Sandra Luz Beltrán Landeros

Expediente 1793/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1793/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
29/10/2018

Partes del expediente

  • Sandra Luz Beltrán Landeros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, como lo prevén los artículos 110, 114, último párrafo, 125 y 128, último párrafo de la Ley de Amparo, tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 508/2018, promovido por "Platino del Pacífico", Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderada Elizabeth Barrera Rueda, contra actos del Titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Delegación Nayarit, con sede en esta ciudad. Con apoyo en los ordinales 138, fracción III, 140, primer párrafo y 142, primer párrafo de la ley de la materia, pídase informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo por duplicado dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS siguientes al en que reciba el oficio respectivo, en el cual, debe concretarse a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyen, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan a este juzgado federal establecer el monto de las garantías correspondientes que puedan fijarse; al efecto remítasele copia simple de la demanda. Apercibida que en caso de no rendir su informe previo en forma oportuna, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 142 del ordenamiento legal en cita, se presumirá la certeza del acto que se le reclama. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente, en términos de lo dispuesto por el ordinal 138, fracción II de la Ley de Amparo. Ahora bien, con fundamento en los dispositivos 128, fracción II y 131 de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado que se hace consistir en el auto de trece de marzo del año en curso, dictado dentro del expediente número 00735-NAY-QT-106-2018, del índice del ente responsable, se NIEGA la suspensión provisional, toda vez que se colige que a tal acto le reviste el carácter de consumado, contra el cual resulta improcedente conceder la medida cautelar solicitada, ya que de hacerlo se darían efectos restitutorios que son propios de la sentencia que se dicte en el juicio principal de donde emana este incidente, pues la concesión de la suspensión actúa desde el momento en que se otorga hacia el futuro, pero de ninguna manera al pasado, toda vez que lo ya consumado, no puede ser objeto de medida cautelar alguna, pues de concederse se darían los efectos restitutorios de que se habla. Cobra aplicación al respecto, la Jurisprudencia número 12, sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trece, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, cuyo contenido versa al tenor siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie.". Por otra parte, con fundamento en lo previsto en los dispositivos 128, 131 y 132 del ordenamiento legal en cita, SE CONCEDE a la parte quejosa, la suspensión provisional respecto de las consecuencias del acto reclamado, en relación con la sanción prevista en el artículo 51, fracción XXXIV, del Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, así como los numerales 1 y 28, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, con que se apercibe a la parte quejosa, en su calidad de Autoridad Fiscal Federal, como auxiliar de la Administración Pública Federal, en su atributo de Recaudador, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan; esto es, para que no se efectúe ningún requerimiento de pago a la parte quejosa o en su caso, no se inicie el procedimiento administrativo de ejecución respecto de los preceptos indicados reclamada; lo anterior, hasta en tanto las autoridades responsables tengan conocimiento sobre lo que se resuelva en definitiva en este incidente de suspensión. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia seiscientos ocho, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible la página quinientos cincuenta y uno, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos diecisiete al dos mil, cuyo texto y rubro es: "SUSPENSIÓN, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA.- Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular a través de las sentencias de amparo. El preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día -lejano en muchas ocasiones- declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos". Máxime que al ponderar la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social que prevé el artículo 138 de la Ley de Amparo, la quejosa satisfizo los extremos previstos en la Ley en cita, para que le sea concedida la suspensión en comento; ello aunado a que tiene interés en la subsistencia de la materia del acto reclamado. El anterior criterio quedó plasmado en la Jurisprudencia P.J. 15/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página dieciséis, Tomo III, Abril de mil novecientos noventa y seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión". De igual forma, resulta aplicable el criterio que se contiene en la Jurisprudencia 2a./J. 204/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos quince, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida". En el entendido, que dicha medida surtirá sus efectos siempre que la empresa quejosa garantice ante la autoridad exactora, el monto que en su caso se le fije, en caso de hacerse acreedor a alguna sanción con el carácter de auxiliar de la Administración Pública Federal, conforme al arábigo 135 de la Ley de Amparo, quién deberá acreditarlo fehacientemente ante este Juzgado de Distrito, dentro del término de CINCO DÍAS siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Finalmente, con fundamento en el arábigo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de la copia simple de esta determinación, a su costa previa toma de razón y recibo que de su entrega deje en autos la promovente.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Juzgado Federal el cuatro de septiembre del año en curso, el Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nayarit (ISSSTE), con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento al fallo protector (fojas 156 a 159). En relación con lo anterior, por acuerdo de cinco de septiembre de dos mil dieciocho (foja 160), se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva manifestara lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el precepto 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veintidós de junio de dos mil dieciocho (fojas 139 a 145), por una parte se sobreseyó y por otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó al Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, para los siguientes efectos: ".emita la respuesta que corresponda congruente con la petición que le fue formulada por la parte quejosa el ocho de enero de dos mil quince; asimismo, le sea notificada de forma inmediata, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado, en el entendido de que se encuentran en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda, ya que esta resolución no tiene el alcance de obligarla a pronunciarse en determinado sentido." Sentencia que por auto de nueve de agosto de dos mil dieciocho, causó ejecutoria (fojas 152 y 153). Ante ello, el Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, el treinta de agosto del año en curso, emitió el oficio 155.130.600.12118/218, a consignación de Ignacio Fernando Vázquez Ibarra, en su carácter de Director General de COBAEN, por el que le expone que en atención a su solicitud presentado el ocho de enero de dos mil quince, respecto de la incorporación voluntaria al régimen del Instituto, fue enviada para su trámite ante la Subdirección de lo Consultivo de la Ciudad de México mediante oficio número ISS/130.300.791/2015, de fecha 30 de noviembre de 2015; misma que posteriormente fue turnada para su trámite a las áreas centrales del Instituto, lo que se acredita con los oficios Números 600.305.7/JSCC/044/2017 y 600.605.7/JSCC/0448/2017, de fecha 19 de junio de 2017 siendo notificada por la responsable el cuatro de septiembre del presente año (fojas 156 a 159). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido al solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del arábigo 196 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En ese tenor, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se tramitó incidente de suspensión, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el ordinal 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el oficio y anexos de cuenta, signado por **, en su carácter de delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual solicita se aclare si el nombre correcto del quejoso es Anastacio Tapia Guillen y/o Anastasio Tapia Guillen, toda vez que de las constancias que integran el presente juicio se advierte que su nombre es Anastacio Tapia Guillen; sin embargo, de la información proporcionada por la parte quejosa a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, se desprende que el nombre correcto es Anastasio Tapia Guillen, lo anterior para estar en condiciones de acatar el fallo protector concedido en autos. En ese sentido, con fundamento en el dispositivo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si su nombre es Anastacio Tapia Guillen y/o Anastasio Tapia Guillen, apercibido que de no informar o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedor a una medida de apremio, consistente en una multa equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo) acorde con la fracción I, del numeral 237, en relación con los arábigos 238 y 259 de la Ley de la Materia. **

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de diez de septiembre del año en curso (fojas 96 y 97), se giró el exhorto 316/2018-V dirigido al Juez de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco en turno, con sede en Zapopan, mismo que fue turnado al Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, a fin de notificar a Luz Elena Arias Corona, el auto de cinco de julio de dos mil dieciocho (foja 49, Tomo IV), sin que al día de hoy haya sido devuelta la citada comunicación oficial. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se difiere para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

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