Samantha Airely Valencia

Expediente 1760/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1760/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Samantha Airely Valencia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    En Mérida, Yucatán, siendo las diez horas del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1760/2023; Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Diego Jezreel Nieto Bianchi, declara abierta la audiencia pública, sin la presencia de las partes. Enseguida, se realiza la relación de las constancias que obran en autos entre las que se encuentran el escrito de demanda de amparo (fojas 2 a 10), así como el escrito que la amplía y el diverso en el que la parte quejosa lo hace suyo (fojas 118 a 130 y 151); el auto admisorio de ocho de agosto de este año, así como el diverso que admitió la ampliación, de dos de octubre de la anualidad (agregados en el expediente digital); los informes justificados de las responsables (fojas 19, 23 y 24, 168 a 170 y 173); el emplazamiento del tercero interesado Sergio Alberto Santana Piña (fojas 14 y 15); y con el resto de las actuaciones de trámite. Además, se da cuenta con lo ordenado en auto de dieciséis de octubre pasado, en el que este juzgado federal se reservó a proveer sobre la objeción planteada por la parte quejosa, hasta en tanto se celebrada la audiencia constitucional; por tanto, virtud a que en esta fecha se desahoga dicha actuación, procédase a acordar lo conducente en el momento procesal oportuno. Y, el Secretario hace constar que se recibió físicamente un escrito, registrado con el número interno 17529, presentado por el ****, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual solicita se difiera la presente audiencia constitucional, con motivo del incidente objeción antes indicada. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede y por rendidos los informes justificados de las responsables. Por otro lado, en lo tocante a la solicitud de la parte quejosa, relativa al diferimiento de la presente audiencia, no ha lugar a acordar de conformidad, con motivo de lo que se señalará en párrafos siguientes respecto a la objeción planteada. Acto continuo, se abre el periodo probatorio en el cual se da cuenta al Juez con la documental exhibida por la parte quejosa (fojas 133 a 142) y la remitida por la jueza responsable (fojas 25 a 115 y legajo I). Asimismo, el Secretario certifica: que la parte quejosa no presentó a los testigos ******, con el fin de desahogar la prueba testimonial que ofreció en autos, no obstante que se le requirió mediante providencia de veintiuno de septiembre del presente año. Incluso se le notificó personalmente a la parte quejosa el proveído de treinta de octubre de este año, en el que se señaló nueva fecha y hora para que tuviera verificativo este audiencia, con motivo de los Avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco de octubre pasado, suscritos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en los que se declararon inhábiles los días diecinueve a veintinueve de octubre de este año, por lo que se suspendieron las labores. A lo anterior, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas las probanzas documentales ofrecidas por las partes. De igual forma, en atención a la certificación que antecede, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiuno de septiembre de este año y se declara desierta la prueba testimonial ofrecida en autos, por falta de interés en su desahogo. Por otro lado, respecto a la objeción que hace valer la parte quejosa, este juzgado la desecha por ser manifiesta y notoriamente improcedente. En efecto, es necesario acotar que el artículo 122 de la Ley de Amparo, establece el derecho de las partes, entre ellas, la quejosa, de objetar de falso algún documento presentado por otra de las partes, inclusive el informe justificado y los documentos que lo sustentan. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 19/2016 (10a.) del Pleno del Alto Tribunal, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, visible a página 29, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. LOS DOCUMENTOS ANEXOS A ÉSTE SON SUSCEPTIBLES DE OBJECIÓN DE FALSEDAD POR PARTE DEL QUEJOSO, CUANDO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 122 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación armónica de los artículos 5o., fracción II, y 117 de la Ley de Amparo, se colige que en el juicio constitucional la autoridad responsable tiene el carácter de parte y debe rendir su informe justificado, al cual podrá anexar copias de las actuaciones existentes, las que pueden ser objetadas por alguna de las partes en cuanto a su autenticidad o continente, acorde con la jurisprudencia P./J. 5/2001, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. PUEDE SER OBJETADO DE FALSO SÓLO EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD.". Por tanto, al revestir ese informe el carácter de documento público, nada impide que alguna constancia que lo integra, que vincule al tercero extraño por equiparación al juicio de origen, pueda ser rebatida a través de la objeción de falsedad de documento prevista en el artículo 122 de la legislación referida, pues dicho tercero sólo tiene conocimiento de ese documento hasta que la autoridad responsable lo exhibe para justificar la existencia o inexistencia del acto reclamado; de ahí que no se le puede exigir que presente pruebas respecto al llamamiento a juicio que obre en el juicio de origen, si no conocía su tramitación, máxime que conforme al artículo 119 de la ley citada, tratándose del ofrecimiento de pruebas, es fundamental tener la oportunidad de hacerlo a partir de la fecha en que conozca el hecho a probar o desvirtuar." Sin embargo, dicha prerrogativa no es irrestricta, pues, por el contrario, debe encontrar su finalidad última en desestimar algún documento que produzca un efecto dentro del procedimiento constitucional y repercuta en que se conceda o niegue la protección federal, o bien, se sobresea en el juicio de amparo si la falsedad incide en la justificación de alguna causal de improcedencia. Por su parte, en la presente instancia, ******, al promover la objeción que se analiza, señaló expresamente: ".solicito se me tenga por presentada promoviendo el incidente de falsedad firmas y falsedad de documentos: de conformidad con el artículo 122 de la ley de Amparo vigente, POR LO QUE SE OBJETA EL PAGARÉ CONTENIDO EN FOJA 21 agregado al presente Juicio de Amparo ya que la firma, así como mi nombre estampado que obra en dicho pagare son falsos la firma y mi nombre estampado atribuido a la suscrita, tal y como se encuentra obrando en autos." Es decir, la quejosa pretende objetar, en este juicio de amparo, el documento base de la acción que dio lugar al juicio ejecutivo mercantil***, del que deriva el acto reclamado. Ahora bien, en la contradicción de tesis 300/2015, que dio lugar a la jurisprudencia antes indicada, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Alto Tribunal estimó, en esencia, que con motivo de que las constancias remitidas con el informe justificado constituyen documentos públicos, según lo dispone el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, su presunción de certeza debe ser atacada a través de la objeción prevista en el artículo 122 de la legislación de amparo. Y, precisó que: ".la actualización de la objeción de falsedad no implica la desnaturalización de la firmeza de los actos judiciales efectuados ante la potestad común, que son generadores de consecuencias jurídicas entre los contendientes; puesto que los resultados de dicha objeción únicamente producen efectos dentro del proceso constitucional y repercuten en que se conceda o niegue la protección federal, o bien, se sobresea en el juicio si la falsedad incide en la justificación de alguna causal de improcedencia (la que, precisamente, pretende desvirtuar la parte quejosa con la objeción de los documentos de donde dicha causal pudiera derivar), pero sin prejuzgar, de modo absoluto, sobre la validez del documento impugnado. Es decir, la vinculación con los aspectos de falsedad sobre los que se resuelva sólo tienen efectos dentro del juicio de amparo, por lo que no puede ser utilizada en alguna otra vía." En ese contexto, es evidente que la objeción del pagaré que constituye el documento base de la acción del juicio ejecutivo mercantil ****, en caso de resultar fundada, no repercutiría o incidiría de forma alguna en el sentido de la sentencia que se dicte en este juicio de amparo, pues precisamente, al tratarse del documento fundatorio de la acción, se relaciona a la procedencia o no de la misma y, en su caso, a la liquidación de la condena, lo que no es materia del estudio en este juicio de amparo. De ahí que dicha documental no se trata de alguna que, ante su objeción, pretenda corroborar el carácter con el que se ostenta la quejosa como tercera extraña, por equiparación, al procedimiento de origen. Por ende, lo anterior, se insiste, no tiene relación alguna con el sentido de la sentencia emitida en esta acción de amparo, en la que se resolverá, en su caso, si el emplazamiento realizado en el juicio de origen cumple, o no, con las disposiciones legales correspondientes, a la luz de los principios constitucionales de audiencia previa, seguridad jurídica y legalidad, establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, al no existir prueba alguna otra por acordar o desahogar, se cierra esta fase procesal. Luego, se abre el periodo de alegatos, y el Secretario hace constar que las partes no los formularon, y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado presentó su alegato ministerial. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen formulados los alegatos antes indicados y respecto a las demás partes se tiene por precluido su derecho; por lo que se cierra dicha fase. A lo anterior el Juez acuerda: se declara cerrada la audiencia constitucional, sin que exista prueba pendiente por desahogar ni promoción por acordar, por lo que se turnan los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1760/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por Samantha Airely Valencia, contra los actos de la Jueza Cuarta Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, así como del Actuario de su adscripción. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El siete de agosto de dos mil veintitres, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió físicamente la demanda de amparo promovida por ******, en la que señaló como autoridades responsables a la Jueza Cuarta Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, así como del Actuario de su adscripción. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo (....) SÉPTIMO. Antecedentes del acto reclamado (.....) OCTAVO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado En primer término, debido a que la materia del juicio que se resuelve reside en decidir sobre la legalidad o ilegalidad del emplazamiento al juicio de origen, el cual constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, de tal forma que su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, por lo que procede la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 149/2000 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Diciembre de 2000, visible a página 22, del rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." Ahora, la parte quejosa señala como conceptos de violación, en esencia, que el emplazamiento al juicio de origen, se realizó en contravención con lo señalado por el Código de Comercio, por lo cual no le dio intervención en el juicio natural, transgrediendo con ello lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Norma Suprema, respecto a los principios de audiencia previa, seguridad jurídica y legalidad. Son infundados los motivos de disenso hechos valer por la parte quejosa en su demanda y el escrito que la amplió. Como punto de partida, es conveniente precisar que el emplazamiento a juicio, por su naturaleza, así como trascendencia, debe ser cuidadosa y correctamente hecho por el servidor público encargado de ello, por lo que, al ser los vicios de forma de estudio ineludible por parte de la autoridad federal debido a las consecuencias jurídicas que puede causar a quien defectuosamente fue llamado a juicio, o a quien se omitió hacerlo, y que la falta o defecto en el emplazamiento constituye una violación procesal grave, que anula las defensas del demandado por la ignorancia del procedimiento instaurado en su contra, es por lo que el estudio de la ilegalidad del emplazamiento debe circunscribirse al cumplimiento de las formalidades esenciales que tal acto debe revestir, en cumplimiento a la garantía que consagra el artículo 14 de la Constitución Federal. En ese orden de ideas, para un mejor análisis, se citan los artículos aplicables a la diligencia de emplazamiento en el momento en el que se realizó (Código de Comercio reformado el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós), a saber: "Artículo 1392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste. En todo momento, el actor tendrá acceso a los bienes embargados, a efecto de verificar que no hayan sido dispuestos, sustraídos, su estado y la suficiencia de la garantía, para lo cual, podrá además solicitar la práctica de avalúos. De ser el caso, el actor podrá solicitar la ampliación de embargo, salvo que la depreciación del bien haya sido por causas imputables al mismo o a la persona nombrada para la custodia del bien." "Artículo 1393. No encontrándose el demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin girar oficios para la localización del domicilio." "Artículo 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará también al ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado. La copia o constancia que se entregue al ejecutante podrá servir para el caso de haberse embargado bienes inmuebles, para que la misma se presente al Registro Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su inscripción preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los avisos de los notarios en los términos de la parte final del artículo 3016 del Código Civil, y el juez, dentro de un término máximo de cinco días, deberá poner a disposición del interesado el oficio respectivo junto con copia certificada de la diligencia de embargo para su inscripción. El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores." Del cúmulo de preceptos transcritos, en lo que interesa, principalmente del artículo 1393 del Código de Comercio vigente en la época del emplazamiento, se advierte que de no encontrarse el deudor a la primera búsqueda en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de la parte demandada, se le dejará citatorio, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores. Asimismo, se precisa que si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. En ese sentido, conforme el diverso artículo 1394, la diligencia se deberá realizar en los siguientes términos: I. Se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior. II. De no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. III. A continuación se emplazará al demandado y, en todos los casos, se le entregará: a) Cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, b) Copia de la diligencia practicada; y, c) Copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. (....) En dicho emplazamiento, se hizo constar que, por conducto de la persona que entendió la diligencia, se entregaron I. copias cotejadas y selladas de la demanda, dentro de las que se contienen copias de: a) el pagaré que es el documento base de la acción, b) una carta de pasante, c) una cédula profesional, d) un registro de litigantes, e) tres credenciales de elector, f) tres claves únicas de registro de población (CURP), g) tres cédulas de identificación fiscal, h) una constancia de perito, así como II. cédula de notificación y de la diligencia practicada. Finalmente, se hizo constar que a la persona que recibió los documentos se le informó su obligación de correr traslado con dichos documentos a su destinataria y que no firmó por no querer hacerlo (fojas 62 a 65). En suma, con lo anterior se considera que el emplazamiento reclamado sí se realizó con apego a lo que establece la legislación mercantil y, por ende, se debe considerar constitucional. Es así, en virtud que tanto al momento que se dejó el citatorio como cuando se realizó la notificación, la Actuaria señaló, en primer término, que se constituyó en el domicilio proporcionado por la parte actora y se cercioró de ello con la I. nomenclatura oficial de la calle y colonia visible en placas metálicas instaladas en las esquinas por el Ayuntaiento de Mérida, así como por el II. dicho de los vecinos del rumbo de la calle principal, III. por la nomenclatura visible del predio y IV. por el dicho de la persona que se encontró en el interior del predio. Además, de que se cerioró que en dicho domicilio, la demandada ****, aquí quejosa, vive, habita y tiene su domicilio, con motivo del dicho de la persona con la que se llevó a cabo la diligencia, quien señaló, bajo protesta de decir verdad, llamarse **** y ser madre de la buscada, quien al negar a identificarse con documento oficial alguno, la fedataria procedió a señalar su media filiación, siendo ésta una persona de género femenino, tez morena, de ojos negros y achinados, cabello lacio color castaño obscuro y corto hasta la altura de las orejas, cara ovalada, labios delgados, complexión setenta, de aproximadamente un metro con cincuenta y ocho centímetros de estatura y de cuarenta y cuatro años de edad aproximadamente. Aunado a lo anterior, como se asentó en párrafos precedentes, la Actuaria corrio traslado a la demandada, con copia de la cédula de notificación (en la que se contiene el auto que ordenó el embargo en su contra), así como de la diligencia practicada y copia de demanda, del documento base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061 del Código de Comercio, como son los documentos relativos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), a la Clave Única de Registro de Población (CURP) y a la identificación oficial de l parte actora. Circunstancias que se consideran suficientes para estimar que el emplazamiento sí se realizó en la forma que ordenan los artículos 1393 y 1394 del Código de Comercio. Sin que obste a lo anterior, la circusntancia de que la persona que atendió la diligencia se haya negado a identificar con documento oficial alguno, pues, como se señaló en párrafos precedentes, la Actuaria fue puntual en describirla e identificarla con los datos ya precisados que fueron asentados; y, ante ello, no es indispensable o exigible cumplir aspectos difíciles o imposibles de lograr, como pretender la plena identificación de una persona a través de su descripción física detallada, pues ello constituiría un exceso ritual manifiesto en que se privilegiaría la forma por sí misma, y no por su objetivo, con lo cual se vulneraría el debido proceso y el acceso a la justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurispruencia 1a./J. 58/2019 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, visible a página 1034, del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. PARA CUMPLIR EL REQUISITO DE QUE EL NOTIFICADOR SE CERCIORE DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO, ES INNECESARIA UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA PERSONA QUE INFORMA DE LO ANTERIOR O CON LA QUE SE ENTIENDE LA DILIGENCIA, QUE SE NEGÓ A DAR SU NOMBRE, A IDENTIFICARSE O A FIRMAR (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 14/95). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 24/94, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 14/95, determinó que existe una defectuosa diligencia de citación a juicio cuando el actuario omita precisar cómo llegó a la convicción de que en el domicilio en el que se había constituido vivía el demandado, al no especificar las características físicas de la persona con la que atendió el irregular emplazamiento. Ahora bien, en atención a las reglas de la lógica y al principio ontológico de la prueba es necesario interrumpir la jurisprudencia de mérito, toda vez que la descripción detallada de esas características no debe considerarse indispensable para la validez del emplazamiento. Así, la interpretación de los artículos 61, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, 67, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, y 1393 del Código de Comercio, lleva a establecer que para cumplir el requisito consistente en que el notificador se cerciore de que el domicilio donde practica el emplazamiento corresponde al del demandado y deje constancia de lo anterior, cuando no entiende la diligencia con éste sino con persona distinta, y ésta o el informante se niegue a dar su nombre, a identificarse o a firmar el acta, es innecesario que el actuario asiente una descripción exhaustiva o detallada de las características físicas de esa persona, pues si bien es cierto que entre mayores y de mejor calidad sean los elementos que el notificador haga constar en el acta circunstanciada por los cuales se cercioró del domicilio del demandado, mayor certeza ofrecerá de ese hecho, no debe perderse de vista que el objetivo de la formalidad de asegurar que el emplazamiento se haga en el domicilio del demandado es para que éste quede vinculado a proceso, por lo que lo importante es dejar registro de los elementos y circunstancias que le permitieron llegar a la convicción o certeza de que el lugar donde se encuentra sí es del demandado, y apoyado en la fe pública del funcionario judicial, a fin de que lo anterior pueda ser apreciado y valorado por las partes y el juez, según su prudente arbitrio. Por lo que no resultaría indispensable o exigible cumplir aspectos difíciles o imposibles de lograr, como pretender la plena identificación de una persona a través de su descripción física detallada, de manera que se invalidara la actuación sólo por no haber dado razón de alguna o algunas de las características físicas del sujeto, lo cual representaría un exceso ritual manifiesto en que se privilegiaría la forma por sí misma, y no por su objetivo, con lo cual, paradójicamente, se vulneraría el debido proceso y el acceso a la justicia." Máxime que, ante la circunstancia de que la diligencia de citatorio y la de emplazamiento se haya llevado a cabo con un pariente del aquí quejoso, como lo es su madre, era innecesario que la Actuaria precisara si dicha persona habitaba o no en el domicilio señalado por la parte actora, pues ello sólo opera respecto de cualquier otra persona, ya que de exigir que la diligencia se entienda únicamente con quien habite en el domicilio del buscado, obstaculizaría la tramitación del procedimiento; aunado a que los lazos familiares generan mayor seguridad de que se hará saber al interesado que existe una demanda interpuesta en su contra, lo cual no necesariamente ocurriría tratándose de "cualquier otra persona", cuya presencia en el domicilio donde se lleve a cabo el emplazamiento podría ser circunstancial. Sirve de apoyo a lo anteriro, la jurisprudencia 1a./J. 14/2019 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 67, Junio de 2019, Tomo II, visible a página 991, del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. EL REQUISITO CONSISTENTE EN QUE QUIEN RECIBA LA NOTIFICACIÓN DEBA HABITAR EN EL DOMICILIO DESIGNADO, SÓLO ES EXIGIBLE A "CUALQUIER OTRA PERSONA" DIVERSA DE LOS PARIENTES Y EMPLEADOS DEL DEMANDADO (ARTÍCULO 1393 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). La finalidad del emplazamiento es que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra, del contenido de la demanda y de las consecuencias si no comparece a contestarla, todo ello en aras de garantizar su derecho a una adecuada y oportuna defensa. Acorde con dicha finalidad, el artículo 1393 del Código de Comercio al establecer que no obstante habérsele dejado citatorio al demandado en el juicio ejecutivo mercantil, éste no lo atendiere, la notificación se entregará a sus parientes, a sus empleados o sus domésticos o a "cualquier otra persona" que viva en el domicilio señalado. Así, de la interpretación armónica y teleológica del indicado precepto y conforme a los principios contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el requisito de que quien reciba la notificación debe habitar en el domicilio designado sólo es exigible a "cualquier otra persona" diversa de los parientes, empleados y domésticos del demandado, en virtud de que el citado requisito no tendría utilidad práctica cuando los sujetos vinculados familiar o laboralmente con quien debe comparecer a juicio no habitan en el domicilio de éste, aunque permanezcan la mayor parte del día en ese lugar. Lo anterior, porque exigir que la diligencia mencionada se entienda únicamente con quien habite en el domicilio del buscado, obstaculizaría la tramitación del procedimiento; máxime que los lazos familiares y laborales antes mencionados generan mayor seguridad de que se hará saber al interesado que existe una demanda interpuesta en su contra, lo cual no necesariamente ocurriría tratándose de "cualquier otra persona", cuya presencia en el domicilio donde se lleve a cabo el emplazamiento podría ser circunstancial." Además, debe señalarse que las probanzas ofrecidas por la parte quejosa en nada desvirtúan las manifestaciones que la Actuaria vertió en el emplazamiento reclamado, ya que resultan insuficientes para destruir la fe pública de la que goza dicha fedataria, por lo que el emplazamiento debe reputarse válido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.4o.A. J/84 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Julio de 2010, visible a página 1812, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES. CORRESPONDE AL PARTICULAR ACREDITAR CON ALGÚN MEDIO PROBATORIO QUE LA DILIGENCIA RELATIVA NO SE LLEVÓ A CABO EN EL DOMICILIO CORRECTO O CON LA PERSONA ADECUADA, EN VIRTUD DE QUE EL NOTIFICADOR GOZA DE FE PÚBLICA Y SUS ACTOS SE PRESUMEN VÁLIDOS. En virtud de que los notificadores gozan de fe pública, la simple manifestación del particular de que la diligencia fue irregular porque no se llevó a cabo en el domicilio correcto o con la persona adecuada, contrario a lo circunstanciado en el acta respectiva, no puede destruir la presunción de validez de tal actuación, por lo que la notificación debe subsistir cuando no es desvirtuado el dicho del notificador con algún medio probatorio, máxime que el principio ontológico de la prueba señala que lo extraordinario es lo que se prueba, pues lo ordinario se presume, admite y acepta, tal como lo ordena el artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Civiles al expresar que "El que funda su derecho en una regla general no necesita probar que su caso siguió la regla general y no la excepción; pero quien alega que el caso está en la excepción de una regla general, debe probar que así es.". Por tanto, corresponde al particular desvirtuar el dicho del notificador demostrando con las pruebas conducentes, que la diligencia no se llevó a cabo en el domicilio correcto o con la persona adecuada." En efecto, la parte quejosa ofreció como medios de convicción de su parte: a) un recibo expedido por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, respecto del servicio de agua potable brindado en el inmueble ubicado en calle 36, 487 I, por 47 y 49, colonia Centro, en este municipio de Mérida, Yucatán, b) un recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, respecto del servicio de energía eléctrica brindado en el inmueble ubicado en calle 36, 487 I, por 47 y 49, colonia Industrial de Mérida, en este municipio de Mérida, Yucatán y c) ocho impresiones fotográficas. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, las documentales relativas a los servicios antes indicados resultan insuficientes para demostrar que, al momento de realizarse la diligencia reclamada, la quejosa vivía, habitaba y tenía su domicilio ubicado en el domicilio ubicado en calle 36, 487 I, por 47 y 49, colonia Industrial de Mérida, en este municipio de Mérida, Yucatán, conocido también como predio marcado con el número 487 I interior, de la calle 36, de la ciudad. Esto, ya que dichas documentales solamente acreditan el acto que ahí se consigna, es decir, el cobro por los servicios de agua potable y suministro de energía eléctrica, pues al margen de que no se encuentran a nombre de la quejosa, lo cierto es que, ni aun siendo concatenadas entre sí prueban circunstancia alguna contra la diligencia reclamada. Asimismo, por lo que respecta a las placas fotográficas que exhibió la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Código Federa de Procedimientos Civiles, carecen de valor probatorio, al no contar con la certificación que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, como lo dispone el artículo 217 del código civil supletorio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación. Volumen LXII, Tercera Parte, visible a página 22, del rubro y texto siguientes: "FOTOGRAFIAS OFRECIDAS COMO PRUEBAS. Para que las fotografías ofrecidas como prueba sean apreciadas correctamente debe tomarse en cuenta el texto del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El mismo expresa: "El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial. Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquiera especie, deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo presentado en ellas, para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial". Esto quiere decir que las fotografías presentadas en un incidente de suspensión, al no estar certificadas, no hacen prueba plena." Ante lo infundado de los conceptos de violación, sin que se advierta motivo alguno que suplir en su deficiencia en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, se niega la protección constitucional solicitada contra el acto reclamado. En ese sentido, la negativa del amparo se debe hacer extensiva a las consecuencias jurídicas del emplazamiento reclamado, pues al margen de que no se combatieron por vicios propios, sino como consecuencia de su pretendida inconstitucionalidad, lo cierto es que al estimarse constitucionalmente válido el indicado llamamiento a juicio, la parte quejosa debió agotar los medios de defensa correspondiente en contra de las actuaciones judiciales correspondientes. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, contra el emplazamiento llevado a cabo en el juicio ejecutivo mercantil *** y sus consecuencias, atribuidas a la Jueza Cuarta Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y al Actuario de su adscripción, por los motivos expuestos en el considerando octavo de este fallo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Actuario adscrito a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, con sede en esta ciudad; en consecuencia, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con dicho informe y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se advierte que mediante Avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco de octubre pasado, suscritos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad se declararon inhábiles los días diecinueve a veintinueve de octubre de este año, por lo que se suspendieron las labores. Ante ello, en virtud a que la fecha de audiencia constitucional se encontraba señalada para las diez horas con veinte minutos del veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, es evidente que no pudo llevarse a cabo. Por tanto, con el fin de no dejar en estado de indefensión a las partes, se señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Atendiendo a que la autoridad oficiante, anexó a su informe copia certificada del juicio ejecutivo mercantil **** de su índice, constante de ciento treinta fojas, fórmese UN LEGAJO con dichas constancias, sin que las mismas se digitalicen y formen parte del expediente electrónico en atención a su voluminosidad para formar el expediente electrónico, quedando a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 22, último párrafo y 23, del punto Cuarto, relativo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Por otra parte, agréguese a los presentes autos el escrito signado físicamente por la quejosa ********, mediante el cual interpone incidente de falsedad de firmas y falsedad de documento, respecto del documento base de la acción del juicio de origen, consistente en el pagare de quince de agosto de dos mil diecisiete. En tal virtud, de conformidad con el artículo 122 de la Ley de Amparo, resérvese acordar lo que corresponda en cuanto a dicha objeción en la audiencia constitucional respectiva. NOTIFÍQUESE.

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