Samuel Garcia Madrigal
Expediente 805/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 805/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Samuel Garcia Madrigal
Actuaciones
- Principal
El dos de agosto de dos mil diecinueve, el licenciado Javier Morales Guzmán secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, certifica: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto por el que se sobreseyó en el juicio en que se actúa, pues transcurrió del diecinueve de julio al primero de agosto del año en curso, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes de conformidad con los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno; lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 805/2019, con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal que guardan los autos. Conste. Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de dieciséis de julio del año en curso, por el que se sobreseyó en el sumario en que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado estado. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se sobreseyó en el presente asunto. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente así como el incidente de suspensión a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio suscrito por la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el expediente de amparo III-649/2019-L promovido por Samuel García Madrigal, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad. Atento lo anterior, constituye hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles que el juicio de amparo indirecto 583/2019 del índice de este juzgado, así como la demanda de amparo que originó el juicio de cuenta que remite la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, derivan de los mismos actos reclamados y autoridades responsables, por lo que determina que se actualiza la hipótesis que describe el artículo 49 de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en los artículos 33, fracción IV, 35, 37, 48 y 49, de la Ley de Amparo, así como el 46, fracción II, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado de Distrito acepta el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Samuel García Madrigal, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario número 36, con residencia en esta ciudad. Fórmese el expediente correspondiente, regístrese en el libro de gobierno con el número 805/2019 y acúsese recibo de estilo correspondiente. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, los siguientes actos reclamados: La falta de llamado del quejoso al expediente agrario 67/2019, relativo a la sucesión testamentaria a bienes de Margarito García Murillo y/o José Margarito García Murillo, denunciada por Francisco García Madrigal, así como sus consecuencias jurídicas. Ahora bien, por ser preferente su estudio, este juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se sobreseerá fuera de audiencia constitucional. El artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo instituye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (El subrayado es nuestro) (.)". De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo será improcedente cuando exista otro juicio pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, por lo que resultará improcedente el nuevo juicio de amparo. Por tanto, como se dijo antes, constituye hecho notorio para este Juzgado de Distrito, que el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Samuel García Madrigal y otra, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario número 36, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad, la cual quedó registrada con el número 583/2019, en donde la parte quejosa señaló los mismos actos reclamados y autoridades responsables que en el juicio en que se actúa. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285 del tomo XXV, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 2007, que dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." En relación con lo anterior, resulta pertinente destacar que la parte quejosa acude a esta instancia por los mismos actos reclamados ya precisados, que en el expediente del índice de este órgano registrado con el número 583/2019 del índice de este juzgado, los cuales fueron los siguientes: La falta de llamado de los quejosos al expediente agrario 67/2019, relativo a la sucesión testamentaria a bienes de Margarito García Murillo y/o José Margarito García Murillo, denunciada por Francisco García Madrigal; y, La expedición del certificado parcelario con motivo de la sentencia pronunciada en ese expediente agrario que ampara la parcela 192-Z-1P2/5. Por tanto, resulta claro que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, la cual prevé que el juicio de amparo será improcedente cuando exista otro juicio pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, resulta patente que el acto reclamado es idéntico en ambos expedientes de amparo; extremos que se encuentran satisfechos en el presente asunto, ya que en ambos asuntos se reclaman los mismos actos atribuidos a la mismas autoridades responsables, sin que se trate de actos diversos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Abril de 2014, Materia Común, Décima Época, visible en la página 265 de texto y rubro siguientes: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Lo anterior, sin que a la fecha la sentencia de cuatro de julio actual dictada por este órgano jurisdiccional en el juicio de amparo 583/2019 haya sido declarada firme. Por tanto, en las anotadas condiciones se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo por notoriamente improcedente. El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo rubro y texto expresan literalmente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Por otra parte, el juez homólogo remite el cuaderno original y el duplicado del incidente relativo al juicio de amparo III-649/2019-L de su índice, identifíquense los mismos con los datos correspondientes al juicio de amparo en que se actúa. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. Asimismo, se precisa que el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las determinaciones dictadas en el juicio, que en su caso requieran notificación personal, en términos de los incisos b) y c) de la fracción I, del artículo 27, de la Ley de Amparo; queda constreñido al lapso que comprende de las nueve a las quince horas de los días hábiles, por ser el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como responsable; caso en el cual de no ser hallados en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por último, gírese oficio a la Jefe de la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, a efecto de que realice la compensación correspondiente de carga de trabajo. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/2557/2019 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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