Salvador Murillo Pérez
Expediente 708/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 708/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/10/2019
Partes del expediente
- Salvador Murillo Pérez
- Agente del Ministerio Público del Orden Común Titular de Delitos Patrimoniales, Tijuana
- Janette Padilla Padilla
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, once de octubre de dos mil diecinueve.Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal relativo a este juicio es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído en el juicio de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro. Respecto al original del incidente de suspensión es susceptible de depuración; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción III, segundo párrafo, del artículo vigésimo primero del mismo acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto el dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro, debiéndose conservar únicamente las determinaciones por las cuales se concedió la suspensión provisional y definitiva. En lo tocante al duplicado del incidente de suspensión, en cumplimiento también del referido acuerdo general, se establece que éste es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto por el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo complementario citado en el párrafo que antecede, por lo que se señala como fecha para tal efecto el diez de febrero de dos mil veinte. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico Judicial correspondiente, el dieciséis de octubre de dos mil veintidós. Glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve.Visto el contenido de la constancia actuarial de cuenta, mediante la cual la actuaria judicial informa la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en los artículos 27, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíqueseles la aludida resolución, así como las subsecuentes actuaciones personales, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...SE DICTA SENTENCIA: SE RESUELVE: PRIMERO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS...SEGUNDO.- PUBLÍQUESE LA PRESENTE RESOLUCIÓN CON SUPRESIÓN DE DATOS...". LA CUAL SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO...
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de julio de dos mil diecinueve. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta misma fecha en el cuaderno del juicio de amparo 708/2019-D, promovido por Salvador Murillo Pérez y Janette Padilla Padilla, de propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público del Orden Común Titular de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades; con dos fotocopias simples de la demanda de amparo, se abre a trámite por duplicado el presente incidente de suspensión. Audiencia incidental Cítese a las partes a la audiencia incidental que tendrá verificativo a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del seis de agosto de dos mil diecinueve. Informes previos Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 130, 136, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase informe previo a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la hora siguiente en la que reciban el oficio de notificación; para tal efecto, se les envía fotocopia simple de la demanda que se atiende. En el entendido que las autoridades responsables expresarán si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, las razones pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y proporcionarán la información que tengan a su alcance relativa a los actos reclamados, en el caso, los datos del delito y sus modalidades, materia de los actos reclamados incluyendo los preceptos legales que lo tipifiquen, siempre que aquél exista; así como lo que sirva de parámetro para fijar la garantía y alcances de la medida cautelar, a fin de emitir una resolución adecuada respecto de la suspensión definitiva. Haciéndoles saber que la falta de la rendición de su informe hará presumir de ciertos los actos reclamados de conformidad con el primer párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo, y con apoyo en los artículos 238 y 260, fracción I, de la misma ley, se impondrá a quien corresponda multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en los domicilios en los que se encuentren ubicadas las autoridades responsables en este incidente, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Efectos de la suspensión Ahora, al considerar que se reclama la orden privativa de libertad que los quejosos denominaron como orden de presentación, aprehensión o citación, por la que refutan se les pretende privar de su libertad; por tanto, conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reformada, y toda vez que se actualizan, en la especie, las hipótesis previstas en el artículo 139 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 138 de la propia ley, pues los aquí peticionarios de amparo solicitan expresamente la suspensión de los actos reclamados; además que con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y de no otorgarse la misma, con la ejecución de los actos se causarían a los promoventes daños y perjuicios de difícil reparación; por ende, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede a Salvador Murillo Pérez y Janette Padilla Padilla la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no sean privados de su libertad personal, con motivo de las acciones encaminadas a privarles de ésta, por parte de las autoridades señaladas como responsables, quedando a disposición de este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por lo que hace a su libertad personal, y de la autoridad que corresponda conocer del procedimiento penal, para los efectos de su continuación. La suspensión que se concede surte sus efectos desde luego en términos del artículo 168 de la Ley de Amparo, pero dejará de hacerlo si cada uno de los quejosos no exhiben dentro del plazo de cinco días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, garantía por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos, moneda nacional), en billete de depósito o en cualquiera de las formas permitidas por la ley, a su nombre, ante y a satisfacción de este juzgado, en el entendido que si la garantía se exhibe en póliza de fianza, ésta tendrá que ser expedida bajo el sometimiento expreso de la compañía respectiva a la jurisdicción de este tribunal federal, para el caso de que la garantía que ahí se establezca se hiciera efectiva, y además, por tiempo indeterminado, para los efectos a que se refiere el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, pues de lo contrario, quedará sin efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de las autoridades responsables y podrán ejecutar los actos reclamados; cantidad que se fija de manera discrecional, toda vez que por el momento no existen bases para considerar los requisitos que precisa el artículo 168 de la Ley de Amparo, como la naturaleza, modalidades y características del delito que se impute a los agraviados, situación económica y la posibilidad de que se sustraigan de la acción de la justicia, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. La suspensión provisional decretada surte sus efectos desde luego, empero, se advierte a los quejosos que en caso de incumplir con lo anterior, en términos de lo que establece el artículo 166, último párrafo, de la Ley de Amparo, dejará de surtirlos y quedará expedita la potestad y/o jurisdicción de las autoridades responsables para la ejecución de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.7o.P.39 P del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 1231, julio 2003, tomo XVIII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. APLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO." Por otra parte, por el momento no es dable imponer a los quejosos la obligación de comparecer ante autoridad responsable alguna para la continuación del procedimiento respectivo, como lo establece el artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo, virtud que no se tiene la certeza respecto de la existencia de los actos reclamados. Sustenta lo anterior, la tesis jurisprudencial 1a./J. 149/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 371, enero de 2008, tomo XXVII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ." Asimismo, la suspensión que se concede no producirá el efecto apuntado, si el delito por el cual se libró la orden privativa de la libertad que los impetrantes denominaron como orden de presentación, aprehensión o citación, es de aquéllos que impliquen prisión preventiva oficiosa que refiere el artículo 19 constitucional, en cuyo caso, este mandamiento no impide que los quejosos sean privados de su libertad, pues en términos de lo dispuesto por el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, la suspensión sólo producirá el efecto de que queden a disposición de este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en el lugar correspondiente en que sean recluidos en cuanto a su libertad personal, y al de la autoridad competente, por lo que respecta a la secuela del procedimiento de origen. Esta medida tampoco surte efecto legal alguno, si los agraviados son sorprendidos en la comisión de delito flagrante. Domicilio y autorizados Se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Antonio Rodríguez Velázquez y a Julio César Chávez Barajas, hasta en tanto registren su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; así como domicilio para tal efecto el que señalan en el escrito de demanda. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en este incidente. Apercibimiento de inexistencia de autoridades ante su indebida denominación Asimismo, de conformidad con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de los quejosos la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se les apercibe que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indican en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que los promoventes corrijan el señalamiento en la denominación de las autoridades que refieren como responsables, tomando en consideración que les corresponde estar pendientes de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y el principio de celeridad procesal. Expedición de copias Expídase a los quejosos fotocopia certificada de este proveído, previa constancia que por su recibo obre en autos, ello, conforme a lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese.
- Incidental
Tijuana, Baja California, veintinueve de julio de dos mil diecinueve. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta misma fecha en el cuaderno del juicio de amparo 708/2019-D, promovido por Salvador Murillo Pérez y Janette Padilla Padilla, de propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público del Orden Común Titular de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades; con dos fotocopias simples de la demanda de amparo, se abre a trámite por duplicado el presente incidente de suspensión. Audiencia incidental Cítese a las partes a la audiencia incidental que tendrá verificativo a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del seis de agosto de dos mil diecinueve. Informes previos Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 130, 136, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase informe previo a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la hora siguiente en la que reciban el oficio de notificación; para tal efecto, se les envía fotocopia simple de la demanda que se atiende. En el entendido que las autoridades responsables expresarán si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, las razones pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y proporcionarán la información que tengan a su alcance relativa a los actos reclamados, en el caso, los datos del delito y sus modalidades, materia de los actos reclamados incluyendo los preceptos legales que lo tipifiquen, siempre que aquél exista; así como lo que sirva de parámetro para fijar la garantía y alcances de la medida cautelar, a fin de emitir una resolución adecuada respecto de la suspensión definitiva. Haciéndoles saber que la falta de la rendición de su informe hará presumir de ciertos los actos reclamados de conformidad con el primer párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo, y con apoyo en los artículos 238 y 260, fracción I, de la misma ley, se impondrá a quien corresponda multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en los domicilios en los que se encuentren ubicadas las autoridades responsables en este incidente, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Efectos de la suspensión Ahora, al considerar que se reclama la orden privativa de libertad que los quejosos denominaron como orden de presentación, aprehensión o citación, por la que refutan se les pretende privar de su libertad; por tanto, conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reformada, y toda vez que se actualizan, en la especie, las hipótesis previstas en el artículo 139 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 138 de la propia ley, pues los aquí peticionarios de amparo solicitan expresamente la suspensión de los actos reclamados; además que con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y de no otorgarse la misma, con la ejecución de los actos se causarían a los promoventes daños y perjuicios de difícil reparación; por ende, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede a Salvador Murillo Pérez y Janette Padilla Padilla la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no sean privados de su libertad personal, con motivo de las acciones encaminadas a privarles de ésta, por parte de las autoridades señaladas como responsables, quedando a disposición de este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por lo que hace a su libertad personal, y de la autoridad que corresponda conocer del procedimiento penal, para los efectos de su continuación. La suspensión que se concede surte sus efectos desde luego en términos del artículo 168 de la Ley de Amparo, pero dejará de hacerlo si cada uno de los quejosos no exhiben dentro del plazo de cinco días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, garantía por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos, moneda nacional), en billete de depósito o en cualquiera de las formas permitidas por la ley, a su nombre, ante y a satisfacción de este juzgado, en el entendido que si la garantía se exhibe en póliza de fianza, ésta tendrá que ser expedida bajo el sometimiento expreso de la compañía respectiva a la jurisdicción de este tribunal federal, para el caso de que la garantía que ahí se establezca se hiciera efectiva, y además, por tiempo indeterminado, para los efectos a que se refiere el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, pues de lo contrario, quedará sin efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de las autoridades responsables y podrán ejecutar los actos reclamados; cantidad que se fija de manera discrecional, toda vez que por el momento no existen bases para considerar los requisitos que precisa el artículo 168 de la Ley de Amparo, como la naturaleza, modalidades y características del delito que se impute a los agraviados, situación económica y la posibilidad de que se sustraigan de la acción de la justicia, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. La suspensión provisional decretada surte sus efectos desde luego, empero, se advierte a los quejosos que en caso de incumplir con lo anterior, en términos de lo que establece el artículo 166, último párrafo, de la Ley de Amparo, dejará de surtirlos y quedará expedita la potestad y/o jurisdicción de las autoridades responsables para la ejecución de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.7o.P.39 P del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 1231, julio 2003, tomo XVIII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. APLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO." Por otra parte, por el momento no es dable imponer a los quejosos la obligación de comparecer ante autoridad responsable alguna para la continuación del procedimiento respectivo, como lo establece el artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo, virtud que no se tiene la certeza respecto de la existencia de los actos reclamados. Sustenta lo anterior, la tesis jurisprudencial 1a./J. 149/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 371, enero de 2008, tomo XXVII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ." Asimismo, la suspensión que se concede no producirá el efecto apuntado, si el delito por el cual se libró la orden privativa de la libertad que los impetrantes denominaron como orden de presentación, aprehensión o citación, es de aquéllos que impliquen prisión preventiva oficiosa que refiere el artículo 19 constitucional, en cuyo caso, este mandamiento no impide que los quejosos sean privados de su libertad, pues en términos de lo dispuesto por el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, la suspensión sólo producirá el efecto de que queden a disposición de este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en el lugar correspondiente en que sean recluidos en cuanto a su libertad personal, y al de la autoridad competente, por lo que respecta a la secuela del procedimiento de origen. Esta medida tampoco surte efecto legal alguno, si los agraviados son sorprendidos en la comisión de delito flagrante. Domicilio y autorizados Se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Antonio Rodríguez Velázquez y a Julio César Chávez Barajas, hasta en tanto registren su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; así como domicilio para tal efecto el que señalan en el escrito de demanda. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en este incidente. Apercibimiento de inexistencia de autoridades ante su indebida denominación Asimismo, de conformidad con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de los quejosos la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se les apercibe que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indican en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que los promoventes corrijan el señalamiento en la denominación de las autoridades que refieren como responsables, tomando en consideración que les corresponde estar pendientes de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y el principio de celeridad procesal. Expedición de copias Expídase a los quejosos fotocopia certificada de este proveído, previa constancia que por su recibo obre en autos, ello, conforme a lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese.
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