Salvador Pérez Mendoza
Expediente 1617/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1617/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/11/2023
Partes del expediente
- Salvador Pérez Mendoza
Actuaciones
- Incidental
Tijuana, Baja California, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que no obra el informe previo requerido a la autoridad responsable, ni el acuse de recibo del oficio mediante el cual se le solicitó el mismo. En tal contexto, se difiere la audiencia incidental señalada para esta data, y en su lugar se fijan las diez horas con veinticinco minutos del siete de diciembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo que promueve quien se ostenta como defensor público federal de ********************, contra el acto del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, en funciones de juez de control, con residencia en esta ciudad; por considerar que se vulneran en perjuicio de su defenso derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º y 19 constitucionales; por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese expediente y regístrese en el libro de control electrónico correspondiente con el número 1617/2023-B. Incidente de suspensión Tramítese por separado el incidente de suspensión que se solicita. Audiencia constitucional Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las once horas con treinta minutos del cuatro de enero de dos mil veinticuatro; fecha que se fija tomando en cuenta que el periodo vacacional de este juzgado comprenderá la segunda quincena del mes de diciembre de este año, como lo instruyó la secretaria ejecutiva de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante aviso firmado el veintiocho de septiembre pasado. Agente del Ministerio Público de la Federación Dese la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informe justificado Pídase informe justificado a la autoridad responsable, la que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberá rendir dentro del plazo de quince días, siguientes a aquel en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y de ser el caso, remita copia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, en la inteligencia que de no hacerlo así, se presumirá cierto el acto que se le reclama, salvo prueba en contrario; asimismo, de ser omisa, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentre ubicada la autoridad responsable en este juicio de amparo, si ésta se niega a recibir los comunicados a ella dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Causas de sobreseimiento Se previene a las partes que en caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, se impondrá la multa prevista en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Conocimiento previo Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que haya sido promovido por el propio quejoso o que el acto que aquí se reclama derive del mismo procedimiento o juicio, a efecto de aprovechar el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Requerimiento Con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, legalmente computado, remita la certificación en la que se asiente si Rodolfo Castañeda ********************, es defensor público federal de ********************, y si actualmente desempeña ese cargo en la ********************. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento, o no informar el impedimento que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda una multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Tercero interesado Dada la naturaleza del acto reclamado, de conformidad con el ordinal 5°, fracción lll, inciso e), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesada a la representación social que tuvo intervención en el procedimiento penal del que deriva la materia de reclamo; por tanto, con base en el normativo 26, fracción ll, inciso b), de la propia ley, se ordena notificarle el auto admisorio mediante oficio que se le envíe, anexándole fotocopia de la demanda. Domicilio Se tiene como domicilio procesal, el indicado en el escrito de demanda. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio. Acceso a expediente electrónico Se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico relativo a este asunto; en ese tenor, se instruye a la Oficial Judicial "A", comisionada para la actualización del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que permita el acceso a dicho sistema al usuario que menciona, únicamente por lo que hace al juicio de que se trata. Notificaciones vía electrónica Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte promovente señalando la vía electrónica, para oír y recibir notificaciones, por lo que le surge la obligación a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir del envío que haga este órgano jurisdiccional; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrá por hecha la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la última parte de la fracción II del artículo 30 ya citado. Medios de comunicación no procesal Téngase como medios de comunicación no procesal las direcciones de correo electrónico y número telefónico que proporciona. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
Tijuana, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta misma fecha en el cuaderno del juicio de amparo 1617/2023-B, promovido por quien se ostenta como defensor de Salvador Pérez Mendoza, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; con una fotocopia simple de la demanda de amparo, se abre a trámite el presente incidente de suspensión. Audiencia incidental Cítese a las partes a la audiencia incidental que tendrá verificativo a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Informe previo En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 130, 136, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la hora siguiente al en que reciba el oficio de notificación; para tal efecto, se le envía fotocopia simple de la demanda. En el entendido que la autoridad responsable expresará si es o no cierto el acto que se le atribuye, las razones pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar la información que tenga a su alcance relativa al acto reclamado, en el caso, los datos relativos al delito y sus modalidades, incluyendo los preceptos legales que lo tipifiquen, siempre que aquél exista; así como los que sirvan de parámetro para fijar la garantía y alcances de la medida cautelar, a fin de emitir una resolución adecuada respecto de la suspensión definitiva. Haciéndole saber que la falta de la rendición de su informe hará presumir de cierto el acto reclamado de conformidad con el primer párrafo del dispositivo 142 de la Ley de Amparo, y se impondrá en su contra una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, en términos de los artículos 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentre ubicada la autoridad responsable en este incidente, si ésta se niega a recibir los comunicados a ella dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Pronunciamiento respecto de la suspensión Del estudio integral de la demanda que se atiende, se logra colegir que se señala como acto reclamado la determinación emitida el ocho de noviembre del año en curso, en los autos del proceso penal 1142/2023, en la que se desechó de plano la solicitud de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a los agraviados. Primeramente, cabe señalar que el ordinal 138 de la Ley de Amparo, establece que promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Por tanto, bajo una interpretación aplicada del artículo 166 de la ley de la materia, se colige que tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa, este órgano el control constitucional se encuentra constreñido a realizar un análisis sobre la naturaleza del acto, el interés social, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, de conformidad con lo establecido en los numerales 138 y 147 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción X, de la Carta Magna. De lo hasta aquí expuesto puede colegirse que la suspensión fue solicitada con efectos restitutorios. Por tanto, para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: a) Existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y la vinculación del imputado; b) Que las medidas cumplan con los cuatro elementos del "test de proporcionalidad", como son: i) la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana); ii) idónea para cumplir con el fin que se persigue; y, iii) necesaria y estrictamente proporcional; y, c) La resolución que la imponga debe contener una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. En relación con el primer elemento, deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que un hecho ilícito ocurrió y que la persona sometida al proceso pudo haber participado en ese delito, debiendo enfatizarse que este presupuesto no constituye en sí mismo una finalidad legítima para aplicar una medida cautelar restrictiva a la libertad, ni es un elemento que sea susceptible de menoscabar el derecho a la presunción de inocencia contenido en el artículo 8.2 de la Convención Americana. Respecto al segundo elemento, la Corte Interamericana afirmó que por su propia naturaleza, es la autoridad judicial a quien compete desarrollar el juicio de proporcionalidad al momento de imponer una medida privativa de libertad, frente a los elementos del caso y no al legislador en función de visiones abstractas, porque la prisión preventiva es una medida cautelar y no una medida de carácter punitivo; por lo que la regla de principio debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal; lo que como excepción podrá imponerse medidas de esta naturaleza únicamente cuando se acredite que: a) la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sean compatibles con la Convención; b) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; c) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto; y, d) que resulten estrictamente proporcionales; de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. La medida cautelar de la prisión preventiva sólo se debe imponer cuando sea necesaria para la satisfacción de un fin legítimo, a saber: que el imputado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia; ello, porque las medidas privativas de la libertad en el marco de procedimientos penales son convencionales, siempre que tengan un propósito cautelar; es decir, que sean un medio para la neutralización de riesgos procesales; en particular, a la finalidad relacionada con la comparecencia al proceso, sin que la gravedad del delito imputado sea, por sí misma, justificación suficiente de la prisión preventiva; asimismo, resolvió dicha corte interamericana que el peligro de fuga no puede medirse únicamente sobre la base de la gravedad de la posible pena a imponer, sino que debe evaluarse con referencia a una serie de otros factores relevantes que pueden confirmar la existencia de un peligro de fuga, como por ejemplo, aquellos relacionados con el hogar, ocupación, bienes y lazos familiares, afirmando que el peligro de que el acusado obstaculice la conducción adecuada del procedimiento no se puede inferir en abstracto, sino que tiene que estar respaldado por evidencia objetiva, por ejemplo, el riesgo de presión sobre testigos o la pertenencia a una organización criminal o una pandilla. Y en cuanto a la necesidad por ser la privación de la libertad una medida que implica una restricción a la esfera de acción individual, corresponde exigir a la autoridad judicial que imponga dicha medida, únicamente cuando considere que los demás mecanismos previstos en la ley, que impliquen un menor grado de injerencia en los derechos individuales, no son suficientes para satisfacer el fin procesal. Por lo que hace al tercer punto consideró que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violatoria del artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos; que esa prisión debe estar sometida a revisión periódica, en el entendido de que el juez no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad, sino que debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la privación a la libertad ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En cuanto al principio de la apariencia del buen derecho que conlleva un estudio preliminar del acto reclamado, en el que basado en cálculos se pueda tener una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el juicio y de ese modo, sea posible anticipar que la sentencia que se llegue a dictar en lo principal puede resultar en sentido favorable para el solicitante del amparo; en la especie, se considera que el acto reclamado conforme lo presentó la defensa del agraviado, tiene matices de violar los derechos fundamentales del ahora quejoso, pues la responsable no dio al impetrante la oportunidad de debatir la medida cautelar de prisión preventiva impuesta. El hecho mismo que se le haya impuesto por ser oficiosa impide que haya sido producto del "test de proporcionalidad" que sólo el juzgador puede efectuar y que, en caso de ser en el mismo sentido de prisión preventiva, debe estar justificada; es decir, que se trate de una medida legítima, idónea para cumplir el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional, precedida de la conclusión de que las otras previstas en la ley no son suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad o que haya peligro de sustracción del imputado; esto es, no hay prueba de que sea la más proporcional frente a lo discutido en la audiencia. Con independencia de lo que en el fondo del asunto se alegue, la medida cautelar de prisión preventiva, en uso de la apariencia del buen derecho, se aprecia que su imposición oficiosa es violatoria del derecho fundamental de libertad. En cuanto al peligro en la demora, este presupuesto se satisface porque el agraviado se encuentra privado de la libertad precisamente con motivo de la ejecución del acto reclamado; por lo que si a pesar que tiene matices de devenir inconvencional, no se suspende con efectos restitutorios, la afectación es permanente mientras persista la prisión preventiva oficiosa y puede llegarse al extremo de que se consume irreparablemente. Respecto a la afectación al interés social y la contravención a disposiciones de orden público, no se aprecia que se encuentren comprometidos, porque es factible otorgar la suspensión respecto de medidas cautelares bajo la ponderación de los elementos que anteriormente se han desarrollado; más aún cuando, como se precisará, la suspensión que se otorgue no tendrá como efecto que el quejoso quede en libertad en automático por virtud de esta suspensión. En consecuencia, de conformidad con las reglas generales de la suspensión vigentes, lo procedente es conceder a Salvador Pérez Mendoza, la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que la autoridad responsable señale fecha y hora dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, para el desahogo de una audiencia con intervención de las partes, en la que abra a debate entre éstas, respecto la solicitud de medidas cautelares a imponerse al quejoso y con libre apreciación imponga la más idónea, sin descartar la prisión preventiva justificada, en el proceso penal 1142/2022 que se le instruye; lo anterior, hasta en tanto se emita resolución sobre la suspensión definitiva Es aplicable la jurisprudencia PR.P.CN. J/13 P (11a.) del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte, con residencia en Ciudad de México, Undécima Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA PERSONA JUZGADORA NO DEBERÁ LIMITARSE A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBERÁ OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, YA QUE LAS SENTENCIAS VINCULANTES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LOS CASOS TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS Y GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO EN LAS QUE FUE DECLARADA INCONVENCIONAL ESA MEDIDA, CONSTITUYEN UN FACTOR DETERMINANTE PARA TENER POR DEMOSTRADA LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO.". Suspensión del procedimiento en el juicio de origen En ese contexto, con fundamento en el artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia, hágase del conocimiento del juez de control que podrá continuar el procedimiento en la causa penal 1142/2022, pero deberá suspenderlo antes de concluir la etapa intermedia, es decir, deberá de abstenerse de enviar el auto de apertura a juicio oral al tribunal competente. Domicilio Se tiene como domicilio procesal, el indicado en el escrito de demanda. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en la presente incidencia. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese.
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