SAMUEL GONZÁLEZ ROJAS y Otros.
Expediente 61/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 61/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/01/2019
Partes del expediente
- SAMUEL GONZÁLEZ ROJAS y Otros.
- Pedro Herrera Cabrales
Actuaciones
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ***, por conducto de su apoderado legal ***, contra el acto reclamado de las autoridades responsables denominadas Presidente, Ayuntamiento Constitucional, Tesorera y Encargado del Departamento de Recursos Humanos, todos del municipio de San Blas, Nayarit, precisado en el considerando segundo de este fallo; atento a las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el contenido de las constancias que acompañó la autoridad responsable, se advierte que al Gobernador Constitucional y Fiscal General, ambos del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad, les reviste el carácter de terceros interesados dentro del presente sumario constitucional. Por tal motivo, con fundamento en el ordinal 5°, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, se tienen como terceros interesados a los indicados; en consecuencia, con copia de la demanda de garantías, ampliación de la misma y de los autos de dieciocho de septiembre y dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, empláceles al presente juicio por medio de oficio que al efecto se envíen; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral 28, fracción I, de la ley de la materia. Por otra parte, se ordena dar vista a los antedichos terceros interesados con los informes justificados rendidos por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 30 y 52), de conformidad con el arábigo 117 de la legislación en comento. Se invoca por analogía, el criterio siguiente: "INFORMES JUSTIFICADOS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE DAR VISTA A LAS PARTES, NECESARIA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 3/91, publicada en la página número 13 de la Gaceta 44 del Semanario Judicial de la Federación, que el texto del artículo 149 de la Ley de Amparo, vigente a partir de las reformas de 15 de enero de 1988, prevé como requisitos necesarios para el diferimiento o suspensión de la audiencia constitucional, los siguientes: 1.- Que el informe justificado se rinda cuando menos con ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional; 2.- Que el quejoso o el tercero perjudicado soliciten se difiera o se suspenda la audiencia, y 3.- Que el Juez ejerciendo su potestad decisoria, acuerde diferirla o suspenderla, caso en el cual, las partes, deberán estar atentas al arribo de tales informes, para tener oportunidad de solicitar el diferimiento o suspensión de la audiencia constitucional, pues de no solicitarlo, el Juez oficiosamente puede válidamente tomarlos en cuenta, aun cuando se hayan recibido con menos de ocho días anteriores a la celebración de la citada audiencia, como se dispone por la tesis jurisprudencial de mérito. Ese criterio no es aplicable para el caso de que el Juez de Distrito, reciba los informes justificados, con anterioridad a la celebración de la audiencia, pues en tal caso, debe acordarlos y dar vista con ellos a las partes, pues de lo contrario, si lo reserva hasta el día señalado para la celebración de dicha audiencia, tal proceder, coloca a los interesados en la imposibilidad de conocer su contenido y poder hacer uso de los derechos que la Ley de Amparo les concede, y de actualizarse esa hipótesis, lo procedente es ordenar que se reponga el procedimiento del juicio constitucional, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." (Tesis sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Marzo de 1996, página 954).". En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se DIFIERE para las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Finalmente, cabe precisar que las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros interesados respecto de acuerdos de mero trámite que no se consideren trascendentales, les serán practicadas por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo y la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". Notifíquese.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal (fojas 148, 149, 153, 154, 158 a 160 y 201 a 209), el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdos de cinco y dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 211 y 215), se dio vista a la parte agraviada y tercera interesada, respectivamente, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Los proveídos citados en el párrafo que antecede, se notificaron a la parte quejosa el once de diciembre de año pasado (foja 214) y al tercero interesado el veintisiete de diciembre del citado año (foja 218), sin que ninguna de las partes hubiera manifestado nada al respecto. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído en mención y con fundamento en el precepto 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 123 a 134), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para efecto de que en los términos siguientes: ".Uno. Dejen insubsistentes los emplazamientos de nueve de junio de dos mil quince, así como las demás actuaciones que se sustentan en el mismo, inclusive el laudo condenatorio de tres de abril de dos mil diecisiete y su ejecución; ello dentro de los autos del juicio laboral 343/2014. Dos. La Junta responsable, ordene la práctica conforme a derecho de la diligencia de emplazamiento, otorgándole a la parte demandada la garantía de audiencia en los términos de la normatividad aplicable; y una vez substanciado el procedimiento respectivo, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda.." Resolución que causó ejecutoria el siete de febrero de dos mil dieciocho (fojas 144 a 145). Luego, el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante proveído de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, acredita haber dejado insubsistente el emplazamiento de nueve de junio de dos mil quince, así como las demás actuaciones que se sustentan en el mismo, dentro de los autos del juicio laboral 343/2014 de su índice; de igual forma, el laudo condenatorio de fecha tres de abril de dos mil diecisiete y ordena reponer el procedimiento a partir de la diligencia de fecha nueve de junio de dos mil quince y señala fecha para el desahogo de la diligencia de conciliación de demanda y excepciones (fojas 148 y 149) Ante ello por auto de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, se volvió a requerir a las responsables para que remitieran las constancias de emplazamiento atendiendo las formalidades indicadas en el citado auto. Con posteridad se recibieron diversos oficios por los que la responsable pretende cumplir con el fallo, sin que se le hubiere tendido por cumplido (fojas 153 a 154 y 158 a 160) Finalmente el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió el oficio 618/2018, por el que remitió copia certificada del auto de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, por el que ordenó realizar el emplazamiento de la demandada, aquí quejosa, remitiendo las diligencias de emplazamiento debidamente realizadas, en cumplimiento al fallo protector (fojas 201 a 209) Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es depurable, debido a que se concedió la suspensión de los actos reclamados (fojas 28 a 32 y 51 a 55); por ende, déjese el mismo por separado y una vez transcurridos cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, depúrese, previa el acta respectiva y anotación correspondiente en el libro de gobierno que corresponda, empero, deberán conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria que otorgó la suspensión a la parte quejosa; en tanto que en términos del ordinal vigésimo, fracción III del Acuerdo General de mérito, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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