Sandra Muñoz Torres

Expediente 821/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
821/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
13/12/2019

Partes del expediente

  • Sandra Muñoz Torres

Actuaciones

  1. Principal

    El trece de diciembre de dos mil diecinueve, Juan García Trejo, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado certifica: a) Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; b) Que el término de diez días que establece el artículo 86 de La Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veintiocho de noviembre al once de diciembre del año en curso, sin que hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticinco de noviembre del mismo año. c) Que no se tramitó incidente de suspensión; d) No existen constancias por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de La Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este expediente es DESTRUIBLE, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio. Asimismo, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del Acuerdo en mención. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6937/2019 de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Luis. En la misma fecha se giraron los oficios 36544 y 36545

  2. Principal

    El veintidós de octubre de dos mil diecinueve, se da cuenta con las promociones registradas con los folios 15399 y 15400. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Agréguense a los presentes autos para que obren como correspondan y surtan los efectos legales conducentes las promociones de cuenta que remiten las autoridades responsables subdirectora y encargada de Seguridad y Custodia, del Centro Regional de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zacatecas, respectivamente, mediante el cual, rinden el informe relativo a la suspensión de plano decretada en este juicio de amparo. De igual forma, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen rendidos los INFORMES JUSTIFICADOS de las mencionadas autoridades responsables. Asimismo, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de amparo, se tienen como pruebas de la primera de las referidas autoridades las documentales que remite en copia certificada, mismas que dada su propia y especial naturaleza se admiten y desahogan. Ahora, de los informes rendidos por las mencionadas autoridades, se advierte que aceptaron la existencia del acto reclamado consistente en la segregación y aislamiento de las quejosas Sandra Muñoz Torres y Ana Gabriela Castro Flores, en el sentido de que efectivamente se encontraban en el área de protección de ese centro, como medida de vigilancia especial al haber participado en eventos distintos de riña, entre sus compañeras reclusas y faltas de respeto hacía el personal de custodia penitenciaria respectivamente. Por otra parte, la primera de ellas refiere, que turnados los incidentes relativos al Comité Técnico Interdisciplario, para iniciar en su contra el procedimiento de aplicación de la medida disciplinaria que correspondiera al caso, sin embargo, el diez de octubre del actual, el área de psicología señaló que dichas quejosas se encontraban en estado de continua agresividad, por lo que, para evitar mayores desórdenes en el área de población general y para sí mismas, se determinó su permanencia en el área de protección hasta en tanto no variasen dichas condiciones. Por otro lado, indica que al estar las quejosas bajo vigilancia y tratamiento constante; por informe de la licenciada en psicología Alma Delia Lara Durán, de dieciocho de los corrientes, éstas disminuyeron considerablemente su agresividad y consideró favorable fueran reintegradas al área de población general, lo cual ya se realizó, por lo que considera haber cumplido con la determinación de suspensión de plano decretada dentro del presente juicio de derechos, de lo cual adjunta las constancias relativas para acreditar su dicho. Por su parte, la segunda de las autoridades en cita, en primer término se expresa en los mismos términos que la subdirectora del aludido centro penitenciario; agregó que mediante oficio número 1657/2019, del diecinueve de octubre del año en curso, recibió la indicación que reincorporara a las personas privadas de su libertad entre las cuales se encuentran las aquí quejosas Sandra Muñoz Torres y Ana Gabriela Castro Flores, y en cumplimiento a tal orden se reincorporó a las quejosas y otras a sus estancias habituales en área de población general. Con lo anterior dese vista a las partes y a las quejosas córraseles traslado con copia simple de dichos informes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese; y personalmente a las quejosas en el lugar de su reclusión. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Vista la demanda promovida por Sandra Muñoz Torres y Ana Gabriela Castro Flores, contra actos de la Directora del Centro de Reinserción Social Femenil con sede en Cieneguillas, Zacatecas y otra autoridad, por considerar que se conculcan en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 2°, apartado A, fracción VIII, 4°, tercer párrafo, 14, 16, 17, 18, 20, apartado B, fracciones VII, VIII y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 25, 29, 62 y 63 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, 2, 3 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 821/2019, que por su orden le corresponde, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ADMISIÓN. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de que se trata. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, solicítense los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, mismas que deberán rendirlo por escrito dentro del término de quince días hábiles. El cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de ese proveído, en el entendido que en dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, en la inteligencia que de no hacerlo o no acompañar copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, con fundamento en el artículo 260, fracción II, y 238 de la actual Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. Sin que haya lugar a tener como autorizados para consultar expedientes y recibir documentos a las persona que mencionen las responsables, toda vez que esa facultad está reservada para la parte quejosa y los terceros interesados; lo anterior, con excepción de los particulares señalados como autoridades responsables. REQUERIMIENTO POR CONSTANCIAS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64, de la Ley de la Materia, se requiere tanto a las autoridades señaladas como responsables, como a la parte quejosa, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. SUSPENSIÓN DE PLANO. Teniendo en consideración que en la especie se reclama de las autoridades señaladas como responsables, la segregación y aislamiento en el área de separos, que solo tiene una ventana chica y no se les permite salir a caminar, ni tomar el sol, desde hace nueve días; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, para el efecto de que sean incorporadas Sandra Muñoz Torres y Ana Gabriela Castro Flores con el resto de la población de ese Centro Regional de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zacatecas; así como que no se lleven a cabo actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República. En el entendido, de que la suspensión de plano y de oficio otorgada en términos de los artículos 15, en relación con el 126 ambos de la Ley de Amparo, tendrán por efecto que el órgano jurisdiccional decrete la suspensión de los actos reclamados y dicte todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las agraviadas ante el Actuario Judicial de la Adscripción, a efecto de que sean notificadas de la presente medida y se de fe del estado físico en que se encuentran. Además, las autoridades responsables al dar cumplimiento a la suspensión de plano que se concede, deberán tomar en consideración que si las internas Sandra Muñoz Torres y Ana Gabriela Castro Flores, corren algún peligro en su integridad física deberán aplicar las medidas de seguridad correspondientes a efecto de salvaguardarlas y evitar dichos daños; en el entendido de que tales medidas de protección no deberán ser violatorias al artículo 22 constitucional, sino que tendrán como finalidad proteger y evitar cualquier riesgo y agresión física que ponga en peligro la vida de las internas de referencia. Lo anterior, con la salvedad de que si los actos que reclaman consistentes en prohibición de salir a las áreas de canchas, de trabajo y de realizar actividades que se imparten en el interior de ese centro derivaron de una sanción impuesta con motivo de una infracción administrativa cometida por las quejosas, la suspensión concedida no tendrá efecto alguno; circunstancia que, de ser así, deberá ser informada por las autoridades responsables, lo que deberán justificar con las constancias correspondientes. Así, con fundamento en lo establecido por el artículo 126 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS informen sobre el cumplimiento que se haya dado respecto de la medida suspensional, apercibidas que en caso de no hacerlo al que incumpla le será impuesta una multa por el equivalente a CINCUENTA DÍAS de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, en términos del artículo 237 de la Ley de Amparo, haciéndole saber que el incumplimiento de dicho mandato podrá incurrir en el delito a que se refiere el artículo 262, fracción III, de la ley en cita. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora denominada unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables y a la que tenga el carácter de tercera interesada a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizado de la parte quejosa con las amplias facultades que establece el artículo 12 de esa propia legislación al licenciado José Ángel Valle Castillo (3080434), toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oir y recibir notificaciones a Carlos Gilberto Valadez Montañez por no contar con tal requisito; y como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal la oficina que ocupa la Defensoría Pública Federal adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en esta ciudad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.

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