Sandra Patricia González Valdez
Expediente 407/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 407/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 04/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Sandra Patricia González Valdez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la certificación precedente de la cual se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia donde se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la citada resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, tomando en consideración que la autoridad responsable remitió constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, ..., se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió y negó la suspensión provisional y la definitiva, respectivamente; ... Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el arábigo 20 del Acuerdo en cita. Por otro lado, tomando en consideración que el Juez responsable remitió un legajo de constancias, en justificación de sus actos; devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese la razón de imposibilidad para notificar a la parte quejosa la sentencia engrosada el veintinueve de agosto de la presente anualidad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA la resolución aludida, éste y los subsecuentes NOTIFÍQUESE. LA ENTENCIA ENGROSADA EL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, SEÑALA: " VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 407/2022, promovido por ..., contra actos del Juez Trigésimo Quinto Civil del Tribunal Superior de Justicia y Secretario de Seguridad Ciudadana, ambos de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Veintisiete de abril de dos mil veintidós, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. El asunto se admitió a trámite el veintinueve de abril de este año; dándose intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; requiriendo informe justificado a las responsables; y con llamamiento a la parte tercera interesada. Del proceso se advierte que la representante social de la Federación adscrita no formuló intervención, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se emplazó a la parte tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un Juzgado del orden común con sede en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisan los actos reclamados de la siguiente forma: De la lectura integral de demanda se advierte que la parte quejosa se ostenta tercera extraña equiparada a la vía de apremio ... del índice del Juzgado Trigésimo Quinto Civil de la Ciudad de México, es decir, aduce "no haber sido emplazada al juicio"; y se duele particularmente de la orden de desalojo respecto del inmueble ubicado en ... . Sin que pase desapercibido lo relativo al posible "destierro", sin embargo, de dicho reclamo rige la determinación desestimatoria decretada en el auto admisorio; y por ello no se considera como parte de los reclamos destacados de este juicio, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. TERCERO. Existencia. El Juez responsable aceptó la existencia de los actos reclamados, certeza corroborada con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta ciudad negó la existencia del acto reclamado, sin embargo, por su carácter de ejecutora, dicha negativa queda desvirtuada. CUARTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes que las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la legislación en cita. El juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con la fracción IV, del dispositivo 107, ambos de la Ley de Amparo; ya que la quejosa no tiene el carácter de tercera extraña para efectos del juicio de amparo; y los actos reclamados no constituyen la última resolución en el procedimiento de vía de apremio. En primer término es necesario explicar porque en este caso la quejosa carece del carácter de tercera extraña a juicio. La figura jurídica aludida se actualiza respecto de aquella persona distinta de los sujetos de la controversia que se ventila; es decir, es quien no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material pero que aduce un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Se equipara a esta figura, a quien siendo parte, alega desconocer el procedimiento incoado en su contra, como consecuencia de una irregularidad en el llamamiento. El evento primordial que da el carácter de tercero extraño, tanto a la persona que no ha figurado en juicio, como a quien, siendo parte, no fue emplazado o lo fue incorrectamente, es que están impedidos formalmente para entablar la defensa de sus intereses ante la autoridad común. Al respecto, se invoca la tesis de jurisprudencia P./J. 7/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, en Materias(s): Común, que dispone: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Para estos efectos, debe tomarse en consideración que la finalidad del llamamiento es la satisfacción del derecho fundamental de audiencia. Este mandamiento impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para cumplir con una serie de formalidades esenciales, previo a un acto de privación como puede ser la sentencia final de un negocio, entre ellas: Que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite. Se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones. Cuando se agote dicha etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes. Y que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Lo anterior conforme a la jurisprudencial 1a./J. 11/2014 (10a.) Primera Sala Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, página 396 Registro digital: 2005716 Décima Época, que dice: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." En la especie, no puede considerarse a la quejosa como una tercera extraña, dado que por la naturaleza del procedimiento de vía de apremio, el emplazamiento es una figura procesal superada (ya que se entiende que esta es una formalidad previa al acto privativo que puede entrañar el fallo definitivo); y es que conforme a la estructura legal de este procedimiento, la fase ejecutiva solo tiene lugar cuando existe cosa juzgada, esto es, cuando el negocio está decidido por sentencia o por laudo, como se colige del artículo 500 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, que dispone: "Artículo 500.- Procede la vía de apremio a instancia de parte, siempre que se trate de la ejecución de una sentencia o de un convenio celebrado en el juicio o en virtud de pacto comisorio expreso, ya sea por las partes o por terceros que hayan venido al juicio por cualquier motivo que sea. Esta disposición será aplicable en la ejecución de convenios celebrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor y la Procuraduría Social de la Ciudad de México, así como los laudos emitidos por dichas Procuradurías; en la ejecución de convenios emanados del procedimiento de mediación, incluidos los de mediación comunitaria prevista en las leyes de la Ciudad de México, que cumplan con los requisitos previstos en la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, y los celebrados ante los Juzgados Cívicos, tratándose de daños culposos causados con motivo del tránsito de vehículos." En esta tónica, lo que ocurrió en la especie, es que lo tradicional u ordinariamente concebido como proceso -y para lo cual se proyecta como formalidad esencial el emplazamiento-, fue llevado a cabo por un árbitro, quien resolvió el veintitrés de junio de dos mil veintiuno condenando a la aquí quejosa a diversas prestaciones generadas con motivo de la celebración de un contrato de arrendamiento; esto es, el litigio se llevó conforme al compromiso contractual que asumieron voluntariamente las partes. De este modo, el arbitraje fue el instrumento seleccionado por las partes para dirimir la posible controversia que se suscitara, el cual tiene validez y asidero para satisfacer el derecho de acceso a la justicia, conforme al propio texto de la Ley Suprema, gozando así de la misma protección y rango. Al respecto se cita el precedente 1a. XXXVI/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, en Materias(s): Constitucional, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I, página 438, que dispone: "ARBITRAJE. IMPLICACIONES NORMATIVAS DERIVADAS DE SU CONSTITUCIONALIZACIÓN A PARTIR DE LA REFORMA DE JUNIO DE 2008. El artículo 17 constitucional establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Sin embargo, esta prohibición no supone el otro extremo de que todas las controversias entre las personas deban resolverse a través de autoridades judiciales, pues también establece que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Por tanto, la solución constitucional es una intermedia: prevé que los tribunales estarán expeditos para administrar justicia, pero también que, de manera paralela, la ley deberá habilitar mecanismos alternativos. Con base en esta nueva arquitectura a partir de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, deben explicitarse algunas de las premisas interpretativas asumidas por este tribunal constitucional. En primer lugar, el arbitraje es una figura legislativa con relevancia constitucional. Por tanto, la ley que la regule debe considerarse reglamentaria del cuarto párrafo del artículo 17 constitucional. Relacionado con lo anterior, se debe cambiar la caracterización de la decisión de acceder a dicha institución, pues más que una renuncia de derechos constitucionales (de acceder a los tribunales), el arbitraje encierra el ejercicio afirmativo de libertades constitucionales que ameritan protección judicial. Ahora bien, respecto de las distintas posibilidades del ejercicio de esas libertades, el texto de la Constitución es neutro; ello implica que todos los mecanismos alternativos de solución de controversias gozan del mismo tipo de protección constitucional -por ejemplo, mediación, conciliación y arbitraje- y, por tanto, el legislador no está obligado a regular ninguno de ellos de manera preferente. Al relacionarse con el ejercicio de libertades, si las partes deciden acudir al arbitraje, deben hacerlo sobre la premisa de que el tribunal arbitral no es equiparable a una autoridad judicial desde la perspectiva constitucional." En este escenario, no es viable considerar a la quejosa como tercera extraña, pues se itera, lo que ocurrió fue que se llevó a cabo un arbitraje, y para efectos del juicio de amparo, dentro de ese procedimiento no es viable acoger la figura del tercero extraño, ya que la quejosa no está en indefensión, dado que el Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, prevé en el artículo 635, fracción I, inciso b), un medio de defensa contra la falta de llamamiento al juicio arbitral, el cual deberá hacerse valer en la fase de ejecución, en virtud de que resulta suficiente para frenar el cumplimiento del laudo. Lo anterior se apoya en la tesis jurisprudencial PC.I.C. J/112 C (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo III, página 2108, que establece: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA AUTO ATRIBUCIÓN DEL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO A JUICIO ARBITRAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si procede el amparo indirecto contra la orden de ejecución de laudo arbitral en el que se haga valer la falta de llamamiento al juicio arbitral o si por el contrario, conforme al principio de definitividad que rige en los juicios de amparo, se debe agotar la excepción prevista en el artículo 635, fracción I, inciso b), del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, ante el Juez que conoce de la fase de ejecución del laudo arbitral. Criterio jurídico: El Pleno de Circuito establece que el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México prevé en el artículo 635, fracción I, inciso b), un medio de defensa contra la falta de llamamiento al juicio arbitral, el cual es el que deberá hacerse valer en la fase de ejecución, que se tramita ante el Juez competente de la jurisdicción donde se ventiló el procedimiento arbitral, en virtud de que resulta suficiente para poder frenar el cumplimiento del laudo, así una vez que se pronuncie dicho juzgador y una vez agotado dicho procedimiento ordinario, es que procederá juicio de amparo indirecto en contra de la determinación judicial que resuelva la excepción. Justificación: La excepción al principio de definitividad prevista en el inciso c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo que prevé la figura del tercero extraño equiparado a juicio no aplica en los procedimientos arbitrales, dado que para este tipo de procedimientos especiales (medios alternativos de solución de controversias) en donde el demandado expresó su voluntad en que para la solución del conflicto se acudiera a juicio arbitral, debe agotarse la vía ordinaria que prevé la oposición a la ejecución de laudo arbitral mediante la tramitación del incidente de oposición en el que se haga valer la excepción prevista en el artículo 635, fracción I, inciso b), del Código de Procedimientos Civiles local y de esta forma gozará de una instancia judicial adicional de plena jurisdicción, pues la fase de ejecución de laudo arbitral no es instantánea sino que requiere de un reconocimiento de laudo que se emite por un Juez del fuero común, el cual se actualizará si se cumplieron las reglas del procedimiento pues de lo contrario se negará el mismo y no podrá ejecutarse la sentencia, lo que además revela que no se deja en estado de indefensión al condenado en juicio arbitral pues en contra de esta última determinación, emitida ya por una autoridad judicial, es que procederá la acción constitucional de amparo en donde se analizará si fue correcta o no la determinación del operador jurídico en relación al análisis del llamamiento a juicio." También se invoca la jurisprudencia PC.I.C. J/111 C (10a.) del referido Pleno, Décima Época, en Materias(s): Común, Civil. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo III, página 2110, que dispone: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA FALTA DE LLAMAMIENTO AL JUICIO ARBITRAL, PUES EN LA VÍA DE APREMIO CONTRA DICHO ACTO, DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE DE OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL, EN EL QUE SE HAGA VALER LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 635, FRACCIÓN I, INCISO B), DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron criterios discrepantes al analizar si procede el amparo indirecto contra la orden de ejecución de laudo arbitral en el que se haga valer la falta de llamamiento al juicio arbitral o si por el contrario, conforme al principio de definitividad que rige en los juicios de amparo, se debe agotar la oposición a la ejecución del laudo, por medio de la excepción prevista en el artículo 635, fracción I, inciso b), del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, ante el Juez que conoce de la fase de ejecución del laudo arbitral. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer de Circuito establece que el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, prevé en el artículo 635, fracción I, inciso b), un medio de defensa contra la falta de llamamiento al juicio arbitral, el cual deberá hacerse valer en la fase de ejecución y tramitarse ante el Juez competente de la jurisdicción donde se ventiló el procedimiento arbitral, en virtud de que resulta suficiente para frenar el cumplimiento del laudo; así, una vez que se pronuncie dicho juzgador y agotado tal procedimiento ordinario, procederá el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación judicial que resuelva la excepción. Justificación: El procedimiento arbitral es un medio alternativo de solución de conflictos que consiste en el sometimiento voluntario de las partes a un árbitro, las cuales optan por la no intervención de la autoridad judicial, esencialmente por cuestiones de celeridad, pragmatismo y expeditez procesal. En ese sentido, aun y cuando para la ejecución del laudo se haga valer la vía de apremio, en la que el objetivo es despachar ejecución dentro de un plazo de cinco días, por lo que se lleva a cabo un embargo precautorio de bienes del vencido, aun en ese supuesto, existe la oportunidad para el justiciado de ser oído a través del incidente de oposición a la ejecución que se tramite, en el que se hará valer la excepción prevista en el artículo 635, fracción I, inciso b), del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que prevé la falta de llamamiento al juicio arbitral y tendrá como materia la acción excluyente de validez y ejecución de lo decidido, esto es, la nulidad del laudo arbitral, de la cual conocerá el Juez del fuero común, quien determinará en definitiva si se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento para reconocer la validez del laudo, lo que antes se conocía como homologación, y entonces de su resultado depende que se declare o no el cumplimiento total de lo sentenciado o, en su caso, la nulidad del mismo y, por tanto, la imposibilidad de la ejecución; momento procesal en el que procederá el juicio de amparo indirecto contra lo resuelto por dicha autoridad jurisdiccional, con lo que se da observancia al derecho de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el código adjetivo, al dotar de una acción de oposición al laudo arbitral mediante la promoción de un incidente en el que se haga valer alguna de las excepciones contenidas en el artículo 635 referido, racionaliza jurídicamente el hecho de que el legislador dispuso la manera en la que se puede impugnar una violación procesal o la falta de llamamiento a juicio sin desvirtuar la naturaleza y celeridad de los procedimientos seguidos en arbitraje; de ahí que al tener una naturaleza ágil y sencilla los procedimientos arbitrales, las cuestiones relativas a violaciones al procedimiento arbitral deben tener la misma naturaleza. Además, el indicado precepto del código de procedimientos no vulnera el derecho de acceso a la jurisdicción, porque no se imponen requisitos excesivos o innecesarios para acceder a los tribunales y por otro lado, el quejoso puede incoar contra la aludida determinación, un medio de defensa como el juicio de amparo, por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que prevé el principio de definitividad, no procede el amparo indirecto contra la falta de llamamiento a juicio arbitral, sino que debe agotarse el incidente de oposición a la ejecución en vía de apremio ante el Juez ordinario y en contra de dicha determinación es que procederá el amparo biinstancial." Luego, la fase en que se encuentra el asunto, después de culminado el arbitraje, es la de ejecución de laudo, para lo cual se instrumentó la vía de apremio conforme al citado artículo 500 de la Ley Procesal Civil para esta ciudad; de ahí que válidamente puede sostenerse que las resoluciones que se dictan no recaen dentro de un juicio (dado que éste fue sustituido voluntariamente por el arbitraje), sino en un procedimiento posterior establecido para ejecutar la decisión arbitral. Por sus consideraciones, se invoca la tesis I.15o.C.84 C (10a.) Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, en Materias(s): Común, Civil. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Marzo de 2022, Tomo IV, página 3559, que dispone: "VÍA DE APREMIO. LAS RESOLUCIONES TOMADAS DENTRO DE ÉSTA SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO, AL NO CONSTITUIR PROPIAMENTE UN JUICIO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo directo contra el proveído que desechó de plano la petición de ejecutar, en la vía de apremio, un convenio de reconocimiento de adeudo obtenido a través de un procedimiento de mediación civil-mercantil, conducido por un mediador privado y certificado por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que las resoluciones tomadas dentro de la vía de apremio son reclamables en el amparo indirecto, al no constituir propiamente un juicio. Justificación: Lo anterior, porque la vía de apremio es el procedimiento que emplean los tribunales para hacer efectivas las sentencias o convenios elevados a la categoría de cosa juzgada, ya que de conformidad con el artículo 500 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, ésta procede a instancia de parte y siempre que se trate de la ejecución, entre otros actos, de convenios emanados del procedimiento de mediación que cumplan con los requisitos previstos en la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México; de ahí que válidamente puede establecerse que las resoluciones que se dictan en ésta no se emiten en un juicio, sino en un procedimiento posterior establecido para ejecutar, entre otros actos jurídicos, los convenios emanados del procedimiento de mediación. Por tanto, si de conformidad con el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, el amparo directo procede contra sentencias definitivas, o bien, contra resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por las primeras, aquellas que lo deciden en lo principal y, por las segundas, las que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, es inconcuso que el amparo directo resulta improcedente, porque la resolución dictada en la vía de apremio, al ser un acto de autoridad dictado fuera de juicio (amplio sentido), no es una sentencia definitiva ni una resolución que haya puesto fin a un juicio, sin decidirlo en lo principal, sino que se ubica en lo dispuesto por el diverso artículo 107, fracción IV, conforme al cual, el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales ejecutados después de concluido el juicio, entre los que se encuentran los realizados en la vía de apremio." Precisado lo anterior, se tiene que conforme a la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con la fracción IV, del dispositivo 107, ambos de la Ley de Amparo, el juicio biinstancial procede contra aquéllos que se ejecuten fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución, sólo procederá contra la última resolución emitida en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; en caso de remates la que indistintamente ordena el otorgamiento de escritura de adjudicación o la entrega del bien. En el caso, además de la falta de llamamiento (cuyo reclamo es inviable en la instancia constitucional, por lo explicado) la parte demandante de amparo se duele de los actos de ejecución y desposesión emitidos en la vía de apremio. No obstante, el presente amparo es improcedente contra dichas actuaciones porque el lanzamiento, aún ejecutado, no es la última determinación en la etapa coactiva de cumplimiento, ni constituye algún caso de excepción que impacte directa y medularmente en un derecho sustantivo ajeno a lo decidido por el árbitro; pues incluso, cuando se recibió en los autos el resultado de la diligencia de lanzamiento de veintisiete de abril de dos mil veintidós, únicamente se agregó sin reconocer el cumplimiento total al laudo arbitral llevado a la vía de apremio. Lo cual se explica porque con esa determinación, sólo se concretó una de las partes propias de la condena, pues de acuerdo al contenido de la determinación arbitral de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, además de la entrega del departamento también se condenó al pago de los gastos arbitrales al cincuenta por ciento; pensiones rentísticas mensuales adeudadas; el pago de servicios instalados en el departamento y de la pena convencional; sin que de los autos se aprecie que estas prestaciones hayan sido devengadas o cuestionadas en la ejecución mediante excepción sustantiva, por ejemplo; y menos aún consta el reconocimiento del cumplimiento total o parcial de lo decidido, o la imposibilidad que haya para tal fin. Por tanto, ya que el negocio se encuentra en etapa de ejecución, en la vía de apremio planteada por la emisión de un laudo arbitral, y el lanzamiento está directamente relacionado a éste (como se colige de su segundo punto resolutivo); entonces resulta claro que no se está frente a la última resolución emitida en tal fase, puesto que aún no se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo decidido, ni se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirlo, ni la orden de archivo definitivo del expediente. Al efecto se invoca, por analogía, la tesis de jurisprudencia P./J. 108/2010 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, Registro: 163152. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia(s): Común, Página: 6, que dispone: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." También apoya a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 734 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, página 1204, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPAROS IMPROCEDENTES. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Consecuentemente, al no constituir el acto que reclama la parte quejosa, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, cobra vigencia la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa IV del precepto 107, ambos de la Ley de Amparo; por lo que procede SOBRESEER EL PRESENTE JUICIO. El sobreseimiento decretado, se hace extensivo a los actos que se reclaman de la autoridad responsable ejecutora, dado que no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Localizable en la página 339, Tomo VI, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial 1917-1995, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Atento a las consideraciones de este fallo, se hace innecesario realizar mayor prospección en relación a las causales de improcedencia invocadas en el trámite del presente asunto, pues basta la actualización de una sola para decretar el sobreseimiento. Lo cual encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/98 sustentada por la Segunda Sala dela Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, de agosto de 1998, página 414, en materia común, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto 407/2022, promovido por ..., contra actos del Juez Trigésimo Quinto Civil del Tribunal Superior de Justicia y Secretario de Seguridad Ciudadana, ambos de la Ciudad de México, por los motivos precisados en el último considerando. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe".
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día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 407/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado; y C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. En este acto se da cuenta con la promoción con folio 11069. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. Respecto del escrito de cuenta se tiene a ..., apoderado legal de la tercera interesada, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la ley de Amparo, apersonándose al presente juicio, por hechas su manifestaciones y por ofertadas las probanzas que refiere, las cuales seran consideradas en la etapa procesal oportuna, respecto a su petición de diferir la audiencia constitucional a fin de contar con diversas constancias, dígase que el suscrito ya cuenta con los elementos necesarios para resolver, de ahí que no sea procedente acordar su solicitud. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, donde la tercera interesada ofreció la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto. Se admiten y desahogan dada su especial naturaleza las pruebas indicadas. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se indica que la tercera interesada los formuló; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 407/2022, promovido por ..., contra actos del Juez Trigésimo Quinto Civil del Tribunal Superior de Justicia y Secretario de Seguridad Ciudadana, ambos de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Veintisiete de abril de dos mil veintidós, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. El asunto se admitió a trámite el veintinueve de abril de este año; dándose intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; requiriendo informe justificado a las responsables; y con llamamiento a la parte tercera interesada. Del proceso se advierte que la representante social de la Federación adscrita no formuló intervención, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se emplazó a la parte tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un Juzgado del orden común con sede en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisan los actos reclamados de la siguiente forma: De la lectura integral de demanda se advierte que la parte quejosa se ostenta tercera extraña equiparada a la vía de apremio ... del índice del Juzgado Trigésimo Quinto Civil de la Ciudad de México, es decir, aduce "no haber sido emplazada al juicio"; y se duele particularmente de la orden de desalojo respecto del inmueble ubicado en ... . Sin que pase desapercibido lo relativo al posible "destierro", sin embargo, de dicho reclamo rige la determinación desestimatoria decretada en el auto admisorio; y por ello no se considera como parte de los reclamos destacados de este juicio, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. TERCERO. Existencia. El Juez responsable aceptó la existencia de los actos reclamados, certeza corroborada con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta ciudad negó la existencia del acto reclamado, sin embargo, por su carácter de ejecutora, dicha negativa queda desvirtuada. CUARTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes que las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la legislación en cita. El juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con la fracción IV, del dispositivo 107, ambos de la Ley de Amparo; ya que la quejosa no tiene el carácter de tercera extraña para efectos del juicio de amparo; y los actos reclamados no constituyen la última resolución en el procedimiento de vía de apremio. En primer término es necesario explicar porque en este caso la quejosa carece del carácter de tercera extraña a juicio. La figura jurídica aludida se actualiza respecto de aquella persona distinta de los sujetos de la controversia que se ventila; es decir, es quien no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material pero que aduce un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Se equipara a esta figura, a quien siendo parte, alega desconocer el procedimiento incoado en su contra, como consecuencia de una irregularidad en el llamamiento. El evento primordial que da el carácter de tercero extraño, tanto a la persona que no ha figurado en juicio, como a quien, siendo parte, no fue emplazado o lo fue incorrectamente, es que están impedidos formalmente para entablar la defensa de sus intereses ante la autoridad común. Al respecto, se invoca la tesis de jurisprudencia P./J. 7/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, en Materias(s): Común, que dispone: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Para estos efectos, debe tomarse en consideración que la finalidad del llamamiento es la satisfacción del derecho fundamental de audiencia. Este mandamiento impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para cumplir con una serie de formalidades esenciales, previo a un acto de privación como puede ser la sentencia final de un negocio, entre ellas: Que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite. Se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones. Cuando se agote dicha etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes. Y que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Lo anterior conforme a la jurisprudencial 1a./J. 11/2014 (10a.) Primera Sala Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, página 396 Registro digital: 2005716 Décima Época, que dice: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." En la especie, no puede considerarse a la quejosa como una tercera extraña, dado que por la naturaleza del procedimiento de vía de apremio, el emplazamiento es una figura procesal superada (ya que se entiende que esta es una formalidad previa al acto privativo que puede entrañar el fallo definitivo); y es que conforme a la estructura legal de este procedimiento, la fase ejecutiva solo tiene lugar cuando existe cosa juzgada, esto es, cuando el negocio está decidido por sentencia o por laudo, como se colige del artículo 500 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, que dispone: "Artículo 500.- Procede la vía de apremio a instancia de parte, siempre que se trate de la ejecución de una sentencia o de un convenio celebrado en el juicio o en virtud de pacto comisorio expreso, ya sea por las partes o por terceros que hayan venido al juicio por cualquier motivo que sea. Esta disposición será aplicable en la ejecución de convenios celebrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor y la Procuraduría Social de la Ciudad de México, así como los laudos emitidos por dichas Procuradurías; en la ejecución de convenios emanados del procedimiento de mediación, incluidos los de mediación comunitaria prevista en las leyes de la Ciudad de México, que cumplan con los requisitos previstos en la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, y los celebrados ante los Juzgados Cívicos, tratándose de daños culposos causados con motivo del tránsito de vehículos." En esta tónica, lo que ocurrió en la especie, es que lo tradicional u ordinariamente concebido como proceso -y para lo cual se proyecta como formalidad esencial el emplazamiento-, fue llevado a cabo por un árbitro, quien resolvió el veintitrés de junio de dos mil veintiuno condenando a la aquí quejosa a diversas prestaciones generadas con motivo de la celebración de un contrato de arrendamiento; esto es, el litigio se llevó conforme al compromiso contractual que asumieron voluntariamente las partes. De este modo, el arbitraje fue el instrumento seleccionado por las partes para dirimir la posible controversia que se suscitara, el cual tiene validez y asidero para satisfacer el derecho de acceso a la justicia, conforme al propio texto de la Ley Suprema, gozando así de la misma protección y rango. Al respecto se cita el precedente 1a. XXXVI/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, en Materias(s): Constitucional, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I, página 438, que dispone: "ARBITRAJE. IMPLICACIONES NORMATIVAS DERIVADAS DE SU CONSTITUCIONALIZACIÓN A PARTIR DE LA REFORMA DE JUNIO DE 2008. El artículo 17 constitucional establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Sin embargo, esta prohibición no supone el otro extremo de que todas las controversias entre las personas deban resolverse a través de autoridades judiciales, pues también establece que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Por tanto, la solución constitucional es una intermedia: prevé que los tribunales estarán expeditos para administrar justicia, pero también que, de manera paralela, la ley deberá habilitar mecanismos alternativos. Con base en esta nueva arquitectura a partir de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, deben explicitarse algunas de las premisas interpretativas asumidas por este tribunal constitucional. En primer lugar, el arbitraje es una figura legislativa con relevancia constitucional. Por tanto, la ley que la regule debe considerarse reglamentaria del cuarto párrafo del artículo 17 constitucional. Relacionado con lo anterior, se debe cambiar la caracterización de la decisión de acceder a dicha institución, pues más que una renuncia de derechos constitucionales (de acceder a los tribunales), el arbitraje encierra el ejercicio afirmativo de libertades constitucionales que ameritan protección judicial. Ahora bien, respecto de las distintas posibilidades del ejercicio de esas libertades, el texto de la Constitución es neutro; ello implica que todos los mecanismos alternativos de solución de controversias gozan del mismo tipo de protección constitucional -por ejemplo, mediación, conciliación y arbitraje- y, por tanto, el legislador no está obligado a regular ninguno de ellos de manera preferente. Al relacionarse con el ejercicio de libertades, si las partes deciden acudir al arbitraje, deben hacerlo sobre la premisa de que el tribunal arbitral no es equiparable a una autoridad judicial desde la perspectiva constitucional." En este escenario, no es viable considerar a la quejosa como tercera extraña, pues se itera, lo que ocurrió fue que se llevó a cabo un arbitraje, y para efectos del juicio de amparo, dentro de ese procedimiento no es viable acoger la figura del tercero extraño, ya que la quejosa no está en indefensión, dado que el Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, prevé en el artículo 635, fracción I, inciso b), un medio de defensa contra la falta de llamamiento al juicio arbitral, el cual deberá hacerse valer en la fase de ejecución, en virtud de que resulta suficiente para frenar el cumplimiento del laudo. Lo anterior se apoya en la tesis jurisprudencial PC.I.C. J/112 C (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo III, página 2108, que establece: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA AUTO ATRIBUCIÓN DEL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO A JUICIO ARBITRAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si procede el amparo indirecto contra la orden de ejecución de laudo arbitral en el que se haga valer la falta de llamamiento al juicio arbitral o si por el contrario, conforme al principio de definitividad que rige en los juicios de amparo, se debe agotar la excepción prevista en el artículo 635, fracción I, inciso b), del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, ante el Juez que conoce de la fase de ejecución del laudo arbitral. Criterio jurídico: El Pleno de Circuito establece que el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México prevé en el artículo 635, fracción I, inciso b), un medio de defensa contra la falta de llamamiento al juicio arbitral, el cual es el que deberá hacerse valer en la fase de ejecución, que se tramita ante el Juez competente de la jurisdicción donde se ventiló el procedimiento arbitral, en virtud de que resulta suficiente para poder frenar el cumplimiento del laudo, así una vez que se pronuncie dicho juzgador y una vez agotado dicho procedimiento ordinario, es que procederá juicio de amparo indirecto en contra de la determinación judicial que resuelva la excepción. Justificación: La excepción al principio de definitividad prevista en el inciso c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo que prevé la figura del tercero extraño equiparado a juicio no aplica en los procedimientos arbitrales, dado que para este tipo de procedimientos especiales (medios alternativos de solución de controversias) en donde el demandado expresó su voluntad en que para la solución del conflicto se acudiera a juicio arbitral, debe agotarse la vía ordinaria que prevé la oposición a la ejecución de laudo arbitral mediante la tramitación del incidente de oposición en el que se haga valer la excepción prevista en el artículo 635, fracción I, inciso b), del Código de Procedimientos Civiles local y de esta forma gozará de una instancia judicial adicional de plena jurisdicción, pues la fase de ejecución de laudo arbitral no es instantánea sino que requiere de un reconocimiento de laudo que se emite por un Juez del fuero común, el cual se actualizará si se cumplieron las reglas del procedimiento pues de lo contrario se negará el mismo y no podrá ejecutarse la sentencia, lo que además revela que no se deja en estado de indefensión al condenado en juicio arbitral pues en contra de esta última determinación, emitida ya por una autoridad judicial, es que procederá la acción constitucional de amparo en donde se analizará si fue correcta o no la determinación del operador jurídico en relación al análisis del llamamiento a juicio." También se invoca la jurisprudencia PC.I.C. J/111 C (10a.) del referido Pleno, Décima Época, en Materias(s): Común, Civil. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo III, página 2110, que dispone: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA FALTA DE LLAMAMIENTO AL JUICIO ARBITRAL, PUES EN LA VÍA DE APREMIO CONTRA DICHO ACTO, DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE DE OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL, EN EL QUE SE HAGA VALER LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 635, FRACCIÓN I, INCISO B), DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron criterios discrepantes al analizar si procede el amparo indirecto contra la orden de ejecución de laudo arbitral en el que se haga valer la falta de llamamiento al juicio arbitral o si por el contrario, conforme al principio de definitividad que rige en los juicios de amparo, se debe agotar la oposición a la ejecución del laudo, por medio de la excepción prevista en el artículo 635, fracción I, inciso b), del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, ante el Juez que conoce de la fase de ejecución del laudo arbitral. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer de Circuito establece que el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, prevé en el artículo 635, fracción I, inciso b), un medio de defensa contra la falta de llamamiento al juicio arbitral, el cual deberá hacerse valer en la fase de ejecución y tramitarse ante el Juez competente de la jurisdicción donde se ventiló el procedimiento arbitral, en virtud de que resulta suficiente para frenar el cumplimiento del laudo; así, una vez que se pronuncie dicho juzgador y agotado tal procedimiento ordinario, procederá el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación judicial que resuelva la excepción. Justificación: El procedimiento arbitral es un medio alternativo de solución de conflictos que consiste en el sometimiento voluntario de las partes a un árbitro, las cuales optan por la no intervención de la autoridad judicial, esencialmente por cuestiones de celeridad, pragmatismo y expeditez procesal. En ese sentido, aun y cuando para la ejecución del laudo se haga valer la vía de apremio, en la que el objetivo es despachar ejecución dentro de un plazo de cinco días, por lo que se lleva a cabo un embargo precautorio de bienes del vencido, aun en ese supuesto, existe la oportunidad para el justiciado de ser oído a través del incidente de oposición a la ejecución que se tramite, en el que se hará valer la excepción prevista en el artículo 635, fracción I, inciso b), del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que prevé la falta de llamamiento al juicio arbitral y tendrá como materia la acción excluyente de validez y ejecución de lo decidido, esto es, la nulidad del laudo arbitral, de la cual conocerá el Juez del fuero común, quien determinará en definitiva si se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento para reconocer la validez del laudo, lo que antes se conocía como homologación, y entonces de su resultado depende que se declare o no el cumplimiento total de lo sentenciado o, en su caso, la nulidad del mismo y, por tanto, la imposibilidad de la ejecución; momento procesal en el que procederá el juicio de amparo indirecto contra lo resuelto por dicha autoridad jurisdiccional, con lo que se da observancia al derecho de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el código adjetivo, al dotar de una acción de oposición al laudo arbitral mediante la promoción de un incidente en el que se haga valer alguna de las excepciones contenidas en el artículo 635 referido, racionaliza jurídicamente el hecho de que el legislador dispuso la manera en la que se puede impugnar una violación procesal o la falta de llamamiento a juicio sin desvirtuar la naturaleza y celeridad de los procedimientos seguidos en arbitraje; de ahí que al tener una naturaleza ágil y sencilla los procedimientos arbitrales, las cuestiones relativas a violaciones al procedimiento arbitral deben tener la misma naturaleza. Además, el indicado precepto del código de procedimientos no vulnera el derecho de acceso a la jurisdicción, porque no se imponen requisitos excesivos o innecesarios para acceder a los tribunales y por otro lado, el quejoso puede incoar contra la aludida determinación, un medio de defensa como el juicio de amparo, por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que prevé el principio de definitividad, no procede el amparo indirecto contra la falta de llamamiento a juicio arbitral, sino que debe agotarse el incidente de oposición a la ejecución en vía de apremio ante el Juez ordinario y en contra de dicha determinación es que procederá el amparo biinstancial." Luego, la fase en que se encuentra el asunto, después de culminado el arbitraje, es la de ejecución de laudo, para lo cual se instrumentó la vía de apremio conforme al citado artículo 500 de la Ley Procesal Civil para esta ciudad; de ahí que válidamente puede sostenerse que las resoluciones que se dictan no recaen dentro de un juicio (dado que éste fue sustituido voluntariamente por el arbitraje), sino en un procedimiento posterior establecido para ejecutar la decisión arbitral. Por sus consideraciones, se invoca la tesis I.15o.C.84 C (10a.) Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, en Materias(s): Común, Civil. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Marzo de 2022, Tomo IV, página 3559, que dispone: "VÍA DE APREMIO. LAS RESOLUCIONES TOMADAS DENTRO DE ÉSTA SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO, AL NO CONSTITUIR PROPIAMENTE UN JUICIO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo directo contra el proveído que desechó de plano la petición de ejecutar, en la vía de apremio, un convenio de reconocimiento de adeudo obtenido a través de un procedimiento de mediación civil-mercantil, conducido por un mediador privado y certificado por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que las resoluciones tomadas dentro de la vía de apremio son reclamables en el amparo indirecto, al no constituir propiamente un juicio. Justificación: Lo anterior, porque la vía de apremio es el procedimiento que emplean los tribunales para hacer efectivas las sentencias o convenios elevados a la categoría de cosa juzgada, ya que de conformidad con el artículo 500 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, ésta procede a instancia de parte y siempre que se trate de la ejecución, entre otros actos, de convenios emanados del procedimiento de mediación que cumplan con los requisitos previstos en la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México; de ahí que válidamente puede establecerse que las resoluciones que se dictan en ésta no se emiten en un juicio, sino en un procedimiento posterior establecido para ejecutar, entre otros actos jurídicos, los convenios emanados del procedimiento de mediación. Por tanto, si de conformidad con el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, el amparo directo procede contra sentencias definitivas, o bien, contra resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por las primeras, aquellas que lo deciden en lo principal y, por las segundas, las que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, es inconcuso que el amparo directo resulta improcedente, porque la resolución dictada en la vía de apremio, al ser un acto de autoridad dictado fuera de juicio (amplio sentido), no es una sentencia definitiva ni una resolución que haya puesto fin a un juicio, sin decidirlo en lo principal, sino que se ubica en lo dispuesto por el diverso artículo 107, fracción IV, conforme al cual, el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales ejecutados después de concluido el juicio, entre los que se encuentran los realizados en la vía de apremio." Precisado lo anterior, se tiene que conforme a la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con la fracción IV, del dispositivo 107, ambos de la Ley de Amparo, el juicio biinstancial procede contra aquéllos que se ejecuten fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución, sólo procederá contra la última resolución emitida en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; en caso de remates la que indistintamente ordena el otorgamiento de escritura de adjudicación o la entrega del bien. En el caso, además de la falta de llamamiento (cuyo reclamo es inviable en la instancia constitucional, por lo explicado) la parte demandante de amparo se duele de los actos de ejecución y desposesión emitidos en la vía de apremio. No obstante, el presente amparo es improcedente contra dichas actuaciones porque el lanzamiento, aún ejecutado, no es la última determinación en la etapa coactiva de cumplimiento, ni constituye algún caso de excepción que impacte directa y medularmente en un derecho sustantivo ajeno a lo decidido por el árbitro; pues incluso, cuando se recibió en los autos el resultado de la diligencia de lanzamiento de veintisiete de abril de dos mil veintidós, únicamente se agregó sin reconocer el cumplimiento total al laudo arbitral llevado a la vía de apremio. Lo cual se explica porque con esa determinación, sólo se concretó una de las partes propias de la condena, pues de acuerdo al contenido de la determinación arbitral de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, además de la entrega del departamento también se condenó al pago de los gastos arbitrales al cincuenta por ciento; pensiones rentísticas mensuales adeudadas; el pago de servicios instalados en el departamento y de la pena convencional; sin que de los autos se aprecie que estas prestaciones hayan sido devengadas o cuestionadas en la ejecución mediante excepción sustantiva, por ejemplo; y menos aún consta el reconocimiento del cumplimiento total o parcial de lo decidido, o la imposibilidad que haya para tal fin. Por tanto, ya que el negocio se encuentra en etapa de ejecución, en la vía de apremio planteada por la emisión de un laudo arbitral, y el lanzamiento está directamente relacionado a éste (como se colige de su segundo punto resolutivo); entonces resulta claro que no se está frente a la última resolución emitida en tal fase, puesto que aún no se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo decidido, ni se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirlo, ni la orden de archivo definitivo del expediente. Al efecto se invoca, por analogía, la tesis de jurisprudencia P./J. 108/2010 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, Registro: 163152. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia(s): Común, Página: 6, que dispone: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." También apoya a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 734 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, página 1204, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPAROS IMPROCEDENTES. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Consecuentemente, al no constituir el acto que reclama la parte quejosa, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, cobra vigencia la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa IV del precepto 107, ambos de la Ley de Amparo; por lo que procede SOBRESEER EL PRESENTE JUICIO. El sobreseimiento decretado, se hace extensivo a los actos que se reclaman de la autoridad responsable ejecutora, dado que no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Localizable en la página 339, Tomo VI, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial 1917-1995, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Atento a las consideraciones de este fallo, se hace innecesario realizar mayor prospección en relación a las causales de improcedencia invocadas en el trámite del presente asunto, pues basta la actualización de una sola para decretar el sobreseimiento. Lo cual encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/98 sustentada por la Segunda Sala dela Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, de agosto de 1998, página 414, en materia común, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto 407/2022, promovido por ..., contra actos del Juez Trigésimo Quinto Civil del Tribunal Superior de Justicia y Secretario de Seguridad Ciudadana, ambos de la Ciudad de México, por los motivos precisados en el último considerando. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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