Sandra Astorga Garcia

Expediente 396/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
396/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
28/06/2019

Partes del expediente

  • Sandra Astorga Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada el once de junio de dos mil diecinueve, que sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió el 1. Magistrado de la Séptima Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvansele el anexo I y los tres discos versátiles digitales, sin que sea necesario requerir el acuse de recibo correspondiente, toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de los documentos descritos.

  2. Principal

    Primero. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Sandra Astorga García, contra el acto reclamado a la autoridad Séptima Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en términos del considerado quinto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos se aprecia que en proveído de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve (fojas 131 y 132) se reservó acordar el escrito de la quejosa Sandra Astorga García, por medio del cual señaló como nuevo acto reclamado el consistente en la resolución de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, en la cual confirmó la negativa de la orden de aprehensión, de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, pronunciada por el Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, en la causa penal 10/2019/SAN MARTIN, al considerar que los hechos señalados no tuvieron el alcance para justificar bajo un estándar mínimo el delito de abuso de autoridad, lo cual constituye una causal de sobreseimiento; dictada en el toca penal 8/2019, del índice de la Séptima Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Por tanto, este juzgador considera que la competencia para conocer de dicho planteamiento, se surte a favor de los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con los artículos 34, 47, párrafo primero, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; específicamente, su conocimiento corresponde al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, residente en esta ciudad. Dichos numerales disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; (.)" Los artículos transcritos clarifican que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados; por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento. Asimismo, definen sentencia definitiva como aquélla que decide el juicio en lo principal, y respecto de la cual las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por la que pueda ser modificada o revocada. En tanto que las resoluciones que ponen fin al juicio son aquellas (sentencias, interlocutorias o autos) que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido; esto es, que sin dirimir la controversia principal, dan por terminada la contienda judicial. Finalmente, disponen que cuando ante el Juez de Distrito se presente una demanda de amparo contra una sentencia definitiva o laudo, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, dicho Juzgado se declarará legalmente incompetente de plano y la remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Por otra parte, resulta pertinente resaltar que la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en jurisprudencias definidas ha sostenido el criterio de que las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán impugnarse por medio del juicio de amparo directo por la víctima u ofendido del delito; por lo que el auto de libertad impugnable a través de dicho juicio uniinstancial es el que decreta la libertad absoluta del inculpado y no el que lo hace con restricciones de ley, pues este último permite al Ministerio Público allegarse de nuevos datos suficientes, para que con esta aportación se proceda contra el inculpado, reanudándose así el proceso penal. Dichos criterios son los siguientes: "AMPARO DIRECTO CONTRA LOS AUTOS QUE SE REFIERAN A LA LIBERTAD DEL IMPUTADO. CUANDO LO PROMUEVE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, SÓLO PROCEDE SI DECRETAN LA LIBERTAD ABSOLUTA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO). La porción normativa referida, al prever que, en materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán impugnarse por medio del juicio de amparo directo por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de la propia ley, más que una diferencia en las reglas de procedencia del amparo directo o un supuesto de excepcionalidad a su principio base de definitividad, constituye un reconocimiento legal de la legitimación activa de las víctimas y los ofendidos de un delito para objetar los autos referidos a la libertad del inculpado, que debe de guardar una lógica y sistematicidad con el resto de las normas que regulan el ámbito de procedencia del juicio de amparo directo. Así, dado que este medio de control procede únicamente contra las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin a un juicio, el auto de libertad impugnable a través del mismo por las víctimas u ofendidos del delito sólo puede ser el que cumpla con esas características, como lo es el auto que decreta la libertad absoluta del inculpado y no el que lo haga con restricciones de ley, según precedentes de esta Suprema Corte cuyas consideraciones no se han visto trastocadas con la emisión de la Ley de Amparo vigente (en específico el criterio reflejado en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 10/2007; (1) consecuentemente, en relación con el resto de las resoluciones de término constitucional derivadas de la consignación de una persona ante autoridad jurisdiccional, la vía procedente, en su caso y si se cumplen los requisitos correspondientes, sería el juicio de amparo indirecto. Lo anterior, bajo la premisa de que para efectos de la procedencia del juicio de amparo que corresponda, será necesario agotar por parte de las víctimas u ofendidos los recursos ordinarios que puedan modificar o revocar dichos autos de libertad, siempre y cuando la legislación adjetiva aplicable les haya otorgado legitimación para interponer el respectivo medio de impugnación." "AUTO DE LIBERTAD BAJO RESERVA DE LEY POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR. NO ES UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCESO PENAL, POR LO QUE NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN SU CONTRA. El auto de libertad por falta de elementos para procesar, bajo reserva de ley, se dicta cuando no se acreditó algún elemento del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado. Por lo que el término "bajo reserva de ley", permite al Ministerio Público allegarse de nuevos datos suficientes, para que con esta aportación se proceda contra el inculpado, reanudándose así el proceso penal. En consecuencia, dicha resolución no pone fin o concluye el proceso penal, por lo que, en su contra, no procede el juicio de amparo directo, al no tratarse de una resolución que pone fin al juicio, de conformidad con lo establecido en los artículos 44, en relación con el diverso 46, último párrafo y 158 de la Ley de Amparo." En la ejecutoria de la segunda jurisprudencia citada, se advierte, en lo de interés, lo siguiente: "(.) el auto de libertad por falta de elementos para procesar, bajo reservas de ley, se debe emitir cuando el Juez estima, al determinar la situación jurídica del individuo en setenta y dos horas siguientes a su detención, que no se acreditó algún elemento del cuerpo del delito que se imputa o de la probable responsabilidad del indiciado, que hace imposible el que se le sujete a proceso penal. Es de señalarse que el auto referido, si bien, tiene como consecuencia la libertad del individuo, ello no implica que el proceso penal haya concluido; toda vez que, precisamente, el término bajo las reservas de ley, tiene como consecuencia el que el proceso penal quede en suspenso y abre la posibilidad para que el Ministerio Público, al allegarse de acervo probatorio suficiente para acreditar el cuerpo del delito, o para establecer la probable responsabilidad del indiciado, reanude el proceso penal. En cuanto al auto de libertad absoluta es preciso señalar que constituye una excepción a la regla general, esto es, que en la práctica decretar este auto tiene como presupuesto, por ejemplo, el que se demuestre que el delito ha prescrito, que existe una causa de exclusión de responsabilidad o que se demuestre a través de una prueba indubitable que el indiciado no es probable responsable de la comisión del delito por el que se intentaba sujetarle al proceso. (.) De lo anterior, se debe considerar que para justificar -la autoridad judicial- la detención ante ésta de un indiciado, es necesario la emisión de un acto en el que se establezca que los datos emanados de la averiguación previa, que presenta el Ministerio Público para acreditar el cuerpo del delito (elementos normativos y objetivos del tipo penal) y la probable responsabilidad (elemento subjetivo del tipo penal), son suficientes para sujetarlo a proceso. Consecuentemente, cuando el Ministerio Público en su pliego consignatorio no adjunte el acervo probatorio suficiente, tal y como se indicó en el párrafo precedente, tanto para comprobar el cuerpo del delito como para hacer probable la responsabilidad del indiciado, ello tendrá como consecuencia el que se dicte un auto de libertad por falta de elementos para procesar, bajo reserva de ley. Ahora bien, la consecuencia que conlleva el dictado del auto referido, es que el Ministerio Público esté en posibilidad de allegarse de nuevo acervo probatorio suficiente, para acreditar con plenitud el cuerpo del delito o para establecer la probable responsabilidad del indiciado, es decir, con la emisión de dicho auto se permite a la autoridad ministerial buscar nuevos datos para subsanar la falta o el error cometido en la indagatoria y su posterior consignación del indiciado, sin que ello implique que vuelva a ejercer acción penal en su contra, pues materialmente ya está formada una causa penal. Situación esta que tiene como consecuencia necesaria el que se reanude el proceso penal incoado en contra del indiciado, pues ya no es necesario solicitar la aprehensión del mismo, siendo bastante el hecho que, desde un principio, haya puesto en ejercicio su actividad persecutoria ejerciendo acción penal. Apoya lo anterior, el criterio aislado emitido por esta Primera Sala, cuyo rubro y texto, son los que a continuación se precisan: "LIBERTAD POR FALTA DE MÉRITOS. Cuando por resolución del tribunal de alzada, se revoca el auto de formal prisión en contra del indiciado, por no encontrar méritos suficientes para su presunta responsabilidad y se le pone en libertad, con las reservas de ley, si con posterioridad aparecen datos en contra del mismo indiciado, que ameriten la formal prisión, el Juez del proceso está constitucionalmente capacitado para decretarla, sin necesidad de que el agente del Ministerio Público ejercite de nuevo la acción penal, solicitando la aprehensión, siendo bastante el hecho de que desde un principio haya puesto en ejercicio su actividad persecutoria". Lo anterior, permite considerar que el auto de libertad por falta de elementos para procesar, bajo la reserva de ley, dictado por el Tribunal de apelación, al revocar el auto de formal prisión, no es una resolución que ponga fin al juicio, pues precisamente, el término bajo reserva de ley, permite que el Ministerio Público se allegue de nuevos datos para subsanar el error o falta cometidos en la indagatoria y consignación realizada (como se dijo, por falta de comprobación de algún elemento del cuerpo del delito, o de la probable responsabilidad del indiciado) lo que implica la reanudación del mismo proceso penal. Así, podemos señalar que el auto de libertad por falta de elementos para procesar, bajo reserva de ley, se dicta sin perjuicio de que por datos que hagan prueba plena se proceda contra el inculpado, pues dicho auto no reviste la calidad de verdad legal, puesto que no pone fin al proceso penal instaurado en contra de aquél." La ejecutoria transcrita revela que el auto de libertad por falta de elementos para procesar, bajo reservas de ley, se debe emitir cuando el Juez natural estime, al determinar la situación jurídica del individuo en setenta y dos horas siguientes a su detención, que no se acreditó algún elemento del cuerpo del delito que se imputa o de la probable responsabilidad del indiciado, que hace imposible el que se le sujete a proceso penal; lo que no implica que el proceso penal haya concluido; toda vez que el término bajo las reservas de ley tiene como consecuencia que el proceso penal quede en suspenso y abre la posibilidad para que el Ministerio Público, al allegarse de acervo probatorio suficiente para acreditar el cuerpo del delito, o para establecer la probable responsabilidad del indiciado, reanude el proceso penal; es decir, con la emisión de dicho auto se permite a la autoridad ministerial buscar nuevos datos para subsanar la falta o el error cometido en la indagatoria y su posterior consignación del indiciado, sin que ello implique que vuelva a ejercer acción penal en su contra, pues materialmente ya está formada una causa penal. Contrario al auto de libertad absoluta, que tiene como presupuesto, por ejemplo, el que se demuestre que el delito ha prescrito, que existe una causa de exclusión de responsabilidad o que se demuestre a través de una prueba indubitable que el indiciado no es probable responsable de la comisión del delito por el que se intentaba sujetar al proceso. Lo anterior, permite considerar que el auto de libertad por falta de elementos para procesar, bajo la reserva de ley, dictado por el Tribunal de apelación, al revocar el auto de formal prisión, no es una resolución que ponga fin al juicio, pues precisamente, el término bajo reserva de ley, permite que el Ministerio Público se allegue de nuevos datos para subsanar el error o falta cometidos en la indagatoria y consignación realizada (como se dijo, por falta de comprobación de algún elemento del cuerpo del delito, o de la probable responsabilidad del indiciado) lo que implica la reanudación del mismo proceso penal. Así, podemos señalar que el auto de libertad por falta de elementos para procesar, bajo reserva de ley, se dicta sin perjuicio de que por datos que hagan prueba plena se proceda contra el inculpado, pues dicho auto no reviste la calidad de verdad legal, puesto que no pone fin al proceso penal instaurado en contra de aquél. Todo lo anterior, se cita ilustrativamente, ya que, existe analogía (por igualdad de razón) entre los efectos de un auto de libertad absoluta y el auto que niega la orden de aprehensión en este asunto, como se explicará: El acto reclamado consistente en la resolución de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, en la cual se confirmó la negativa de la orden de aprehensión, de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, pronunciada por el Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, en la causa penal 10/2019/SAN MARTIN; dictada en el toca penal 8/2019, del índice de la Séptima Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, constituye una resolución definitiva que puso fin al juicio, esto es, lo dio por concluido, pues confirmó la diversa en la cual se estudió que los hechos señalados no tuvieron el alcance para justificar el diverso con apariencia de delito. Además, del informe en alcance remitido por la responsable indicó que en la resolución de origen -causa penal- se negó la orden de aprehensión, porque los hechos señalados no tuvieron el alcance para justificar bajo un estándar mínimo el delito de abuso de autoridad, lo cual constituye una causal de sobreseimiento (foja 135). En consecuencia, se estima que la resolución que confirma la negativa de la orden de aprehensión se equipara por igualdad en sus efectos jurídicos, a un auto de libertad absoluta por falta de elementos para procesar, puesto que tiene por efecto impedir que el Ministerio Público pueda allegarse de nuevos datos suficientes, para que con esta aportación se proceda contra el inculpado y, por ello, debe estimarse que el proceso penal no es susceptible de reanudarse y, por ende, que ha concluido. Sirve de apoyo, en la parte conducente, la tesis aislada de rubro y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA DETERMINACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE LO CONFIRMA, CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN ANÁLOGA A UNA SENTENCIA DEFINITIVA QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO SIN RESOLVERLO EN LO PRINCIPAL, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. Si bien la determinación de segunda instancia que confirma el sobreseimiento de la causa por prescripción de la acción penal, decretado por el Juez de primer grado, no constituye una sentencia definitiva, lo cierto es que se trata de una resolución análoga que pone fin al procedimiento sin resolverlo en lo principal, pues adquiere la calidad de sentencia absolutoria con categoría de cosa juzgada, respecto de la cual, la normatividad aplicable no prevé ningún recurso ordinario por el cual pueda ser modificada o revocada. Por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), párrafos primero y tercero y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Máxime que, al tratarse de una sentencia absolutoria con valor de cosa juzgada, conforme al artículo 667 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, el ofendido tiene legitimación para controvertir -vía amparo directo- la sentencia que absuelve al acusado, para conferirle la oportunidad de acreditar el derecho a obtener la reparación del daño." Bajo esas consideraciones, salvo mejor opinión de la Superioridad, en contra de la sentencia de apelación de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el toca penal 8/2019 del índice de Séptima Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, procede el juicio de amparo directo, competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. Ahora, tomando en consideración que, en el caso, la resolución reclamada es en materia penal, se propone enviar este juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para que provea lo que considere corresponde en derecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 107, fracciones III, inciso a); V, inciso a), y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 34, 47, párrafo primero, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgador, se declara legalmente incompetente para resolver el fondo del presente asunto. Por tanto, se estima, constitucional y legalmente competente, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, dado que a dicho órgano le corresponde conocer de los amparos promovidos en contra de sentencias o resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean locales o federales, salvo decisión distinta de la superioridad; ante esa situación, remítase el escrito original de cuenta, previa copia certificada se deje en autos, así como copia certificada de las resoluciones reclamadas, al Tribunal Colegiado respectivo, por conducto de la oficialía de partes correspondiente.

  4. Principal

    (publicación AVISO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 05 DE JUNIO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, cinco de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos se aprecia que en proveído de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve (fojas 131 y 132) se reservó acordar el escrito de la quejosa Sandra Astorga García, por medio del cual señaló como nuevo acto reclamado el consistente en la resolución de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, en la cual confirmó la negativa de la orden de aprehensión, de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, pronunciada por el Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, en la causa penal 10/2019/SAN MARTIN, al considerar que los hechos señalados no tuvieron el alcance para justificar bajo un estándar mínimo el delito de abuso de autoridad, lo cual constituye una causal de sobreseimiento; dictada en el toca penal 8/2019, del índice de la Séptima Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Por tanto, este juzgador considera que la competencia para conocer de dicho planteamiento, se surte a favor de los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con los artículos 34, 47, párrafo primero, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; específicamente, su conocimiento corresponde al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, residente en esta ciudad. Dichos numerales disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; (.)" Los artículos transcritos clarifican que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados; por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento. Asimismo, definen sentencia definitiva como aquélla que decide el juicio en lo principal, y respecto de la cual las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por la que pueda ser modificada o revocada. En tanto que las resoluciones que ponen fin al juicio son aquellas (sentencias, interlocutorias o autos) que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido; esto es, que sin dirimir la controversia principal, dan por terminada la contienda judicial. Finalmente, disponen que cuando ante el Juez de Distrito se presente una demanda de amparo contra una sentencia definitiva o laudo, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, dicho Juzgado se declarará legalmente incompetente de plano y la remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Por otra parte, resulta pertinente resaltar que la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en jurisprudencias definidas ha sostenido el criterio de que las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán impugnarse por medio del juicio de amparo directo por la víctima u ofendido del delito; por lo que el auto de libertad impugnable a través de dicho juicio uniinstancial es el que decreta la libertad absoluta del inculpado y no el que lo hace con restricciones de ley, pues este último permite al Ministerio Público allegarse de nuevos datos suficientes, para que con esta aportación se proceda contra el inculpado, reanudándose así el proceso penal. Dichos criterios son los siguientes: "AMPARO DIRECTO CONTRA LOS AUTOS QUE SE REFIERAN A LA LIBERTAD DEL IMPUTADO. CUANDO LO PROMUEVE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, SÓLO PROCEDE SI DECRETAN LA LIBERTAD ABSOLUTA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO). La porción normativa referida, al prever que, en materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán impugnarse por medio del juicio de amparo directo por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de la propia ley, más que una diferencia en las reglas de procedencia del amparo directo o un supuesto de excepcionalidad a su principio base de definitividad, constituye un reconocimiento legal de la legitimación activa de las víctimas y los ofendidos de un delito para objetar los autos referidos a la libertad del inculpado, que debe de guardar una lógica y sistematicidad con el resto de las normas que regulan el ámbito de procedencia del juicio de amparo directo. Así, dado que este medio de control procede únicamente contra las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin a un juicio, el auto de libertad impugnable a través del mismo por las víctimas u ofendidos del delito sólo puede ser el que cumpla con esas características, como lo es el auto que decreta la libertad absoluta del inculpado y no el que lo haga con restricciones de ley, según precedentes de esta Suprema Corte cuyas consideraciones no se han visto trastocadas con la emisión de la Ley de Amparo vigente (en específico el criterio reflejado en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 10/2007; (1) consecuentemente, en relación con el resto de las resoluciones de término constitucional derivadas de la consignación de una persona ante autoridad jurisdiccional, la vía procedente, en su caso y si se cumplen los requisitos correspondientes, sería el juicio de amparo indirecto. Lo anterior, bajo la premisa de que para efectos de la procedencia del juicio de amparo que corresponda, será necesario agotar por parte de las víctimas u ofendidos los recursos ordinarios que puedan modificar o revocar dichos autos de libertad, siempre y cuando la legislación adjetiva aplicable les haya otorgado legitimación para interponer el respectivo medio de impugnación." "AUTO DE LIBERTAD BAJO RESERVA DE LEY POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR. NO ES UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCESO PENAL, POR LO QUE NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN SU CONTRA. El auto de libertad por falta de elementos para procesar, bajo reserva de ley, se dicta cuando no se acreditó algún elemento del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado. Por lo que el término "bajo reserva de ley", permite al Ministerio Público allegarse de nuevos datos suficientes, para que con esta aportación se proceda contra el inculpado, reanudándose así el proceso penal. En consecuencia, dicha resolución no pone fin o concluye el proceso penal, por lo que, en su contra, no procede el juicio de amparo directo, al no tratarse de una resolución que pone fin al juicio, de conformidad con lo establecido en los artículos 44, en relación con el diverso 46, último párrafo y 158 de la Ley de Amparo." En la ejecutoria de la segunda jurisprudencia citada, se advierte, en lo de interés, lo siguiente: "(.) el auto de libertad por falta de elementos para procesar, bajo reservas de ley, se debe emitir cuando el Juez estima, al determinar la situación jurídica del individuo en setenta y dos horas siguientes a su detención, que no se acreditó algún elemento del cuerpo del delito que se imputa o de la probable responsabilidad del indiciado, que hace imposible el que se le sujete a proceso penal. Es de señalarse que el auto referido, si bien, tiene como consecuencia la libertad del individuo, ello no implica que el proceso penal haya concluido; toda vez que, precisamente, el término bajo las reservas de ley, tiene como consecuencia el que el proceso penal quede en suspenso y abre la posibilidad para que el Ministerio Público, al allegarse de acervo probatorio suficiente para acreditar el cuerpo del delito, o para establecer la probable responsabilidad del indiciado, reanude el proceso penal. En cuanto al auto de libertad absoluta es preciso señalar que constituye una excepción a la regla general, esto es, que en la práctica decretar este auto tiene como presupuesto, por ejemplo, el que se demuestre que el delito ha prescrito, que existe una causa de exclusión de responsabilidad o que se demuestre a través de una prueba indubitable que el indiciado no es probable responsable de la comisión del delito por el que se intentaba sujetarle al proceso. (.) De lo anterior, se debe considerar que para justificar -la autoridad judicial- la detención ante ésta de un indiciado, es necesario la emisión de un acto en el que se establezca que los datos emanados de la averiguación previa, que presenta el Ministerio Público para acreditar el cuerpo del delito (elementos normativos y objetivos del tipo penal) y la probable responsabilidad (elemento subjetivo del tipo penal), son suficientes para sujetarlo a proceso. Consecuentemente, cuando el Ministerio Público en su pliego consignatorio no adjunte el acervo probatorio suficiente, tal y como se indicó en el párrafo precedente, tanto para comprobar el cuerpo del delito como para hacer probable la responsabilidad del indiciado, ello tendrá como consecuencia el que se dicte un auto de libertad por falta de elementos para procesar, bajo reserva de ley. Ahora bien, la consecuencia que conlleva el dictado del auto referido, es que el Ministerio Público esté en posibilidad de allegarse de nuevo acervo probatorio suficiente, para acreditar con plenitud el cuerpo del delito o para establecer la probable responsabilidad del indiciado, es decir, con la emisión de dicho auto se permite a la autoridad ministerial buscar nuevos datos para subsanar la falta o el error cometido en la indagatoria y su posterior consignación del indiciado, sin que ello implique que vuelva a ejercer acción penal en su contra, pues materialmente ya está formada una causa penal. Situación esta que tiene como consecuencia necesaria el que se reanude el proceso penal incoado en contra del indiciado, pues ya no es necesario solicitar la aprehensión del mismo, siendo bastante el hecho que, desde un principio, haya puesto en ejercicio su actividad persecutoria ejerciendo acción penal. Apoya lo anterior, el criterio aislado emitido por esta Primera Sala, cuyo rubro y texto, son los que a continuación se precisan: "LIBERTAD POR FALTA DE MÉRITOS. Cuando por resolución del tribunal de alzada, se revoca el auto de formal prisión en contra del indiciado, por no encontrar méritos suficientes para su presunta responsabilidad y se le pone en libertad, con las reservas de ley, si con posterioridad aparecen datos en contra del mismo indiciado, que ameriten la formal prisión, el Juez del proceso está constitucionalmente capacitado para decretarla, sin necesidad de que el agente del Ministerio Público ejercite de nuevo la acción penal, solicitando la aprehensión, siendo bastante el hecho de que desde un principio haya puesto en ejercicio su actividad persecutoria". Lo anterior, permite considerar que el auto de libertad por falta de elementos para procesar, bajo la reserva de ley, dictado por el Tribunal de apelación, al revocar el auto de formal prisión, no es una resolución que ponga fin al juicio, pues precisamente, el término bajo reserva de ley, permite que el Ministerio Público se allegue de nuevos datos para subsanar el error o falta cometidos en la indagatoria y consignación realizada (como se dijo, por falta de comprobación de algún elemento del cuerpo del delito, o de la probable responsabilidad del indiciado) lo que implica la reanudación del mismo proceso penal. Así, podemos señalar que el auto de libertad por falta de elementos para procesar, bajo reserva de ley, se dicta sin perjuicio de que por datos que hagan prueba plena se proceda contra el inculpado, pues dicho auto no reviste la calidad de verdad legal, puesto que no pone fin al proceso penal instaurado en contra de aquél." La ejecutoria transcrita revela que el auto de libertad por falta de elementos para procesar, bajo reservas de ley, se debe emitir cuando el Juez natural estime, al determinar la situación jurídica del individuo en setenta y dos horas siguientes a su detención, que no se acreditó algún elemento del cuerpo del delito que se imputa o de la probable responsabilidad del indiciado, que hace imposible el que se le sujete a proceso penal; lo que no implica que el proceso penal haya concluido; toda vez que el término bajo las reservas de ley tiene como consecuencia que el proceso penal quede en suspenso y abre la posibilidad para que el Ministerio Público, al allegarse de acervo probatorio suficiente para acreditar el cuerpo del delito, o para establecer la probable responsabilidad del indiciado, reanude el proceso penal; es decir, con la emisión de dicho auto se permite a la autoridad ministerial buscar nuevos datos para subsanar la falta o el error cometido en la indagatoria y su posterior consignación del indiciado, sin que ello implique que vuelva a ejercer acción penal en su contra, pues materialmente ya está formada una causa penal. Contrario al auto de libertad absoluta, que tiene como presupuesto, por ejemplo, el que se demuestre que el delito ha prescrito, que existe una causa de exclusión de responsabilidad o que se demuestre a través de una prueba indubitable que el indiciado no es probable responsable de la comisión del delito por el que se intentaba sujetar al proceso. Lo anterior, permite considerar que el auto de libertad por falta de elementos para procesar, bajo la reserva de ley, dictado por el Tribunal de apelación, al revocar el auto de formal prisión, no es una resolución que ponga fin al juicio, pues precisamente, el término bajo reserva de ley, permite que el Ministerio Público se allegue de nuevos datos para subsanar el error o falta cometidos en la indagatoria y consignación realizada (como se dijo, por falta de comprobación de algún elemento del cuerpo del delito, o de la probable responsabilidad del indiciado) lo que implica la reanudación del mismo proceso penal. Así, podemos señalar que el auto de libertad por falta de elementos para procesar, bajo reserva de ley, se dicta sin perjuicio de que por datos que hagan prueba plena se proceda contra el inculpado, pues dicho auto no reviste la calidad de verdad legal, puesto que no pone fin al proceso penal instaurado en contra de aquél. Todo lo anterior, se cita ilustrativamente, ya que, existe analogía (por igualdad de razón) entre los efectos de un auto de libertad absoluta y el auto que niega la orden de aprehensión en este asunto, como se explicará: El acto reclamado consistente en la resolución de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, en la cual se confirmó la negativa de la orden de aprehensión, de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, pronunciada por el Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, en la causa penal 10/2019/SAN MARTIN; dictada en el toca penal 8/2019, del índice de la Séptima Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, constituye una resolución definitiva que puso fin al juicio, esto es, lo dio por concluido, pues confirmó la diversa en la cual se estudió que los hechos señalados no tuvieron el alcance para justificar el diverso con apariencia de delito. Además, del informe en alcance remitido por la responsable indicó que en la resolución de origen -causa penal- se negó la orden de aprehensión, porque los hechos señalados no tuvieron el alcance para justificar bajo un estándar mínimo el delito de abuso de autoridad, lo cual constituye una causal de sobreseimiento (foja 135). En consecuencia, se estima que la resolución que confirma la negativa de la orden de aprehensión se equipara por igualdad en sus efectos jurídicos, a un auto de libertad absoluta por falta de elementos para procesar, puesto que tiene por efecto impedir que el Ministerio Público pueda allegarse de nuevos datos suficientes, para que con esta aportación se proceda contra el inculpado y, por ello, debe estimarse que el proceso penal no es susceptible de reanudarse y, por ende, que ha concluido. Sirve de apoyo, en la parte conducente, la tesis aislada de rubro y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA DETERMINACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE LO CONFIRMA, CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN ANÁLOGA A UNA SENTENCIA DEFINITIVA QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO SIN RESOLVERLO EN LO PRINCIPAL, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. Si bien la determinación de segunda instancia que confirma el sobreseimiento de la causa por prescripción de la acción penal, decretado por el Juez de primer grado, no constituye una sentencia definitiva, lo cierto es que se trata de una resolución análoga que pone fin al procedimiento sin resolverlo en lo principal, pues adquiere la calidad de sentencia absolutoria con categoría de cosa juzgada, respecto de la cual, la normatividad aplicable no prevé ningún recurso ordinario por el cual pueda ser modificada o revocada. Por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), párrafos primero y tercero y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Máxime que, al tratarse de una sentencia absolutoria con valor de cosa juzgada, conforme al artículo 667 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, el ofendido tiene legitimación para controvertir -vía amparo directo- la sentencia que absuelve al acusado, para conferirle la oportunidad de acreditar el derecho a obtener la reparación del daño." Bajo esas consideraciones, salvo mejor opinión de la Superioridad, en contra de la sentencia de apelación de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el toca penal 8/2019 del índice de Séptima Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, procede el juicio de amparo directo, competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. Ahora, tomando en consideración que, en el caso, la resolución reclamada es en materia penal, se propone enviar este juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para que provea lo que considere corresponde en derecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 107, fracciones III, inciso a); V, inciso a), y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 34, 47, párrafo primero, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgador, se declara legalmente incompetente para resolver el fondo del presente asunto. Por tanto, se estima, constitucional y legalmente competente, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, dado que a dicho órgano le corresponde conocer de los amparos promovidos en contra de sentencias o resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean locales o federales, salvo decisión distinta de la superioridad; ante esa situación, remítase el escrito original de cuenta, previa copia certificada se deje en autos, así como copia certificada de las resoluciones reclamadas, al Tribunal Colegiado respectivo, por conducto de la oficialía de partes correspondiente.

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