Samuel Manzanares Deaquino
Expediente 338/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 338/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Samuel Manzanares Deaquino
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, once de junio de dos mil veintiuno.**************************************** Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio que remite el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, Michoacán, mediante el cual devuelve diligenciado en sus términos el exhorto 175/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, acompañando para tal efecto las constancias de la notificación realizada al quejoso ********************, respecto del proveído dictado por este juzgado el treinta de abril del año en curso.******************** ********************Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y acúsese el recibo de estilo.****************************************Notifíquese por lista.****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.ERR
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio firmado electrónicamente por la secretaria adscrita al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, por medio del cual informa que se aceptó la competencia planteada por este juzgado y se admitió la demanda de amparo promovida por Samuel Manzanares Deaquino, quedando registrada bajo el número 258/2021-IV. Ahora bien, como lo solicita el Juzgado homólogo, mediante oficio remítasele el original del presente juicio de amparo I-338/2021-E. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente auxiliar en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y una vez que concluya el plazo de seis meses de archivo que prevé el artículo 20 del Acuerdo en mención, contado a partir de esta propia fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito firmado por ******************** mediante el cual desahoga la vista otorgada en auto de veintinueve de abril del año en curso, al manifestar lo siguiente: Arguye que lo asentado por la responsable, consistente en ".y en pago a las necesidades de personal.", resulta erróneo e indebido, porque refiere que ello puede entenderse como provisional o temporal; Luego señala que en la orden de adscripción, donde la responsable asentó la clave ********************faltó agregar con efectos a partir del 1º de enero de 2012"; Finalmente, la quejosa refiere que el cinco de abril de dos mil veintiuno, realizó la entrega de los documentos (toma de posesión, CURP y constancia de servicios) que solicita la Secretaría de Educación en el Estado, mismos que recibió el asesor jurídico ********************. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la autoridad Secretario de Educación en el Estado de Michoacán, para el efecto de que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que tenga conocimiento del presente auto, sirva cumplir y realizar las adecuaciones que refiere la parte quejosa; asimismo, se le requiere para que conmine a las autoridades de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, a fin de que den celeridad y cumplan con lo señalado. De igual forma, requiérase al Enlace Jurídico de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, para que dentro del mismo plazo referido en el párrafo precedente, realice las gestiones necesarias y las acredite ante este órgano jurisdiccional, toda vez que ha sido esta autoridad quien ha proporcionado los números telefónicos de los servidores públicos que pudieran atender a la quejosa. Lo anterior, con apercibimiento de que no cumplir con lo anterior (respecto a acreditar acciones reales y materiales) dentro del plazo otorgado se impondrá, a cada autoridad, una multa, por cien unidades de medida y actualización (UMA), equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional), lo anterior con fundamento en los artículos 237, fracción I y de 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, comunique a la citada autoridad, que podrá remitir las constancias que acrediten que cumplió con lo requerido, por vía postal o telegráfica al domicilio de este juzgado el cual es calle Lacas de Uruapan, número 31, colonia Vasco de Quiroga, Morelia, Michoacán; por vía fax al número 01 44 33 21 54 41 o al correo electrónico 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable y vinculada al cumplimiento. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por el Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite la demanda de amparo y presentada por el quejoso Samuel Manzanares Deaquino, ante ese órgano jurisdiccional en auxilio de la Justicia Federal contra actos del Director General del Centro de Reinserción Social número 17 CPS, Michoacán, lugar donde el peticionario de amparo guarda reclusión, y de otra autoridad. Acúsese recibo de estilo correspondiente, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número I-338/2021-E. Ahora bien, el promovente señala como acto reclamado lo siguiente: - La falta de atención médica especializada respecto de la valoración y diagnóstico por parte de un médico especialista traumatólogo y reumatólogo, además de estudios, tratamiento, medicamentos, así como accesorios o materiales ortopédicos que resulten necesarios respecto del padecimiento del quejoso. Asimismo, en su escrito de demanda el quejoso manifiesta que se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17-CPS Michoacán, en Buenavista Tomatlán, Michoacán. Al respecto, conviene destacar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo anterior tenemos que, si los actos reclamados no requieren ejecución material será competente el juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado éstos, de lo contrario, es decir, si los actos requieren de ejecución material, el juez competente será el de la zona en donde tenga lugar la ejecución de los actos reclamados, así como sus consecuencias jurídicas y en la especie, éste será necesariamente el de la residencia en que se encuentre la persona sobre la cual se materialicen los mismos. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado se iniciará a materializar en Tomatlán, Michoacán, en virtud de que la parte peticionaria de amparo está recluida en un centro penitenciario ubicado en dicha población, por lo que tiene aplicación el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, ya que la afectación directa sobre la salud del quejoso tiene sus efectos en el lugar que guarda reclusión. Por tanto, como el Centro Federal de Reinserción Social en que guarda reclusión la parte quejosa se encuentra fuera del ámbito de competencia territorial de este Juzgado de Distrito, por lo que con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito declina de plano la competencia al Juzgado de Distrito en Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, por lo que se le solicita que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas haga saber a este juzgado si acepta la competencia declinada a su favor. En tal virtud, previo cuaderno de antecedentes que se deje en este juzgado, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el expediente en que se actúa al Juzgado de Distrito que se considera competente para conocer de la demanda de amparo de cuenta, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Michoacán, con residencia en Uruapan. Es aplicable a lo anterior, el criterio ll.2o.P.16 K (10a.), sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Décima Época, número de registro 2012019, visible en la página 2093, del Tomo lll, del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión." Lo anterior, sin que resulte necesario pronunciarse sobre la suspensión de plano que prevén los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, pues no obstante que la demanda se remitirá en esta propia fecha a su destino, los padecimientos a que hace referencia el promovente le aquejan, no son de aquéllos que de manera inminente pongan en riesgo su vida. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones el ubicado carretera Ruana Tazumbos, km. 2, Ejido 18 de Marzo, Buenavista Tomatlán, Michoacán (Centro Federal de Readaptación Social Número 17-CPS Michoacán), con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley en comento, gírese atento exhorto al Juez de Distrito, en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán, fin de que comisione personal a su digno cargo para que realice lo siguiente: Se constituya en el domicilio ubicado en la carretera Ruana Tazumbos, km. 2, Ejido 18 de Marzo, Buenavista Tomatlán, Michoacán (Centro Federal de Readaptación Social Número 17-CPS Michoacán), y notifique a la parte quejosa la presente determinación. Con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se solicita al juzgado auxiliar para que acuse recibo de la comunicación oficial correspondiente por vía fax al número 01 44 33 21 54 41. Una vez realizada la diligencia requerida, deberá enviar a este órgano jurisdiccional las constancias respectivas que acrediten lo encomendado, o bien, informar el impedimento legal o material que haya surgido para no realizarla. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. De igual forma, toda vez que la parte quejosa manifestó su oposición para la publicación de sus datos personales; en consecuencia, de conformidad a lo establecido en los artículos 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, omítase incluir datos generales y personales de la impetrante de garantías, en las listas de este juzgado, así como en el sistema electrónico de publicación; tómese las medidas pertinentes para tal efecto. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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