Salvador Robles Luna

Expediente 999/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 62 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
999/2017
Año
2017
Actuaciones
62
Última actuación
12/08/2022

Partes del expediente

  • Salvador Robles Luna
  • Regulo Robles Luna
  • Comisariado Ejidal del Ejido México Nuevo-Alamitos Y Sus Anexos los Cuartos Y los Jacales del Municipio de Fresnillo, Zacatecas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 62.

  1. Principal

    El doce de agosto de dos mil veintidós, Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado certifica: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existen documentos con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; Que el término de diez días que establece el artículo 86 de La Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del cuatro al quince de julio de dos mil veintidós, sin que hubiere interpuesto recurso de revisión contra el auto de veintinueve de junio del año en curso; Si existen constancias por devolver a la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito 1 con sede en Guadalupe, Zacatecas; Que sí se tramitó incidente de suspensión por separado, en el que se negó la suspensión definitiva. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, doce de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado por este juzgado en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente ES DESTRUIBLE, en razón de que se resolvió sobreseer en el presente juicio. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de veintiséis de agosto de dos mil veinte; en razón de que se negó la suspensión definitiva, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el Artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dentro de los treinta días siguientes, llévese a cabo su destrucción e inclúyase el presente asunto en el acta de baja documental correspondiente que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. En otro aspecto, tomando en consideración que obran agregados documentos exhibidos por la parte quejosa; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se pone a disposición del quejoso, dichos documentos por el término de noventa días naturales, a fin de que los recoja; apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, podrán ser destruidos junto con el expediente o con las constancias que de éste se depuren. Por último, devuélvase a la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario del distrito 1 con sede en Guadalupe, Zacatecas, el tomo de pruebas que en su momento adjunto en apoyó a su informe justificado consistente en el expediente agrario 1298/2017. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del quince de agosto de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

  2. Principal

    El veintinueve de junio de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 12877, así como con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibida la promoción de cuenta signada por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 1, mediante la cual, en atención al requerimiento efectuado por auto de veintitrés de los presentes, remite copias certificadas del expediente agrario 211/2019, de su índice, promovido por el aquí quejoso Salvador Robles Luna en contra de Regulo Robles Luna, aquí parte tercera interesada. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la legislación en consulta, téngase como pruebas las documentales que remite la autoridad oficiante, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, mismas que serán valoradas al momento de resolver el presente asunto. Asimismo, dado la voluminosidad de las mismas, se ordena formar un tomo de pruebas debidamente identificad por separado. Ahora bien, atento al estado procesal que guardan los presentes autos, y en observancia a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, de donde se desprende que si durante el trámite del juicio de amparo, se advierte la existencia de alguna de las causales de improcedencia previstas por el numeral 61 de la referida ley, el juez de amparo puede emitir un auto de sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional. En esa guisa, se advierte de constancias que en el caso, en relación a los actos reclamados al Tribunal Unitario Agrario Distrito 1 y al Registro Agrario Nacional, en sus respectivas esferas competenciales, que en esencia consisten en todo lo actuado en el juicio agrario de jurisdicción voluntaria 1298/2017, relativo a la sucesión de derechos agrarios de Roberto Robles Luna; y a consecuencia de lo anterior la transmisión de dichos derechos a favor de Regulo Robles Luna, aquí tercero interesado; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que señala lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;." [.]". Del estudio del precepto legal trascrito, se advierte la improcedencia del juicio de amparo, tratándose de actos respecto de los cuales se esté tramitando algún recurso o medio de defensa legal que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; lo anterior tiene sustento y justificación plena si se toma en cuenta que dicha causal de improcedencia pretende evitar la existencia de dos resoluciones en contra del mismo acto, bajo el riesgo de que resulten contradictorias. Apoya lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número P./J.144/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo doce, Diciembre de 2000, página 15, cuyo epígrafe y sinopsis textuales son los siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo.". De conformidad con el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que la causal que se analiza, se actualiza cuando concurran las siguientes hipótesis: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad respecto del cual solicite amparo. b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías. c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Establecido lo anterior, debe tenerse en cuenta primeramente que, la parte quejosa sea quien interponga el recurso o medio ordinario de defensa, puesto que, la única manera en que podría salvaguardar sus derechos, es mediante la existencia de un recurso o medio de defensa oponible frente a la resolución que lesiona su interés jurídico. Por otro lado, es menester señalar que el recurso o medio ordinario de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías. Finalmente, el recurso o medio de defensa legal debe constituir la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo; esto es, que esté expresamente instituido por la ley, regido por un procedimiento para su tramitación y que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad. Ahora bien, en el caso, de las constancias de cuenta, que remitió la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 1, consistentes en las copias certificadas del expediente agrario 211/2019, se advierte que Salvador Robles Luna, aquí quejoso, demandó de Regulo Robles Luna, aquí tercero interesado, la nulidad absoluta de todo lo actuado en el juicio agrario de jurisdicción voluntaria 1298/2017, así como la nulidad de todas sus consecuencias jurídicas y legales, tales como actos y documentos emanados de dicho procedimiento, entre otras prestaciones. Asimismo, de las referidas constancias, se observa que el Tribunal Unitario Agrario Distrito 1 tuvo por admitida la demanda planteada por el aquí quejoso, mediante auto de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, registrándola con el número de expediente 211/2019, el cual se encuentra pendiente de resolver. Tales constancias tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido elaboradas por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones. En esas condiciones, es evidente que la parte quejosa promovió juicio de nulidad en contra de los actos reclamados en esta instancia constitucional, consistentes en todo lo actuado en el juicio agrario de jurisdicción voluntaria 1298/2017, relativo a la sucesión de derechos agrarios de Roberto Robles Luna; y a consecuencia de lo anterior la transmisión de dichos derechos a favor de Regulo Robles Luna, aquí tercero interesado. Por ende, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, al estar tramitándose ante un tribunal ordinario un medio de defensa propuesto por el quejoso, como lo es el juicio de nulidad, que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En efecto; el artículo 18, fracción VII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, dispone: "Artículo 18.- Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: (.) VII.- De controversias relativas a la sucesión de derechos ejidales y comunales; Del precepto transcrito se advierte, en lo que interesa, que el Tribunal Unitario Agrario, será competente para conocer de las controversias relativas a la sucesión de derechos ejidales y comunales. Lo que permite colegir que de ser fundada la demanda en la que se plantea la controversia de referencia, la sentencia dictada en el juicio respectivo podrá declarar la insubsistencia legal de las actuaciones que fueron señaladas como actos reclamados en el presente juicio de amparo, con lo cual las autoridades responsables quedarán obligadas a otorgar o restituir al demandante en el goce de los derechos que le hubieren sido indebidamente afectados a la aquí quejosa. Robustece lo anterior, por identidad jurídica, la tesis XVI.1o.A.111 A (10ª.), con registro 2012758, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Libro 35, Tomo IV, Octubre de 2016, página 2946, que se transcribe a continuación: "JUICIO AGRARIO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA SOBRE SUCESIÓN DE DERECHOS EJIDALES O COMUNALES. Las resoluciones emitidas en los procedimientos de jurisdicción voluntaria, en ningún caso adquieren la calidad de cosa juzgada, propia de las sentencias de los procesos contenciosos, porque el juzgador no resuelve un litigio, ya que se limita a definir o reconocer una situación jurídica existente, susceptible de modificarse a través de la impugnación, por la vía legal correspondiente, de cualquier interesado; es decir, en la jurisdicción voluntaria el juzgador emite la resolución correspondiente con base en los elementos aportados por el peticionario; razón por la cual, esa determinación no produce efectos de cosa juzgada respecto de terceros cuyos derechos fueren afectados por ella, al no revestir propiamente carácter jurisdiccional, lo que permite calificar como administrativa la actividad de los Jueces que la desarrollan y, por ello, es viable su revocación con motivo de un proceso contencioso. Por tanto, contra la resolución de jurisdicción voluntaria sobre sucesión de derechos ejidales o comunales, procede el juicio agrario, con fundamento en la fracción VII del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios." Por lo antes expuesto, y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, lo procedente es emitir un auto que sobresea en el juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en la agenda, respecto de la cancelación de la audiencia constitucional, así como en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del treinta de junio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de junio de dos mil veintidós, Jesús Romero Hernández, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado, con residencia en esta ciudad, CERTIFICO: Que se encuentran fijadas las diez horas con treinta y cinco minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos se advierte que mediante oficio 1624 de quince de agosto del dos mil diecinueve, que se tuvo por recibido mediante auto de dieciséis de ese mes y año, la Magistrada Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 1 informó que en ese Tribunal se encuentra radicado el diverso juicio agrario identificado con el número 211/2019 promovido por el aquí quejoso en contra de Regulo Robles Luna, en el que el aquí disidente reclamó la nulidad del juicio agrario 1289/2017, del que emanan los actos reclamados en el presente juicio, y que por lo anterior consideraba que sobrevenía la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIX, de la Ley de Amparo. Asimismo señaló que en el supracitado juicio en esa fecha aún no se dictaba sentencia. En tales condiciones, toda vez que este juzgado debe recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver el presente asunto; con fundamento en el artículo 75, de la Ley de Amparo, requiérase mediante oficio a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de tres días hábiles legalmente computados, informe el estado procesal que guarda dicho juicio y remita a este órgano jurisdiccional copia certificada del todo lo actuado con las formalidades de ley; o de no ser posible, manifieste el impedimento legal que tenga para remitirla. En otro aspecto, de autos se advierte que la autoridad responsable Registro Agrario Nacional, al rendir su informe justificado mediante oficio 2605 de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, refirió que eran ciertos los actos reclamados, pues expidió los certificados parcelarios 228570 y 228569 que amparan las parcelas números 58 y 69 con superficies de 3-45-61.360, 11-14-83.190 hectáreas y el certificado de uso común número 84043 que ampara un porcentaje de 1.510% de aprovechamiento sobre tierras de uso común del Ejido México Nuevo-Alamitos y sus anexos, los cuartos y los Jacales de Roberto Robles Luna; sin que acompañara a dicho informe copia certificada de dichas documentales. En consecuencia; requiérase al Registro Agrario Nacional para que dentro del término de tres días hábiles legalmente computados, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de las documentales antes señaladas; o de no ser posible, manifieste el impedimento legal que tenga para remitirla. Resulta aplicable por analogía, la tesis de Jurisprudencia del tenor literal siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Se apercibe a las autoridades responsables que de hacer caso omiso al presente requerimiento, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país. Por tanto; para dar oportunidad de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTE DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIDOS para su desahogo. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veinticuatro de junio dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, siete de junio de dos mil veintidós, Jesús Romero Hernández, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado, con residencia en esta ciudad, CERTIFICO: Que se encuentran fijadas las diez horas con treinta y cinco minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente asunto. Que el término de treinta días concedido por edicto al tercero interesado Regulo Robles Luna a efecto de que comparezca ante este Juzgado Federal transcurrió sin que lo hubiera hecho; toda vez que inició el treinta y uno de marzo y feneció el dieciocho de mayo del año en curso. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con la promoción registrada bajo el folio 10736 y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, siete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se advierte que el término de treinta días hábiles concedido al tercero interesado Regulo Robles Luna mediante edicto de treinta de marzo del año en curso, a fin de que comparezca al presente juicio de garantías, transcurrió sin que lo haya hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento señalado en el referido edicto; en consecuencia, se determina que las subsecuentes notificaciones que tengan el carácter de personales se le practiquen por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 29, de la Ley de Amparo. Ahora bien; en atención a que ya obran en autos los informes justificados de las autoridades responsables, con su contenido, dese vista al citado tercero interesado para que en el término de ocho días manifieste lo que a su interés legal convenga. Finalmente, agréguese a sus autos para que obre únicamente como corresponda la promoción de cuenta que remite la Jefa del Departamento de exhortos o Cartas Rogatorias de la Secretaría de Relaciones Exteriores; toda vez que por auto de diez de agosto de dos mil veintiuno se tuvieron por recibidas las documentales que remite. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS para su desahogo. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del ocho de junio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

Quedan 58 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano