Rusia Karina Kantún Barceló

Expediente 1243/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1243/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
14/08/2023

Partes del expediente

  • Rusia Karina Kantún Barceló

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte tercero interesado en contra de la sentencia dictada en el presente expediente, con el que se formó el toca 577/2023. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos del que se advierte que obran la totalidad de las constancias de notificación relativas al recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado ******************** contra la sentencia dictada el seis de julio de dos mil veintitrés; en consecuencia, para la sustanciación del referido recurso, remítase al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito: 1. El original del escrito de revisión y de expresión de agravios. 2. La copia de éste que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación. Por otra parte, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal de Alzada, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente. Hágase del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal Colegiado se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. CÚMPLASE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el tercero interesado ********************, con el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el seis de julio de dos mil veintitrés, en el cual se encuentran expresados sus agravios. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, entréguese copia del citado escrito de revisión y de expresión de agravios a partes restantes. Una vez que esté debidamente integrado y notificado, remítase el referido escrito de expresión de agravios y la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1243/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El ocho de mayo de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, Presidente de dicha Junta y Actuario de su adscripción, todos con residencia en esta ciudad, consistente en el emplazamiento al juicio laboral, y todo lo actuado dentro del procedimiento. SEGUNDO. Trámite del juicio Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. En auto de diez de mayo de dos mil veintitrés, se registró con el número de expediente 1243/2023, y se admitió a trámite. En el curso del procedimiento, se dio intervención al representante social de la adscripción. Se emplazó a ********************, tercero interesado en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Se recibieron los informes con justificación rendidos por las responsables. Finalmente, hoy se celebró la audiencia constitucional. (...) OCTAVO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado En el estudio del presente asunto, aunque en un orden diverso al escrito que los contiene, serán examinados los argumentos contenidos en la demanda de amparo, razón por la que es innecesaria su transcripción. Además, su estudio se realizará bajo óptica del escrito derecho, ya que en materia laboral no opera la suplencia de la queja en favor del patrón, pues es una prerrogativa aplicable sólo al trabajador por disposición del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. En la demanda de amparo, la parte quejosa sostiene que el quejoso se ostenta como tercero extraño a juicio por equiparación, aduciendo que aun cuando fue parte material de la contienda de origen, no fue debidamente emplazado, lo que derivó en el desconocimiento del juicio laboral promovido en su contra. Sobre esa base, alega que se viola su derecho de audiencia previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, así como los artículos 742 y 743 de la ley laboral Refiere que el Actuario dejó el citatorio fijo en la puerta sin aportar algún elemento objetivo, para verificar cómo fue que concluyó que era su domicilio. Actuación que resulta contraria a la fracción I del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que en ninguna parte asentó cómo fue que se cercioró de que en el lugar en el que, aparentemente, se constituyó habita, traba o tiene su domicilio. Abunda, que es suficiente con imponerse de las diligencias de veintiocho y veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, para percatarse que no aportó algún elemento de cercioramiento. Ello, pues sólo asentó que corroboró la nomenclatura de la calle, pero no hay ningún dato que corroboré que en ese lugar habita, traba o tiene su domicilio Además, argumenta que es insuficiente que el notificador haya asentado que la nomenclatura de las calles coincidía con las proporcionadas en el escrito inicial de la demanda, pues omite señalar todos y cada uno de los datos de la supuesta nomenclatura donde se encontraba constituido, no se cercioró de encontrarse en el número de predio correcto. Continúa exponiendo que si bien el actuario dijo hacer hablado y golpeado en varias ocasiones no dice en dónde lo hizo pues no señaló exactamente el número de predio correcto. Son fundados los conceptos de violación. En primer término, porque la diligencia veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, es ilegal, porque carece de elementos de convicción sobre los que objetivamente se pueda considerar que cumplió con el cercioramiento que indica la ley para sostener válidamente que la parte quejosa podía ser emplazada en ese lugar, esto es, cómo se cercioró de que se trataba del domicilio donde habitaba, trabajara o tuviera su domicilio. Además, en atención a la causa de pedir, también asiste razón a la parte quejosa, ya que el notificador no debió dejar el citatorio fijo en la puerta. Ciertamente, el emplazamiento es el acto procesal de trascendental importancia porque permite el cumplimiento del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en otorgar la oportunidad de defensa previamente ser sometido a un procedimiento, que tenga como objeto privar de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento", para la determinación de sus derechos y obligaciones en controversias de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, esto es, el respeto al derecho al debido proceso. Sobre el tema el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por la Primera Sala como parte de esta formalidad. Siguiendo esas directrices, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 10a.), que dice: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO." Cabe destacar que en el caso que se analiza, las formalidades que el funcionario del tribunal laboral debió observar para la práctica del emplazamiento, son las previstas en los artículos 742, fracción I, y 743 de la Ley Federal del Trabajo, vigentes en el año dos mil diecisiete, al ser las aplicables a la fecha en que inició el procedimiento. Los numerales invocados, obligan al notificador de satisfacer ineludiblemente todas las formalidades ahí establecidas al realizar la primera notificación al demandado. En el presente caso, sólo se analizarán las exigencias descritas para aquéllos emplazamientos que se llevan a cabo sin la presencia del demandado. Estos, son los siguientes: Cerciorase de que el lugar en que se constituyó corresponde al señalado en autos y que la persona física o moral que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en el inmueble señalado para tal efecto. Requerir la presencia del demandado, o su representante legal, en caso de no encontrarlo, dejar citatorio de espera, el cual también deberá constar en el expediente; sin que autorice al funcionario a fijar el citatorio en la puerta del local si está cerrado. En la segunda búsqueda, si el interesado o su representante no cumplen con la cita, la notificación deberá realizarse con la persona que esté presente en el domicilio; cuando estuviese cerrado el lugar, el representante o la persona con quien se entienda la diligencia, se negare a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución. El actuario dejará la cédula a que se refiere el artículo 751 de la Ley Federal del Trabajo, cuya copia glosará a los autos. De todo lo anterior, el notificador deberá agregar razón en la que consten los datos objetivos y subjetivos que tuvo a su alcance para cerciorarse de que el demandado podía ser localizado en el lugar que se constituyó. Conforme a lo descrito, la primera formalidad que exige el emplazamiento laboral, la prescribe la fracción I del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, que obliga al actuario a cerciorase de que el lugar en que se constituyó corresponde al señalado en autos y que la persona física o moral que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en el inmueble señalado para tal efecto, para proceder enseguida a practicar la diligencia con la persona interesada. Es decir, el notificador tiene la carga de verificar que se constituyó en el domicilio correcto, esto es, si el espacio físico en que se encuentra guarda identidad con el señalado en la demanda; luego, tendrá que asegurarse verdaderamente que el demandado habita, trabaja o tiene su domicilio en el inmueble señalado para tal efecto; de todo lo anterior deberá asentar datos objetivos y subjetivos para verificar el cercioramiento; la falta de constatación de ésta circunstancia conduce a la nulidad del emplazamiento. Estas formalidades legales, obligan al actuario a cumplir detalladamente las reglas básicas de la primera notificación personal, con la finalidad de asegurar que la persona directamente interesada o a su representante legal, tenga pleno conocimiento del asunto, así como la oportunidad de comparecer a juicio y ser oído en su defensa, esto es, que el demandado al tener noticia formalmente del juicio, pueda oponer las excepciones y defensas a su alcance, ofrecer pruebas que acrediten sus medidas defensivas, objetar las de su contrario, intervenir en su recepción y formular los alegatos que a sus intereses convengan. Por esa razón, la norma obliga al actuario a cerciorase de los datos que lo conduzcan, en un grado de certeza razonable, que en el lugar en que se constituyó puede localizar a la parte interesada, lo cual implica que en las actas que se haga constar la diligencia de emplazamiento, deberán notarse los medios objetivos (aquellos que aprecie directamente el funcionario), y subjetivos (los que le sean proporcionados por otras personas), para tener la certeza que en ese lugar habita, trabaja o tiene su domicilio las personas -físicas o morales- a quienes se busca, ya que si carece de tales datos, no puede sostenerse jurídicamente la legalidad del emplazamiento, no obstante la fe pública del funcionario. Establecido el marco jurídico, en lo que interesa, las actuaciones de veintiocho y veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, se realizaron en los términos siguientes: Citatorio. La actuaria adscrita a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán se constituyó en el predio número********************, de la calle********************del fraccionamiento********************, lugar señalado por el trabajador para notificar a la parte demandada. Respecto al cercioramiento únicamente mencionó que era el domicilio correcto pues coincidían las nomenclaturas de las calles con las señaladas en autos y puntualizó que nadie atendió los llamados por lo que procedió a dejar el citatorio fijándolo en la puerta de acceso al predio. Emplazamiento. El veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, la actuaria realizó el emplazamiento por medio de instructivo en el cual agregó como observación que previamente cerciorada de ser el domicilio correcto para realizar la diligencia de notificación a la parte demanda, procedió a fijar en la puerta de acceso del predio el traslado correspondiente. Además, en la razón para copia de autos señaló que se cercioró de que era el lugar para la notificación, en virtud de que coinciden las nomenclaturas de las calles con las señaladas en los autos del presente juicio. El suscrito considera que el emplazamiento es ilegal, porque en ambas diligencias el fedatario responsable incumplió con las formalidades que para ello prevé el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que basta con imponerse de la diligencia de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, no se cercioró de que en el lugar que se constituyó era el correcto, es decir, el lugar que habita, trabaja o tiene su domicilio la parte demandada en el juicio laboral de origen. En efecto, el actuario manifestó que se cercioró de que se encontraba en el domicilio señalado en autos para emplazar a juicio a la parte demandada, al coincidir las nomenclaturas de las calles, lo cierto es que no hizo mención de los medios de convicción que tuvo a su alcance para tener la certeza de la efectividad de la designación del domicilio de que se trata, esto es, no se cercioró de que a quien pretendía llamar a juicio, habitaba, trabajaba o tenía su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación. Entonces, la actuaria responsable no se ocupó de asentar con claridad en su razón los elementos de convicción en que se apoyó para arribar al convencimiento de lo precisado en el citatorio y emplazamiento de la parte quejosa, por lo que no puede existir certeza en cuanto a que, en el lugar que se constituyó pueda ser notificada la parte quejosa, menos aún que en ese sitio tenga su domicilio para tales efectos. Habida cuenta, la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 4a./J. 19/92, precisó que las reglas establecidas en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo tienden a garantizar, dentro del juicio laboral, que la primera notificación - particularmente el emplazamiento-, se haga a la persona directamente interesada o a su representante legal, para que conociendo del asunto, tenga oportunidad de ser oído en defensa. Por ello exige que el Actuario no sólo se cerciore de que la persona habita, trabaja o tiene su domicilio en el domicilio señalado para hacer la notificación, sino que asiente los elementos que lo llevaron a tal convicción, después de lo cual hará la notificación al interesado o a su representante si están presentes, pero si no está ninguno de los dos "...le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada", como especifica la fracción III de dicho precepto. Sobre el tema, acotó, que la interpretación de esta fracción, tanto literal como sistemática, hace concluir que el citatorio debe dejarse a alguna persona del domicilio, como se infiere de la secuencia de las tres primeras fracciones, debiendo señalarse que ninguna de ellas autoriza al funcionario a fijar el citatorio en la puerta del local para el caso de estar cerrado o algún otro motivo; tal proceder lo establece la fracción IV tratándose de la copia de la resolución, y si bien es cierto que, de ser así, se corre el riesgo de que la notificación no llegue materialmente a su destinatario, la medida se justifica, precisamente, en razón del desacato al citatorio. De ahí la importancia de que la cita de espera se deje en poder de una persona en el domicilio señalado, pues ello asegura el conocimiento de la diligencia y da sustento al procedimiento de fijación, de resultados reales tan aleatorios. De esa manera, acorde a lo anterior, debe decirse que la Actuaria adscrita responsable, se apartó de lo que establecen las fracciones I, II y III, del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, primeramente porque procedió a dejar el citatorio para emplazamiento fijo en la puerta principal del domicilio y, omitió asentar cómo es que pudo cerciorarse de que la persona que buscaba efectivamente pudiera ser encontrada y notificada en el lugar en que se constituyó y procedió a emplazarla. Entonces, lejos de generar certeza sobre la legalidad del emplazamiento, eleva las dudas de la legitimidad que deberían revestir a ese tipo de actuaciones, porque la fedataria también fue omisa en mencionar cómo es que se aseguró de lo anotado en ese sentido. Porque una cuestión es que tenga conocimiento de que el domicilio en el que se apersonó sea el lugar señalado en autos para la práctica de la diligencia, y otra es que en ese lugar tenga su domicilio, habite o trabaje el demandado hoy quejoso, lo que era su obligación cerciorarse. En mérito de lo expuesto, la funcionaria adscrita a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje responsable no observó los lineamientos establecidos en la indicada norma para llevar a cabo ese tipo de actos, al no hacerlo, la diligencia impugnada resulta ilegal. Lo que propició que se desatendiera el principio de legalidad en los referidos actos del emplazamiento y con ello, se privara a la demandada de la oportunidad para oponer sus defensas y ofrecer pruebas, y por ello es claro que por ser un acto formal deben cumplirse cabalmente con todos los requisitos de ley, sin necesidad de inferir o hacer deducción alguna, por lo que la diligencia de emplazamiento no puede convalidarse con deducciones. Por su contenido es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 9/1999 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO LABORAL. NO BASTA QUE ALGUIEN INFORME QUE "POR EL MOMENTO NO SE ENCUENTRA LA PERSONA QUE BUSCA" PARA CONSIDERAR QUE EL ACTUARIO SE CERCIORÓ QUE EN ESE LUGAR HABITA, TRABAJA O TIENE SU DOMICILIO EL DEMANDADO. El emplazamiento a juicio laboral es un acto procesal que reviste gran importancia, por permitir el cumplimiento de la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 constitucional y, por eso, el artículo 743, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, establece que al realizarlo el actuario debe cerciorarse que en el lugar señalado en autos habita, trabaja o tiene su domicilio la persona que busca; por lo que cuando alguien le informa que "por el momento no se encuentra" la persona que busca, ese funcionario debe recabar otros datos objetivos que le permitan asegurarse de que verdaderamente ahí habita, trabaja o tiene su domicilio el destinatario de la notificación, puesto que aquella afirmación no conduce inequívocamente al estado de certeza que exige el precepto legal en cuestión, sino que puede llevar a cometer errores que no permitirían o impedirían al particular conocer el inicio del procedimiento." Por las razones expuestas, se concluye que la actuaria responsable vulneró el derecho fundamental de audiencia de la parte quejosa, lo que ocasionó que no tuviera oportunidad de conocer la existencia de la demanda laboral entablada en su contra, ni la posibilidad de acudir a contestarla oponiendo su defensa, por lo que debe concederse el amparo a la parte quejosa para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. La protección de la Justicia de la Unión se hace extensiva respecto de todo lo actuado dentro del expediente laboral, al ser consecuencia de un acto viciado. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE." Ante lo fundado del concepto de violación analizado, resulta innecesario analizar los restantes motivos de inconformidad, pues su estudio no conduciría mayor beneficio a la parte quejosa. Lo considerado encuentra sustento, en la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la voz: "CONCEPTOS DE VIOLACION. EL ESTUDIO DE LOS QUE BASTAN PARA CONCEDER EL AMPARO ES SUFICIENTE PARA LA LEGALIDAD DE LA SENTENCIA."; visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 151-156, Tercera Parte, Materia(s): Común, página: 113, registro: 237681. NOVENO. Efectos de la protección constitucional En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo. En ese contexto, si bien es cierto que la protección de la Justicia Federal solicitada por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que no acudieron al amparo, sin embargo, en materia laboral, la figura del litisconsorcio necesario se descubrirá en la contestación de la demanda o en otra etapa del juicio, incluso hasta el desahogo de las pruebas o en la valoración que de ellas se haga en el laudo. Así, en la especie, el tercero interesado demandó a diversas personas a quienes les atribuyó el carácter de patrón, quienes fueron condenados en el laudo; sin embargo, no se advierte la existencia figura del litisconsorcio pasivo necesario, por lo que el efecto de la concesión sólo puede beneficiar a los demás codemandados al dejarse insubsistente el laudo, ya que es ilegal existencia de dos laudos firmes y ejecutables. En otras palabras, como consecuencia de la concesión de amparo, quedará insubsistente el laudo emitido por la Junta responsable respecto de los codemandados; sin embargo, quedarán firmes las determinaciones adoptadas respecto de los demás codemandados que no obtuvieron una sentencia de favorable o que no acudieron al juicio de amparo, como las de tenerles por contestada la demanda en sentido afirmativo, por perdido su derecho para ofrecer pruebas y formular alegatos, pronunciamiento que deberá realizarse al llevar a cabo cada una de las etapas procesales en las que corresponda su desahogo. Lo anterior en términos de la jurisprudencia 1ª.J.72/2011, de la Primera Sala del Máximo Tribunal, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO." visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro I, octubre de 2011, registro 160821. En ese tenor, la concesión de amparo será para los efectos siguientes: Únicamente respecto de ********************, la Junta responsable deberá dejar insubsistente todo lo actuado dentro del juicio laboral ********************, de su índice, con excepción del auto de radicación. En su caso, ordenar nuevamente el legal emplazamiento de ********************. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo: S E R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, Presidente de dicha Junta y Actuario de su adscripción, todos con residencia en esta ciudad, consistente en el emplazamiento al juicio laboral, y todo lo actuado dentro del procedimiento, por las razones expuestas en el penúltimo considerando y para los efectos precisados en el último punto de esta sentencia NOTIFÍQUESE

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