Samuel Limón Olivares

Expediente 136/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 18 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
136/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
15/07/2019

Partes del expediente

  • Samuel Limón Olivares
  • SAMUEL LIMÓN OLIVARES y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo presentados por la delegada de la autoridad responsable Recaudador Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, el uno de julio del año pasado (fojas 141-142), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de dos de julio del año en curso (foja 143), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación se notificó a la parte quejosa el tres de julio del año en curso (foja 145), surtiendo sus efectos al siguiente día hábil, por lo que dicho plazo transcurrió del cinco al nueve de julio del año actual, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: Así pues, por sentencia de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (fojas 47-77), se determinó, por una parte, sobreseer en el presente juicio y, por otra, conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Inconforme con lo anterior, la autoridad responsable Recaudador Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, interpuso recurso de revisión, el cual se sustanció ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, cuyos integrantes por auto de diecisiete de mayo del año en curso, determinaron desechar el recurso de mérito, proveído que causó estado el veintiocho de ese mes, por lo que se dejó firme la sentencia recurrida; y, por tanto la concesión de amparo fue para los efectos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por cada uno de los actos jurídicos que inscribió, respecto de la cantidad de $16,547.59 pesos que pagó por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", "INSCRIP. PRESTAMO HIPOTECARIO; así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", todos derivados de la escritura pública número 20,306 (veinte mil trescientos seis), tomo vigésimo tercero, libro nueve del Protocolo a cargo de la Notaría Pública número catorce, residente en esta ciudad, pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo. Cantidad anterior que es derivada del pago declarado inconstitucional que figura en las impresiones del formato de pago expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. En otro orden de ideas, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) que establece el último párrafo de las fracciones I y XVIII del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) En la inteligencia de que la cuota de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), es aplicable, porque está referida a la inscripción como la que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar es la que debe aplicarse y no otra. No pasa inadvertido que el quejoso erogó a favor de la Secretaria de Administración de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit la cantidad de $17,326.80 pesos; sin embargo, dicho monto no puede servir como base para la devolución materia de la concesión, pues en éste se incluyen las sumas de $184.21 pesos y $595.00 pesos, respectivamente, las cuales corresponden a los derechos por inscripción de propiedad por transmisión de vivienda popular, así como por registro de poderes de cualquier clase, los cuales no fueron reclamados en la presente instancia constitucional, por lo que sería incongruente que el amparo se hiciera extensivo respecto de los artículos que prevén dichos conceptos. Asimismo, se hace del conocimiento del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, que para el calcular el monto que el amparista deberá erogar con motivo de los impuestos especiales establecidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley combatida, deberá utilizar como base la suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos) correspondiente a cada acto jurídico; por lo que deberá devolver la cantidad que exceda del pago que realizó la parte quejosa por los impuestos referidos. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar el ente responsable denominado Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: No aplicar a la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley y que las autoridades responsables vigilaran que no se aplicaran al promovente del amparo, en el presente ni en el futuro, tales numerales legales; y, Devolverle el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), relativo a la cuota fija mínima por cada acto de inscripción que realizó, respecto de la cantidad de $16,547.59 (dieciséis mil quinientos cuarenta y nueve pesos 59/100 moneda nacional), que pagó por conceptos de inscripción de documento público, inscripción de préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit"; cantidad que debía ser actualizada. Luego, la autoridad responsable, informó a este Juzgado Federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, a saber, comunicó que el veintiocho de junio de dos mil diecinueve realizó una transferencia a favor de la quejosa por la cantidad de $16,132.93 (dieciséis mil ciento treinta y dos pesos 93/100 moneda nacional), la cual, a su dicho, correspondía a la cantidad actualizada que debía devolverle con motivo de la aplicación de la norma combatida en la presente instancia constitucional. Por tanto, se procede a analizar si con la cantidad devuelta la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector emitido en autos. Entonces, se tiene que al monto de $16,547.59 (dieciséis mil quinientos cuarenta y nueve pesos 59/100 moneda nacional), se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por cada acto registral realizado por la parte quejosa, dando como resultado la cantidad de $15,987.59 (quince mil novecientos ochenta y siete pesos 59/100 moneda nacional), la cual debía de encontrarse actualizada, en virtud que de conformidad el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, para lo cual, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho y el veintiocho de junio del año en curso, se efectuó la devolución mediante trasferencia electrónica a la parte quejosa, por el cual la autoridad responsable devolvió la contribución reclamada en su totalidad; por lo que, el periodo de actualización comprende del veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho al veintiocho de junio del año en curso. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de noviembre de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de mayo del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de noviembre del año pasado fue 102.303; y, para el mes de enero del año en curso 103.233. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0090 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $16,131.47 (dieciséis mil ciento treinta y un pesos 47/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $143.88 (ciento cuarenta y tres pesos 88/100, moneda nacional). Por tanto, se estima que con la cantidad que reintegró la autoridad, se puede declarar cumplida la ejecutoria en análisis. Lo anterior, sin que pase inadvertido, que el monto que el ente responsable debía devolver a la parte quejosa era de la cantidad de $16,131.47 (dieciséis mil ciento treinta y un pesos 47/100 moneda nacional); sin embargo, reintegró el monto de $16,132.93 (dieciséis mil ciento treinta y dos pesos 93/100 moneda nacional), es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de $1.46 (un peso 46/100 moneda nacional). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada al quejoso se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales más su actualización y, si bien, al peticionario se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de mas, en los términos que la leyes determinen. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual, informa las gestiones que realizó a fin de dar cumplimiento al fallo protector; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con el oficio de cuenta y anexos de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por la delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones realizadas con el propósito de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, agréguense el oficio y anexo de mérito en vías de cumplimiento al fallo protector, para que surtan sus efectos legales procedentes; en la inteligencia, de que este órgano jurisdiccional quedará en la espera del cumplimiento total a la ejecutoria dictada en autos.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el escrito y anexos de cuenta presentados por ********, autorizado de la parte quejosa, a través del cual, en atención al requerimiento de doce de junio del año en curso, informa que ya presentó ante la autoridad responsable su Registro Federal de Contribuyentes, carta de certificación de cuentas, o en su defecto, Clabe Interbancaria, copia de la Credencial de Elector y comprobante de domicilio, a fin de que la autoridad responsable esté en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio y, para acreditar su dicho adjuntó el acuse de recibo de la información proporcionada; por tanto, agréguense a sus autos para los efectos legales a los que haya lugar.

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