SANDRA IVONE SALAZAR RAMIREZ y Otros.

Expediente 1346/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1346/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
25/01/2023

Partes del expediente

  • Sandra Ivone Salazar Ramirez
  • SANDRA IVONE SALAZAR RAMIREZ y Otros.
  • GILDARDO HUMBERTO SALAZAR RAMIREZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja contra el auto mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda, sin que hasta este momento se haya hecho valer; consecuentemente, se declara firme el referido acuerdo. Por otro lado, tomando en consideración que el Juez responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que señala el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un expediente en el que se tuvo por no presentada la demanda. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el término de CINCO días concedido a los quejosos en el auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, sin que dieran cumplimiento; consecuentemente, se les hace efectivo el apercibimiento decretado en ese proveído, y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene POR NO PRESENTADA LA DEMANDA. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese la razón de cuenta, a través de la cual la fedataria adscrita a este Juzgado manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal a la parte quejosa el proveído de doce de diciembre de la presente anualidad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista la determinación citada, este auto y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. El proveído de doce de diciembre de este año señala: "Vista el oficio que contiene la demanda que promueven ... todos de apellidos ..., así como ... y/o ..., ..., contra actos del Juez Décimo Tercero Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México y el Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los preceptos 1, 14, 17 y 123 Constitucionales, al efecto se acuerda: Se acusa de recibido al tribunal oficiante del D.C. 838/2022, fórmense los tomos l y ll. Con fundamento en el numeral 114 de la ley de la materia, previo a acordar lo que proceda sobre la demanda, requiérase personalmente a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, cumpla con el punto que a continuación se especifica: Primero. Los quejosos -de los que sí consta la firma, como se advierte en la certificación de cuenta- deberán ratificar su demanda ante este órgano jurisdiccional a fin de continuar con su tramitación, para lo cual tienen que comparecer a este Juzgado de Distrito, debidamente identificados con credencial oficial vigente, ante la presencia de Fedatario Judicial. Lo anterior, obedece a que la promoción del presente juicio de amparo podría retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia que rige para una situación jurídica en la que no es parte, lo que se traduciría para los justiciables de la instancia común, en una transgresión de la impartición de justicia expedita, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, que deben respetar todas las autoridades del Estado Mexicano. Es así, pues no debe perderse de vista que constituye un hecho notorio y máxima de experiencia, que los conflictos del orden jurisdiccional, generan, en la gran mayoría de los casos, el resentimiento entre las partes, sobre todo en el vencido, ya sea por considerar -entre otros supuestos- que el litigio no fue equitativo, que no fue debidamente representado o que su falta de recursos económicos se constituyó en factor determinante para el sentido de la sentencia firme; circunstancias las anteriores, que provocan la resistencia de quien no fue favorecido en la controversia para aceptar y cumplir, a título voluntario, con la decisión emanada de una contienda en la que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento. La resistencia de que se viene hablando, se patentiza aun cuando es de explorado derecho que la sentencia firme, es decir, la que decide el juicio en lo principal y que no admite ningún medio de impugnación ordinario o extraordinario, que ha adquirido la categoría de cosa juzgada, característica que se presenta cuando lo decidido en ella es inmutable y en consecuencia debe ser atendida como la verdad legal, debe ejecutarse con independencia de la voluntad contraria de la parte derrotada o de cualquier otra persona que sin haber intervenido en el litigio pretenda hacer valer prerrogativas en contra del cumplimiento de aquélla. Así pues, la ejecución de las sentencias firmes derivadas de las controversias jurisdiccionales, generan en la mayor parte de los casos, la deslealtad del interesado que fue derrotado o, en su defecto -por lo general-, la intervención de terceros relacionados con aquél, ostentándose tanto a título de terceros extraños a juicio como en su calidad de supuestos justiciables que pretenden pasar por encima de la voluntad de los órganos jurisdiccionales y, desconocer en consecuencia, los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada que derivan de la sentencia firme que resolvió la contienda de origen en lo principal. Dentro de las maniobras apuntadas, los pretendidos "terceros extraños a juicio", abusan de la institución del Juicio de Amparo y de los principios inherentes de buena fe y legalidad que prevén a favor de todo gobernado, entre otros, los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se constituyen además en los principios rectores que norman el actuar de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito que integran el Poder Judicial de la Federación. Al promover el juicio de derechos fundamentales, se ha establecido como una práctica perniciosa por parte de los indicados "terceros extraños a juicio", ostentarse como poseedores con justo título del bien inmueble cuya desocupación y restitución ya fue ordenada en sentencia firme, razón por la cual, para acreditar a título presuntivo tanto la certeza de sus afirmaciones como el interés jurídico que dicen les asiste para instar la tutela constitucional, exhiben, en la mayoría de los casos, contratos privados -compra-venta, arrendamiento, comodato etcétera- celebrados ya sea con él o los integrantes de la parte demandada o con personas totalmente diversas, que por lo regular carecen de fecha cierta y que en nada prosperan en la acción constitucional promovida, pues al momento de emitirse la sentencia respectiva son asuntos que no progresan al no quedar acreditado el interés jurídico por parte del promovente, obteniendo con ello el entorpecimiento de una ejecución en el juicio de origen. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 24/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXVII, Abril de 2008, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que intitulada: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO." En efecto, en la mayoría de las ocasiones la interposición de los sumarios constitucionales por parte de los "terceros extraños a juicio", es retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, por tanto, la ratificación de la firma de la demanda de amparo, ante la presencia de Fedatario Judicial, permitirá a este Juzgador federal formarse la plena convicción de que el libelo constitucional no se interpone con el fin referido, sino con el objetivo de acreditar y demostrar la ilegalidad del acto que se reclama. Por lo cual, hágase del conocimiento a la parte quejosa que de comparecer a ratificar dicho libelo constitucional y al emitirse la sentencia correspondiente, de estimarse que aun así el presente juicio se promovió con la intención de entorpecer la ejecución en el controvertido de origen, se hará acreedor el promovente, así como sus autorizados a una sanción conforme al artículo 261 de la Ley de Amparo, según las circunstancias del caso que se estimen pertinentes. Lo anterior se robustece con la tesis de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Tomo CXXIX, visible en la página 250, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "MULTA, POR INTERPONER AMPARO SIN MOTIVO." En ese tenor, el actual precepto 261 de la ley de la materia sustancialmente establece que, se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado, o si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. En atención a lo expuesto, en caso de que se observe alguna irregularidad en el presente asunto, se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a efecto de que manifieste lo que a su representación social corresponda. En ese orden de ideas, la decisión asumida es armónica con los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque es prerrogativa discrecional del juez constitucional que la propia ley de la materia le otorga, que cuando lo estime necesario por existir deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda las mande corregir a través de un requerimiento. Lo cual de modo alguno obstaculiza la impartición de justicia o actualiza una indebida actuación judicial por parte del Juzgador, si precisamente esa facultad va dirigida a generar las condiciones para salvaguardar los derechos fundamentales de la parte quejosa, en relación con el principio del buen derecho, asegurar el legal trámite del juicio, no afectar derechos de terceras personas en el procedimiento de origen así como tener la certeza de que es la voluntad del quejoso la tramitación de la demanda de amparo. De ahí que si el juzgador en uso de la facultad que le confiere el artículo 114 de la ley de la materia, ordena la ratificación de la demanda por parte de su pretendido suscriptor, apercibiéndolo que de no hacerlo se tendría por no presentada la demanda, actúa al amparo de la Constitución Federal y conforme a una facultad discrecional que le permite actuar en los términos de esta prevención, en los casos donde por motivos de seguridad jurídica lo considere necesario. Planteamientos que, además, ya fueron sustancialmente compartidos por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la queja civil 235/2018. Segundo. Con fundamento en la fracción V, del artículo 108, de la Ley de Amparo, formulen la protesta de ley. Lo anterior, pues si bien dicha frase no constituye una fórmula sacramental o solemne, lo jurídicamente relevante es que impone la obligación a cargo de la parte quejosa de manifestar que su relato de hechos lo hacen con sujeción a la verdad; lo que no ocurre en el caso. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia P./J. 127/99, del Tribunal Pleno, visible en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, Novena Época, número de registro 192843, que dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Aclaración que deberán formular en original y copias suficientes de conformidad con lo que establece el artículo 110 de la ley de la materia. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado dentro del término concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda, en términos de lo dispuesto por el numeral 114 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona. Respecto de quienes autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, tendrán las facultades amplias que prevé, si tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; pues de lo contrario únicamente estarán autorizadas para oír y recibir notificaciones. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.".

  4. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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