Sandra Luz Lugo Estrada
Expediente 1844/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1844/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/09/2018
Partes del expediente
- Sandra Luz Lugo Estrada
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, suscrito por Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas, con sede en esta ciudad, en su carácter de representante legal de la citada Secretaria y de la responsable Recaudador de Rentas y anexo que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexo que acompaña, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal el trece de agosto de dos mil dieciocho (fojas 121 a 126), la Tesorera Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, manifestó la forma en que se dió cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de catorce de agosto del año actual (folio 127), se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el seis de junio de dos mil diecisiete, confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, residente en Zacatecas, Zacatecas, el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables para los efectos siguientes: ".que la autoridad responsable Tesorera Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, en el ámbito de su respectiva competencia, reciba el escrito de la quejosa de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, del cual se le remite copia junto con esta sentencia y por ende, de respuesta congruente, así como fundada y motivada a cada uno de los puntos solicitados por la quejosa en el mismo, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado, de conformidad con los lineamientos contenidos en la presente sentencia de garantías; en el entendido de que se encuentra en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda, ya que esta resolución no tiene el alcance de obligarlas a resolver en determinado sentido. De igual forma, deberá notificarle el sentido del acuerdo respectivo, levantando sobre el particular la constancia conducente, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado." Ante ello, a través del oficio recibido por este Juzgado Federal el trece de agosto del año en curso (fojas 121 a 126), la Tesorera Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, informó la forma en que se dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, remitió copia de la determinación de veinte de junio de dos mil diecisiete, a través de la cual, recibió y contestó el escrito de la quejosa de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, y al efecto se indicó que previo a la obtención de la licencia municipal solicitada debía cumplir con los requisitos que le fueron destacados en esa oportunidad, de igual forma, se la notificó el veintiuno de junio de dos mil diecisiete. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados a la quejosa, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que, por una parte, se sobreseyó en el juicio en que se actúa, mientras que, por la otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa y no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el artículo 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es depurable, una vez transcurridos más de cinco años de dictada la interlocutoria, contados a partir del presente auto, debido a que la medida cautelar se concedió respecto de los actos reclamados, a excepción de la resolución relativa a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado.
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