Sandra Astorga García
Expediente 985/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 985/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Sandra Astorga García
Actuaciones
- Principal
De la certificación precedente y el estado procesal del juicio, advierto que la quejosa omitió recurrir el acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, DECLARO QUE EL REFERIDO ACUERDO HA CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo tanto, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Además, descarto emitir oficio para notificar este acuerdo al juez responsable, y al fiscal que tiene el carácter de tercero interesado, porque ningún derecho procesal está involucrado en la declaración de causa estado, aunado a que si las partes desearan conocer el estado de este juicio, tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, de dicho acuerdo, el presente asunto es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, y carece de relevancia documental. Instruyo al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. Asimismo, ordeno devolver el original de un escrito presentado por la quejosa, como anexo a su demanda (foja 14). Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 mencionado en el párrafo que antecede, en atención a la hipótesis prevista en el capítulo tercero, punto décimo primero, último párrafo, de dicho acuerdo, requiero a la quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir de la notificación de este acuerdo, ocurra al local de este órgano jurisdiccional, debidamente identificada, a recoger el documento original que exhibió dentro del juicio de amparo al rubro indicado. La apercibo que de omitir hacerlo, el mismo será destruido con este expediente después de terminado el plazo en mención. Por último, dejo establecido que ningún pronunciamiento debe hacerse para el incidente de suspensión, porque este nunca se formó en el presente juicio.
- Principal
El estado procesal de este juicio me permite examinar el reclamo planteado por la quejosa frente al informe justificado de la responsable porque de este se desprende que el acto reclamado ha dejado de tener efectos en la modalidad de la cesación. De ahí que efectúe una revisión judicial en este momento, a las actuaciones del juicio. Ante todo, observo que el reclamo de la quejosa en la demanda de protección foja 2 se enfoca al desechamiento de un medio de impugnación que interpuso ante el juez responsable. Reclamo que se planteó en la demanda como sigue La ilegal negativa de admitir la queja interpuesta por la suscrita, en términos de lo dispuesto por el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales ante la omisión de hacer cumplir lo ordenado a la representación social en la audiencia respectiva dentro del expediente de control judicial Entonces, la litis constitucional del presente juicio está circunscrita al acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, que emitió el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución, de la Región Judicial Centro en la ciudad de Puebla (la única autoridad responsable) que tramita el expediente de control judicial previo + Sobre todo porque ese acuerdo contiene la negativa reclamada, la cual implicó el desechamiento de la queja interpuesta por la quejosa en términos del artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Queja con la cual pretendía la quejosa en su condición de víctima reparar el estado de inactividad en que se encontraba el agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación + porque hasta la fecha cuando interpuso aquél medio de impugnación, continuaba pendiente la determinación que resolviera el ejercicio de la acción penal. Empero, el informe justificado de la única autoridad responsable foja 24 contiene datos suficientes para considerar que el desechamiento de la citada queja, ha dejado de tener efectos en la modalidad de la cesación. Para demostrar la afirmación previa, debo indicar que mediante acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho foja 52 el Juez de Control de la Región Judicial Centro la única autoridad responsable en este asunto requirió al agente del Ministerio Público encargado de la referida carpeta, que informara la determinación en la cual hubiera resuelto si procedía el ejercicio de la acción penal. Ello propició que el agente del Ministerio Público examinara las actuaciones integradas a la carpeta, hasta determinar el no ejercicio de la acción penal con la hipótesis de atipicidad, y por ende el archivo de la investigación fojas 80 a 83. Lo cual fue notificado a la quejosa, motivo por el cual esta impugnó ante el mismo juez responsable, la determinación de no ejercicio de la acción penal, emitida por el agente del Ministerio Público fojas 85 a 98 Bajo este contexto, afirmo que el desechamiento reclamado por la quejosa ha dejado de tener efectos, pues la negativa a admitir la queja interpuesta contra la inactividad en la carpeta de investigación, cesó en el plano material con la conducta adoptada por el juez responsable, dado que este libró un requerimiento al agente del Ministerio Público, con el cual se logró la determinación atinente al ejercicio de la acción penal. Es más, la inactividad del agente del Ministerio Público fue reparada por el juez responsable con el mencionado requerimiento, porque este obligó al agente del Ministerio Público a examinar las actuaciones de la carpeta de investigación, hasta emitir la determinación mencionada. De ahí que considere la hipótesis de cesación de efectos, pues el desechamiento emitido por el juez responsable dejó de tener efectos ante el requerimiento que emitió para conseguir que el agente del Ministerio Público, resolviera el ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación, y que a la fecha ya se encuentra en fase de impugnación dentro del mismo expediente de control judicial. Por tanto, declaro en este juicio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Luego, es inviable continuar la tramitación de este juicio, pues la demanda de protección de derechos pretendía que se obligara al juez responsable, a admitir la queja con la cual se requiriera al agente del Ministerio Público la determinación atinente al ejercicio de la acción penal, lo cual se logró en el trámite del expediente de control judicial previo + como se desprende de las constancias recibidas con el informe justificado. Sirve de apoyo al caso, la tesis jurisprudencial 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, de rubro CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL Al margen de lo anterior, considero necesario indicar que el desechamiento de la queja (el único acto reclamado) también podría encontrar la causal de improcedencia que se refiere a los actos consumados en forma irreparable, porque el referido expediente de control judicial ya se encuentra en la fase de impugnación, contra la determinación que resolvió el no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, la hipótesis de cesación de efectos me bastó para declarar la improcedencia de la acción constitucional, porque el requerimiento efectuado por el juez responsable permitió que se reparara el estado de inactividad del agente del Ministerio Público, en una forma similar a la que se hubiera conseguido con la queja interpuesta en términos del artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo cual implica una cesación de efectos como lo puntualicé en anteriores párrafos. Entonces, al actualizarse la causal de improcedencia invocada (cesación de efectos) de forma manifiesta e indudable, decreto el sobreseimiento fuera de audiencia el presente juicio de protección, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. La consideración previa encuentra apoyo en la tesis jurisprudencial 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. En tales condiciones dejo sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional, que hubieran sido las diez horas treinta y ocho minutos del trece de noviembre de dos mil dieciocho. Por último, ordeno informar a las partes el contenido de este proveído; anótese lo procedente tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes SISE y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido en su totalidad.
- Principal
Se agregan al expediente el oficio y el anexo de cuenta, signado el primero por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, de nombre ++++, mediante el cual rinde el informe justificado que le corresponde, proporciona el nombre de la persona a quien puede tenerse como tercero interesado (el agente del Ministerio Público que tramita la carpeta de investigación) y remite copias certificadas para sustentar el informe. En consecuencia, se da a conocer la llegada del informe y las constancias, a las partes, para que en el plazo de ocho días contados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su derecho e interés convenga, y serán relacionadas con el valor que la ley les concede, al momento de celebrar la audiencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Pero también ordeno el emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, de nombre +++z, cuyo domicilio para recibir notificaciones está ubicado en +++. Por consiguiente, se ordena remitir oficio con copia de la demanda de protección, al Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, de nombre +++, para que haga valer los derechos que le corresponden como tercero interesado, los cuales implican la posibilidad de formular alegatos y ofrecer pruebas, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo. Además, se le informa al citado agente del Ministerio Público que desde el acto del emplazamiento, queda sujeto a consultar las determinaciones que se notifiquen por lista, como las relativas al informe justificado que se reciba en este juicio, dado lo previsto en el artículo 328 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo. En último lugar, hago saber al citado agente del Ministerio Público, que a través del oficio de notificación le otorgo una vista de ocho días para consultar el informe justificado y constancias recibidas de la autoridad responsable
- Principal
Se agrega al expediente el oficio con anexo de cuenta, signado por la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante el cual en sustento a lo solicitado en proveído de nueve de octubre del año en curso, remite copias certificadas del juicio de amparo + de su índice. En consecuencia, se da a conocer su llegada a las partes, para que en el plazo de ocho días contados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su derecho e interés convenga, sin perjuicio de ser relacionados con el valor que la ley les concede al momento de celebrar la audiencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, del contenido del citado expediente de amparo se advierte que en escrito de fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por medio del cual los quejosos solicitan a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, la restitución de los daños y perjuicios colaterales ocasionados con motivo de la conducta arbitraria e ilegal llevada a cabo por el encargado del despacho de la Dirección de Tránsito Municipal de la Ciudad de Puebla. Asimismo, del oficio S.S.P.YT.M./DJ/244/2017, signado por la Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Puebla, mediante el cual dio contestación al escrito mencionado en el párrafo anterior. Los cuales guardan relación con los actos reclamados por los aquí quejosos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se requiere al Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, remita a la brevedad copias certificadas del escrito y oficio antes señalados, asimismo, con apoyo en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le apercibe que de hacer caso omiso a lo aquí establecido o de no manifestar el impedimento legal que tenga, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los normativos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo.
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