Sandra Vallecino Navarro

Expediente 729/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
729/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
20/09/2018

Partes del expediente

  • Sandra Vallecino Navarro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    En veinte de septiembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 18990 con anexo. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la autoridad Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta II del Distrito Judicial de la Capital del Estado, por el que solicita se le informe el estado procesal que guarda el presente asunto. Virtud a lo anterior, infórmesele que el catorce de noviembre de dos mil diecisiete se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo 729/2017, mismo que causó ejecutoria y se ordenó su archivo mediante proveído de seis de diciembre del dos mil diecisiete, por tanto, se tuvo como asunto totalmente concluido. Finalmente, remítasele copia certificada de la resolución y del auto en comento. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. SDelgado

  2. Principal

    El seis de diciembre de dos mil diecisiete, Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del diecisiete de noviembre al uno de diciembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de catorce de noviembre de la presente anualidad (fojas 72 a 79), dictada por este Juzgado, dentro del juicio de amparo número 729/2017. Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. Que no existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión, por lo cual no se exhibió billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. CONSTE. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, seis de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el catorce de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 72 a 79), en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. *María del Carmen*

  3. Principal

    El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con la promoción registrada bajo el folio 15227. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito signado por la licenciada María Cristina Guadiana Gutiérrez, agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5º, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se tiene por apersonada al presente juicio de amparo; y señalando cono domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su libelo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Ajc.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 729/2017, estando en audiencia pública el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, secretario que autoriza y da fe; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, inició su celebración, sin contar con la asistencia de las partes. Enseguida, el secretario da lectura de las constancias que integran el presente juicio de derechos, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, el juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias; en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, rendido el informe justificado de la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital (foja 26), así como por emplazados a juicio al tercero interesado Miguel Rivera Márquez y a la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Mixta de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que tuvo intervención en la audiencia donde se emitió la resolución reclamada (fojas 53 y 70). A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta con las allegadas por la autoridad responsable (documental y un disco compacto) y las ofrecidas por la parte quejosa (instrumental de actuaciones). El juez acuerda: se tienen por desahogadas las pruebas ofertadas atendiendo a su propia y especial naturaleza. Con lo anterior, se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en la que se hace constar que la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado los formuló mediante pedimento 990/2017 (fojas 44 a 46), así como los formulados por la quejosa y el tercero interesado (fojas 47 y 53); a lo que el juez acuerda: ténganse a las citadas partes expresándolos. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del artículo 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 729/2017; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, Sandra Vallecillo Navarro, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Conforme al artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal se admitió a trámite la demanda y se celebró la audiencia constitucional que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos emitidos por una autoridad judicial con residencia dentro del territorio donde tiene competencia este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, de la demanda de amparo, este juzgador considera que la parte quejosa reclama: 1. Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Zacatecas: - El auto de doce de julio de dos mil diecisiete dictado en la impugnación de abstención ministerial 22/2017, en el que se desechó el incidente de nulidad de actos procedimentales interpuesto por el quejoso. TERCERO. Oportunidad. La interposición de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado fue notificado al quejoso el primero de agosto de dos mil diecisiete (foja 13 del juicio de amparo); por lo tanto, dicha notificación de conformidad con el artículo 62 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, se estima surtió efectos el mismo día pues dicho numeral precisa que los plazos correrán a partir del día siguiente al en que se efectúe la notificación al interesado, por lo tanto, el plazo para la interposición del amparo transcurrió del dos al veintidós de agosto de dos mil diecisiete, con descuento de los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de agosto del año en curso, por haber sido días inhábiles; consecuentemente si la demanda de amparo se presentó el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, es claro que el juicio en que se actúa fue promovido oportunamente. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Juez de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado (foja 26 del juicio de amparo), aceptó la existencia del acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el mismo. Certeza que se acredita con la copia certificada de las actuaciones llevadas a cabo en la impugnación de abstención ministerial 22/2017 (fojas 28 a 39 del juicio de amparo) así como con un disco en formato DVD que contienen la videograbación de la audiencia relativa a la citada carpeta administrativa; documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. En cuanto a las videograbaciones, es aplicable el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, registro 2004362, página 703, del rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." QUINTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. La tercera interesada por escrito presentado el tres de octubre de dos mil diecisiete (fojas 53 a 54 del juicio de amparo) manifestó que el juicio de amparo debía ser sobreseído en virtud de que la parte quejosa no cumplió con el principio de definitividad, lo que se estima fundado, como enseguida se explica. En efecto, como la tercera interesada lo argumenta, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, afecten la libertad personal, o bien, en el supuesto que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, supuesto en el que el quejoso queda en libertad de interponer el recurso procedente o acudir al juicio de amparo. Ahora bien, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras hipótesis. En este contexto, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. De ahí la obligación del gobernado de agotar dichos recursos o medios, para estar en la posibilidad de promover el juicio de amparo. En ese tenor, tenemos que en contra del acto reclamado consistente en el auto de doce de julio de dos mil diecisiete dictado en la impugnación de abstención ministerial 22/2017, en el que se desechó el incidente de nulidad de actos procedimentales interpuesto por el quejoso, procedía el recurso de revocación previsto en el artículo 447 del Código Procesal Penal del Estado de Zacatecas, del tenor siguiente "Artículo 447.- El recurso de revocación procederá solamente contra las resoluciones que resuelvan sin sustanciación un trámite del procedimiento, a fin de que el mismo Juez o Tribunal que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda." De la intelección literal del artículo transcrito se advierte que procede el recurso de revocación en contra de las resoluciones que resuelvan sin sustanciación un trámite del procedimiento, a fin de que el mismo Juez o Tribunal que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda. Así, la resolución reclamada reúne las características establecidas en el aludido numeral, pues el auto de doce de julio de dos mil diecisiete dictado en la impugnación de abstención ministerial 22/2017, en el que se desechó el incidente de nulidad de actos procedimentales interpuesto por el quejoso, que constituye el acto reclamado, se estima es una resolución dictada en el trámite del procedimiento de origen que no ameritó sustanciación alguna, pues ésta resolvió una cuestión ajena a cuestiones de fondo del asunto, además que la misma fue adoptada por la responsable sin debate previo de las partes, de ahí que se reitere, encuadre en la hipótesis prevista en el aludido numeral para estimar que en su contra procedía el recurso de revocación. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la Tesis: VI.2o.P.33 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Décima Época, del tenor siguiente: "PRUEBAS EN LA AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ DE CONTROL DE NEGAR LA PETICIÓN DE EXCLUIR ALGUNOS DATOS DE AQUÉLLAS, PLANTEADA COMO INCIDENCIA POR LA DEFENSA DEL ACUSADO, NO ES UNA DETERMINACIÓN DE MERO TRÁMITE, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial, contra resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación; se plantea ante el órgano que dictó la resolución impugnada y él mismo resolverá. El objeto de este medio de impugnación no es atacar el fondo del asunto, sino resolver cuestiones de mero trámite, entendido esto como determinaciones en las que no se pueden esbozar consideraciones que impliquen analizar cuestiones de fondo del asunto o su estudio concienzudo, propio de una resolución y no de un acuerdo. Además, la expresión "...sin sustanciación...", contenida en dicho precepto, debe entenderse que aparte de ser una cuestión de mero trámite, esto es, ajena a cuestiones de fondo, tal determinación judicial debe ser adoptada sin debate previo de las partes. Esto es, dado que el proceso penal acusatorio se rige, entre otros, por el principio de contradicción, si las partes debaten el punto y luego el Juez resuelve con apoyo o, al menos, dando la audiencia respectiva a los contendientes, no habría lugar a pedir la revocación, pues contraría la intención de tener un procedimiento expedito y entorpecería innecesariamente la audiencia. De esta forma, cuando el Juez adopta una decisión de "mero trámite" sin que se resuelva en debate previo de las partes, y sin la debida sustanciación en la audiencia, procede la revocación. Sobre esta base, el pronunciamiento del Juez de control en la audiencia de vinculación a proceso de negar la petición de la defensa del acusado de excluir datos de prueba (planteada como incidencia), no es una determinación de mero trámite ni se adopta sin la debida sustanciación, pues se refiere a tener como nulas ciertas pruebas que podían incidir en el dictado o no del auto de vinculación a proceso en contra del imputado; por ende, no es factible establecer que, en su contra, procede el mencionado recurso de revocación. Por lo tanto, la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo, debió agotar el recurso de revocación en contra del auto de doce de julio de dos mil diecisiete, por ser el medio idóneo para lograr su revocación o modificación. Por analogía en el precepto que se interpreta, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Así como la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, localizable en el Tomo 12, Sexta Parte, página 37, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Sin que se pase por alto que, como se precisó, existen supuestos de excepción a dicha regla; sin embargo, debe destacarse que en la especie no se actualiza alguno de tales casos de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, para estimar que no existía obligación del quejoso de acatar ese principio. Lo anterior, porque de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado emana de un procedimiento penal, consistente en el auto de doce de julio de dos mil diecisiete dictado en la impugnación de abstención ministerial 22/2017, en el que se desechó el incidente de nulidad de actos procedimentales interpuesto por el quejoso, lo cual conlleva a considerar que no se está ante la presencia de algún acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de aquellos que afecten la libertad personal del quejoso; por lo que no existe un supuesto de excepción para agotar los medios ordinarios de defensa antes de acudir al juicio de amparo. En otro contexto, aun cuando el acto reclamado tuviera la característica de ser de imposible reparación, ello no exenta al quejoso de haber agotado los medios ordinarios de defensa procedentes en su contra, puesto que en esos casos el juicio de amparo es procedente siempre y cuando se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado. Máxime que el artículo el artículo 447 del Código Procesal Penal del Estado de Zacatecas, establece claramente la procedencia del aludido recurso, por lo que se estima que éste no requiere interpretación adicional, de ahí que no se actualice esa excepción. Además, tampoco puede considerarse a la parte quejosa como persona extraña al procedimiento de origen, pues ella misma promovió el incidente que le fue desechado, que dio origen a la presente demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, Libro X, julio de 2012, Tomo 1 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". En consecuencia, al resultar que la parte quejosa previo a acudir al juicio de amparo indirecto debió agotar el recurso de revocación en contra de la determinación reclamada, sin que lo haya hecho, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia, procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo. SEXTO. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Sandra Vallecillo Navarro, contra el acto y la autoridad precisados en el considerando segundo por las razones anotadas en el diverso quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió Iván Ojeda Romo Juez Primero de Distrito en Zacatecas, quien actúa asistido del Secretario Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso quien autoriza y da fe.

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