Sandra Astorga Garcia
Expediente 846/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 846/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 21/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Sandra Astorga Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Puebla, Puebla, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo; sin embargo, la parte quejosa no recurrió el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, en donde se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia constitucional. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años1. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se sobreseyó (fuera de audiencia constitucional) respecto de todos los actos reclamados. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. DEVOLUCIÓN DE CUADERNOS AUXILIARES. Al no haberse ordenado formar cuaderno auxiliar de pruebas en el presente expediente, es innecesario proveer devolución alguna de constancias. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En virtud de que en el presente juicio no se ordenó la tramitación de una medida cautelar, se descarta realizar mayor pronunciamiento al respecto. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar por conducto del personal a su cargo que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN DE ESTE PROVEÍDO. Por último, se deja establecido que resulta innecesario girar oficio alguno que derive de este auto, porque todas las actuaciones que se generen, se notifican a través de la lista en las instalaciones de este juzgado, dado lo previsto en el artículo 328 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo, por lo que las partes están aptitud de consultar las mismas para imponerse de su contenido, aunado a que en este proveído no se otorgan derechos procesales a favor de ninguna de las partes en este expediente y porque no se ha hecho requerimiento alguno a éstas. Con independencia de lo anterior, si alguna autoridad requiere de copia de este auto podrá solicitarlo por oficio a este juzgado y se le expedirá.
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Puebla, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Se ordena agregar al expediente el oficio y anexo de cuenta, del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, en donde cumple lo requerido por autos de dos y veintitrés de septiembre de dos mil veintidós y remite constancias para acreditarlo. Entonces, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la ley de la materia, se les otorga valor probatorio pleno al tratarse de documentales públicas. Sirve de apoyo la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Luego, visto el presente sumario constitucional se desprende que la parte quejosa reclamó los siguientes actos: 1) La omisión de celebrar la audiencia de control judicial previo relativa a la carpeta judicial administrativa *. 2) La omisión de resolver el recurso de queja interpuesto contra la falta de celebración de la audiencia antes señalada. Ahora, de autos se advierte que el juez responsable al rendir su informe justificado informó que mediante escrito de veintitrés de julio del año en curso, la quejosa solicitó audiencia de control judicial previo. Luego, mediante escrito de la aquí quejosa interpuso recurso de queja ante la falta de acuerdo a esa petición. Sin embargo, mediante acuerdo de uno de agosto del año en curso, el juez responsable señaló las catorce horas con treinta minutos, del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, para el efecto de su desahogo, a fin de emitir el pronunciamiento relativo a la omisión del fiscal investigador de determinar el ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación *. Por consiguiente, el dos de agosto posterior, el juez responsable ordenó dejar sin materia el recurso de queja señalado, al precisar que la petición contenida en el escrito de mérito (de la parte quejosa), fue atendida mediante el citado auto de uno de agosto de la presente anualidad. Lo antes expuesto, tiene sustento con las constancias remitidas por el juez responsable al rendir su informe justificado, pues obra el acuerdo de uno de agosto del año en curso, por el que, a fin de dar contestación a la petición formulada mediante escrito de veintitrés de julio de la presente anualidad, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de control judicial previo, lo cual ordenó comunicar a las partes. De lo anterior, se desprende que respecto al acto reclamado consistente en la omisión de resolver el recurso de queja interpuesto contra la omisión antes señalada se actualiza en la especie de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Es así, porque al margen de la certeza del acto combatido (cuya existencia o inexistencia se analizaría en sentencia), se advierte de las constancias remitidas que cesó la omisión reclamada, porque la autoridad responsable dio trámite al control judicial previo promovido, pues señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia respectiva y, como consecuencia, ordenó dejar sin efecto el recurso de queja interpuesto contra dicha omisión, con lo que se destruyó en su totalidad el efecto negativo y omisivo del mencionado acto de autoridad, volviendo las cosas al estado que guardaban como si se hubiera concedido la protección constitucional. Sirve de sustento al caso, la jurisprudencia 2a./J.59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, materia común, página 38, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Aunado a lo anterior, del oficio de cuenta se desprende que mediante escrito de veintitrés de septiembre del año en curso, presentado por la parte quejosa * ante la autoridad judicial responsable, solicitó se declarara sin materia el control judicial previo al señalar que la omisión reclamada al ministerio público había cesado. Motivo por el cual, mediante acuerdo de veintiséis de septiembre del año en curso, el juez de control determinó declarar sin materia el control judicial previo y ordenó archivar el asunto como totalmente concluido, además, certificó que a las catorce horas, con treinta minutos, del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, fecha y hora que había sido señalada para el desahogo de la audiencia de control judicial previo, no compareció ninguna de las partes, por tanto, no se llevó a cabo su desahogo. De los actos precisados en líneas previas, en la especie, se considera que se actualiza respecto del segundo acto reclamado (la omisión de celebrar la audiencia de mérito) la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61, de la Ley de Amparo. Dicho precepto legal establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. (.)" La causa de improcedencia indicada responde a un principio de seguridad jurídica orientado a evitar que la quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que la misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. El consentimiento, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, debe entenderse como la manifestación de voluntad de la quejosa que opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamados, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría ilegítima, ya que con ella se pretendería sustraer a su propia conducta. Al respecto, es prudente señalar que para que un acto se considere consentido expresamente, para los efectos precisados en el párrafo que antecede, es necesario que se cumplan tres requisitos, a saber: a) Que el acto reclamado exista, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. b) Que el acto cause un agravio a la quejosa, pues si no fuera así, aunque la quejosa estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que, desde luego, no sería intentado. c) Que la quejosa se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En este sentido, puede decirse que se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento. En esas condiciones, en el caso que nos ocupa, sí se actualizan todos los requisitos previstos para que los actos reclamados en el presente juicio tengan que ser considerados como consentidos en forma expresa. a) Respecto a la existencia del acto reclamado se encuentra reconocida por la autoridad responsable, pues al rendir su informe justificado manifestó haber señalado fecha y hora para la celebración de la audiencia de control judicial previo; b) Con relación a que el requisito consistente en que el acto reclamado le causa agravio a la quejosa, queda de manifiesto al haberse combatido con el presente juicio de amparo; c) Finalmente, el tercer requerimiento consistente en que el amparista consintió expresamente el acto que ahora combate de inconstitucional, se acredita plenamente, pues de las constancias remitidas por la juez responsable, se advierte que por escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, la parte quejosa solicitó se dejara sin materia el control judicial previo promovido. De ahí que, por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, ordenó dejar sin efecto el control judicial previo y ordenó el archivo del mismo. Por tal motivo, si la parte quejosa solicitó se dejará sin materia el control judicial previo promovido, resulta evidente que la peticionaria de garantías se está sometiendo a la determinación del juez de control y, por tanto, resulta improcedente que pretenda combatir dicha resolución mediante el juicio de amparo indirecto. En tales condiciones, de conformidad con la fracciones XXI y XIII del artículo 61, en concordancia con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia constitucional, por virtud de la actualización de las causales de improcedencia invocadas. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha señalada para las diez horas con dieciséis minutos del treinta de septiembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Por último, se hace del conocimiento de las partes el contenido de este proveído; anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Puebla, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Se ordena agregar al expediente el oficio y anexo de cuenta, del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, en donde cumple lo requerido por autos de dos y veintitrés de septiembre de dos mil veintidós y remite constancias para acreditarlo. Entonces, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la ley de la materia, se les otorga valor probatorio pleno al tratarse de documentales públicas. Sirve de apoyo la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Luego, visto el presente sumario constitucional se desprende que la parte quejosa reclamó los siguientes actos: 1) La omisión de celebrar la audiencia de control judicial previo relativa a la carpeta judicial administrativa *. 2) La omisión de resolver el recurso de queja interpuesto contra la falta de celebración de la audiencia antes señalada. Ahora, de autos se advierte que el juez responsable al rendir su informe justificado informó que mediante escrito de veintitrés de julio del año en curso, la quejosa solicitó audiencia de control judicial previo. Luego, mediante escrito de la aquí quejosa interpuso recurso de queja ante la falta de acuerdo a esa petición. Sin embargo, mediante acuerdo de uno de agosto del año en curso, el juez responsable señaló las catorce horas con treinta minutos, del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, para el efecto de su desahogo, a fin de emitir el pronunciamiento relativo a la omisión del fiscal investigador de determinar el ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación *. Por consiguiente, el dos de agosto posterior, el juez responsable ordenó dejar sin materia el recurso de queja señalado, al precisar que la petición contenida en el escrito de mérito (de la parte quejosa), fue atendida mediante el citado auto de uno de agosto de la presente anualidad. Lo antes expuesto, tiene sustento con las constancias remitidas por el juez responsable al rendir su informe justificado, pues obra el acuerdo de uno de agosto del año en curso, por el que, a fin de dar contestación a la petición formulada mediante escrito de veintitrés de julio de la presente anualidad, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de control judicial previo, lo cual ordenó comunicar a las partes. De lo anterior, se desprende que respecto al acto reclamado consistente en la omisión de resolver el recurso de queja interpuesto contra la omisión antes señalada se actualiza en la especie de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Es así, porque al margen de la certeza del acto combatido (cuya existencia o inexistencia se analizaría en sentencia), se advierte de las constancias remitidas que cesó la omisión reclamada, porque la autoridad responsable dio trámite al control judicial previo promovido, pues señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia respectiva y, como consecuencia, ordenó dejar sin efecto el recurso de queja interpuesto contra dicha omisión, con lo que se destruyó en su totalidad el efecto negativo y omisivo del mencionado acto de autoridad, volviendo las cosas al estado que guardaban como si se hubiera concedido la protección constitucional. Sirve de sustento al caso, la jurisprudencia 2a./J.59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, materia común, página 38, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Aunado a lo anterior, del oficio de cuenta se desprende que mediante escrito de veintitrés de septiembre del año en curso, presentado por la parte quejosa * ante la autoridad judicial responsable, solicitó se declarara sin materia el control judicial previo al señalar que la omisión reclamada al ministerio público había cesado. Motivo por el cual, mediante acuerdo de veintiséis de septiembre del año en curso, el juez de control determinó declarar sin materia el control judicial previo y ordenó archivar el asunto como totalmente concluido, además, certificó que a las catorce horas, con treinta minutos, del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, fecha y hora que había sido señalada para el desahogo de la audiencia de control judicial previo, no compareció ninguna de las partes, por tanto, no se llevó a cabo su desahogo. De los actos precisados en líneas previas, en la especie, se considera que se actualiza respecto del segundo acto reclamado (la omisión de celebrar la audiencia de mérito) la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61, de la Ley de Amparo. Dicho precepto legal establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. (.)" La causa de improcedencia indicada responde a un principio de seguridad jurídica orientado a evitar que la quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que la misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. El consentimiento, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, debe entenderse como la manifestación de voluntad de la quejosa que opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamados, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría ilegítima, ya que con ella se pretendería sustraer a su propia conducta. Al respecto, es prudente señalar que para que un acto se considere consentido expresamente, para los efectos precisados en el párrafo que antecede, es necesario que se cumplan tres requisitos, a saber: a) Que el acto reclamado exista, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. b) Que el acto cause un agravio a la quejosa, pues si no fuera así, aunque la quejosa estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que, desde luego, no sería intentado. c) Que la quejosa se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En este sentido, puede decirse que se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento. En esas condiciones, en el caso que nos ocupa, sí se actualizan todos los requisitos previstos para que los actos reclamados en el presente juicio tengan que ser considerados como consentidos en forma expresa. a) Respecto a la existencia del acto reclamado se encuentra reconocida por la autoridad responsable, pues al rendir su informe justificado manifestó haber señalado fecha y hora para la celebración de la audiencia de control judicial previo; b) Con relación a que el requisito consistente en que el acto reclamado le causa agravio a la quejosa, queda de manifiesto al haberse combatido con el presente juicio de amparo; c) Finalmente, el tercer requerimiento consistente en que el amparista consintió expresamente el acto que ahora combate de inconstitucional, se acredita plenamente, pues de las constancias remitidas por la juez responsable, se advierte que por escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, la parte quejosa solicitó se dejara sin materia el control judicial previo promovido. De ahí que, por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, ordenó dejar sin efecto el control judicial previo y ordenó el archivo del mismo. Por tal motivo, si la parte quejosa solicitó se dejará sin materia el control judicial previo promovido, resulta evidente que la peticionaria de garantías se está sometiendo a la determinación del juez de control y, por tanto, resulta improcedente que pretenda combatir dicha resolución mediante el juicio de amparo indirecto. En tales condiciones, de conformidad con la fracciones XXI y XIII del artículo 61, en concordancia con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia constitucional, por virtud de la actualización de las causales de improcedencia invocadas. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha señalada para las diez horas con dieciséis minutos del treinta de septiembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Por último, se hace del conocimiento de las partes el contenido de este proveído; anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Puebla, Puebla, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que por auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, se recibió el informe del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, en donde (entre otras cuestiones) informó que el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós se llevaría a cabo la audiencia solicitada por la aquí parte quejosa. En consecuencia, nuevamente se requiere al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, para que inmediatamente después de haber celebrado la mencionada audiencia de control de garantías derivada de la carpeta de investigación *, lo informe sin demora al correo electrónico de este juzgado de distrito, remitiendo las constancias con las que así lo acredite (verbigracia: incluida el acta mínima de esa audiencia). Se hace saber a la autoridad en mención que, con el fin de respetar la política de sana distancia aplicada a la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad Covid- 19, en el sentido de que deberá privilegiarse el trabajo a distancia haciendo uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias; el correo electrónico oficial de este juzgado es: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx, y por el mismo medio se acusará recibo -el mismo día si el correo se recibe de nueve a quince horas, o al día siguiente si es con posterioridad-. Lo anterior bajo el apercibimiento de que en caso de desatender dicho requerimiento, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259, todos de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.
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