Sandra Astorga Garcia

Expediente 755/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
755/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
15/08/2018

Partes del expediente

  • Sandra Astorga Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos, el oficio proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en atención a su contenido, se provee lo siguiente: Se le tiene informando que por acuerdo de trece de agosto de dos mil dieciocho, dentro del juicio de amparo 1655/2018 de su índice, dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto. En tal virtud, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el presente asunto como concluido. Finalmente, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo del ordenamiento en cita.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de agosto de dos mil dieciocho FORMACIÓN Vista la demanda de amparo Sandra Astorga García, fórmese expediente y regístrese con el número 755/2018-E, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado INCOMPETENCIA En principio, cabe precisar que el acto que se combate en la presente instancia, es la omisión en que ha incurrido la autoridad señalada como responsable Comisión de Vigilancia y Visitaduría del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, de resolver la queja interpuesta por la aquí quejosa en contra del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla En atención a lo anterior, es evidente que el acto reclamado deriva de un procedimiento administrativo, el cual está sujeto a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, pues la comisión señalada como responsable es el órgano encargado de inspeccionar el funcionamiento y supervisar las conductas del personal de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Puebla, la cual entre otras atribuciones, tiene la de investigar las denuncias o quejas presentadas de oficio o a petición de parte interesada, previstas en la referida ley , como a continuación se expone En principio, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos Por lo que, en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano, se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida Así, tratándose del juicio constitucional, la Ley de Amparo en conjunto con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ha determinado diversos tipos de competencias para los jueces de distrito, entre las que destacan: a) Competencia por territorio b) Competencia por materia c) Competencia por grado; y, d) Competencia auxiliar Sobre este contexto, la competencia por razón de materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho En la República Mexicana, esa competencia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales civiles, administrativos, penales y laborales, entre otros, a cada uno de los cuales corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, con base en un análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, así como de dos elementos fundamentales: 1 La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados; y, 2 El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable Apoya a la anterior consideración la jurisprudencia P/J 83/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto, son: "COMPETENCIA POR MATERIA SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda" Precisado lo anterior, conviene citar el dispositivo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 51 Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" De la transcripción se aprecia, que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos:  Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial  Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal  Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito  Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal  Por denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal En el caso, el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: - La omisión en que ha incurrido la autoridad señalada como responsable Comisión de Vigilancia y Visitaduría del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, de resolver la queja interpuesta por la aquí quejosa en contra del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla Dicho acto no puede considerarse de naturaleza penal para efectos de determinar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer y resolver el juicio, pues no encuadra en alguna de las hipótesis previstas en el arábigo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación Lo anterior, en razón de que las resoluciones dictadas dentro de un procedimiento de investigación de la actuación de un servidor público, no tienen naturaleza penal, sino administrativa, toda vez que la finalidad del procedimiento está encaminada a verificar si dicha actuación se realizó con apego a los principios que rigen la función desempeñada En efecto, conviene precisar lo dispuesto en los artículos 88, 101 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, que a la letra dicen: "Artículo 88 El Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo del Poder Judicial, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, encargado de la administración, vigilancia, disciplina, selección y carrera judicial, en los términos que la presente ley y su reglamento dispongan" "Artículo 101 El Consejo de la Judicatura estará conformado por las comisiones que sean necesarias para la realización de sus fines, contando por lo menos con las siguientes: I Comisión de Administración y Presupuesto; II Comisión de Vigilancia y Visitaduría, y III Comisión de Disciplina" "Artículo 111 La Comisión de Vigilancia y Visitaduría es el órgano encargado de inspeccionar el funcionamiento y supervisar las conductas del personal de los órganos jurisdiccionales, la cual contará con las siguientes atribuciones: I Vigilar el cumplimiento de los programas institucionales, así como proponer las medidas pertinentes para el óptimo funcionamiento del Poder Judicial; II Vigilar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales conforme a la presente Ley y demás disposiciones aplicables; III Investigar las denuncias o quejas presentadas de oficio o a petición de parte interesada, previstas por la presente ley; IV Investigar las posibles irregularidades de las que tenga conocimiento, y de resultar procedente, remitir el informe de presunta responsabilidad a la Comisión de Disciplina para la substanciación del procedimiento correspondiente; V Ordenar y practicar visitas administrativas a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, conforme al calendario aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura y en términos de lo dispuesto por el reglamento correspondiente; VI Informar al Pleno del Consejo de la Judicatura el resultado de las visitas ordinarias o extraordinarias; VII Informar al Pleno del Consejo de la Judicatura el proyecto de resolución de conclusión o archivo del expediente de investigación, sometiéndolo a su consideración para su discusión y aprobación definitiva; VIII Informar a la Comisión de Administración y de Presupuesto, los requerimientos materiales y humanos que resulten necesarios para la mejor administración de justicia, y IX Las demás que expresamente le confiera esta ley y demás disposiciones aplicables (.) De las anteriores transcripciones, se advierte que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla es el órgano administrativo con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, encargado de la administración, vigilancia, disciplina, selección y carrera judicial Dicho Consejo se conforma de diversas comisiones para la realización de sus fines, entre las que se encuentra la Comisión de Vigilancia y Visitaduría, quien tiene la atribución de investigar las denuncias o quejas presentadas de oficio o a petición de parte interesada Por tanto, al tratarse de una omisión atribuida a la referida comisión, corresponde al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales, en turno, en el Estado de Puebla, conocer del asunto cuya omisión reclama la quejosa Es así, pues el procedimiento disciplinario seguido en razón de la actuación del servidor público con motivo de su omisión de señalar día y hora para la celebración de la audiencia de control solicitada por la aquí quejosa, no tiene como objeto la revisión del procedimiento penal en calidad de segunda instancia, sino que se ciñe únicamente a la revisión de la actuación del juez de control sujeto a la queja En ese entendido, al presentarse una queja por presuntas irregularidades atribuidas a la actuación de un servidor público adscrito a un órgano jurisdiccional del Poder Judicial del Estado de Puebla, se forma un expediente, el cual tiene como finalidad determinar si el servidor público incurrió en alguna causa de responsabilidad y, en su caso, imponer la sanción correspondiente Por lo que, el procedimiento que se instruye en razón de la interposición de una queja en contra de la actuación de un servidor público adscrito a un órgano jurisdiccional del Poder Judicial del Estado de Puebla, dentro de la tramitación de algún procedimiento jurisdiccional, tiene una naturaleza distinta a la que corresponde al propio procedimiento en el cual se originaron los hechos, ya que es llevado a cabo por una autoridad de naturaleza administrativa Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SEGUIDO CONTRA UN SERVIDOR ADSCRITO AL MINISTERIO PÚBLICO, CON MOTIVO DE SU ACTUACIÓN EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA La averiguación previa, junto con las diligencias judiciales, integran un todo indivisible que constituye el procedimiento penal y, por tanto, los actos o abstenciones que tengan lugar durante su integración corresponden a esta última materia En cambio, el procedimiento derivado de la interposición de una queja en contra de un Agente del Ministerio Público, o de un servidor adscrito a este último órgano, con motivo de una posible actuación irregular durante la averiguación previa, tiene una naturaleza administrativa En efecto, el procedimiento disciplinario se ciñe únicamente a verificar que la actuación materia de la queja se apegue a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el desempeño de todos los servidores públicos a que se refieren los artículos 108 y 109, fracción III, de la Constitución General y, por tanto, de resultar fundada, da lugar a la imposición de sanciones también de carácter administrativo, tales como la amonestación pública o privada, la suspensión, la remoción del cargo, sanciones económicas o la inhabilitación para ocupar cargos, empleos o comisiones en el sector público En este orden de ideas, el procedimiento disciplinario seguido en razón de la actuación del servidor público con motivo de la integración de la averiguación previa, no tiene como objeto la revisión del procedimiento penal en calidad de segunda instancia, sino que se ciñe únicamente a la revisión de la actuación del servidor público sujeto a la queja o denuncia Por lo que se refiere a la autoridad que instruye el procedimiento e impone las sanciones, ésta también es administrativa, ya que tratándose de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, corresponde a la Contraloría General del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, por conducto de la Contraloría Interna en la misma Procuraduría, imponer a los servidores públicos de la institución las sanciones administrativas a que haya lugar, en términos del artículo 76 de la Ley Orgánica respectiva; y con respecto a la Federación, compete a la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República tramitar las quejas que se presenten por presuntas irregularidades o por el incumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos de dicha institución, en términos del artículo 21 de la Ley orgánica de dicha Procuraduría Consecuentemente, con apoyo en lo establecido en el artículo 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde a un Juzgado de Amparo en Materia Administrativa conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra una resolución dictada dentro del procedimiento administrativo de queja por irregularidades o incumplimiento de las obligaciones a las que se encuentran sujetos los servidores públicos mencionados, aun cuando se aduzca que las mismas se cometieron durante la integración de una averiguación previa" En ese contexto, al reclamarse un acto a una autoridad de naturaleza administrativa, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de éste, corresponde ser analizada por un Juez de Distrito en Materia Administrativa, conforme a lo establecido por el artículo 52, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 52- Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: (I a III.) IV De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III de artículo anterior en lo conducente; y" No se soslaya, que la aquí quejosa aduce que interpuso la queja cuya omisión de resolver reclama, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales , derivado de la omisión del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Región Centro, con sede en la ciudad de Puebla, de señalar día y hora para la celebración de la audiencia de control solicitada por escrito de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, relativo a la carpeta de investigación CDI 112/2017/FFCC/UIA-I Sin embargo, dicha circunstancia no finca competencia a esta autoridad Federal, pues la queja en comento no fue tramitada conforme a las reglas previstas en el citado numeral, dado que la peticionaria de amparo la interpuso directamente ante la Comisión de Vigilancia y Visitaduría del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, y no ante el juez de control omiso como lo prevé el código adjetivo invocado Además, la referida normativa prevé que el órgano competente para resolver el recurso de queja, será un órgano jurisdiccional y no uno administrativo, como en el caso acontece Por tanto, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio, en razón de que el acto reclamado concierne a la materia administrativa, especialidad diversa a la de este órgano de control constitucional, por lo cual se estima que la competencia para conocer del presente juicio, se surte a favor del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales, en turno, en el Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales, 33, fracción IV y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 y 52, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación Consecuentemente, se ordena remitir los autos que integran el presente expediente de amparo 755/2018-E, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que por su conducto, lo turne al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales, en turno, en el Estado de Puebla; y, se le solicita respetuosamente, se sirva informar la determinación que adopte respecto de si acepta o no la competencia planteada, así como el acuse de recibo correspondiente Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito; fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido DOMICILIO Se tiene como domicilio convencional de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indicó en su demanda de amparo AUTORIZADOS Se tienen como autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a las personas indicadas, por así haberlo solicitado expresamente la quejosa SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley de Transparencia, sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información DIGITALIZACIÓN Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico

  3. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE NUEVE DE AGOSTO DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, nueve de agosto de dos mil dieciocho FORMACIÓN Vista la demanda de amparo Sandra Astorga García, fórmese expediente y regístrese con el número 755/2018-E, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado INCOMPETENCIA En principio, cabe precisar que el acto que se combate en la presente instancia, es la omisión en que ha incurrido la autoridad señalada como responsable Comisión de Vigilancia y Visitaduría del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, de resolver la queja interpuesta por la aquí quejosa en contra del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla En atención a lo anterior, es evidente que el acto reclamado deriva de un procedimiento administrativo, el cual está sujeto a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, pues la comisión señalada como responsable es el órgano encargado de inspeccionar el funcionamiento y supervisar las conductas del personal de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Puebla, la cual entre otras atribuciones, tiene la de investigar las denuncias o quejas presentadas de oficio o a petición de parte interesada, previstas en la referida ley , como a continuación se expone En principio, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos Por lo que, en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano, se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida Así, tratándose del juicio constitucional, la Ley de Amparo en conjunto con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ha determinado diversos tipos de competencias para los jueces de distrito, entre las que destacan: a) Competencia por territorio b) Competencia por materia c) Competencia por grado; y, d) Competencia auxiliar Sobre este contexto, la competencia por razón de materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho En la República Mexicana, esa competencia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales civiles, administrativos, penales y laborales, entre otros, a cada uno de los cuales corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, con base en un análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, así como de dos elementos fundamentales: 1 La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados; y, 2 El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable Apoya a la anterior consideración la jurisprudencia P/J 83/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto, son: "COMPETENCIA POR MATERIA SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda" Precisado lo anterior, conviene citar el dispositivo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 51 Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" De la transcripción se aprecia, que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos:  Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial  Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal  Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito  Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal  Por denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal En el caso, el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: - La omisión en que ha incurrido la autoridad señalada como responsable Comisión de Vigilancia y Visitaduría del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, de resolver la queja interpuesta por la aquí quejosa en contra del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla Dicho acto no puede considerarse de naturaleza penal para efectos de determinar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer y resolver el juicio, pues no encuadra en alguna de las hipótesis previstas en el arábigo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación Lo anterior, en razón de que las resoluciones dictadas dentro de un procedimiento de investigación de la actuación de un servidor público, no tienen naturaleza penal, sino administrativa, toda vez que la finalidad del procedimiento está encaminada a verificar si dicha actuación se realizó con apego a los principios que rigen la función desempeñada En efecto, conviene precisar lo dispuesto en los artículos 88, 101 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, que a la letra dicen: "Artículo 88 El Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo del Poder Judicial, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, encargado de la administración, vigilancia, disciplina, selección y carrera judicial, en los términos que la presente ley y su reglamento dispongan" "Artículo 101 El Consejo de la Judicatura estará conformado por las comisiones que sean necesarias para la realización de sus fines, contando por lo menos con las siguientes: I Comisión de Administración y Presupuesto; II Comisión de Vigilancia y Visitaduría, y III Comisión de Disciplina" "Artículo 111 La Comisión de Vigilancia y Visitaduría es el órgano encargado de inspeccionar el funcionamiento y supervisar las conductas del personal de los órganos jurisdiccionales, la cual contará con las siguientes atribuciones: I Vigilar el cumplimiento de los programas institucionales, así como proponer las medidas pertinentes para el óptimo funcionamiento del Poder Judicial; II Vigilar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales conforme a la presente Ley y demás disposiciones aplicables; III Investigar las denuncias o quejas presentadas de oficio o a petición de parte interesada, previstas por la presente ley; IV Investigar las posibles irregularidades de las que tenga conocimiento, y de resultar procedente, remitir el informe de presunta responsabilidad a la Comisión de Disciplina para la substanciación del procedimiento correspondiente; V Ordenar y practicar visitas administrativas a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, conforme al calendario aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura y en términos de lo dispuesto por el reglamento correspondiente; VI Informar al Pleno del Consejo de la Judicatura el resultado de las visitas ordinarias o extraordinarias; VII Informar al Pleno del Consejo de la Judicatura el proyecto de resolución de conclusión o archivo del expediente de investigación, sometiéndolo a su consideración para su discusión y aprobación definitiva; VIII Informar a la Comisión de Administración y de Presupuesto, los requerimientos materiales y humanos que resulten necesarios para la mejor administración de justicia, y IX Las demás que expresamente le confiera esta ley y demás disposiciones aplicables (.) De las anteriores transcripciones, se advierte que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla es el órgano administrativo con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, encargado de la administración, vigilancia, disciplina, selección y carrera judicial Dicho Consejo se conforma de diversas comisiones para la realización de sus fines, entre las que se encuentra la Comisión de Vigilancia y Visitaduría, quien tiene la atribución de investigar las denuncias o quejas presentadas de oficio o a petición de parte interesada Por tanto, al tratarse de una omisión atribuida a la referida comisión, corresponde al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales, en turno, en el Estado de Puebla, conocer del asunto cuya omisión reclama la quejosa Es así, pues el procedimiento disciplinario seguido en razón de la actuación del servidor público con motivo de su omisión de señalar día y hora para la celebración de la audiencia de control solicitada por la aquí quejosa, no tiene como objeto la revisión del procedimiento penal en calidad de segunda instancia, sino que se ciñe únicamente a la revisión de la actuación del juez de control sujeto a la queja En ese entendido, al presentarse una queja por presuntas irregularidades atribuidas a la actuación de un servidor público adscrito a un órgano jurisdiccional del Poder Judicial del Estado de Puebla, se forma un expediente, el cual tiene como finalidad determinar si el servidor público incurrió en alguna causa de responsabilidad y, en su caso, imponer la sanción correspondiente Por lo que, el procedimiento que se instruye en razón de la interposición de una queja en contra de la actuación de un servidor público adscrito a un órgano jurisdiccional del Poder Judicial del Estado de Puebla, dentro de la tramitación de algún procedimiento jurisdiccional, tiene una naturaleza distinta a la que corresponde al propio procedimiento en el cual se originaron los hechos, ya que es llevado a cabo por una autoridad de naturaleza administrativa Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SEGUIDO CONTRA UN SERVIDOR ADSCRITO AL MINISTERIO PÚBLICO, CON MOTIVO DE SU ACTUACIÓN EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA La averiguación previa, junto con las diligencias judiciales, integran un todo indivisible que constituye el procedimiento penal y, por tanto, los actos o abstenciones que tengan lugar durante su integración corresponden a esta última materia En cambio, el procedimiento derivado de la interposición de una queja en contra de un Agente del Ministerio Público, o de un servidor adscrito a este último órgano, con motivo de una posible actuación irregular durante la averiguación previa, tiene una naturaleza administrativa En efecto, el procedimiento disciplinario se ciñe únicamente a verificar que la actuación materia de la queja se apegue a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el desempeño de todos los servidores públicos a que se refieren los artículos 108 y 109, fracción III, de la Constitución General y, por tanto, de resultar fundada, da lugar a la imposición de sanciones también de carácter administrativo, tales como la amonestación pública o privada, la suspensión, la remoción del cargo, sanciones económicas o la inhabilitación para ocupar cargos, empleos o comisiones en el sector público En este orden de ideas, el procedimiento disciplinario seguido en razón de la actuación del servidor público con motivo de la integración de la averiguación previa, no tiene como objeto la revisión del procedimiento penal en calidad de segunda instancia, sino que se ciñe únicamente a la revisión de la actuación del servidor público sujeto a la queja o denuncia Por lo que se refiere a la autoridad que instruye el procedimiento e impone las sanciones, ésta también es administrativa, ya que tratándose de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, corresponde a la Contraloría General del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, por conducto de la Contraloría Interna en la misma Procuraduría, imponer a los servidores públicos de la institución las sanciones administrativas a que haya lugar, en términos del artículo 76 de la Ley Orgánica respectiva; y con respecto a la Federación, compete a la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República tramitar las quejas que se presenten por presuntas irregularidades o por el incumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos de dicha institución, en términos del artículo 21 de la Ley orgánica de dicha Procuraduría Consecuentemente, con apoyo en lo establecido en el artículo 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde a un Juzgado de Amparo en Materia Administrativa conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra una resolución dictada dentro del procedimiento administrativo de queja por irregularidades o incumplimiento de las obligaciones a las que se encuentran sujetos los servidores públicos mencionados, aun cuando se aduzca que las mismas se cometieron durante la integración de una averiguación previa" En ese contexto, al reclamarse un acto a una autoridad de naturaleza administrativa, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de éste, corresponde ser analizada por un Juez de Distrito en Materia Administrativa, conforme a lo establecido por el artículo 52, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 52- Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: (I a III.) IV De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III de artículo anterior en lo conducente; y" No se soslaya, que la aquí quejosa aduce que interpuso la queja cuya omisión de resolver reclama, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales , derivado de la omisión del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Región Centro, con sede en la ciudad de Puebla, de señalar día y hora para la celebración de la audiencia de control solicitada por escrito de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, relativo a la carpeta de investigación CDI 112/2017/FFCC/UIA-I Sin embargo, dicha circunstancia no finca competencia a esta autoridad Federal, pues la queja en comento no fue tramitada conforme a las reglas previstas en el citado numeral, dado que la peticionaria de amparo la interpuso directamente ante la Comisión de Vigilancia y Visitaduría del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, y no ante el juez de control omiso como lo prevé el código adjetivo invocado Además, la referida normativa prevé que el órgano competente para resolver el recurso de queja, será un órgano jurisdiccional y no uno administrativo, como en el caso acontece Por tanto, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio, en razón de que el acto reclamado concierne a la materia administrativa, especialidad diversa a la de este órgano de control constitucional, por lo cual se estima que la competencia para conocer del presente juicio, se surte a favor del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales, en turno, en el Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales, 33, fracción IV y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 y 52, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación Consecuentemente, se ordena remitir los autos que integran el presente expediente de amparo 755/2018-E, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que por su conducto, lo turne al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales, en turno, en el Estado de Puebla; y, se le solicita respetuosamente, se sirva informar la determinación que adopte respecto de si acepta o no la competencia planteada, así como el acuse de recibo correspondiente Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito; fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido DOMICILIO Se tiene como domicilio convencional de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indicó en su demanda de amparo AUTORIZADOS Se tienen como autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a las personas indicadas, por así haberlo solicitado expresamente la quejosa SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley de Transparencia, sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información DIGITALIZACIÓN Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico

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