Sandra Martínez Valdez

Expediente 857/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
857/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
02/12/2019

Partes del expediente

  • Sandra Martínez Valdez

Actuaciones

  1. Principal

    El dos de diciembre de dos mil diecinueve la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del veinticinco al veintinueve de noviembre del presente año, contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existe documento para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dos de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es destruible. En consecuencia, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Por último, con fundamento en el punto décimo primero del acuerdo en cita, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de NOVENTA DÍAS computados legalmente a partir de la notificación respectiva, comparezca ante el personal de este juzgado debidamente identificada y en horas hábiles a recoger el documento que anexó a su escrito de aclaración de demanda; lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo y persistir en su desinterés para realizar tal actuación, dicho documento seguirá la suerte del expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra secretaria de juzgado quien autoriza y da fe. RIMB

  2. Principal

    El cinco de noviembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con la razón actuarial asentada por el Actuario Judicial adscrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la razón asentada por el Actuario Judicial de la adscripción, en el sentido de que no fue posible notificar a la quejosa Sandra Martínez Valdez, el auto de treinta y uno de octubre del año en curso, dictado en el presente juicio de derechos, en razón de que al trasladarse al fraccionamiento Colinas del Padre de esta ciudad, a fin de localizar la calle San Fernando número ciento diez (110); y al encontrarse en el mismo, por así desprenderse del plano oficial de esta ciudad, hizo constar que en el Fraccionamiento Colinas del Padre se encuentran cuatro secciones, sin localizar en ninguna de ellas, la calle San Fernando, asimismo, que en la sección tercera de dicho fraccionamiento se encuentra una calle con el nombre de Mesa San Fernando número ciento diez (110), en la que el funcionario judicial al proceder a tocar varias veces en la puerta de entrada, nadie respondió a su llamado; por tanto, el auto de treinta y uno de octubre del año en curso, así como los subsecuentes que tengan el carácter de personales, se ordena su notificación por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos de los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe. ----SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 3 DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, ASI COMO POR LO ORDENADO POR AUTO DE CINCO DE NOVIEMBRE DE 2019.--- CUENTA. El treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Sandra Martínez Valdez, registrada con el número de folio 16379 y catorce copias de esta que se adjuntan. La circunstancia de que el licenciado Roberto Carlos Carrera Pacheco no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Sandra Martínez Valdez, contra actos del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 857/2019 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, a la letra dicen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley;" [ . ] IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; Por su parte, el numeral 108, fracción IV de la ley de la materia en consulta, es del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [ . ] V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;". Del precepto anterior se deduce como requisito de la demanda de amparo la narración de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, lo cual se deberá realizar bajo protesta de decir verdad. En esa línea, la fecha de conocimiento o notificación del acto reclamado integra un antecedente necesario para la tramitación de la demanda de derechos, pues constituye el hecho que genera la promoción del juicio, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo. En consecuencia, tratándose de determinaciones judiciales, es necesario que como antecedente del acto reclamado se narre bajo protesta de decir verdad, la fecha en la que tuvo conocimiento de la determinación emitida por el juez responsable. Es aplicable la Jurisprudencia: 2a./J. 161/2013 (10a.), con registro 2005636, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1079 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, Décima Época, materia común, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." De la demanda de amparo se desprende que la quejosa señala como autoridad responsable al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital. Asimismo, del capítulo de "acto reclamado" se advierte lo siguiente: "Reclamo de la Autoridad Responsable la resolución correspondiente al Auto de Apertura a Juicio Oral emitida en audiencia intermedia el día 16 de octubre de 2018 dentro de la causa penal marcada con el número 851/2017, mediante la cual le fueron admitidos a los defensores diversos medios de prueba, esto por el delito de SECUESTRO AGRAVADO cometido en mi perjuicio y de mi menor hija." Asimismo, en el capítulo único correspondiente a "los antecedentes", la quejosa refiere que el pasado día dieciséis de octubre del año en curso, se celebró audiencia intermedia ante el Juez responsable en la cual se abrió debate respecto de las pruebas ofrecidas y admitidas a la defensa, decretándose auto de apertura a juicio oral en la causa penal de origen. Mientras que en el punto petitorio "primero" indica: "Tenerme por presentado en tiempo y forma legal, interponiendo el JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, en contra de la resolución correspondiente al Auto de Apertura a Juicio Oral emitida por el Dr. Antonio Gutiérrez Guerrero, Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, Capital, en audiencia intermedia el día 16 de octubre del año 2018, dentro de la causa penal marcada con el número 851/2017, mediante la cual le fueron admitidos a los defensores diversos medios de prueba, esto por el delito de SECUESTRO AGRAVADO cometido en mi perjuicio y de mi menor hija." De lo anteriormente expuesto, se advierte incertidumbre respecto a la fecha exacta de la resolución que constituye el acto reclamado. REQUERIMIENTO. En consecuencia, se requiere al promovente para que dentro del término de CINCO días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad cumpla con lo siguiente: Manifieste de manera clara y precisa la fecha exacta de la resolución que constituye el acto reclamado, y en su caso, manifieste cuando tuvo conocimiento del acto. Asimismo indique si comparece al presente juicio de amparo por propio derecho, o bien, en representación de su menor hija. Para el caso de que señale el segundo supuesto, acredite con documento idóneo la personalidad con la que comparece, debiendo exhibir copia debidamente certificada del documento con el que justifique su representación legal. Se hace del conocimiento de la quejosa que es ella quien debe de dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en párrafos que anteceden en razón de que es la promovente quien bajo protesta de decir verdad, debe expresar el acto que en esta vía reclama de la autoridad responsable, por ser la afectada con esto, lo anterior, atendiendo al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis del rubro y contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la quejosa que de no dar cumplimiento a lo indicado dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda, y para el caso cumpla con el primer punto pero no con el segundo se tendrá por recibido el escrito de demanda únicamente por propio derecho, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Roberto Carlos Carrera Pacheco, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo anterior en atención a la reforma del artículo 12 de la Ley de Amparo en atención a la reforma del artículo 12 de la Ley de Amparo, publicada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, que establece que también para la materia penal se requiere que las personas autorizadas en amplios términos acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle San Fernando número ciento diez (110), colonia Colinas del Padre, en esta ciudad. Por otra parte, no ha lugar a tener por señalando como domicilio para recibir notificaciones el correo electrónico que indica en su libelo, toda vez que no constituyen un domicilio propiamente. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    CUENTA. El treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Sandra Martínez Valdez, registrada con el número de folio 16379 y catorce copias de esta que se adjuntan. La circunstancia de que el licenciado Roberto Carlos Carrera Pacheco no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Sandra Martínez Valdez, contra actos del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 857/2019 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, a la letra dicen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley;" [ . ] IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; Por su parte, el numeral 108, fracción IV de la ley de la materia en consulta, es del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [ . ] V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;". Del precepto anterior se deduce como requisito de la demanda de amparo la narración de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, lo cual se deberá realizar bajo protesta de decir verdad. En esa línea, la fecha de conocimiento o notificación del acto reclamado integra un antecedente necesario para la tramitación de la demanda de derechos, pues constituye el hecho que genera la promoción del juicio, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo. En consecuencia, tratándose de determinaciones judiciales, es necesario que como antecedente del acto reclamado se narre bajo protesta de decir verdad, la fecha en la que tuvo conocimiento de la determinación emitida por el juez responsable. Es aplicable la Jurisprudencia: 2a./J. 161/2013 (10a.), con registro 2005636, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1079 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, Décima Época, materia común, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." De la demanda de amparo se desprende que la quejosa señala como autoridad responsable al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital. Asimismo, del capítulo de "acto reclamado" se advierte lo siguiente: "Reclamo de la Autoridad Responsable la resolución correspondiente al Auto de Apertura a Juicio Oral emitida en audiencia intermedia el día 16 de octubre de 2018 dentro de la causa penal marcada con el número 851/2017, mediante la cual le fueron admitidos a los defensores diversos medios de prueba, esto por el delito de SECUESTRO AGRAVADO cometido en mi perjuicio y de mi menor hija." Asimismo, en el capítulo único correspondiente a "los antecedentes", la quejosa refiere que el pasado día dieciséis de octubre del año en curso, se celebró audiencia intermedia ante el Juez responsable en la cual se abrió debate respecto de las pruebas ofrecidas y admitidas a la defensa, decretándose auto de apertura a juicio oral en la causa penal de origen. Mientras que en el punto petitorio "primero" indica: "Tenerme por presentado en tiempo y forma legal, interponiendo el JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, en contra de la resolución correspondiente al Auto de Apertura a Juicio Oral emitida por el Dr. Antonio Gutiérrez Guerrero, Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, Capital, en audiencia intermedia el día 16 de octubre del año 2018, dentro de la causa penal marcada con el número 851/2017, mediante la cual le fueron admitidos a los defensores diversos medios de prueba, esto por el delito de SECUESTRO AGRAVADO cometido en mi perjuicio y de mi menor hija." De lo anteriormente expuesto, se advierte incertidumbre respecto a la fecha exacta de la resolución que constituye el acto reclamado. REQUERIMIENTO. En consecuencia, se requiere al promovente para que dentro del término de CINCO días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad cumpla con lo siguiente: Manifieste de manera clara y precisa la fecha exacta de la resolución que constituye el acto reclamado, y en su caso, manifieste cuando tuvo conocimiento del acto. Asimismo indique si comparece al presente juicio de amparo por propio derecho, o bien, en representación de su menor hija. Para el caso de que señale el segundo supuesto, acredite con documento idóneo la personalidad con la que comparece, debiendo exhibir copia debidamente certificada del documento con el que justifique su representación legal. Se hace del conocimiento de la quejosa que es ella quien debe de dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en párrafos que anteceden en razón de que es la promovente quien bajo protesta de decir verdad, debe expresar el acto que en esta vía reclama de la autoridad responsable, por ser la afectada con esto, lo anterior, atendiendo al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis del rubro y contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la quejosa que de no dar cumplimiento a lo indicado dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda, y para el caso cumpla con el primer punto pero no con el segundo se tendrá por recibido el escrito de demanda únicamente por propio derecho, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Roberto Carlos Carrera Pacheco, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo anterior en atención a la reforma del artículo 12 de la Ley de Amparo en atención a la reforma del artículo 12 de la Ley de Amparo, publicada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, que establece que también para la materia penal se requiere que las personas autorizadas en amplios términos acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle San Fernando número ciento diez (110), colonia Colinas del Padre, en esta ciudad. Por otra parte, no ha lugar a tener por señalando como domicilio para recibir notificaciones el correo electrónico que indica en su libelo, toda vez que no constituyen un domicilio propiamente. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado que autoriza y da fe.

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