Sandra Verónica Aguilar Martínez
Expediente 707/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 707/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 13/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Sandra Verónica Aguilar Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
El trece de noviembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 17098. Conste. Zacatecas, Zacatecas, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase recibido el oficio signado por el actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia dictada en el expediente principal del que deriva este cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. Luis.
- Principal
El cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 16464. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta signada por la quejosa, por la que interpone recurso de revisión; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, téngase interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de derechos; distribúyase entre las demás partes copia simple del escrito de expresión de agravios exhibido, debiendo recabarse la constancia respectiva, agregándose la que corresponda a este expediente y dentro del término legal, remítase el original de estos autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en turno, con sede en esta capital, para los efectos legales que procedan, el original del escrito de expresión de agravios y copia del mismo para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Órgano Colegiado, así como un tomo de pruebas, a fin de que sea substanciado el recurso interpuesto. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. Luis.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas con cincuenta minutos del diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 707/2019, se encuentra en audiencia pública Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Diana Jaimes Villanueva, secretaria que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda de amparo (fojas 2 a 7), al informe justificado rendido por la autoridad responsable (fojas 18 y 19), así como a las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo anterior, el Juez provee: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, la secretaria da cuenta al Juez con las documentales ofrecidas por la parte quejosa (fojas 8 y 9; y, 36 a 45), así como con las allegadas por la autoridad responsable (fojas 22 a 25 y un tomo de pruebas por separado). A lo que el juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con los vertidos por la quejosa (fojas 34 y 35), sin que las demás partes ejercieran este derecho. A lo que el Juez dispone: En términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse formulados los argumentos referidos y perdido el derecho de las demás partes para formularlos. Por último, al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 707/2019; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el doce de septiembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, remitida al mismo a este órgano jurisdiccional cuyo conocimiento le correspondió por razón de turno, Sandra Verónica Aguilar Martínez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, acto y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA ESPECIAL NÚMERO CINCUENTA Y TRES DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO. ACTOS RECLAMADOS: La omisión de acordar la promoción presentada el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, así como de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 58/2015. Preceptos constitucionales que se consideran infringidos. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados los que tutelan los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de trece de septiembre de dos mil diecinueve, se registró el expediente con el consecutivo 707/2019 que le correspondió y se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó solicitar a la autoridad responsable su informe justificado, dar la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público Federal adscrita y emplazar al tercero interesado. Seguido el juicio por sus trámites legales se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman omisiones de una autoridad con residencia en el territorio donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de derechos deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. En ese sentido, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en: La omisión de acordar la promoción presentada el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve; y, La omisión de dictar laudo en el juicio laboral 58/2015. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertas las omisiones reclamadas a la autoridad responsable, dado que así lo expresó al rendir su informe justificado. Lo cual se corrobora con las constancias que remitió en apoyo la citada responsable; documental pública que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia de las omisiones que en el presente juicio biinstancial se impugnan. CUARTO. Antecedentes. Previo a entrar al estudio de fondo del asunto, conviene citar los antecedentes más relevantes de juicio de origen: 1. Sandra Verónica Aguilar Martínez, por conducto de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, instauró demanda laboral en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, radicándose el juicio con el número 58/2015 (fojas 1 a 14 del tomo de prueba, con folio irregular). 2. Admitida la demanda y emplazado el Instituto mencionado, en veinticinco de agosto de dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (fojas 56 y 57 del tomo de prueba, con folio irregular). 3. En cuatro de marzo de dos mil dieciséis, se celebró la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, sobre las cuales se proveyó en ocho de marzo de dos mil dieciséis (fojas 257 a 261 del tomo de prueba, con folio irregular). 4. Desahogados diversos medios de convicción, por auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se concedió a las partes el término de tres días para que manifestaran su conformidad con la certificación de que no quedaban pruebas pendientes por desahogar, ordenando que trascurrido el plazo anterior, se les otorgaría el de dos días para formular alegatos (foja 176 del tomo de prueba, con folio irregular). 5. Finalmente, en diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, la responsable emitió un acuerdo en el que ordenó regularizar el procedimiento y, para tal efecto, señaló diversas datas para que tuvieran lugar el desahogo distintas probanzas (cotejo, inspecciones y testimonial); asimismo, proveyó el escrito presentado por la parte actora el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 182 y 183 del tomo de prueba, con folio irregular). QUINTO. Causas de improcedencia. El estudio de la procedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, es de oficio y preferente al de la materia de fondo de la constitucionalidad planteada, acorde a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la Jurisprudencia 814, consultable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación de 1917 a 1995, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia.". Al respecto, por lo que corresponde al acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, la Junta responsable argumenta que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que cesaron los efectos de la omisión reclamada. El artículo 61, fracción XXI, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita, señala que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado han cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo, en otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, Registro 193758, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la cesación de los efectos del acto reclamado de forma incondicional y total impide el estudio del fondo del asunto, ya que a nada práctico conduciría tal actividad, al ser ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no causa perjuicio en la esfera de la quejosa, ni los causará. En esta instancia constitucional, el quejoso reclama, entre otra, la omisión de la autoridad responsable de acordar el escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, en que solicitó se dictara laudo dentro del juicio laboral 58/2015. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, las cuales fueron aportadas con el informe justificado, se advierte que la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, acordó lo siguiente: "Zacatecas, Zac; a diecisiete de septiembre del año dos mil diecinueve." (. . .) ...Así también se desprende una promoción presentada ante esta Autoridad con fecha cuatro de septiembre del año en curso suscrita por la parte actora donde solicita se dicte el laudo correspondiente, ordenándose agregar a sus autos el escrito en comento y respecto de la solicitud de dictar Laudo correspondiente, dígasele que no ha lugar acordar de conformidad dicha promoción ya que como se desprende de autos aún faltan pruebas por desahogar por lo que no es el momento procesal oportuno para dictar dicho Cierre de Instrucción." De lo anterior se desprende que la responsable en el juicio laboral de origen, proveyó el escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, por el aquí quejoso (fojas 182 y 183 del tomo de prueba, con folio irregular). Documento que cuenta con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. Lo anterior pone de relieve que cesaron los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de la documental antes descrita se advierte que la responsable acordó la petición que formuló el promovente del amparo; y que lo anterior le fue notificado el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve (foja 185 del tomo de prueba, con folio irregular); por tanto, es inconcuso que la quejosa fue restituida en el pleno goce de sus derechos fundamentales que estimó vulnerados en su perjuicio. En las relatadas condiciones, es evidente que en relación con la omisión de acordar el escrito presentado en cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. SEXTO. Análisis de constitucionalidad. Es infundado el argumento que hace valer la quejosa en el que sostiene transgresión a su derecho de justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 885 de la Ley Federal del Trabajo, derivado de que la Junta responsable ha omitido dictar laudo en el juicio laboral de origen. Expuesto lo anterior, debe tomarse en cuenta que el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." El aludido precepto constitucional, consagra el llamado derecho a la jurisdicción, cuyo espíritu es que los tribunales resuelvan con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia, las controversias de interés que se les presenten. El requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial, descrito con exactitud en el propio párrafo segundo, que las resoluciones se dicten dentro de los plazos y términos que fijan las leyes; de esta manera se puede afirmar que la adecuada impartición de justicia se produce cuando las autoridades emiten sus resoluciones, en general, dentro de los plazos y términos legales, que son elementos que se introducen en la secuela procedimental, para determinar con precisión el avance de una etapa, al tiempo de brindar seguridad jurídica a las partes a fin de que puedan realizar, dentro del tiempo establecido por la ley, la conducta procesal que les corresponda, carga que también le impone la ley a la autoridad que juzga, para que pronuncie su resolución dentro de un determinado espacio temporal. Ahora bien, el controvertido de origen evidencia que no se ha pronunciado laudo; sin embargo, la omisión en su dictado no es un acto inconstitucional en sí mismo, ya que para tener por demostrada esa inconstitucionalidad, deben ocurrir diversas circunstancias, esto es: Que la quejosa sea parte en el juicio laboral; Requisito que se encuentra acreditado, pues se acredita que la quejosa es la parte actora en el expediente de origen. Que en éste se haya declarado cerrada la instrucción y se hayan turnado los autos a proyecto de resolución; y, Que la junta responsable haya omitido dictar el fallo dentro de los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, los artículos 885 al 890 de la legislación en comento, estatuyen los plazos siguientes: a) Diez días contados a partir del siguiente al en que se declare cerrada la instrucción, para que el auxiliar formule, por escrito, el proyecto de laudo; b) Cinco para que alguno de los miembros de la junta solicite la práctica de diligencias que juzgue convenientes y ocho días más para su desahogo, dado el caso; c) Otros diez para la celebración de la audiencia de discusión y votación del proyecto, en los que la Presidenta de la Junta, deberá citar a los miembros de ésta; diligencia en la que, si fuese aprobado el proyecto sin modificaciones ni adiciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará; empero, si se hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que redacte el laudo de acuerdo con lo aprobado. Así, engrosado que fuese, el secretario recabará las firmas de los miembros de la Junta, y se turnará el expediente al actuario para notificarlo personalmente a las partes. Así, de los plazos mencionados, se concluye que la Junta responsable, a partir del dictado del cierre de instrucción, tiene como máximo, un término de treinta y tres días para la emisión del fallo. En el particular, como se apuntó con antelación, no se ha dictado laudo, ni a la data en que se presentó la demanda de amparo (doce de septiembre de dos mil diecinueve), se ha decretado el cierre de instrucción; por el contrario, las constancias del juicio revelan que en proveído de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, la Junta responsable estimó procedente regularizar el procedimiento, señalando distintas fechas para que tengan lugar el desahogo de las pruebas de cotejo, diversas inspecciones y una testimonial. En ese sentido, se colige que no están satisfechos los restantes requisitos relativos a que en el juicio laboral se hubiere dictado el cierre de instrucción y que hecho ello, la Junta omitiera pronunciar laudo, por lo que el procedimiento no se encuentra en un estado que amerite formular el proyecto de resolución y por ende, tampoco dictarse el laudo. En esa tesitura, se declara infundada la alegación vertida por la impetrante, porque como quedó de manifiesto, es cierto que no se ha dictado laudo en el juicio de origen; sin embargo, ello no es un acto inconstitucional en sí mismo, puesto que aún se encuentran pruebas pendientes por desahogar y no se ha declarado el cierre de instrucción; por consiguiente, no han comenzado a transcurrir siquiera los treinta y tres días hábiles que otorga la legislación obrera a la Junta responsable para emitir su fallo; por lo que no existe trasgresión a los derechos fundamentales de la parte promovente. Orienta lo anterior, por los motivos que la forman, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor literal siguiente: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo." No pasa inadvertido, que la justiciable allegó al presente asunto, copias simples de las diligencias testimonial e inspección y cotejo, de dieciséis y dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, sobre las cuales la Junta responsable regularizó el procedimiento, bajo el argumento de que no se han desahogado; sin embargo, respecto de tales aspectos, no resulta factible que este órgano jurisdiccional emita pronunciamiento alguno, dado que éstos no se encuentran dentro de la litis constitucional, ya que tratan cuestiones atinentes al procedimiento de origen. En las relatadas condiciones, al haberse desestimado el concepto de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 77, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Sandra Verónica Aguilar Martínez, contra la omisión de acordar el escrito de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, que reclamó de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sandra Verónica Aguilar Martínez, contra la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 58/2015, atribuido a la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Diana Jaimes Villanueva, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. HGO.
- Principal
El catorce de octubre de dos mil diecinueve, se da cuenta con una promoción con folio 14787. Conste. Zacatecas, Zacatecas, catorce de octubre de dos mil diecinueve. Téngase recibido el escrito de cuenta suscrito por el licenciado Rogelio Jaramillo Martínez, autorizado de la parte quejosa en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 119, tercer párrafo de la legislación en cita, se tienen ofrecidas como pruebas de su parte las documentales que adjunta; mismas que dada su propia y especial naturaleza se admiten y desahogan; asimismo, con apoyo en el numeral 124 de la misma legislación, téngase por hechas las manifestaciones que formula en vía de alegatos; las cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Sin que haya lugar a proveer de conformidad su solicitud, en el sentido de que se requiera a la autoridad responsable, a fin de que deje sin efectos las audiencias señaladas en auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, toda vez que ello será motivo de estudio al momento de emitir la sentencia respectiva en este juicio. Por otra parte, en cuanto al cotejo que refiere, dígasele que corresponde a las partes allegar las pruebas que consideren convenientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. Luis.
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