Sandra Guadalupe Ochoa

Expediente 354/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
354/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
15/06/2022

Partes del expediente

  • Sandra Guadalupe Ochoa
  • titular del Cuartel de Seguridad Publica del Santo domingo, Tehuantepec, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, quince de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa Sandra Guadalupe Ochoa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de tres de junio de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su numeral 2, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se decretó la suspensión de plano, y que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Al tratarse de un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, pero se concedió la suspensión de oficio y de plano, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso a), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, contados a partir de que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que laude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dos de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que Sandra Guadalupe Ochoa, no desahogó la prevención formulada mediante proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, dentro del término concedido para tal efecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el misiva de cuenta remitido vía correo electrónico, a través del cual rinde informe el Encargado del Cuartel Municipal del Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, respecto a la suspensión de plano concedida a la parte quejosa; de conformidad con los numerales 126 y 158 de la Ley de Amparo, téngase rindiendo su informe correspondiente. Cabe precisar que es de tomarse en cuenta el informe, pues no obstante que se remitió vía correo electrónico, éste es un medio de comunicación, que al ser certificada su recepción por el secretario de este juzgado adquiere eficacia probatoria; así, al caso se invoca, por analogía jurídica, la tesis con número de registro 216635, remitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación tomo XI (abril de 1993), Octava Época, de rubro: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX. VALOR PROBATORIO DE LOS." Notifíquese.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintidós Vista la razón actuarial que antecede, de la que se advierte que no le fue posible a la fedataria notificar el proveído de veinticuatro de mayo del año actual, a la quejosa Sandra Guadalupe Ochoa, por los motivos que expone. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificarle el proveído antes citado, por medio de lista. Notifíquese INSERCION Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós Vista la demanda de amparo promovida por Vladimir Rosas en representación de Sandra Guadalupe Ochoa, contra actos del Titular del Cuartel de Seguridad Pública de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, que hace consistir literalmente en: ACTO RECLAMADO El ilegal arresto administrativo ordenado en contra del quejoso. La ejecución del arresto dictado en contra de la quejosa que resulta en la actual detención del mismo en las instalaciones con domicilio conocido en Guadalupe Victoria 06, Hidalgo Poniente, 70610 Salina Cruz, Oaxaca Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 354/2022-B. En el entendido que, de la lectura integral de la demanda, se advierte que se trata de un asunto que se ubica en los supuestos de urgencia dado que los actos reclamados son de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo. No es óbice a lo anterior, que la demanda de amparo recibida electrónicamente no cuente con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), dado que se encuentra en los supuestos de excepción a que alude el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como los artículo 17, 42 y 45 a contrario sensu, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al tratase los actos reclamados de aquéllos previstos en el artículo 15 de la aludida ley de la materia. SUSPENSIÓN DE PLANO Con fundamento en los artículos 15, párrafos primero, segundo y tercero, 109, 126, párrafos primero y segundo y demás relativos, de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO y de oficio respecto de los actos de detención ilegal e incomunicación, así como cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los siguientes efectos: a) Cesen de inmediato los actos de incomunicación de los que puedan ser objeto la directa quejosa, así como cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; b) Para el caso que la directa quejosa se encuentre detenida por la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese la detención y se pongan a disposición del agente del Ministerio Público; c) Para que la autoridad responsable no le impida tener comunicación de manera privada cuantas veces sea necesario con sus abogados, familiares o con quien estimen pertinente; d) Le permitan realizar una llamada telefónica con sus familiares, con su defensa o con quien estimen necesario. DETENCIÓN POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DISTINTAS AL MINISTERIO PÚBLICO. a) Si la detención de la directa quejosa fue efectuada por la autoridad administrativa señalada como responsable, distintas del Ministerio Público, se concede la suspensión para el efecto de que éste sea puesta en inmediata libertad, salvo que la detención obedezca a la comisión de un delito y se trate de flagrancia o en ejecución de una orden del ministerio público, en uso de la facultad que le otorga el párrafo quinto del artículo 16 Constitucional, casos en que la medida cautelar se concede para el efecto de que la directa quejosa quede a disposición de este juzgado por lo que hace a su libertad personal en el lugar donde se encuentre, sin perjuicio de que sin dilación alguna sea puesta a disposición del ministerio público para que éste determine sobre su libertad si procediese o su detención dentro del plazo y en los términos que el párrafo noveno de dicho numeral Constitucional establece, o bien, determine su consignación a la autoridad judicial. DETENCIÓN ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. b) Si la detención es por parte del Ministerio Público en uso de las facultades que le otorga el párrafo quinto del artículo 16 Constitucional Federal, por tratarse de un caso urgente o en caso de flagrancia regulada por el párrafo cuarto del invocado dispositivo constitucional, la suspensión se concede para que la directa quejosa quede a disposición de este juzgado de distrito por lo que hace a su libertad personal en el lugar en que se encuentre, y a disposición del Ministerio Público por lo que hace a la continuación del procedimiento penal, sin perjuicio de que sea consignada dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas, según sea el caso, contadas a partir de su detención, o bien, ordene su libertad si procediere; si no se trata de flagrancia o urgencia el accionante constitucional, deberá quedar en inmediata libertad sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación; lo anterior, con fundamento en el párrafo noveno del multicitado numeral. Si la detención obedece a una orden judicial, la suspensión será para el efecto de que se ponga a la quejosa de inmediato a disposición del juez correspondiente; en este caso, la autoridad responsable deberá indicar en su informe la fecha y hora de la detención y de la puesta a disposición ante la autoridad judicial. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 136 de la ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable para que en el improrrogable término de veinticuatro horas rinda informe sobre la privación de la libertad de la quejosa, al que deberán adjuntar copia certificada de la totalidad de las constancias que apoyen su informe; en la inteligencia que si de dicho informe y constancias no se acredita la flagrancia o la urgencia en la detención de la quejosa, o bien, no se rinde el informe dentro del término concedido, se ordenará la inmediata libertad de la impetrante del amparo con la consiguiente responsabilidad de la autoridad; apercibida que de no hacerlo así se le impondrá multa por cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización. En el entendido que de no haber efectuado directamente la detención de la quejosa o no contar con constancia alguna de las referidas en el párrafo que antecede, deberán precisarlo. CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. Comuníquese de inmediato esta determinación a la autoridad responsable, a fin de que den pronto y exacto cumplimiento de la medida cautelar decretada en este proveído. Asimismo, se le hace saber que el presente mandamiento judicial se dirige a tal dependencia en sí misma, por lo que tiene alcance para todos los grupos o unidades que la conformen. Al respecto, es aplicable la tesis VI. 1o.A. 19 K, con registro 179731 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y ocho, tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." En consecuencia, la autoridad responsable deberá informar dentro del improrrogable plazo de veinticuatro horas el cumplimiento dado a esta suspensión de plano; apercibida que de no acatar lo ordenado se les sancionará conforme a la ley penal por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 262, fracción lll, de la Ley de Amparo, y de ser el caso, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda en consecuencia. En la inteligencia de que dadas las medidas de contingencia sanitaria implementadas en los órganos jurisdiccionales de la Federación, dicho informe deberá ser enviado únicamente vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; sin perjuicio de optar por la vía ordinaria, a menos que lo que vayan a adjuntar se trate de constancias integradas en legajos voluminosos, autos originales o de un disco versátil digital; lo anterior a efecto de evitar duplicidad en las actuaciones judiciales correspondientes, así como la generación de proveídos innecesarios o redundantes. Sin embargo, a efecto de salvaguardar la integridad de la referida quejosa, y como el promovente refiere que la misma actualmente se encuentra privada de su libertad, se comisiona al actuario de guardia adscrito a este Juzgado, para que se haga presente en las instalaciones que ocupa la autoridad responsable y notifique personalmente a la directa quejosa este proveído; además, la requiera para que manifieste si es su deseo RATIFICAR la demanda promovida a su favor, apercibida que en caso de no hacerlo en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, se tendrá por no presentada, de conformidad con lo previsto en el artículo 15, párrafo tercero de la Ley de Amparo, quedando sin efecto las providencias decretadas. Asimismo, se instruye a la actuaria, para que certifique la integridad física de la quejosa Sandra Guadalupe Ochoa; además, le pregunte si le han proporcionado alimentos; y en su caso, para que la requiera, sus medicamentos necesarios. Además, se instruye al fedatario judicial que para el caso de que sea informado en el lugar a donde se le ha comisionado acudir, que la directa agraviada se encuentra en diverso lugar, se traslade al mismo, para los efectos precisados con anterioridad; o en su caso, para que se haga presente en las instalaciones policiales y de detención de la Fiscalía General del Estado, Delegaciones Estatales de la Fiscalía General de la República, servicios médicos forenses (semefos), estaciones migratorias, zonas militares en la entidad Federativa, hospitales y centros de atención psiquiátricos administrados por el Estado, o por sus organismos descentralizados, así como en todos los centros de reclusión de esta ciudad. SOLICITUD DE CORREO INSTITUCIONAL Ahora bien, con fundamento en el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARSCoV2 (Covid-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de abril de este año, en caso que la entrega de las misivas se haga en el domicilio de la autoridad el actuario de la adscripción en el acto de la diligencia, deberá solicitar el correo institucional de la responsable emplazada para que las subsecuentes notificaciones se realicen por ese medio y no se propicie el riesgo de contagio por el referido virus; ello, en términos de lo previsto en el numeral 28, fracción III de la Ley de Amparo. En el entendido que si el envío del oficio que se expida de este proveído, se haga vía mensajería acelerada "Estafeta", se constriñe a dicha responsable para que proporcione el referido correo institucional para dar cumplimiento a lo antes mencionado. DOMICILIO En otra aspecto se tiene indicando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones las listas que se publican en los estrados de este órgano jurisdiccional, no obstante que éstos, no constituyen un domicilio en el que se puedan practicar notificaciones personales, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Es aplicable la tesis XXII.1°. 22 K. publicada en la foja 1067 del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto: NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL.- Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 108, fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa que de señalar incorrectamente la denominación de las autoridades responsables, previa vista que para conocimiento de tal eventualidad sea otorgada personalmente, sin contestación alguna, tendrá como efecto declarar su inexistencia, dejándola de tener con tal carácter, así como cesará toda comunicación con ellas, continuando con el trámite del juicio. ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al fedatario comisionado para hacer la entrega del oficio correspondiente a este cuaderno, que deberá hacerlo con la autoridad o encargado que en ese momento se encuentre en la oficina donde deba realizarse la notificación y si éste se negare a recibirlo, hacer de su conocimiento que no obstante ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido; y la aperciba que de subsistir su negativa se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 245 del mismo ordenamiento. Asimismo, se faculta al Actuario de la adscripción para que en caso de que no le sea posible enviar vía fax o correo electrónico los oficios que se expidan en este expediente, sin ulterior acuerdo, previa razón de imposibilidad que levante para debida constancia, los remita con sus anexos descritos vía mensajería acelerada "Estafeta". FEDATARIOS DE LA ADSCRIPCIÓN Ahora bien, se hace mención a los fedatarios de la adscripción que las notificaciones dirigidas a las partes y que tengan que realizar de manera personal en los domicilios señalados para tal efecto, deberán hacerlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar su integridad y salud, así como la de aquéllos, en términos de lo previsto en la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la fracción I del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza al Secretario del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA Por tanto, con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información

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