Samuel Francisco Tinal Pech

Expediente 229/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
229/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
22/06/2023

Partes del expediente

  • Samuel Francisco Tinal Pech

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de junio de dos mil veintitrés. CONFORMIDAD CON EL CUMPLIMIENTO. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a las partes para que pudieran inconformarse contra el auto que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, sin que lo hubieran hecho; por tal motivo, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de dicha ejecutoria. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es conservable, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el artículo 17, fracción III, inciso a), transfiérase el presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación, para su resguardo, en término del artículo 10 del acuerdo antes referido. INCIDENTE ORIGINAL. Es conservable conforme el artículo 17, fracción III, inciso b), toda vez que se concedió la suspensión definitiva; por lo que deberá transferirse una vez transcurridos tres años. DUPLICADO DEL INCIDENTE. Es destruible atendiendo a lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a); lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. DEVOLUCIÓN DE LEGAJO. Toda vez que no existe objeto alguno para que sigan permaneciendo en este Juzgado un legajo y dos discos en formato DVD, que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado; en consecuencia, devuélvanse a la referida autoridad sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se va a desprender que se recibieron dichas constancias. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y atendiendo que ha transcurrido el término al que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, con relación a los numerales 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Ahora, el fallo protector se emitió con los siguientes efectos: ".para el efecto de que la Jueza Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Progreso, Yucatán: 39. Deje sin efectos la multa impuesta a la parte quejosa el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario civil ********************, de su índice." En tal virtud, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la sentencia de amparo. Se apercibe a la responsable, que en caso de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del plazo señalado se le impondrá multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. Asimismo, se hace saber a la autoridad responsable del cumplimiento de la sentencia, que conforme a la Ley de Amparo, cuando la ejecutoria no queda cumplida tras el primer requerimiento, se procederá hacer efectiva la multa y remitir los autos al Tribunal Colegiado por inejecución, otorgando una prórroga de plazo por una sola y única ocasión. Por ello, se le conmina a cumplir la ejecutoria del presente juicio de manera completa y oportuna, pues la Ley Amparo no autoriza la elaboración de múltiples requerimientos para el cumplimiento de las sentencias. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 229/2023-IV, promovido por ******************** contra un acto de la Jueza Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Progreso, Yucatán; y,****************************************R E S U L T A N D O****************************************PRIMERO. Demanda de amparo.********************El catorce de octubre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, se recibió demanda de amparo (fojas 2 a 5) presentada por ******************** contra un acto atribuido a la Jueza Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Progreso, Yucatán, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales que precisó.****************************************SEGUNDO. Trámite del juicio.********************El diecisiete de octubre siguiente, por razón de turno, se recibió la demanda en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán; por lo cual, en auto de dieciocho posterior, se ordenó formar expediente que se registró bajo el número 2477/2022-II, y, previa prevención, en acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada.****************************************Previo emplazamiento de la parte tercera interesada ********************, la audiencia constitucional se celebró el cuatro de enero de dos mil veintitrés. ****************************************TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura.********************Posteriormente, en cumplimiento a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en observancia al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 (...) SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado.********************Previo a iniciar el estudio, se precisa que dado que quien acude al juicio de amparo tiene la calidad de deudor alimenticio, y la imposición de la multa que reclama derivó precisamente de que incumplió con el pago de alimentos, se actualiza en su favor la suplencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia.****************************************Ello, con base en la jurisprudencia con registro 2022087, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:********************«SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Los órganos de amparo contendientes examinaron la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en favor del deudor alimentario cuando en el juicio de amparo se reclama una determinación en esa materia, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, y arribaron a conclusiones contrarias. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que esa hipótesis de suplencia de la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor como para el deudor alimentarios. Ello, porque dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en su conjunto, como grupo, en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público, respecto de las relaciones existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Sobre esa base, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado. De manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. Por otra parte, dado que la obligación alimentaria tiene su origen primario en relaciones de familia, las decisiones en la materia no están exentas de afectar el desarrollo de dichas relaciones, por lo que si bien tienen un contenido económico, sus implicaciones no son exclusivamente patrimoniales. Por último, no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia de queja para el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad, de ser persona con discapacidad, o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite que se empalmen esas diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia en las decisiones relativas».****************************************En ese orden de ideas, la parte quejosa hace valer diversos conceptos de violación de los que destaca el consistente en que previo a imponerle una multa, la Jueza responsable debió hacer uso de los medios de aseguramiento, pues ello era lo idóneo para que se cumpliera con la obligación de proporcionar alimentos.****************************************Dicho argumento, aunque suplido en su deficiencia, resulta fundado.****************************************En principio, cabe destacar que, en el caso, el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, a la parte quejosa se le impuso una multa porque incumplió parcialmente con el pago de la pensión alimenticia provisional que se le fijó, lo que se considera es improcedente.****************************************Ello, en seguimiento a lo determinado en el amparo en revisión 317/2021, resuelto por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en sesión de veinte de abril de dos mil veintidós.****************************************En dicho precedente se determinó sustancialmente que no es procedente imponer una multa al deudor alimenticio, puesto que dicho medio de apremió sólo puede imponerse por cuestiones relacionadas con el trámite del proceso y no con el fondo del asunto.****************************************Para arribar a dicha determinación, el Tribunal Colegiado realizó las siguientes consideraciones:********************«Para así considerarlo, se estima destacar, en primer término, que el artículo 40 y 41 del Código de Familia para el Estado de Yucatán, prevén: ********************"Artículo 40. Tienen derecho para pedir el aseguramiento de los alimentos: I. El acreedor alimentario; ********************(.)." ********************"Artículo 41. Cuando el deudor no obtenga ingresos en carácter de asalariado, el Juez ordenará de oficio el aseguramiento para el pago de la pensión alimenticia, que podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza, depósito de cantidad bastante o cualquier otra forma de garantía suficiente a juicio del Juez. ********************(.)." ********************Acorde con dichos preceptos, tratándose de alimentos, se prevé en favor del acreedor alimentario el derecho preferente para solicitar el aseguramiento de los alimentos; y que, el juez debe ordenarlo de manera oficiosa, con los medios que se establecen, como hipoteca, prenda, fianza, depósito de cantidad bastante para cubrirlos o cualquier otra forma de garantía que sea suficiente a juicio del Juez. ****************************************En el presente asunto, como se dejó relatado en los antecedentes, el acto reclamado se hizo consistir en la resolución de veintiocho de abril de dos mil veinte, que pronunció la Juez Primero de Oralidad Familiar turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el procedimiento de divorcio sin causales ********, con motivo del recurso de revocación, que confirmó el auto de doce de noviembre de dos mil diecinueve, en donde se le impuso al quejoso una multa por la cantidad de mil seiscientos ochenta y nueve pesos con ochenta centavos, moneda nacional, equivalente a veinte veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, como medida de apremio y ordenó a su actuario constituirse en el domicilio del deudor y requerirle el pago de la cantidad de ciento cincuenta y dos mil pesos, en concepto de pensión alimenticia atrasadas, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le embargarían los bienes que señalara su contraparte, a fin de garantizarlas.********************Ahora bien, conviene destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 92/2006-PS, el diez de enero de dos mil siete, destacó lo siguiente:********************[Lo que transcribe]********************Dicha ejecutoria dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 25/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 172449, del tenor literal siguiente:********************[Lo que transcribe]********************Luego, si en el presente asunto, la juez responsable, en el acto reclamado le impuso al quejoso una multa por la cantidad de mil seiscientos ochenta y nueve pesos con ochenta centavos, moneda nacional, equivalente a veinte veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, como medida de apremio, por haber incumplido con el pago de una pensión alimenticia provisional fijada en el procedimiento de divorcio sin causales de origen, es evidente que, no se ajustó a la legislación aplicable y a lo determinado por el Más Alto Tribunal de la Nación, toda vez que como se dijo, las medidas de apremio solamente se pueden aplicar en tratándose del desacato a un mandato judicial que se encuentre directamente relacionado con el trámite del proceso, pero no respecto de alguna decisión judicial que tenga que ver con el fondo del asunto.********************Y en el caso, la medida cautelar decretada en el juicio de origen, como es el pago por concepto de pensión alimenticia provisional, cuya finalidad es hacer efectivo el derecho de los acreedores alimentistas mientras se resuelve en definitiva el juicio del que deriva, no implica o no está relacionada de manera directa con la tramitación del procedimiento, toda vez que tiene como finalidad, por un lado, garantizar la eficacia de la determinación judicial conforme a la cual se fija la mencionada pensión y, por otro, cumplir con el objetivo de la obligación alimentaria, consistente en cubrir la necesidad perentoria de subsistencia de los acreedores alimentistas; de ahí que la imposición de la multa impuesta por la juzgadora de origen, vulnera en perjuicio de las partes sus derechos fundamentales.********************[.]».********************(Lo resaltado es propio).****************************************De la anterior transcripción, se tiene que la Superioridad, interpretando el Código de Familia para el Estado de Yucatán, ya ha fijado como criterio que es improcedente la imposición de multas como medidas de apremio por incumplimiento del pago de una pensión alimenticia provisional, dado que dicha medida de apremio solamente se puede aplicar en tratándose del desacato a un mandato judicial que se encuentre directamente relacionado con el trámite del proceso.****************************************En ese contexto, en seguimiento al precedente recién transcrito, el cual resulta aplicable porque se analiza un caso análogo en el que se le impuso una multa a un deudor alimenticio, por no cumplir con su obligación de pagar pensión alimenticia provisional; no se comparte la decisión de imponer la multa aquí reclamada.****************************************Se afirma lo anterior, en virtud que como ya lo ha determinado el Tribunal Colegiado, la multa como medio de apremio sólo se puede aplicar por desacatos relacionados con el trámite del proceso, lo que no acontece en el caso, dado que la medida cautelar decretada en el juicio de origen, como es el pago por concepto de pensión alimenticia provisional, cuya finalidad es hacer efectivo el derecho de los acreedores alimentistas mientras se resuelve en definitiva el juicio del que deriva, no implica o no está relacionada de manera directa con la tramitación del procedimiento, toda vez que tiene como finalidad, por un lado, garantizar la eficacia de la determinación judicial conforme a la cual se fija la mencionada pensión y, por otro, cumplir con el objetivo de la obligación alimentaria, consistente en cubrir la necesidad perentoria de subsistencia de los acreedores alimentistas; de ahí que la imposición de la multa impuesta por la juzgadora de origen, vulnera los derechos fundamentales del aquí quejoso. Además, de permitir que se impongan multas a los deudores alimenticios, en lugar de buscar que se cumpla con la obligación por otros medios más efectivos - como lo son que: hipoteca, prenda, fianza, depósito, o bien, cualquiera otra forma de pago suficiente a juicio del juez, en términos de los artículos 40 y 41 del Código de Familia para el Estado de Yucatán, incluso de oficio-, se llegaría al extremo de que se deje sin el pago de alimentos a los acreedores alimentistas o que al menos se ponga en riesgo su pago, por la necesidad de pagar una multa. Esto es, se pondría en riesgo el derecho de los acreedores alimentistas a recibir sus alimentos, lo que desde luego, más allá de tutelar dicho derecho, sólo abona a que se agrave aún más el incumplimiento; de ahí lo improcedente de imponer la multa aquí reclamada. Máxime que, dado que en el juicio de origen existe una menor en calidad de acreedora alimentista y por ser una controversia de orden familiar, se debe tener en cuenta que debe prevalecer el interés superior del menor en su derecho a percibir alimentos, el cual puede verse afectado con la imposición de una sanción pecuniaria, porque es el menor quien resentirá indirectamente la multa impuesta al progenitor.****************************************Ello, con base en las razones esenciales contenidas en la jurisprudencia con registro 172449, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:********************«PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL FIJADA EN JUICIOS ORDINARIOS DE DIVORCIO NECESARIO. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE SU PAGO, EL JUEZ DEBE EMPLEAR LOS MEDIOS DE ASEGURAMIENTO PREVISTOS EN LA LEY Y NO IMPONER ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO Y DEL DISTRITO FEDERAL). De los artículos 4.95, fracción II, y 4.143, del Código Civil del Estado de México, y de los correlativos 282, fracción II, y 317, del Código Civil para el Distrito Federal, se advierte que en los juicios ordinarios de divorcio necesario, al admitir la demanda, el Juez puede fijar y asegurar las cantidades que por concepto de alimentos el deudor alimentario debe dar al cónyuge acreedor y a los hijos, según corresponda; y, asimismo, para tal efecto establecen los siguientes medios de aseguramiento: hipoteca, prenda, fianza, depósito de cantidad bastante para cubrirlos o cualquier otra forma de garantía que sea suficiente a juicio del Juez. En congruencia con lo anterior, cuando el deudor obligado incumple con el pago de la pensión alimenticia provisional fijada en un juicio de divorcio necesario, el juzgador debe procurar emplear los referidos medios de aseguramiento, pues éstos tienen como finalidad, por un lado, garantizar la eficacia de la determinación judicial conforme a la cual se fija la mencionada pensión y, por otro, cumplir con el objetivo de la obligación alimentaria, consistente en cubrir la necesidad perentoria de subsistencia de los acreedores alimentistas. Sin que obste a lo anterior el hecho de que los artículos 1.124, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, y 73, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, autoricen al juzgador para imponer el arresto como medida de apremio a fin de hacer cumplir sus determinaciones, pues debe entenderse que las determinaciones judiciales a que se refieren estos preceptos legales son de índole procesal y, por ende, las medidas de apremio sólo pueden aplicarse tratándose del desacato a un mandato judicial que tenga que ver directamente con la tramitación del proceso, y no cuando se incumpla una medida cautelar como es el pago por concepto de pensión alimenticia provisional, cuya finalidad es hacer efectivo el derecho de los acreedores alimentistas mientras se resuelve en definitiva el juicio del que deriva. Además, ante la conducta renuente del deudor alimentario en el pago de la pensión aludida, la imposición de su arresto no es eficaz para satisfacer la necesidad de subsistencia de los acreedores alimentistas, quienes no obstante el arresto del deudor contumaz, quedarán en la misma situación apremiante».****************************************En ese contexto, ante fundado del concepto de violación analizado, aunque suplido en su deficiencia, lo procedente es conceder la protección constitucional, para los efectos que se precisan en el siguiente considerando. OCTAVO. Efectos de la protección constitucional. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos correspondientes. En ese tenor, la concesión de amparo será para el efecto de que la Jueza Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Progreso, Yucatán: Deje sin efectos la multa impuesta a la parte quejosa el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario civil 672/2021, de su índice. Por lo expuesto fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 77 de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra el acto reclamado a la Jueza Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Progreso, Yucatán; consistente en la multa impuesta el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario civil 672/2021, de su índice, por las razones expuestas en el considerando séptimo y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, seis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, mediante el cual remite el oficio signado por la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por el que remite debidamente diligenciado el despacho número 218-D-II-AMPARO/2022, orden 329/2022, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, que se envió con el fin de notificar a ***, la resolución interlocutoria de ocho de noviembre de dos mil veintidós, emitida en los presentes autos incidentales. NOTIFÍQUESE.

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