Sandra Fabiola Cuevas Guerra

Expediente 943/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
943/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
15/12/2023

Partes del expediente

  • Sandra Fabiola Cuevas Guerra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Agréguese el ocurso de la quejosa; atento a su contenido, como lo solicita, con fundamento en los artículos 81 fracción I inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia; remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda, así como el ocurso de expresión de agravios para la substanciación del referido medio de impugnación, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del mismo, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá del mismo, se haga disponible este asunto en el sistema aludido. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    En la ciudad de México, nueve horas con veinte minutos del catorce de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 943/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 943/2023, promovido por ..., contra actos de la Tercera Sala Familiar de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. La quejosa demandó el amparo contra el acto de la citada autoridad, por considerarlos violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Previa aclaración, este Juzgado admitió la acción de amparo, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, así se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; la parte tercera interesada fue emplazada; finalmente, y la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este asunto de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un procedimiento del orden familiar seguido ante un juzgado con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Acto reclamado conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia. La sentencia de trece de junio de dos mil veintitrés dictada en el toca ... del índice de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por unanimidad de votos, desestimó la excepción de incompetencia por declinatoria interpuesta en el juicio de cancelación de alimentos ... del índice del Juzgado Décimo de la misma especialidad y sede. TERCERO. Existencia. La certeza del acto reclamado quedó acreditada con el informe justificado rendido por la Sala responsable, lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen; las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Previo a entrar al estudio de fondo del asunto, es conveniente señalar los siguientes antecedentes destacados: I. El quince de junio de dos mil veintidós, ... demandó de la hoy quejosa y su hija mayor de edad, la cancelación de la pensión alimenticia que fijó un Juez de lo familiar en el Estado de México, equivalente al 35% del total de sus ingresos. El actor señaló como domicilio de las demandadas, el ubicado en ..., en la Ciudad de México. El asunto se admitió el veintidós de junio de dos mil veintidós en el Juzgado Décimo de lo Familiar de la Ciudad de México con el número de expediente ... . II. A las demandadas se les emplazó en el domicilio señalado por el actor el diecinueve de agosto de dos mil veintidós; y el veintitrés de septiembre siguiente, dieron contestación a la demanda, oponiendo la excepción de incompetencia por declinatoria, bajo el argumento central de que corresponde el conocimiento del caso al Juez Tercero de lo Familiar en Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez en el Estado de México, dado que la obligación alimentaria fue determinada en dicha jurisdicción, y por ende, era dicha autoridad quien debía conocer de aquellos asuntos que derivaran de la acción principal. Al ocurso de contestación recayó el auto de veintinueve de septiembre de septiembre de dos mil veintidós, en donde el juez de la causa ordenó tramitar la excepción y enviar los autos a la Alzada. III. El uno de diciembre de dos mil veintidós, la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad declaró infundada la excepción dentro del toca ...; y en contra de dicha determinación, se promovió el juicio de amparo indirecto ... de este índice, donde se otorgó la protección constitucional para el efecto de que la resolución se emitiera de manera colegiada. IV. En cumplimiento al fallo protector, se dejó insubsistente aquella determinación y el trece de junio de dos mil veintidós se dictó una nueva por unanimidad de votos en el sentido de declarar infundada la excepción de incompetencia. Este fallo es el acto reclamado en este juicio. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación y decisión. La quejosa aduce que la sentencia reclamada es violatoria de sus derechos fundamentales al no acoger la excepción de incompetencia; ya que lo hizo con argumentos limitados y que pasaron por alto la serie de prerrogativas derivadas del proceso del orden familiar llevado ante el Juez del Estado de México y que es de donde nace el reconocimiento al crédito alimentario. Señala que conforme al principio de territorialidad establecido en el artículo 121, fracción I de la Constitución Federal, se creó una situación jurídica específica a favor de la quejosa en torno al pago de los alimentos, por lo que es conforme a las leyes de esa Entidad Federativa que deben resolverse las situaciones jurídicas derivadas de la obligación inicial. La quejosa apoya su postura en la tesis aislada I.3o.C.343 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, intitulada: "ALIMENTOS. EL CONVENIO O SENTENCIA EN QUE SE HAYAN DECRETADO, SÓLO PUEDEN MODIFICARSE AL TENOR DE LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA QUE REGULÓ ESOS ACTOS." Ver el problema jurídico de otra manera permitiría el empleo de múltiples disposiciones, creando incertidumbre jurídica frente a una institución [alimentos] que es de orden público e interés social, dado que su origen son las relaciones familiares. Además, la competencia no debe definirse atendiendo a reglas inflexibles, pues deben valorarse las circunstancias especiales de cada caso, máxime si atiende a cuestiones alimentarias; donde incluso opera en toda su extensión la suplencia de la queja. Los conceptos de violación son infundados; y para su análisis se abordarán de manera conjunta, en términos de lo previsto en el artículo 76 de la Ley de Amparo, dado que el disenso tiene un solo punto común que es la cuestión competencial. El principio de legalidad está reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal, y debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica, exponiendo las razones atinentes al caso. Particularmente en materia jurisdiccional el cumplimiento al principio de legalidad se encuentra en el estudio de la cuestión planteada, apoyada en el derecho aplicable y la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas invocadas para justificar el sentido de la decisión. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial 1a./J. 139/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, en Materia(s): Común, Página: 162, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." En la especie, no asiste razón a la impetrante, pues la sentencia reclamada se apega al principio de legalidad que rige la actuación de la Sala. Para definir su sentido, la autoridad esbozó las siguientes consideraciones medulares: a) Precisó como premisa el contenido del artículo 156, fracción XIII del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que establece: "ARTICULO 156. Es Juez competente: [.] XIII.- En los juicios de alimentos, el del domicilio del actor o el del demandado a elección del Primero."; e indicó que conforme a las constancias del proceso, lo que se demanda es la cancelación de la pensión fijada por un juez foráneo; mientras que de los hechos de la demanda, específicamente el sexto, se aprecia la afirmación sobre el domicilio de las enjuiciadas, sin que en la contestación se negara o afirmara este aserto por considerarse que no contenía hecho propio. b) Se refirió al emplazamiento, donde el fedatario se constituyó en el domicilio de las demandadas dentro de esta ciudad; y en ese acto, la aquí quejosa indicó que vivía en el lugar de la diligencia. c) Siendo las demandadas las acreedoras alimentarias del actor, y tener éstas su domicilio en esta ciudad, conforme lo demuestran las actas de emplazamiento, la competencia corresponde a un Juzgado de esta entidad, conforme a la disposición citada, lo que además es acorde a la legislación homologa del Estado de México, que prevé el mismo supuesto en su fracción XIII del artículo 142 del relativo Código de Procedimientos Civiles. d) Añadió que la propia Sala admitió la prueba del actor, consistente en el auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, que revelan que el juzgador con residencia en Naucalpan, Estado de México inadmitió la demanda cancelación de pago de alimentos que planteó al considerar precisamente que la competencia la determina el domicilio del acreedor, y éstas lo tienen en la Ciudad de México. e) Aunque las demandadas invocaron que debía conocer del asunto el juez del Estado de México conforme a la regla prevista en el artículo 501 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad; en el caso no se trataba de una demanda de ejecución de convenio sino de cancelación, por lo que no hay impedimento para accionar en lo principal o en la vía incidental, pues en ambos casos de goza de plena capacidad de defensa. Ello, con independencia de que el Juez del Estado de México haya fijado la pensión, pues para la demostración del cambio de circunstancias se requiere de la instauración de una nueva controversia, que iteró, puede iniciarse incidentalmente o como juicio nuevo. Y apoyó su postura en diversos criterios aislados y de jurisprudencia. Como se aprecia de estas consideraciones, contrario a lo que afirma la quejosa, no se pasó por alto lo relativo a la generación de prerrogativas obtenidas en lo actuado ante el Juez del Estado de México, sin embargo, el criterio de la autoridad [y que se apega al principio de legalidad] fue que tanto en aquella entidad federativa, como en ésta, el domicilio de la persona acreedora alimentaria es lo que define destacadamente la competencia; y sin que ello deba ser indefectiblemente en la vía incidental, pues en sendos casos las partes gozan de plena capacidad de defesa. Lo anterior se apoya en la jurisprudencia 1a./J. 28/2021 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, en Materias(s): Civil, que dispone: "ACCIÓN DE CANCELACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA. SU EJERCICIO PUEDE FORMULARSE, INDISTINTAMENTE, EN UN PROCEDIMIENTO PRINCIPAL O EN UNO INCIDENTAL (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO Y VERACRUZ). Hechos: En dos asuntos se solicitó la cancelación de una pensión alimenticia. Un Tribunal Colegiado determinó que la parte solicitante sólo podía promoverla a través de un juicio principal, mientras que el otro tribunal estableció que podía ejercerse indistintamente en la vía incidental o a través de un juicio autónomo. Criterio jurídico: En las legislaciones del Estado de México (vigente hasta el primero de julio de dos mil dos) y de Veracruz no existe norma alguna de carácter prohibitivo que impida al justiciable ejercer la acción de cancelación de pensión alimenticia en un procedimiento incidental, por lo que el juzgador no debe impedir el ejercicio del derecho de acción en la vía que el actor elija. Cuando el legislador no establece de manera expresa si el derecho que se pretende deducir debe ejercerse en un procedimiento incidental o en uno principal, y además hay similitudes procesales, se debe concluir que el actor tiene la potestad legal para elegir el tipo de procedimiento que desea seguir, y que, si ha elegido la vía incidental, es atendiendo a la naturaleza abreviada de la misma y a que guarda relación con el juicio principal. Justificación: La naturaleza del derecho que se pretende dilucidar es perfectamente oponible en la vía incidental, pues el derecho a la cancelación de la pensión alimenticia está directa y estrechamente relacionado con la problemática principal del juicio en que ésta se decretó, e incluso puede calificarse como accesoria de aquélla, en la medida que esa pretensión lo que busca es precisamente evidenciar al juzgador que las circunstancias que prevalecían al momento en que se impuso la obligación de proveer alimentos han cambiado y, por ende, la misma debe ser cancelada. Además, de acuerdo con las legislaciones de Veracruz y del Estado de México (vigente hasta el primero de julio de dos mil dos), se observan las mismas formalidades esenciales en la vía incidental y en la principal." Sin que ello genera incertidumbre jurídica, como apunta la impetrante, pues la codificación local establece las normas propias de la acción de cancelación y sus elementos, así como las reglas del procedimiento, como deviene, enunciativamente del contenido de los artículos 320 del Código Civil local; y 255, 256, 259, 260, 272 F, 277, 290, 385, 87, 940 y 941, todos estos del relativo código procesal. De modo que no hay incertidumbre jurídica, porque el código establece cuales son las reglas del procedimiento y las partes pueden saber a qué estarse durante su sustanciación, con lo cual se derrota un posible escenario de arbitrariedad en lo general. Al respecto se cita la tesis 2a./J. 144/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Materia(s): Constitucional, Página: 351, que establece: "GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad." Aunado a lo anterior, este Juzgador es del criterio que la decisión de la Alzada local atiende a la realidad en las dinámicas sociales, pues una correcta apreciación de los hechos conforme a la sana crítica, permite afirmar que es ordinario que en la Ciudad de México y el área metropolitana, las personas cambien de domicilio ajustándose a sus necesidades laborales, escolares, de salud o personales, para residir en donde más les convenga. A esa realidad en la sociedad atiende el contenido de la fracción 156, fracción XIII del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, para que exista certeza en torno al lugar donde ha de ser localizado alguien a quien se le demanda una acción personal o de índole alimentario y el trámite del negocio no se vea entorpecido por una búsqueda en lugares donde ya no radica; y evitar que las partes queden sometidas perenemente a una jurisdicción en donde no residen solo por haber interpuesto en alguna ocasión, acción o defensa en diversa entidad federativa. Considerarlo de otra manera implicaría imponer una carga legal poco razonable a los contendientes al hacerlos trasladarse a litigar a otra entidad federativa, implicando mayores costos y desgaste para ellos, aun cuando ya no tengan arraigo en esa zona. De ahí que este juzgador no acoge la defensa hecha valer por la impetrante en cuanto al valor procesal de la territorialidad para juzgar causas relacionadas, apoyada en la tesis I.3o.C.343 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; pues al margen de que es una tesis aislada que no obliga al suscrito, no debe perderse de vista que para desestimar la excepción, acertadamente la Sala acudió a comparar la regla competencial sobre el domicilio del acreedor alimentario establecida en la legislación del Estado de México, pues de esa forma es posible concluir que el resultado de aplicar cualquiera de las legislaciones procesales sería el mismo, dado que el domicilio de la demandada está en esta ciudad, y aquí fue donde se le emplazó. Además, este juzgador considera oportuno señalar que no se advierte que dicho criterio haya sido reiterado por tal Tribunal; y que fue emitido en el año dos mil dos, esto es antes de las reformas constitucionales sustantivas en materia de derechos humanos de diez junio de dos mil once; y por ende, la regla inflexible que preconiza disocia de los nuevos parámetros de regularidad constitucional, donde impera el favorecimiento de la acción. Sirve de apoyo la tesis 1a. CCVI/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, en Materias(s): Constitucional, que dispone: "PRINCIPIO PRO ACTIONE. EN SU APLICACIÓN A CASOS EN LOS QUE NO EXISTA CLARIDAD RESPECTO A SI UN ASUNTO ES O NO JUSTICIABLE, DEBERÁ PREFERIRSE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. Los criterios que establecen que en caso de duda debe favorecerse a la parte trabajadora -pro operario-, a la parte imputada por la comisión de un delito -pro reo- o a favor de quien intenta una acción -pro actione- constituyen cláusulas de cierre que carecen de relación con la selección o construcción del derecho aplicable, ya que tiene que ver con la solución de cuestiones referentes al sentido de un asunto o a aspectos derivados de éste. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión ...3, sostuvo que el principio in dubio pro actione opera como un criterio para resolver casos de duda en torno a si el Poder Judicial debe o no intervenir en el conocimiento de una cuestión, en términos de su justiciabilidad. Esto es, los órganos jurisdiccionales deben tener claras las facultades y atribuciones que delimitan su ámbito o esfera competencial en función de los medios de impugnación cuyo conocimiento les ha sido constitucional y legalmente conferido; sin embargo, en casos donde no exista claridad respecto a si un asunto es o no justiciable, debe preferirse la protección del derecho de acceso a la jurisdicción. Esto no implica obviar o soslayar requisitos de procedencia o admisibilidad (reglas de competencia), ni omitir interpretaciones que resulten más favorables a las personas (principio pro persona), sino adoptar un criterio de cierre ante la duda acerca de si un requisito de procedencia -que ha sido considerado válido según su interpretación más favorable a la persona- se encuentra o no acreditado, o si un asunto puede encuadrarse dentro de un supuesto de competencia del órgano respectivo." Sin que sea óbice que la quejosa invoque la relevancia jurídica de los alimentos en el sistema jurídico nacional, pues aunque ciertamente califican como una cuestión de orden público e interés social; igual relevancia guardan los presupuestos procesales como es la competencia, por lo cual, la importancia de una institución no suprime la de otra; de modo que ello no es pauta única para otorgar la razón a la quejosa, soslayando lo que sobre la competencia y el procedimiento se ha expuesto. Al efecto invoca la tesis de jurisprudencia 1a./J. 56/2009, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR PUEDE ANALIZAR DE OFICIO EN EL RECURSO DE APELACIÓN MERCANTIL." No pasa inadvertido para este Juzgador que en efecto, las reglas competenciales puedan llegar a ser, en ciertos casos, más flexibles para facilitar el acceso a la justicia o para garantizar de mejor manera los derechos de alguna parte, como ocurre en los casos en donde hay infantes implicados. Sin embargo, es criterio del suscrito que en el presente caso no se surte alguna de esas circunstancias, puesto que no se aprecia el involucramiento de prerrogativas de infantes incluso se dijo en la demanda que la hija demandada es mayor de edad, y la quejosa no invoca alguna situación en que requiera algún ajuste razonable o la ponderación de una circunstancia especial, para analizar casuísticamente. Al respecto se cita, por sus consideraciones, la tesis I.11o.C.82 C (10a.), Décima Época, Materias(s): Constitucional, Civil, que establece: "COMPETENCIA POR TERRITORIO EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO INCAUSADO Y ALIMENTOS. NO DEBE ESTABLECERSE UNA REGLA GENERAL NI UNA EXCEPCIÓN ESPECÍFICA PARA DETERMINAR LA POSIBILIDAD DE MODIFICAR LAS REGLAS ORDINARIAS DE AQUÉLLA, PUES TIENE QUE ATENDERSE A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO CONCRETO, A FIN DE ESTABLECER CUÁNDO PROCEDE, EN VIRTUD DE QUE PUEDE VULNERARSE EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR [MODIFICACIÓN DE LA TESIS I.11o.C.4 C (10a.)]. Una nueva reflexión y análisis del tema abordado en el criterio sostenido por este Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis I.11o.C.4 C (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, Tomo 2, agosto de 2012, página 1668, de rubro: "COMPETENCIA EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO INCAUSADO Y ALIMENTOS. ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Y AL PRINCIPIO PRO HOMINE EN EL EXAMEN DE LOS DERECHOS HUMANOS, DEBE PREVALECER LA REGLA DE COMPETENCIA ESPECIAL A FAVOR DEL ACTOR O ACREEDOR ALIMENTARIO, SOBRE LA GENÉRICA QUE ATIENDE AL DOMICILIO CONYUGAL DE LOS DIVORCIANTES.", lleva a modificarlo, toda vez que no en todos los juicios donde se ventile la obligación de alimentos, debe fijarse la competencia por razón de territorio, en el lugar donde habiten los acreedores alimentarios, pues no necesariamente es un indicador de la afectación al interés superior de la infancia el que en determinado juicio se ventile lo relativo a la obligación alimentaria y el acreedor o los acreedores sean menores de edad que habiten en un lugar distinto a la jurisdicción donde se desarrolle el procedimiento, ya que para determinar si dicha situación conlleva un menoscabo al interés superior del menor que debe ser considerado como cuestión primordial frente a cualquier otro tipo de interés, es necesario que el juzgador evalúe caso por caso las circunstancias que rodean al infante posiblemente afectado y así evaluar conforme a factores racionales si el desahogar el juicio en lugar distinto al domicilio del menor, pone en riesgo los derechos de la infancia y, por ende, sea necesario modificar la competencia territorial del órgano jurisdiccional. Tampoco puede establecerse una regla general respecto a que todos los asuntos donde se diriman cuestiones relacionadas con la obligación alimentaria y/o guarda y custodia, deban ventilarse en la jurisdicción del domicilio del menor o menores que tengan el carácter de acreedor o acreedores alimentarios. En el caso, aun cuando la acción se trate de la solicitud de divorcio sin expresión de causa, sin que exista un reclamo destacado o como acción principal, relativa al pago de alimentos, el Alto Tribunal del País ha establecido que si bien la petición de divorcio no es la única pretensión en este tipo de procedimientos, sino también la resolución de las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial como las relativas a alimentos y/o guarda y custodia de los hijos, ello por sí mismo es insuficiente para llevar a cabo una variación de las reglas competenciales por territorio, que rigen al divorcio donde será competente el órgano jurisdiccional del último domicilio conyugal. Por tanto, se concluye que el principio del interés superior de la infancia, al ser una obligación que debe inmiscuirse en todas las medidas y los asuntos relacionados con ella, ya sea realizados por entes públicos o privados, y al conocer que es un concepto que presenta una triple dimensión como derecho sustantivo, criterio interpretativo y norma de procedimiento, es claro que su aplicación no se limita a los derechos sustantivos de la infancia, sino también incide y debe aplicarse sobre los derechos adjetivos y formalidades esenciales del procedimiento por lo que, en consecuencia, éstos pueden ser válidamente modificados o ceder ante los efectos de la aplicación del principio del interés superior de la infancia. Lo que a priori indica que las reglas de competencia de la jurisdicción de los tribunales para conocer de un asunto en que se ventilen derechos de la infancia, pueden modificarse y regularse con el objeto de atender al principio del interés superior del niño, siempre que éste se encuentre evaluado, así como primordialmente justificado y ponderado el porqué de la necesidad de su variación. Mientras que, en otros casos, después de realizar dicha evaluación pueda concluirse que no hay motivo ni justificación suficiente que incline a determinar que las reglas competenciales deban ser modificadas, ni dar un privilegio competencial al menor en detrimento de las demás partes del juicio, especialmente en aquellos casos en los que después de considerar el interés superior de la infancia como cuestión primordial a cualquier otro interés de terceros o, incluso, el de orden público del que reviste la competencia de los órganos jurisdiccionales, se concluya que no hay afectación a los derechos del infante. Lo anterior conduce a estimar que no puede establecerse una regla general ni una excepción específica para efectos de determinar la posibilidad de modificar las reglas ordinarias de competencia, pues deberá atenderse a las circunstancias del caso concreto, a fin de establecer cuándo procede, en virtud de que pueda verse vulnerado el interés superior del menor." Por lo expuesto, se concluye que los conceptos de violación deben desestimarse, sin que se advierta cuestión susceptible de repararse en suplencia de la queja, cobrando aplicación el criterio jurisprudencial 2a./J. 67/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Décima Época, en Materias(s): Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, página 263, intitulada: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." Decisión: Ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar la protección constitucional demandada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ..., contra actos de la Tercera Sala Familiar de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma electrónicamente ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante Daniel Orozco Alfaro, Secretario que autoriza y da fe, en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley de Amparo; hasta hoy, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para la autoridad responsable, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarle oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarle por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE.

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