los días que pasan entre el día siguiente a que surte efectos la notificación del auto que difiere la audiencia hasta que ésta se lleva a cabo, se deja en indefensión al gobernado ante la incertidumbre que genera el no conocer con seguridad el plazo efectivo que tiene para desvirtuar y probar las refutaciones que tenga contra el informe justificado, así como si dicho plazo verdaderamente será de ocho días, lo que puede ocasionar que actúe con vacilación respecto a imponerse del informe, realizar sus investigaciones, recabar los elementos probatorios necesarios para acreditar su derecho y ofrecerlos de manera oportuna. Por tanto, los jueces de Distrito tendrán que verificar, cuando difieran la audiencia constitucional con motivo de que el informe justificado se haya presentado en forma extemporánea, que entre la fecha en que surta efectos la notificación del proveído relativo y la nueva fecha señalada para su desahogo, transcurran cuando menos ocho días hábiles. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficio TM/CJ/0871/2018, el Tesorero del Municipio de Juárez, informó que en virtud de que el veintiocho de diciembre de dos mil doce, la quejosa *******, realizó el pago del impuesto predial adeudado, quedó satisfecho el crédito fiscal por el cual se inscribió el embargo aquí reclamado, y dejó sin efectos el Procedimiento Administrativo de Ejecución *******, ordenando su depuración y destrucción. Asimismo, de autos se desprende que el Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, al momento de rendir el informe justificado, remitió únicamente copia certificada de las inscripciones ******* a folio ******* del libro ******* de sección ******* y ******* a folio ******* del libro ******* de sección *******, correspondientes al contrato de compraventa celebrado entre ******* y ******* y embargo trabado por la Tesorería Municipal. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Registro Público de la Propiedad para que dentro del término de tres días, contados a partir de que reciba el oficio correspondiente, remita copia certificada de las constancias relativas a lo informado por el Tesorero del Municipio de Juárez, en el sentido de que dejó sin efectos el Procedimiento Administrativo de Ejecución fincado a la quejosa, o en su caso, informe el impedimento legal que tuviere para tal efecto. Apercibido que en el caso de no hacerlo, con fundamento en los numerales 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos equivalentes a la cantidad de ocho mil sesenta pesos moneda nacional ($8,060.00). A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las nueve horas con veinte minutos del veintiocho de junio de dos mil dieciocho, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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