Samuel Renteria Castillo

Expediente 252/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
252/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
26/06/2023

Partes del expediente

  • Samuel Renteria Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa en proveído de nueve de los actuales, a efecto de que compareciera a ratificar el escrito por el cual manifiesta su deseo de desistirse de la demanda de amparo, sin que lo haya hecho; por tanto, se provee: Ahora bien, de la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En esa virtud, con fundamento en el artículo 17, fracción lll, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de ser conservable dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, en el evento que habrá de realizarse una vez al año, previo a la realización de la visita de inspección, procédase a la transferencia del juicio de amparo de que se trata, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 09 de junio del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso Samuel Rentería Castillo, mediante el cual manifiesta que es su deseo desistirse de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo. En tal virtud, requiérase para que ratifique el escrito de desistimiento, lo cual podrá realizar de la manera siguiente: a) Al momento de la notificación del presente auto ante el actuario; b) Mediante comparecencia ante el personal de este juzgado con identificación oficial vigente; y/o, c) Por escrito ratificado ante Notario Público con la manifestación expresa del desistimiento. Apoya lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 119/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital: 174481, de rubro siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO". Asimismo, puede presentar a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación escrito firmado electrónicamente con evidencia criptográfica, el cual produce los mismos efectos que el signado ante la autoridad judicial, por lo que éste no requiere de ratificación. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término de tres días contado a partir de que surta sus efectos la notificación que se le practique del presente proveído, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tendrá por no desistido y se continuará con el trámite del juicio, como lo establece el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con treinta minutos del seis de junio de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 252/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la promoción registrada bajo el número 9056, suscrita por el asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública. El juez acuerda: Provéase lo conducente a la promoción de cuenta en la etapa que corresponda. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que allegó la autoridad responsable junto con su informe justificado, así como con las exhibidas por la quejosa. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por la autoridad responsables y por la parte quejosa. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que únicamente el representante especial del menor de iniciales A.R.D., formuló los de su intención. En relación con lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen formulados los alegatos del representante especial de menor, y se declara precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dos de marzo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Samuel Rentería Castillo, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Demanda en la cual la parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los artículos 1º, 4º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3, 18, 19, 27, 37, y artículo 4º, párrafos 9, 10 y 11, de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Segundo. Admisión. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que la registró bajo el número de expediente 252/2023 y en auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, se admitió en los términos planteados y se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. Posteriormente, en auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, se reconoció el carácter de tercera interesada a Erika Domínguez Pineda, en cuanto parte demandada en el juicio familiar de origen, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede, por lo que ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad que reside dentro de ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda de amparo, el acto que reclama la parte quejosa del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, consiste en: El auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio 424/2019 que en la vía especial oral familiar sobre modificación de convenio promovió Samuel Rentería Castillo contra Erika Domínguez Pineda. En dicho auto, en atención a la petición formulada por el actor, la juez responsable determinó que no ha lugar a decretar a su favor la medida cautelar de custodia provisional del menor de iniciales A.R.D., en atención a la ejecutoria de ocho de abril de dos mil veintidós, en la que se ordenaron valoraciones a las partes y al adolescente de que se trata. Tercera. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de Morelia, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado dicha autoridad responsable, consistentes en copia certificada de las principales constancias relativas al juicio especial oral familiar 425/2019 [un tomo de pruebas]. Probanzas que, atenta su naturaleza de actuaciones jurisdiccionales, tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Estudio del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora bien, previo a calificar los conceptos de violación y para una mejor comprensión de lo que aquí se resuelve, este juzgador estima necesario hacer una breve reseña de los antecedentes del acto reclamado que se advierten de las constancias allegadas al sumario. Mediante sentencia de seis de julio de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio especial oral familiar 425/2019 que sobre modificación de convenio promovió Samuel Rentería Castillo frente a Erika Domínguez Pineda, el juez responsable declaró parcialmente procedente la acción principal sobre modificación de convenio, por lo que determinó que el adolescente de iniciales A.R.D. ahora quedara bajo la guardia y custodia de su progenitor, fijándose un régimen de convivencias con su madre, así como el pago de pensión alimenticia a cargo de ésta. Inconforme con la anterior determinación, la demandada interpuso el recurso de apelación y mediante resolución de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca 206/2021, el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, modificó la sentencia recurrida para regirse en lo sucesivo por los resolutivos siguientes: "PRIMERO. [.] SEGUNDO [.] TERCERO. Se determina que el adolescente de iniciales A.R.D., quedará bajo la guarda y custodia de su progenitor, el cual vivirá en el domicilio identificado en el convenio cuya modificación se pidió, al lado del nuevo progenitor custodio, debiendo, por tanto, dejar dicho domicilio Erika Domínguez Pineda, atento a las consideraciones expuestas en el cuerpo de este fallo; fijándose un régimen de convivencia con su madre; así como el pago de pensión alimenticia, misma que tendrá un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Banco de México, como lo ordena el imperativo 451 del Código de Familia. CUARTO." Posteriormente, el ocho de abril de dos mil veintidós, el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dictó nueva resolución en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo civil 603/2021 relacionado con el diverso 604/2021, promovido por Erika Domínguez Pineda contra la sentencia dictada en el citado toca 206/2021, y atento a lo ordenado en la citada ejecutoria, consideró necesario suplir la deficiencia de la queja en favor del menor de iniciales A.R.D. y concluyó que el juzgador de origen se equivocó al decretar el cambio de custodia del menor para que ahora la ejerciera su progenitor Samuel Rentería Castillo, pues al tomar esa decisión no consideró elementos objetivos que le permitieran resolver de esa manera aún y cuando oficiosamente debió recabarlos, por tanto, dejó insubsistente el fallo redargüido para el efecto de que el juez natural: "a) Ordene la ampliación de pruebas psicológicas específicas, conforme a lo establecido en la ejecutoria y, en caso de ser necesario, también ordene las terapias respectiva; y, b) Hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho proceda en el presente expediente, teniendo presente en todo momento el interés superior del menor involucrado en el litigio, conforme a lo anotado en esta ejecutoria." Atento lo anterior, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de Morelia, mediante auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, tuvo por recibidos los autos originales del juicio y testimonio autorizado de la resolución dictada dentro del toca 480/2021, y toda vez que el magistrado de apelación revocó la sentencia apelada, ordenó la valoración psicológica a las partes materiales y al adolescente de identidad reservada de iniciales A.R.D., en los términos que precisó en el citado auto. Luego, a través de su escrito presentado el ocho de febrero de dos mil veintitrés, el actor Samuel Rentería Castillo con apoyo en los artículos 842 y 870 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, solicitó medida cautelar para el efecto de que el menor de iniciales A.R.D., quedara bajo su guarda y custodia hasta en tanto se resuelva el procedimiento; lo anterior, con base en las diversas manifestaciones que refirió el actor le expresó su menor hijo, en el sentido de que de manera expresa y contundente le ha pedido que lo lleve a vivir con él. A dicha petición recayó el auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés, en el que el juzgador responsable, en la parte conducente, acordó: "[.] Visto el escrito que presenta el ciudadano Samuel Rentería Castillo, parte actora de este juicio, se le tiene por hechas sus manifestaciones, ahora bien, se le dice que no ha lugar a decretar la medida cautelar de custodia provisional que solicita, en atención a la ejecutoria de data 08 ocho de abril del año próximo pasado, donde se ordenaron valoraciones a las partes y al adolescente de iniciales A.R.D. porque como se indicó en dicha ejecutoria, solo de esa forma se justificaría el cambio de custodia que solicita. [.]" Esta última determinación constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Al efecto, vía conceptos de violación, la parte quejosa aduce esencialmente: Que los razonamientos jurídicos vertidos por la autoridad responsable deviene infundados en virtud de que las valoraciones ordenadas en su momento servirán para resolver en definitiva la pugna planteada en el juicio 425/2019, pero, entretanto esto sucede, es necesario tomar todas las medidas que sean urgentes y conducentes en beneficio del menor y de su interés superior, con independencia de lo que se resuelva al final del juicio; de ahí que las medidas cautelares se hayan creado por el legislador para atender situaciones inmediatas, sin necesidad de esperar eventualmente largos procesos judiciales, como es el caso. Que dentro de lo valorado psicológicamente por el área respectiva del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y que obran en el expediente de origen, se tiene que de las condiciones preliminares que se han sometido a análisis, se sugiere que es mejor para el menor que se encuentre bajo su guarda y custodia, lo cual debería llevarse a cabo justamente en la casa donde actualmente vive, aunado a que por manifestaciones expresas del menor este ha solicitado desesperadamente al quejoso la cohabitación con él, la cual de no autorizarse en la modalidad de guarda y custodia, supondría un sometimiento al estrés, incomodidad y sufrimiento del propio menor, lo que atenta contra el interés superior al mismo que la ley protege. Finalmente, aduce que el juez responsable fue omiso en autorizar una entrevista con el menor, lo que hubiera ilustrado de una mejor manera su juicio para pronunciarse en favor del cambio de custodia, con lo cual se vulneran sus derechos y los de su menor hijo. Establecido lo anterior, los argumentos vertidos vía conceptos de violación resultan infundados. Para explicar lo anterior, se considera necesario en primer término traer a contexto el contenido de los artículos 842, 843, fracción III, y 870 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, los cuales por su orden disponen: "Artículo 842. Se consideran medidas cautelares los trámites, diligencias y gestiones que se practiquen antes o durante la sustanciación de algún procedimiento familiar, encaminadas a salvaguardar la seguridad de los miembros de la familia, y surtirán efectos solo mientras dure el juicio. Correspondiendo conocer de las mismas al juez de instrucción si se solicitan antes de la presentación de la demanda, o bien, a este o al juez oral del domicilio del solicitante, en atención a la etapa en que se encuentre el procedimiento. Artículo 843. Se reconocen como medidas cautelares: [.] III. Custodia provisional de menores de edad y personas con discapacidad; y, [.]" "Artículo 870. Cuando se solicite una medida provisional y existan hijos menores de edad o con discapacidad, el juez los pondrá al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren designado los cónyuges, pudiendo ser uno de estos." Del contenido literal de los preceptos legales transcritos se obtiene: - Que las medidas cautelares son los trámites, diligencias y gestiones que se practican antes o durante la sustanciación de algún procedimiento familiar. - Que dichas medidas están encaminadas a salvaguardar la seguridad de los miembros de la familia, y surtirán efectos solo mientras dure el juicio. - Asimismo, que corresponde conocer de las mismas al juez de instrucción si se solicitan antes de la presentación de la demanda, o bien, a este o al juez oral del domicilio del solicitante, en atención a la etapa en que se encuentre el procedimiento. - Que entre dichas medidas se encuentra la de custodia provisional de menores de edad; y, - Que cuando se solicite una medida provisional y existan hijos menores de edad o con discapacidad, el juez los pondrá al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren designado los cónyuges, pudiendo ser uno de estos. Sentado el anterior panorama y como se adelantó, los argumentos del quejoso resultan infundados, en primer lugar, porque no obstante que solicitó la custodia provisional de su menor hijo de iniciales A.R.D., vía medida cautelar, debe decirse que su petición deviene improcedente pues el cambio de guarda y custodia constituye la acción principal ejercida por el propio quejoso dentro del juicio especial 425/2019, y respecto de la cual se dictó sentencia y se modificó en apelación; posteriormente, mediante ejecutoria dictada en amparo directo se ordenó pronunciar una nueva sentencia, en la que finalmente se dejó insubsistente la sentencia primigenia que resolvió procedente dicha prestación, para ahora previo a dictar la resolución correspondiente se desahoguen pruebas psicológicas concretas. Lo anterior, sin que se advierta que la petición del quejoso obedezca a una causa urgente o encaminada a salvaguardar la seguridad o integridad del menor de edad involucrado, como aduce en su demanda, y por esa razón se deba considerar necesario tomar medidas urgentes e inmediatas, pues no obstante que las medidas cautelares surtan efectos solo mientras dure el juicio, las razones expuestas por el peticionario del amparo para solicitar la medida, se advierte son las mismas que hizo valer en el juicio de origen y las cuales serán valoradas por el juzgador natural al momento de resolver en definitiva. En segundo término, porque la razón que expuso el juzgador de origen para negar la medida cautelar solicitada por el progenitor del menor, lo fue que no procedía decretar dicha medida en atención a la ejecutoria de ocho de abril de dos mil veintidós, donde se ordenaron valoraciones a las partes y al adolescente de iniciales A.R.D. Lo que se estima ajustado a derecho, sobre todo si tomamos en consideración que, como se expuso en el apartado de antecedentes, la sentencia dictada en el juicio especial oral familiar 425/2019 sobre modificación de convenio, en la que se determinó conceder al progenitor aquí quejoso, el cambio de guarda y custodia del menor de iniciales A.R.D., fue revocada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo 603/2021, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, expediente que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por encontrarse publicado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación (SISE). En dicha ejecutoria, consideró el tribunal de amparo que respecto de la declaración de un menor de edad, debe analizarse oficiosamente el aspecto de una posible manipulación que pudiera presentarse entre el adolescente y sus progenitores, sin que ello vulnere el principio de congruencia que rige en el dictado de las sentencias, dado que el dispositivo 932 de la codificación familiar da la atribución de intervenir de oficio a los órganos jurisdiccionales que conozcan de dichos asuntos. Sin embargo, -determinó el tribunal colegiado- de las constancias del expediente de origen no se observa que se haya realizado esa recopilación de forma oficiosa par entonces estar en condiciones de decretar que en el presente asunto no existe la aludida manipulación y de esa manera poder considerar con medios de prueba idóneos que el menor involucrado debe estar mejor con su padre que con su progenitora, pues en la resolución se atendió al deseo del menor y de su papá de querer cohabitar juntos, lo que se hizo tomando en cuenta una prueba en psicología general. Es decir, -sostuvo el tribunal- el cambio que decretó el juez de origen se decidió sin mayores elementos probatorios, cuando por la naturaleza de los derechos cuestionados, en este caso, de una persona vulnerable cual es un menor de edad, no bastaba con sólo escucharlo, ni con efectuar una valoración psicológica general, ya que lo declarado por él -al ser escuchado fácticamente en dos audiencias de juicio- se puede advertir la existencia de una posible manipulación por las cosas materiales y propias de la casa propiedad de los contendientes, lo cual debe ser analizado en su justa dimensión por un especialista, para entonces poder decretar un cambio de custodia con mayores elementos de prueba. Por ello, puntualizó el tribunal de amparo, hacerlo sin mayores elementos de prueba -en lo específico-, traería por consiguiente estar ante una determinación que no cumple con todas sus finalidades, pues solo así se podría decir que se emitió una determinación en aras del interés superior del menor en cuestión de forma verdadera y en consecuencia, ordenó a la Sala responsable dejar insubsistente su determinación y emitir otra en la que ordenara la ampliación de pruebas psicológicas específicas. Y en tercer lugar, porque no obstante que en su escrito presentado ante la responsable, el progenitor argumentó que para autorizar la medida solicitada debían tenerse en cuenta los exámenes psicológicos realizados por el departamento del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de los que se desprende que él tiene mayor aptitud para el desempeño de la guarda y custodia del menor, -mismas que también exhibió en el presente juicio de amparo en copia certificada- debe decirse que si bien tienen valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, esos estudios junto con la totalidad de constancias que obren en el expediente natural deberán ser valorados por el juzgador de origen para determinar la procedencia o no de la acción intentada, de acuerdo con las especiales circunstancias que se ordenó tomar en consideración en torno a las declaraciones el menor, pues como se sostuvo en la ejecutoria pronunciada por el tribunal colegiado de circuito, la asignación de cambio de guarda y custodia y régimen de convivencia deber obedecer al único parámetro de la idoneidad, capacidad y convivencia, privilegiando en todo momento el bienestar del menor involucrado. De ahí que no proceda, como pretende el peticionario del amparo, a través de una medida cautelar autorizar el cambio de custodia del menor -aún en forma provisional-, tomando como referencia las manifestaciones que el quejoso refiere le realizó el menor involucrado, pues en relación a ello el tribunal de amparo se pronunció en el sentido de que el cambio de custodia se autorizó sin mayores elementos ya que se atendió al deseo del menor y de su papá de querer cohabitar juntos, sin embargo, para tomar esa determinación se debe contar con medios de prueba idóneos de que el menor involucrado está mejor con su padre que con su progenitora. En esas condiciones, al no advertirse violación a los artículos 1º, 4º, 14 y 16 de la Constitución Federal, ni deficiencia que suplir de oficio, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Samuel Rentería Castillo, por su propio derecho, contra el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

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