Sandra Luz Cortez Díaz

Expediente 2648/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
2648/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
13/11/2020

Partes del expediente

  • Sandra Luz Cortez Díaz
  • Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil En Tepic, Nayarit

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la certificación que antecede, se advierte que dentro del plazo que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia de veintidós de junio del año en curso; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al ordenamiento legal, por disposición expresa en su precepto 2°, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la legislación de la materia, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18 fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el artículo 18 fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de amparo, por una parte, se sobreseyó el juicio de amparo y por la otra, se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. Finalmente, toda vez que ya no son necesarias las constancias relativas al acto reclamado, devuélvanse en tres legajos a las autoridades responsables. Notifíquese.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta suscrito por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el juicio de amparo indirecto número 2567/2018, así como testimonio de la ejecutoria de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en los autos del cuaderno auxiliar 741/2019, del registro del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, derivado del amparo en revisión 430/2019 de la estadística del primer órgano colegiado mencionado, de la que se advierte que CONFIRMÓ la resolución emitida por este juzgado federal, el treinta de mayo de dos mil diecinueve, misma que CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte peticionaria del amparo; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro relativo. Por tanto, visto el sentido de dicha sentencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable ********************, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en el numeral 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Por otro lado, se le hace del conocimiento que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada. Finalmente, devuélvase en un tomo, las constancias relativas al acto reclamado a la autoridad responsable. Notifíquese.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por la Delegada de la autoridad denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de acatar la ejecutoria de amparo; en consecuencia, agréguese a los presentes autos el comunicado de cuenta en vías de cumplimiento al fallo protector concedido; en la inteligencia, de que se estará en la espera de que informe el acatamiento total del mismo. Notifíquese.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el veintiuno de noviembre de este año, la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento al fallo protector (fojas 86 a 88). En relación con lo anterior, por acuerdo de veintidós de noviembre actual (foja 89), se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el precepto 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "***". Así pues, mediante resolución dictada el tres de julio de este año (fojas 37 a 53), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó al Congreso del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad y otras autoridades, para que hicieran lo siguiente: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica del amparista lo previsto en los artículos ********************, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen tales preceptos en el presente ni en el futuro. 2. En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa las contribuciones erogadas por motivo de la aplicación del artículo ******************** de la ley declarada inconstitucional. 3. De igual manera, para que dicho recaudador no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; por tanto, deberá devolver al quejoso el pago que realizó por los impuestos previstos en los citados preceptos. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo de alcoholes, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Luego, en auto de siete de agosto de este año (fojas 64 a 66), causó ejecutoria la referida sentencia y se requirió por el cumplimiento a la responsable y superior jerárquico indicados en dicho proveído. De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar los entes aludidos para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el ordinal ********************, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito; y B).- Devolverle al quejoso las contribuciones erogadas; además, devolver la cantidad correspondiente debidamente actualizada. Así, mediante oficio signado por la delegada de las autoridades responsables pertenecientes a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó y acreditó que se había entregado al quejoso el cheque ********************, valioso por la cantidad de $********************) (fojas 86 a 88). Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues se desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y se le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de ********************. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto de $********************), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el ******************** y la responsable efectuó la devolución de la cantidad indicada a la parte quejosa el ******************** (foja 87), por la cantidad de $********************). Así, el periodo de ajustes fiscal comprende del mes de ********************. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de ******************** (al ser los meses inmediatos anteriores del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida; en la inteligencia que, la responsable emitió el cheque desde el mes de agosto de esta anualidad. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil diecinueve fue de 103.476; y para el mes de agosto de este año de 103.687. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.002039120182458. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $********************); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $21.36 ********************). Así de las constancias que obran en autos se advierte que las responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, la Recaudación de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devolvió a la parte quejosa la cantidad de $********************) por concepto de la devolución de los derechos e impuestos materia del presente juicio y su actualización. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del arábigo 196 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En ese tenor, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se tramitó incidente de suspensión, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el ordinal 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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