Sandra Astorga Garcia

Expediente 1030/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1030/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
06/02/2019

Partes del expediente

  • Sandra Astorga Garcia
  • Agente del Ministerio Público Federal de la Adscripción

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diez de enero de dos mil diecinueve, misma que sobreseyó en el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. No pasa inadvertido para el suscrito Juez de Distrito que no obra en autos la constancia de notificación a la autoridad responsable 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal de la Región Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, de la sentencia dictada en el presente juicio; sin embargo, no es óbice a lo acordado en el párrafo que antecede, pues la aludida sentencia no perjudica de alguna manera a dicha autoridad, ya que se sobreseyó el presente juicio, y sólo están legitimados para interponer el recurso de revisión las partes a quienes aquélla resulte desfavorable la determinación definitiva que se emita dentro del juicio de amparo. Apoya a lo anterior las siguientes tesis aisladas: REVISIÓN IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique. RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de cada una de ellas se hubiere reclamado (artículo 87 de la misma ley). En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En diverso aspecto, ya que resulta innecesario conservar el disco versátil digital que remitió la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, se ordena su devolución, debiéndose dejar hoja de sustitución en la foja ochenta y dos de autos; y, se le requiere para que, en el plazo de veinticuatro horas computado legalmente, acuse recibo de aquel. Con el apercibimiento que en caso de no cumplir con el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por Sandra Astorga García, contra los actos reclamados a la autoridad responsable Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla (Karla Patricia Ambrocio Vargas), precisados en los incisos a) y b) del considerando segundo de esta sentencia y por los motivos expuestos en los considerandos tercero, apartado A, y cuarto del propio fallo. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Intégrese a sus autos el oficio signado por la 1. Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, a través del cual -en alcance a su informe justificado recibido el once de diciembre pasado- remite el disco versátil digital que contiene el registro audiovisual de la audiencia de trece de diciembre de dos mil dieciocho, celebrada en los autos de la carpeta administrativa 29/2018/CJP/SAN MARTÍN. Ante ello, con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de su parte, la cual se desahoga dada su propia y especial naturaleza. Sin que haya lugar a señalar fecha para que el disco versátil digital remitido sea reproducido en audiencia pública, pues dicha probanza se desahoga por sí misma, al tener -como se indicó- el carácter de prueba documental. Se cita por su aplicabilidad, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido se citan a continuación: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Guárdese en un sobre cerrado el disco versátil digital que acompaña, mismo que se glosa al presente expediente, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el INFORME JUSTIFICADO rendido por la autoridad responsable 1. Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla: Karla Patricia Ambrocio Vargas; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional. En ese orden, con fundamento en el artículo 117, párrafo quinto, en relación con el diverso 119, ambos de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la citada autoridad, la documental que acompaña al oficio de cuenta, la cual se desahoga dada su propia y especial naturaleza. En diverso aspecto, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, se tiene con el carácter de autoridad tercera interesada al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción "A" Quinta Mesa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la citada Ley, se ordena sea emplazado al presente juicio constitucional por medio de oficio que se gire para tal efecto, anexándole copia autorizada de la demanda de amparo, y del auto admisorio. Finalmente, y tomando en consideración que fueron señaladas las nueve horas con diez minutos del diecisiete de diciembre próximo (foja 24 vuelta), para la celebración de la audiencia constitucional, resulta evidente que para esa data no se encontrará debidamente integrado el presente juicio de amparo; en tal virtud, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantías consagradas en el artículo 17 Constitucional, procede diferirla anticipadamente; y, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración.

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