Salvador Tapia Burquez

Expediente 1191/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 19 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1191/2016
Año
2016
Actuaciones
19
Última actuación
25/07/2017

Partes del expediente

  • Salvador Tapia Burquez
  • Juez Tercero de lo Penal de este Partido Judicial de Tijuana, Baja California
  • Nelly Adriana Preciado Gaitan
  • Alejandro Aguirre Moya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio que remite la autoridad señalada como responsable, mediante el cual refiere informar el cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el presente asunto, sin que sea el caso tenerle acatando la misma. Lo anterior es así, ya que de autos se advierte que la sentencia dictada en el presente juicio concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Salvador Tapia Burquez, Nelly Adriana Preciado Gaitán y Alejandro Aguirre Moya, para los siguientes efectos: ".para que la autoridad responsable juez Tercero de lo Penal, con sede en esta ciudad, deje sin efecto la resolución de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, dictada dentro de la causa penal 223/2016, en la que decretó auto de formal prisión en contra de los aquí quejosos, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo de inmueble, y en su lugar dicte otra resolución, con plenitud de jurisdicción, pero purgando los vicios formales de que adolece, esto es, deberá indicar con qué medios de convicción acredita cada uno de los elementos del delito; la trascendencia que en ello tiene cada medio de prueba; exponer y desarrollar un examen y valoración de todos y cada uno de los medios probatorios que obran en el sumario exponiendo las causas y motivos que la conduzcan a determinar el valor probatorio que se otorgue a los mismos; precisar las circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión en las que se ejecutó el hecho delictivo, atendiendo a lo demostrado con el caudal probatorio, es decir, cuándo, cómo y dónde los activos llevaron a cabo el ilícito. Asimismo, respecto del acto reclamado al Director del Centro de Reinserción Social, con sede en esta ciudad, consistente en la ejecución de la orden de identificación administrativa (ficha signalética), debe hacerse extensiva la protección constitucional, en virtud que dicho acto está adherido y forma parte de la consecuencia del auto formal prisión, toda vez que siendo ilegal el acto reclamado a la autoridad ordenadora, similar consideración debe corresponder a su ejecución, máxime que dicho acto no se combatió por vicios propios." Ahora, de la anterior transcripción se advierte que la protección constitucional se hizo extensiva al Director del Centro de Reinserción Social, con residencia en esta ciudad, en relación con la ejecución de la orden de identificación administrativa, acto que forma parte de las consecuencias del plazo constitucional, es decir, dicha autoridad debe acreditar que efectivamente se haya llevado a cabo la destrucción de la misma. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la referida autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, cumpla de manera total y adecuada con la ejecutoria de amparo, es decir, acredite con las constancias conducentes que en ese centro penitenciario a su cargo, destruyó o canceló las fichas signaléticas que recabó a nombre de los quejosos Salvador Tapia Burquez, Nelly Adriana Preciado Gaitán y Alejandro Aguirre Moya. Apercibido que de no hacerlo en el plazo fijado, o de no manifestar el impedimento legal que tuviese para ello, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en turno del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, para el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. En caso de no informar oportunamente sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa de cien a mil días, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme a los artículos 237, fracción I, y 258, ambos de la ley de la materia.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el Director del Centro de Reinserción Social, con residencia en esta ciudad, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a dicha autoridad, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, legamente computado, informe el cumplimiento dado al fallo protector. En el entendido que de no hacerlo en el plazo fijado o de no manifestar el impedimento legal que tuviese para ello, se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación de su respectivo puesto y su correspondiente consignación. Además, en caso de no informar oportunamente sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa de cien a mil días, en términos del artículo 193, en relación con el 258, ambos de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio que remite la autoridad señalada como responsable, mediante el cual refiere informar el cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el presente asunto, sin que sea el caso tenerle acatando la misma. Lo anterior es así, ya que de autos se advierte que la sentencia dictada en el presente juicio concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Salvador Tapia Burquez, Nelly Adriana Preciado Gaitán y Alejandro Aguirre Moya, para los siguientes efectos: ".para que la autoridad responsable juez Tercero de lo Penal, con sede en esta ciudad, deje sin efecto la resolución de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, dictada dentro de la causa penal 223/2016, en la que decretó auto de formal prisión en contra de los aquí quejosos, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo de inmueble, y en su lugar dicte otra resolución, con plenitud de jurisdicción, pero purgando los vicios formales de que adolece, esto es, deberá indicar con qué medios de convicción acredita cada uno de los elementos del delito; la trascendencia que en ello tiene cada medio de prueba; exponer y desarrollar un examen y valoración de todos y cada uno de los medios probatorios que obran en el sumario exponiendo las causas y motivos que la conduzcan a determinar el valor probatorio que se otorgue a los mismos; precisar las circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión en las que se ejecutó el hecho delictivo, atendiendo a lo demostrado con el caudal probatorio, es decir, cuándo, cómo y dónde los activos llevaron a cabo el ilícito. Asimismo, respecto del acto reclamado al Director del Centro de Reinserción Social, con sede en esta ciudad, consistente en la ejecución de la orden de identificación administrativa (ficha signalética), debe hacerse extensiva la protección constitucional, en virtud que dicho acto está adherido y forma parte de la consecuencia del auto formal prisión, toda vez que siendo ilegal el acto reclamado a la autoridad ordenadora, similar consideración debe corresponder a su ejecución, máxime que dicho acto no se combatió por vicios propios." Ahora, de la anterior trasncripcion se advierte que la protección constitucional se hizo extensiva al Director del Centro de Reinserción Social, con residencia en esta ciudad, en relación con la ejecución de la orden de identificación administrativa (ficha signalética), cuyo acto forma parte de la consecuencia del plazo constitucional, es decir, dicha autoridad debe acreditar que efectivamente se haya llevado a cabo la destrucción de las mismas. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevmente a la referida autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, cumpla de manera total y adecuada con la ejecutoria de amparo, es decir, acredite con las constancias conducentes que en ese centro penitenciario a su cargo, no existe identificación administrativa (ficha signalética) a nombre de los quejosos Salvador Tapia Burquez, Nelly Adriana Preciado Gaitán y Alejandro Aguirre Moya. Apercibido que de no hacerlo en el plazo fijado, o de no manifestar el impedimento legal que tuviese para ello, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en turno del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, para el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. En caso de no informar oportunamente sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa de cien a mil días, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme a los artículos 237, fracción I, y 258, ambos de la ley de la materia.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintisiete de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos, el oficio que remite la autoridad señalada como responsable, atento a su contenido, se le tiene informando que el veintinueve de mayo del año en curso, se admitió el recurso de apelación, interpuesto en contra del auto de término constitucional de doce del mismo mes y año, dictado con motivo del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en este asunto. Notifíquese.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

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