Samuel Guiza Diaz

Expediente 344/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
344/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
10/05/2022

Partes del expediente

  • Samuel Guiza Diaz
  • Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Puruándiro, Michoacán y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de mayo de dos mil veintidós. ARCHIVO Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional y definitva. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de enero de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de diecisiete de noviembre del año en curso, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese el presente expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO EN EL EXPEDIENTE 344/2021, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE. LEONEL LÓPEZ PÉREZ, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretaria, dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 344/2021, promovido por Samuel Guiza Díaz, contra actos del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Puruándiro, Michoacán, y otra autoridad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: a).- Directora de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos con sede en Zacapu, Michoacán, por conducto del Jefe de Oficina del Departamento de Asuntos Jurídicos y apoderado del CFE, Suministrador de Servicios Básicos de esta ciudad. Por otra parte, se hace constar y certifica: Que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Puruándiro, Michoacán, fue omiso en rendir su respectivo informe justificado aun y cuando obra acuse de recibo del oficio por el que se le requirió. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Por otra parte, en relación con la certificación de cuenta, se tiene como omiso en rendir su respectivo informe justificado al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Puruándiro, Michoacán, sin que dicha omisión sea obstáculo resolver el presente asunto. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte quejosa exhibió documental, misma que anexó en el libelo constitucional; así como la diversa documental que se recibió en auto de doce de julio del año en curso; pruebas que se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que el quejoso formuló alegatos. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Se tienen por formulados los alegatos del quejoso y por perdido el derecho al resto de las partes, y se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 344/2021, promovido por Samuel Guiza Díaz, contra actos del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Puruándiro, Michoacán y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, remitido ese mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, por razón de turno, Samuel Guiza Diaz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Puruándiro, Michoacán y otra autoridad. La parte promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 1°, 6, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Previa su aclaración, mediante proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, se dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada previo diferimiento en términos de la presente actuación. Ahora bien, en virtud de que en términos de los dispuesto por en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizó al secretario Leonel López Pérez, para fungir como Juez, será éste quien con tales funciones dicte en este asunto la resolución que en derecho proceda, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2022487 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 16 Tipo: Jurisprudencia SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la forma en que un secretario en funciones de Juez de Distrito debe justificar que actúa con tal carácter al dictar sentencias, llegaron a soluciones distintas, ya que para la Primera Sala basta con que el secretario mencione que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que para la Segunda Sala es necesario que en la sentencia se transcriba el documento que autoriza al secretario para fungir como Juez de Distrito. Criterio jurídico: La calidad de secretario en funciones de Juez de Distrito al dictar una sentencia, se justifica cuando éste menciona en la antefirma de la resolución que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para actuar con ese carácter. Justificación: La sola manifestación de esa autorización goza de la presunción de certeza, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para autorizar al secretario del juzgado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en la ausencia del titular, y dichas actuaciones deben ser autorizadas por el secretario de Acuerdos respectivo, quien tiene fe pública. Lo anterior se refuerza en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta última, no prevén mayores formalidades para el ejercicio de tal encomienda; esto, sin menoscabo de que el quejoso, en su caso, pueda demostrar la ilegalidad de tal actuación. Contradicción de tesis 371/2019. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 de mayo de 2020. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Disidentes: Yasmín Esquivel Mossa, Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Alfredo Uruchurtu Soberón. Tesis y/o criterios contendientes: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 615/96, el cual dio origen a la tesis aislada 1a. II/97, de rubro: "SENTENCIAS PRONUNCIADAS POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA SOLA MENCIÓN DE ESTA CIRCUNSTANCIA EN LA ANTEFIRMA GOZA DE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 189, con número de registro digital: 199517; y, La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2011, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 67/2011, de rubro: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 853, con número de registro digital: 161460. El Tribunal Pleno, el veintinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 17/2020 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintinueve de octubre de dos mil veinte. Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2020 a las ??????????????? 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de noviembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019."; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se combate una norma general con motivo de su primer acto de aplicación el cual tiene verificativo dentro de la circunscripción territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil." En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, se obtiene que el acto reclamado es el siguiente: ? De la Directora de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en Zacapu, Michoacán, y Tesorero Municipal de Puruándiro, Michoacán: El cobro excesivo del Derecho del Alumbrado Público, así como el pago de la cantidad respectiva, por la incorrecta e ilegal aplicación del artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Puruándiro, Michoacán. Cabe precisar que en la especie, no obstante que se previno a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo reclamar la inconstitucionalidad de la norma que prevé el cobro del derecho de alumbrado público, la parte quejosa, al cumplir con dicha prevención manifestó expresamente su deseo de no reclamar dicha inconstitucionalidad, sino únicamente el cobro excesivo de dicho impuesto, atribuido a las autoridades ya precisadas, de manera que en la presente sentencia, no será materia de análisis la inconstitucionalidad del artículo de la Ley de Ingresos del Municipio de Puruándiro, Michoacán, para el ejercicio fiscal 2021, en base al cual se haya realizado el cálculo del derecho de alumbrado público al hoy quejoso. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Directora de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos con sede en Zacapu, Michoacán, por conducto del Jefe de Oficina del Departamento de Asuntos Jurídicos y apoderado del CFE, Suministrador de Servicios Básicos de esta ciudad, al rendir el informe justificado negó los actos reclamados por el quejoso, pues al efecto considera dicha autoridad que en ningún momento se realizan actos de ejecución de Ley de Ingresos del Municipio de Puruándiro, Michoacán; y, que no realiza funciones de determinación del Derecho del Alumbrado Público. Por otra parte, no se soslaya que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Puruándiro, fue omiso en rendir su informe justificado, pese a que recibió el oficio por el cual se le solicitó el informe justificado. Sin embargo, dada la naturaleza de los actos reclamados, respecto al tipo de actuación tendente al cobro del derecho de alumbrado público, por lo que el quejoso considera la incorrecta aplicación del artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Puruándiro, Michoacán, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, pues al efecto considera que dicho cobro es excesivo, no procede presumir cierto el acto que se le atribuye, por los motivos que a continuación se expondrán. En efecto, cabe señalar que, el cubrir determinada contribución como lo es del derecho de alumbrado público, de ninguna manera puede atribuirse dicha actuación a determinada autoridad, precisamente porque es el contribuyente -gobernado- quien se coloca en forma voluntaria en el supuesto establecido en la norma que prevea determinada contribución. Es aplicable en lo conducente la tesis que se reproduce a continuación: "Época: Novena Época Registro: 171860 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Agosto de 2007 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 153/2007 Página: 367 AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. Contradicción de tesis 91/2007-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 27 de junio de 2007. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Óscar Palomo Carrasco. Tesis de jurisprudencia 153/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del quince de agosto de dos mil siete." Máxime, que al resolverse la contradicción de tesis 413/2008, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó toralmente que el pago de un tributo no constituye propiamente un acto de autoridad, aun cuando resulte apto para promover el juicio de amparo indirecto, puesto que el sistema fiscal mexicano es "autodeclarativo", de tal forma que corresponde a los contribuyentes liquidar y determinar los tributos a su cargo, con independencia de la mera propuesta que realicen las autoridades o los terceros auxiliares al expedir los documentos o recibos respectivos; tales argumentos dieron origen a la tesis que se reproduce en seguida: "Época: Novena Época Registro: 168248 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia ??????????????? Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Diciembre de 2008 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 182/2008 Página: 294 TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL RECIBO DE PAGO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el recibo de pago de un tributo no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues lo único que acredita es la existencia de un acto de autoaplicación de la ley relativa. Asimismo, ha precisado que el recibo de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos solamente constituye el medio idóneo para acreditar el cumplimiento de la obligación correspondiente, pero no un acto de autoridad imputable a la autoridad fiscal. Conforme a lo anterior, las circunstancias particulares que hayan provocado el pago del impuesto indicado, consistentes en que al contribuyente, al acudir ante la autoridad a realizar algún trámite administrativo vinculado con la circulación del automóvil, se le haya determinado un adeudo por concepto de tenencia o uso de vehículos condicionando la prestación del servicio administrativo al pago correspondiente, en cumplimiento de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, no desnaturaliza al recibo de pago en sí mismo, convirtiéndolo en esas circunstancias en un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino que éste sigue conservando la naturaleza de un mero medio para acreditar el cumplimiento de la obligación tributaria. Lo anterior no implica desconocer que la negativa de la autoridad de proporcionar los servicios administrativos vinculados con la circulación de vehículos, por existir un adeudo relacionado con el impuesto aludido, así como la determinación del monto a pagar, son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Contradicción de tesis 143/2008-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 5 de noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 182/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de noviembre de 2008." Cabe destacar, que la cuestión que nos ocupa, no se analiza respecto a la improcedencia del juicio de amparo ya que ésta presupone la existencia del acto reclamado. Sin embargo, atento a las consideraciones contenidas en la jurisprudencia invocada, válidamente puede concluirse que no existen los actos atribuidos al Tesorero y Comisión Federal de Electricidad, señaladas como responsables, puesto que la aplicación de la norma en base a la cual se realiza el cobro de derecho de alumbrado público, en realidad provino de una autoaplicación del propio gobernado. A mayor abundamiento debe precisarse que incluso respecto del cobro excesivo del Derecho de Alumbrado Público que le reclama a la Comisión Federal de Electricidad, en un momento dado también se actualizaría la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, a contrario sensu de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la misma no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque dicho organismo actúa como auxiliar de la administración pública municipal y carece de facultades coercitivas para exigir a una persona el pago de derechos por alumbrado público, ya que el cobro del derecho por el servicio de alumbrado público, efectuado a través del aviso-recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, no constituye un acto materialmente administrativo. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2022542 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Administrativa Tesis: PC.XVIII.P.A. J/12 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 580 Tipo: Jurisprudencia ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO. NO LO CONSTITUYE EL COBRO DEL DERECHO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EFECTUADO A TRAVÉS DEL AVISO-RECIBO EXPEDIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en las jurisprudencias 2a./J. 71/2018 (10a.) y 2a./J. 112/2006, que los actos que realiza la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en relación con la determinación y recaudación del pago de derechos por el servicio de alumbrado público, no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque dicho organismo actúa como auxiliar de la administración pública municipal y carece de facultades coercitivas para exigir a una persona el pago de derechos por alumbrado público. Por otra parte, ese Alto Tribunal también ha sostenido que los actos materialmente administrativos a que se refiere el artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, son los emitidos de forma unilateral por un órgano de la administración pública (en los que no tiene intervención el particular y, por tanto, son discrecionales). Con base en lo anterior, el cobro del derecho por el servicio de alumbrado público, efectuado a través del aviso-recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, no constituye un acto materialmente administrativo que amerite que la autoridad responsable deba complementar la fundamentación y motivación de su actuación, en observancia a lo previsto en el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, pues si la determinación contenida en el aviso-recibo no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio constitucional, con mayor razón no puede ser considerado como un acto materialmente administrativo y, por otra parte, en cuanto al acto recaudatorio formalmente atribuible a la autoridad municipal competente, si bien es un acto de autoridad, no puede estimarse como materialmente administrativo, dado que no es emitido de manera discrecional -condición que ha sido definida para efectos de tal categorización, en la jurisprudencia 2a./J. 23/2015 (10a.), sustentada por la misma Segunda Sala del Máximo Tribunal- sino en acatamiento a la regulación correspondiente y conforme a la mecánica de cálculo y cobro prevista en el respectivo convenio celebrado entre el Ayuntamiento correspondiente y el organismo público mencionado; por ende, la eventual falta o insuficiencia de fundamentación y motivación en que pudiera incurrir esa determinación no puede ser materia de complementación en el informe justificado, conforme a lo previsto en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo. PLENO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. Contradicción de tesis 2/2020. Entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito. 7 de octubre de 2020. Unanimidad de tres votos de los Magistrados Guillermo del Castillo Vélez, Nicolás Nazar Sevilla y Alfredo Cid García. Ponente: Alfredo Cid García. Secretario: Marcelo Guerrero Rodríguez. Criterios contendientes: El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito al resolver el amparo en revisión 167/2019, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión 360/2019. Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2018 (10a.), 2a./J. 23/2015 (10a.) y 2a./J. 112/2006 citadas, aparecen publicadas con los títulos, subtítulos y rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 112/2006 SIGUE SIENDO APLICABLE A LOS ACTOS QUE REALIZA EN RELACIÓN CON LA DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL PAGO DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013.", "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS EMITIDOS EN FORMA UNILATERAL." y "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ACTÚA COMO PARTICULAR EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUANDO DETERMINA Y RECAUDA EL DERECHO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.", en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 22 de junio de 2018 a las 10:28 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Tomo II, junio de 2018, página 1296, con número de registro digital: 2017214; en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de marzo de 2015 a las 9:30 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 16, Tomo II, marzo de 2015, página 1239, con número de registro digital: 2008753, y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, agosto de 2006, página 293, con número de registro digital: 174533, respectivamente. Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de diciembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019." En mérito de lo anterior, lo que se impone es SOBRESEER en el juicio, respecto del acto atribuido al Tesorero Municipal de Puruándiro, Michoacán, y de ??????????????? la Directora de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos con sede en Zacapu, Michoacán, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con fundamento legal, además, en los artículos 63, fracción IV, y 74, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  4. Incidental

    Vistos; para resolver los autos del incidente de suspensión 344/2021; y, R E S U L T A N D O: 1.- Por escrito presentado el veintiuno de abril del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, que fue remitido a este órgano jurisdiccional ese mismo día, por razón de turno, Samuel Guiza Diaz, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. 2.- Previa aclaración, mediante proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional CONCEDIÓ parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama en la presente vía de amparo, lo siguiente: El cobro excesivo del Derecho de Alumbrado Público, que efectúa la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Puruándiro, Michoacán de Ocampo por conducto de la Comisión Federal de Electricidad, así como el pago de la cantidad respectiva, y su incorrecta e ilegal aplicación del artículo 17 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Puruándiro, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del dos mil veintiuno. SEGUNDO.- SE PRESUMEN CIERTOS LOS ACTOS RECLAMADOS.- Por otra parte, toda vez que la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Puruándiro y Directora de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos con sede en Zacapu, ambos de este Estado de Michoacán, fueron omisos de rendir su informe previo, no obstante estar debidamente notificados para ello, según se advierte de las constancias que obran en autos, se presumen ciertos los actos que se les atribuyen, en términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 140, de la Ley de Amparo. TERCERO.- PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN POR CUANTO A LOS EFECTOS DE LA NORMA. En cuanto, a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, se procede a analizar sobre la concesión o negativa de la medida única y exclusivamente respecto de ellas, siguiendo un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho cuyos elementos han quedado establecidos con anterioridad. Y toda vez que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva de los actos reclamados precisados y acredita su interés jurídico con en lo que atañe al número de servicio 159210200940, que se presta en el domicilio ubicado en Matamoros 315, Galeana y López Rayón de Puruándiro Centro Michoacán, el cual acredita con su respectivo aviso de requerimiento de pago del servicio de energía eléctrica, el cual acompañó a su escrito aclaratorio de demanda. Orienta lo anterior la tesis Época: Novena Época Registro: 179677 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Enero de 2005 Materia(s): Administrativa Tesis: XXI.4o.14 A Página: 1713 ALUMBRADO PÚBLICO. EL INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO EL DERECHO RELATIVO, SE ACREDITA CON EL AVISO-RECIBO EXPEDIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE CONSTITUYE EL ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, VIGENTE PARA 2004. El artículo 81 de la citada ley que establece el derecho que por concepto de alumbrado público debe aportarse al Municipio a través de una cuota fija mensual o bimestral que determine la Comisión Federal de Electricidad tiene carácter de una ley heteroaplicativa que por su sola entrada en vigor no causa perjuicio ni modifica alguna situación jurídica existente, ya que la obligación de contribuir al gasto público ocasionado por ese servicio será exigible cuando el gobernado conozca el monto de esa contribución hasta que la autoridad administrativa, mediante el recibo que para ese efecto emita, efectúe su cobro; acto diverso a la simple expedición de la norma que condiciona su aplicación a la realización de aquel evento, el cual constituye el acto concreto de aplicación. Ahora bien, el hecho de que el monto consignado en el avisorecibo no corresponda a la tarifa de usuario en que se clasificó a la quejosa, no implica que no se haya aplicado la cuota fija que establecen las disposiciones legales impugnadas, pues su inclusión en el documento de mérito, al especificar en el concepto "DAP" cierta cantidad, no puede tener otro soporte que aquéllas, dado que cuando una norma jurídica no es expresada por la autoridad como el sustento de su actuación, el interés jurídico para impugnarla mediante el juicio de amparo proviene tanto de la disposición legal como de su aplicación. Así, con independencia de que la autoridad someta su actuar a los precisos términos de las disposiciones que debieron aplicarse, debe tenerse en cuenta que dicha documental fue expedida en uso de la facultad que le otorga tanto la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica como la Ley de Ingresos combatida. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 263/2004. Isaura Oropeza Canto. 26 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Rafael Aragón. Secretaria: Ma. Guadalupe Gutiérrez Pessina. Por tanto, en relación con los actos de aplicación del decreto reclamado, que se traducen en el cobro del Derecho de Alumbrado Público que se está generando por el consumo de energía eléctrica en el domicilio del quejoso, SE CONCEDE la suspensión definitiva para el efecto de que no le sea exigible el pago por derechos de alumbrado público que se genere y no se corte o interrumpa el suministro eléctrico que se le otorga a Samuel Guiza Díaz, con número de servicio 159210200940, que se presta en el domicilio ubicado en Matamoros 315, Galeana y López Rayón de Puruándiro RIGOBERTO CHAVEZ VILLA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.c1 19/09/22 14:51:20 Centro, Michoacán, por falta del pago de los derechos de alumbrado público, hasta que se notifique a las autoridades responsables lo sentencia ejecutoriada que se dicte dentro del juicio de amparo del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, con lo cual se preserva la materia del fondo del juicio de amparo, dado que de llegar a ejecutarse el corte o la interrupción del servicio de que se trata por adeudos de consumo de energía eléctrica, se podrían causar perjuicios de difícil reparación contra la quejosa, por lo que se actualiza la procedencia de la medida suspensiva en términos del artículo 128 en relación con el diverso 148, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, se dejan expeditas las facultades legales y reglamentarias de las autoridades responsables para aplicar las medidas que estimen pertinentes en caso de que la parte quejosa directa incumpla o viole lo dispuesto en el contrato de servicio de suministro de energía eléctrica, es decir, el sentido de la presente medida cautelar no autoriza al solicitante de amparo a conducirse fuera del margen de las obligaciones que se encuentra obligado a observar. Asimismo, la medida cautelar decretada no exime a la parte quejosa de seguir cumpliendo con el pago por el suministro de energía eléctrica. La medida cautelar concedida no surtirá efecto legal ni material alguno si los actos reclamados ya fueron ejecutados. NO SE FIJA GARANTÍA Sin que en el caso proceda fijar garantía para que surta efectos la medida cautelar que se concede, en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo, en atención a que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha declarado inconstitucionales diversas leyes que prevén el cobro de Derecho de Alumbrado Público en nuestro país, por lo que atendiendo a la apariencia del buen derecho existe un alto grado de posibilidad que el resultado del juicio de amparo, no afecte el interés fiscal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia: Época: Octava Época Registro: 206077 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Administrativa, Constitucional Tesis: P. 6 Página: 134 ALUMBRADO PUBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CODIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACION. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica; ahora bien, cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local. En efecto, debe existir una relación lógica entre el objeto de una contribución y su base, principio que se rompe en casos como éstos, pues ninguna relación hay entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público, debiendo concluirse que en realidad se trata de una contribución establecida por las legislaturas locales al consumo de fluido eléctrico, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General de la República. RIGOBERTO CHAVEZ VILLA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.c1 19/09/22 14:51:20 Amparo en revisión 3014/79. Industrias Químicas de México, S.A. 28 de septiembre de 1982. Unanimidad de dieciséis votos de los señores Ministros: Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Rivera Silva, Langle Martínez, Lozano Ramírez, Pavón Vasconcelos, Rodríguez Roldán, Iñárritu, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Salmorán de Tamayo, del Río Rodríguez, Calleja García, León Orantes, Olivera Toro y Presidente Mario G. Rebolledo. Ponente: Raúl Cuevas Mantecón. Secretario: José Pérez Troncoso. Séptima Época, Volúmenes 163-168, Primera Parte, página 61. Amparo en revisión 703/79. Inocencio Alejandro Avalos. 27 de marzo de 1984. Unanimidad de diecinueve votos de los señores Ministros: López Aparicio, Franco Rodríguez, Cuevas Mantecón, Azuela Güitrón, Langle Martínez, Díaz Infante, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, de Silva Nava, Rodríguez Roldán, Palacios Vargas, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Salmorán de Tamayo, Moreno Flores, del Río Rodríguez, Calleja García, Olivera Toro y Presidente Jorge Iñárritu. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Secretario: Arturo Iturbe Rivas. Séptima Época, Volúmenes 181-186, Primera Parte, página 53. Amparo en revisión 5643/79. Jesús Gomaba Grijalva y coagraviado. 24 de abril de 1984. Unanimidad de dieciséis votos de los señores Ministros: López Aparicio, Franco Rodríguez, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Azuela Güitrón, Langle Martínez, Pavón Vasconcelos, Rodríguez Roldán, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Salmorán de Tamayo, Moreno Flores, Calleja García, León Orantes, Olivera Toro y Presidente Jorge Iñárritu. Ponente: Raúl Cuevas Mantecón. Secretario: José Pérez Troncoso. Séptima Época, Volúmenes 181-186, Primera Parte, página 54. Amparo en revisión 4036/84. Cementos Mexicanos, S.A. 3 de febrero de 1987. Mayoría de quince votos de los señores Ministros: de Silva Nava, López Contreras, Castañón León, Fernández Doblado, Adato de Ibarra, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Schmill Ordóñez, Díaz Romero, Olivera Toro y Presidente del Río Rodríguez en contra del voto de Azuela Güitrón. Ponente: José Manuel Villagordoa Lozano. Secretario: Esteban Santos Velázquez. Séptima Época, Volúmenes 217-228, Primera Parte, página 11. Amparo en revisión 7959/86. Cementos Mexicanos, S.A. 19 de abril de 1988. Mayoría de diecinueve votos de los señores Ministros: de Silva Nava, López Contreras, Cuevas Mantecón, Alba Leyva, Díaz Infante, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Suárez Torres, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente Carlos del Río Rodríguez, en contra de los votos de: Azuela Güitrón y Castañón León. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Benjamín Soto Cardona. Texto de la tesis aprobado por el Tribunal en Pleno el veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y ocho. Unanimidad de veintiún votos de los señores Ministros: Presidente Carlos del Río Rodríguez, Carlos de Silva Nava, Felipe López Contreras, Raúl Cuevas Mantecón, Samuel Alba Leyva, Mariano Azuela Güitrón, Noé Castañón León, Ernesto Díaz Infante, Luis Fernández Doblado, Francisco H. Pavón Vasconcelos, Victoria Adato Green, Santiago Rodríguez Roldán, José Martínez Delgado, Manuel Gutiérrez de Velasco, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Angel Suárez Torres, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Juan Díaz Romero y Ulises Schmill Ordóñez. (México, D. F., a 27 de junio de 1988.)". Aunado a lo anterior, debe decirse que lo anterior no afecta el interés fiscal, pues en caso de que el juicio de amparo no resulte favorable a los intereses de la parte quejosa, la Comisión Federal de Electricidad, en cualquier momento podrá cobrarle a dicho amparista, lo correspondiente al Derecho de Alumbrado Público. Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de las responsables que en caso de no cumplir con la suspensión definitiva, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos". Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE CONCEDE a Samuel Guiza Díaz, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese.

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