Sandra Astorga García

Expediente 749/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
749/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
06/09/2018

Partes del expediente

  • Sandra Astorga García

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación precedente y del estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa omitió recurrir el auto en donde se sobreseyó en el presente juicio, fuera de audiencia constitucional. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º SE DECLARA QUE EL REFERIDO AUTO HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, de dicho acuerdo, el presente asunto es susceptible de destrucción, en atención a que carece de relevancia documental, y al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo. Por último, se agrega el oficio de cuenta signado por la Jueza de Control Región Judicial Centro Poniente de San Martín Texmelucan, Puebla, por el cual acusa recibo de las copias certificadas de la causa penal ***********y de un disco en formato DVD.

  2. Principal

    Se ordena agregar al expediente sin mayor proveído el oficio de cuenta, signado por la Jueza de Control Región Judicial Centro Poniente de San Martín Texmelucan, Puebla, por el cual se apersona en su carácter de tercera interesada, pretende rendir informe justificado y formula alegatos. Lo anterior, dado que mediante proveído de veinte de agosto de dos mil dieciocho, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto. Por tanto, se ordena devolver a la Jueza de Control Región Judicial Centro Poniente de San Martín Texmelucan, Puebla, las copias certificadas de las constancias que integran la causa penal + así como un disco en formato dvd, que contiene los registros audiovisuales del referido proceso penal, los cuales remite en el oficio de cuenta. En consecuencia, se requiere a dicha autoridad para que en el plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente, con el apercibimiento que de omitir hacerlo, con fundamento en el artículo 237, fracción I y 238, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo en vigor, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario).

  3. Principal

    Se agrega el oficio con anexo de cuenta, signado por el Consejero de la Comisión de Vigilancia y Visitaduría del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por el cual rinde su informe justificado y remite copia certificada de las constancias que obran dentro del expediente de investigación +++ de su índice. Ahora, del estado procesal del expediente, se advierte que en la demanda de protección de derechos ++++, señaló como acto reclamado la omisión de la autoridad responsable de resolver la queja interpuesta ante dicha autoridad el uno de agosto de dos mil dieciocho. Entonces, de oficio se advierte que respecto del acto reclamado se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones: El Consejero de la Comisión de Vigilancia y Visitaduría del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, remitió las constancias del expediente de investigación +++ de su índice, entre las que destaca el auto dictado el siete de agosto de dos mil dieciocho, en el cual se ordenó formar y registrar el citado expediente de investigación y se determinó que la Comisión de Vigilancia y Visitaduría del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, es legalmente incompetente para conocer de la queja judicial propuesta por la quejosa ++++ en términos del artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que su queja debe ser interpuesta ante el órgano jurisdiccional omiso y éste, remitirá el recurso y el informe respectivo al órgano jurisdiccional competente. Lo cual se hizo del conocimiento a la quejosa +++, tal como se advierte de la constancia de notificación de catorce de agosto de dos mil dieciocho (fojas 39 y 40). De donde se sigue que se restituyó a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales vulnerados, como si los actos lesivos nunca hubiesen existido, al haber cesado sus efectos de la omisión señalada como acto reclamado en la demanda inicial, y de esa manera, es inconcuso que se actualiza en la especie la causa de improcedencia invocada. Pues la omisión de la autoridad responsable de resolver la queja interpuesta ante dicha autoridad el uno de agosto de dos mil dieciocho, (acto del cual se duele la parte quejosa), tal como se ha expuesto, ya fue subsanada, pues en contestación a dicha queja se ordenó formar y registrar el expediente de investigación ++++ y se determinó la incompetencia legal de la autoridad responsable para su resolución. A lo anterior resulta aplicable, la jurisprudencia cuyo rubro es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la legislación de la materia, dada la causal de improcedencia materializada, respecto del acto omisivo antes precisado que se desprende de la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional: diez horas con treinta y ocho minutos del seis de septiembre de dos mil dieciocho. Por tanto, se hace de conocimiento a las partes el contenido de este proveído; anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido

  4. Principal

    Se recibe la demanda de protección signada por la quejosa /////, por propio derecho, contra actos de la Comisión de Vigilancia y Visitaduría del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. La demanda cumple los requisitos legales establecidos, motivo por el cual se admite a trámite con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo. Se ordena formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). No se tramita incidente de suspensión porque la parte quejosa omitió solicitar la medida cautelar, y tampoco se advierte la hipótesis prevista en el artículo 127, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, que se trate de un acto que de llegar a consumarse haría físicamente imposible restituir el goce del derecho involucrado. Se ordena notificar en forma personal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que intervenga en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar copia autorizada de este proveído y de la demanda de protección. A fin de materializar el cumplimiento de lo anterior se ordena al actuario correspondiente que deje constancia legal en el expediente. Por otro lado, se requiere a la autoridad responsable su informe con justificación, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de su legal notificación, de conformidad con el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo. Se hace notar a la responsable: su informe deberá reunir los requisitos del artículo 117, cuarto párrafo, de la ley en comento, por lo cual habrá de exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad del acto reclamado. También deberá remitir a este juzgado copia certificada completa, legible y ordenada de las actuaciones que sean necesarias para apoyar el informe de contestación, el cual podrá rendir a través de los medios legales establecidos. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de omitir la rendición del informe justificado o de presentarlo sin acompañar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se les impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario) de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Pero si a la fecha cuando reciba la notificación de este acuerdo, ya hubiera resuelto la queja interpuesta que motivó la demanda de protección, se hace saber a la autoridad responsable que sólo deberá remitir copias certificadas de esa resolución y de la notificación efectuada a la parte quejosa, en la carpeta judicial administrativa ///, para apoyar el informe justificado que rinda en este juicio. Incluso conviene indicarle que dictar la resolución de la queja interpuesta-mencionada en la demanda de protección- puede evitar que se declare en la sentencia de este juicio, una violación al derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución federal. Además, deberá manifestar si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado se ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señale ante cuál autoridad federal se radicó este. Por otra parte, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere a la autoridad responsable para que en el plazo de cinco días , contados a partir de su legal notificación, proporcione el nombre y domicilio de las personas a quienes les pueda asistir el carácter de terceros interesados, para ello deberá remitir las constancias de donde se desprende tal información. Se le apercibe que en caso de ser omisa en dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en los artículo 237, fracción I, y 244 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario). De ser cierto el acto reclamado, habrá de proveerse el emplazamiento de las personas que en su caso, sean ofendidos o víctimas, en su carácter de terceros interesados, en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo vigente. Pero se advierte que la quejosa señaló en su demanda como tercera interesada a la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Región Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla. En consecuencia, con copia de la demanda de amparo, se ordena emplazar al presente juicio de derechos fundamentales a la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Región Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, para que haga valer los derechos que le corresponden como parte tercera interesada, los cuales implican la posibilidad de formular alegatos. Además, se le hace saber que desde el momento de su notificación, queda sujeto a consultar las determinaciones que se notifiquen por lista, como la relativa al informe justificado que se reciba en este juicio, dado lo previsto en el artículo 328 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo. Luego, se informa a la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Región Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, que el emplazamiento, le permite consultar todas las constancias relacionadas con el acto reclamado, en las instalaciones de este juzgado. Pero si en el plazo de cinco días otorgado con anterioridad, llega a resolver la queja interpuesta que motivó la demanda de protección, se hace saber a la autoridad responsable que sólo deberá remitir copia certificada que contenga dicha determinación, es decir, podrá desatender el requerimiento formulado sobre los diversos juicios de amparo promovidos y los datos de personas que sean terceros interesados. También se hace saber a la responsable que de negarse a recibir la notificación, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, procederá el actuario de este juzgado a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá hecha la notificación, con fundamento en el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Además, se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario) como lo ordena el artículo 245 de la citada legislación. Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de la autoridad responsable, se le apercibe: en caso de que la autoridad señalada como responsable no exista con la denominación referida o en la residencia indicada, se dejará de tener como tal y se suspenderá toda comunicación con ésta. Para lograr el eficaz cumplimiento de lo anterior, se instruye al secretario encargado de la tramitación del presente asunto la emisión completa y correcta de todos los oficios y traslados ordenados en este acuerdo. Para ello deberá firmar en el espacio correspondiente a su cargo, el cual se encuentra al final de la minuta glosada para constancia y en caso de que posteriormente se solicite una reimpresión, se deberá asentar razón de ello, con la inserción del cargo y nombre del personal de este juzgado solicitante. De la misma forma, se ordena a los demás funcionarios públicos a quienes se encomienda la revisión, tramitación y captura de este expediente: verificar y cuidar los traslados, así como los oficios de referencia y firmar en el espacio relativo a su cargo, pues ello apoyará para que el presente sumario se mantenga en buen estado y los traslados lleguen en forma íntegra a los actuarios que deban notificarlos. Por otra parte, de conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las diez horas con treinta y ocho minutos del seis de septiembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional de este juicio. Con fundamento en los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, se hace saber a la responsable, que en el presente juicio sólo le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial) y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fije en este juzgado de distrito. Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la citada legislación; y de ser posible acompañen las constancias para acreditarlo. Para lograr el cumplimiento de lo anterior, se les apercibe con la imposición de una multa por el importe de treinta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se hace saber a la parte quejosa que desde este momento se autoriza la toma de fotografías del expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se le hace saber: las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada existente en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información clasificada como reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, deberán sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa del solicitante, y las obtenidas serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información susceptible de protección. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Por otra parte, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en la demanda (de la ciudad de Puebla) y quedan autorizados para los mismos efectos, las personas que menciona en ese escrito, porque omitió conferirles facultades amplias. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa, la documental que acompaña a su demanda de amparo, consistente en una hoja dirigida a la Comisión de Vigilancia y Visitaduría del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, que tiene el sello de recibido de fecha uno de agosto de dos mil dieciocho. Sin perjuicio de hacer relación de ella el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Por último, se ordena a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita).

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