Samuel Magaña Mondragón
Expediente 2997/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 2997/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/12/2020
Partes del expediente
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
- Samuel Magaña Mondragón
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado de autos, se aprecia que, mediante oficio y anexos signados por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del recaudador de rentas de dicha secretaría, ante este órgano jurisdiccional el tres de agosto año en curso, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la cual, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de cuatro de agosto de la presente anualidad, se dio vista a la parte quejosa con la referida comunicación y anexos, para que, dentro del término de tres días, compareciera a las oficinas de la secretaría antedicha a fin de que le hicieran entrega del cheque emitido en cumplimiento de la sentencia concesora. Así como, para que manifestara lo a que su interés legal conviniera, en relación al cumplimiento a la sentencia de amparo. Plazo que ha transcurrido como se aprecia de la certificación que antecede. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento y se procede a calificar el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así pues, mediante resolución dictada el treinta y uno de enero del año actual, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Los artículos 24, fracción XIII, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la parte quejosa, determinadas en la impresión exhibida por la quejosa previstas en el artículo 24, fracción XIII, de la ley declarada inconstitucional. 3. De igual manera, para que dicho recaudador, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa. 4. Por último, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo de alcoholes, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.)." Resolución, que quedó firme mediante proveído de dos de marzo de la anualidad que transcurre. Ahora, de lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consistían en desincorporar en la esfera jurídica de la quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales tanto en el presente como en el futuro y devolver a la peticionaria de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debía estar debidamente actualizada. Luego, a través de oficio y anexos presentados por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del recaudador de rentas de dicha secretaría, ante este órgano jurisdiccional el tres de agosto año en curso, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, pues de dicho comunicado se advierte que puso a disposición de la parte quejosa mediante cheque número 1895, la cantidad de $6,259.18 (seis mil doscientos cincuenta y nueve pesos, con dieciocho centavos, moneda nacional), cantidad que debía ser debidamente actualizada. Por tanto, se procede a corroborar lo anterior, en esas condiciones el monto de $6,168.83 (seis mil ciento sesenta y ocho pesos con ochenta y tres centavos, moneda nacional), cantidad total erogada por la parte quejosa, se debe actualizar, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, si el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado por la parte quejosa, el diez de diciembre de dos mil diecinueve y el diecisiete de marzo del año en curso, la autoridad responsable puso a disposición las contribuciones reclamadas a través título nominativo con número 1895; por tanto, el periodo de actualización comprende de noviembre de dos mil diecinueve a febrero de dos mil veinte. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero del año en curso entre el índice para el mes de noviembre del año próximo pasado (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil veinte fue 106.889 y para el mes de noviembre del año pasado 105.346. De la división de dichos factores se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.014646972832381. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $6,259.18 (seis mil doscientos cincuenta y nueve pesos con dieciocho centavos, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $90.35 (noventa pesos, con treinta y cinco centavos, moneda nacional). Consecuentemente, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad puso a disposición de la quejosa el monto total de $6,259.18 (seis mil doscientos cincuenta y nueve pesos con dieciocho centavos, moneda nacional). Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que no obre en autos la entrega como tal de dicha cantidad a la parte quejosa. Pues, como se aprecia del estado de autos, mediante proveído de cuatro de agosto del año en curso, se dio vista a la citada parte procesal con el comunicado y anexos con los que la autoridad responsable informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Es decir, las documentales con que acreditó haberle notificado que se encontraba a su disposición el título nominativo 1895, valioso por la cantidad precisada en la sentencia concesora, para que, dentro del término de tres días, compareciera a sus oficinas a fin de que le hicieran entrega del cheque referido. Así como, para que manifestara lo a que su interés legal conviniera, en relación al cumplimiento a la sentencia de amparo. Lo anterior, toda vez, que, como se desprende de la certificación de cuenta el citado plazo transcurrió en exceso a la parte impetrante. Sin que a la data en que se actúa se hubiere pronunciado al respecto. En esas condiciones, se desprende que la parte solicitante del amparo no dio cumplimiento al requerimiento de cuatro de agosto del presente año, en el cual debía acudir ante la autoridad responsable a solicitar su devolución. Por tanto, lo anterior no resulta impedimento alguno para no tener por cumplida la ejecutoria de mérito, pues la autoridad oficiante al haberle hecho del conocimiento al quejoso que se encuentra a su disposición la precitada cantidad, sólo bastará que el peticionario de amparo acuda a hacer efectivo el cobro aludido, para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado. Es aplicable, la tesis III.3º.A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, página mil cuatrocientos cincuenta y uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado.". Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado de autos, se aprecia que, mediante oficio y anexos signados por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del recaudador de rentas de dicha secretaría, ante este órgano jurisdiccional el tres de agosto año en curso, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la cual, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de cuatro de agosto de la presente anualidad, se dio vista a la parte quejosa con la referida comunicación y anexos, para que, dentro del término de tres días, compareciera a las oficinas de la secretaría antedicha a fin de que le hicieran entrega del cheque emitido en cumplimiento de la sentencia concesora. Así como, para que manifestara lo a que su interés legal conviniera, en relación al cumplimiento a la sentencia de amparo. Plazo que ha transcurrido como se aprecia de la certificación que antecede. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento y se procede a calificar el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así pues, mediante resolución dictada el treinta y uno de enero del año actual, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Los artículos 24, fracción XIII, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la parte quejosa, determinadas en la impresión exhibida por la quejosa previstas en el artículo 24, fracción XIII, de la ley declarada inconstitucional. 3. De igual manera, para que dicho recaudador, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa. 4. Por último, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo de alcoholes, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.)." Resolución, que quedó firme mediante proveído de dos de marzo de la anualidad que transcurre. Ahora, de lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consistían en desincorporar en la esfera jurídica de la quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales tanto en el presente como en el futuro y devolver a la peticionaria de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debía estar debidamente actualizada. Luego, a través de oficio y anexos presentados por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del recaudador de rentas de dicha secretaría, ante este órgano jurisdiccional el tres de agosto año en curso, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, pues de dicho comunicado se advierte que puso a disposición de la parte quejosa mediante cheque número 1895, la cantidad de $6,259.18 (seis mil doscientos cincuenta y nueve pesos, con dieciocho centavos, moneda nacional), cantidad que debía ser debidamente actualizada. Por tanto, se procede a corroborar lo anterior, en esas condiciones el monto de $6,168.83 (seis mil ciento sesenta y ocho pesos con ochenta y tres centavos, moneda nacional), cantidad total erogada por la parte quejosa, se debe actualizar, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, si el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado por la parte quejosa, el diez de diciembre de dos mil diecinueve y el diecisiete de marzo del año en curso, la autoridad responsable puso a disposición las contribuciones reclamadas a través título nominativo con número 1895; por tanto, el periodo de actualización comprende de noviembre de dos mil diecinueve a febrero de dos mil veinte. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero del año en curso entre el índice para el mes de noviembre del año próximo pasado (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil veinte fue 106.889 y para el mes de noviembre del año pasado 105.346. De la división de dichos factores se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.014646972832381. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $6,259.18 (seis mil doscientos cincuenta y nueve pesos con dieciocho centavos, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $90.35 (noventa pesos, con treinta y cinco centavos, moneda nacional). Consecuentemente, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad puso a disposición de la quejosa el monto total de $6,259.18 (seis mil doscientos cincuenta y nueve pesos con dieciocho centavos, moneda nacional). Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que no obre en autos la entrega como tal de dicha cantidad a la parte quejosa. Pues, como se aprecia del estado de autos, mediante proveído de cuatro de agosto del año en curso, se dio vista a la citada parte procesal con el comunicado y anexos con los que la autoridad responsable informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Es decir, las documentales con que acreditó haberle notificado que se encontraba a su disposición el título nominativo 1895, valioso por la cantidad precisada en la sentencia concesora, para que, dentro del término de tres días, compareciera a sus oficinas a fin de que le hicieran entrega del cheque referido. Así como, para que manifestara lo a que su interés legal conviniera, en relación al cumplimiento a la sentencia de amparo. Lo anterior, toda vez, que, como se desprende de la certificación de cuenta el citado plazo transcurrió en exceso a la parte impetrante. Sin que a la data en que se actúa se hubiere pronunciado al respecto. En esas condiciones, se desprende que la parte solicitante del amparo no dio cumplimiento al requerimiento de cuatro de agosto del presente año, en el cual debía acudir ante la autoridad responsable a solicitar su devolución. Por tanto, lo anterior no resulta impedimento alguno para no tener por cumplida la ejecutoria de mérito, pues la autoridad oficiante al haberle hecho del conocimiento al quejoso que se encuentra a su disposición la precitada cantidad, sólo bastará que el peticionario de amparo acuda a hacer efectivo el cobro aludido, para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado. Es aplicable, la tesis III.3º.A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, página mil cuatrocientos cincuenta y uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado.". Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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SE RESUELVE: ÚNICO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO.
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