Salvador Preciado Duran

Expediente 1864/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 20 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1864/2018
Año
2018
Actuaciones
20
Última actuación
25/04/2019

Partes del expediente

  • Salvador Preciado Duran
  • Juez de Primera Instancia Y de lo Familiar de Nochistlán de Mejía, Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    El veinticinco de abril de dos mil diecinueve, Angélica Bobadilla Larios, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Certifico: Que el término de diez días que prevé el artículo 86, de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del cinco al veintitrés de abril de dos mil diecinueve, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada por este Tribunal Federal el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve (fojas 87-96) dentro del presente juicio de amparo 1864/2018; Que después de una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión por separado; sin embargo, no se exhibió billete de depósito o alguna otra garantía que amerite su conservación; Que sí existe un tomo de pruebas por devolver a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, consistentes en copias certificadas deducidas del expediente mercantil 38/2010. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la secretaria adscrita a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte legitimada haya recurrido la sentencia dictada el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA; en mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el expediente principal en que se actúa SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Consecuentemente, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, del citado Acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en razón de que se concedió la suspensión definitiva; por tanto, glósese al expediente en que se actúa; asimismo, guárdese por separado el duplicado del incidente, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el punto vigésimo, fracción III del aludido acuerdo, se lleve a cabo su destrucción. En consecuencia, dese el trámite correspondiente que establece el punto décimo primero del citado acuerdo. Por último, devuélvase a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, las constancias que remitió en su momento como justificación de sus actos, consistentes en copias certificadas deducidas del expediente mercantil 38/2010, en razón de que resulta innecesaria su retención. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    El once de abril de dos mil diecinueve, se da cuenta con una promoción con folio 4921. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a once de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por el tercero interesado Rogelio Jiménez Meléndrez, mediante el cual solicita le sea reconocido el carácter de tercero interesado en el presente juicio de amparo; en atención a lo anterior, dígasele que se esté a lo acordado en auto dictado el siete de diciembre de dos mil dieciocho, en que se recibió el despacho diligenciado y sus anexos, del que se advierte que quedó debidamente emplazado en el presente asunto. Luego, como lo solicita el ocursante se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte el ubicado en Calle La Florida número cinco (5), en la Colonia La Florida, Municipio de Guadalupe, Zacatecas, código postal 98618. Asimismo, como autorizado de su parte únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos al licenciado Edgar Francisco González Romo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 27 DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO."Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo. SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Salvador Preciado Durán, contra los actos reclamados al Juez de Primera Instnacia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, por motivos expuestos en el último considerando de esta determinación. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, hasta el día de hoy veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza y da fe. Ángeles

  4. Principal

    SENTENCIA V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1864/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, con sede en esta localidad, Salvador Preciado Durán, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridad responsable: - Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Nochistlán de Mejía, Zacatecas. Actos reclamados: "a) El ilegal, infundado e improcedente juicio mercantil que se instruyó en mi contra ante el juzgado de primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, y que el mismo se radico bajo el número 38/2010. En toda su substanciación y desarrollo, y del que se dieron diversas anomalías como lo fue el no haber sido llamado a comparecer a juicio, dentro del referido procedimiento. b) Así como también la resolución pronunciada dentro de las actuaciones del Juicio Mercantil marcado con el número 38/2010, que condena al pago de pesos y que esta condena deriva de un ilegal, infundado e improcedente Procedimiento Mercantil que se llevó con diversas anomalías graves en la substanciación y desarrollo de tal como lo es que no fui llamado a juicio y consecuentemente no estuve en condiciones de imponerme y dar seguimiento al referido procedimiento. c) Procedimiento mercantil del cual para su desarrollo y substanciación se dieron diversas anomalías como lo fueron que se violentó el derecho al legal y debido proceso, ello en razón de que el suscrito no fui llamado a juicio, ni fui emplazado de manera legal dentro del mismo, por lo que no pude estar en condiciones de comparecer a la substanciación de este juicio Mercantil que combato a través del presente. d) Al omitirse realizar acto de emplazamiento al suscrito en el momento procesal oportuno, de las formas previstas por la ley, y quedando por consiguiente en completo estado de indefensión. Violentándose en mi perjuicio lo previsto por los artículos 1063 del código de comercio Vigente, en relación con el artículo 309 fracción I del Condigo Federal de Procedimientos Civiles en concordancia con lo que previene el artículo 171 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado de Aplicación supletoria a este asunto". Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. La demanda de amparo, fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, y mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, se ordenó su registro bajo el número de expediente 1864/2018 y se previno al promovente a fin de que precisara la fecha exacta en que tuvo conocimiento o bien, se ostentó sabedor de los actos reclamados que derivan del juicio ejecutivo mercantil 38/2010, así como exhibiera cinco copias del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes. Por acuerdo de trece de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo por desahogada la prevención de mérito, y se ordenó admitir a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio vista a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, quien formuló alegatos; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada (foja 50); se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda de amparo y anexos, con un criterio de liberalidad y no restrictivo, sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad al enunciar los actos reclamados. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 40/2000, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo" Así también, resulta aplicable la tesis aislada número P. VI/2004, de rubro y tenor: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que el quejoso reclama lo siguiente: -El emplazamiento y como consecuencia, todo lo actuado en el juicio mercantil 38/2010. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Nochistlán de Méjía, Zacatecas, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos reclamados (foja 57). Por ende, se encuentra plenamente probada la existencia del acto reclamado, al tenor de la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro IUS 1002815, visible en la página 830, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Materia Común, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Quinta Época, con rubro y contenido siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con la copia certificada del juicio mercantil ejecutivo 38/2010; documental que adquiere pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia. De oficio se advierte que el juicio de garantías deviene improcedente al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia del texto y rubro siguiente: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." Lo anterior, porque el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño al juicio reclamado, al haberse incorporado al mismo. En efecto, por criterio jurisprudencial establecido se ha definido dos tipos de persona extraña al juicio de amparo a saber: una la propiamente dicha o estricto sensu, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal. La otra figura es la equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. El criterio jurisprudencial es del tenor literal siguiente: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, consistentes en copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 38/2010, valoradas en párrafos precedentes, se advierte que mediante escrito recibido ante el juzgado responsable el nueve de mayo de dos mil dieciocho (foja 103 del tomo de pruebas), Salvador Preciado Durán compareció al citado juicio a solicitar a la autoridad responsable girara oficio a éste a fin de fueran remitidas ante ella, los autos para su continuidad; lo anterior, porque el expediente se encontraba en archivo. Ello, aunado a que por auto de veintidós de junio de dos mil dieciocho (foja 123 del tomo de pruebas), se tuvo a Salvador Preciado Durán, apersonándose al juicio natural, a través de su apoderada legal Ampelia Saldivar Jauregui. De este modo, las consideraciones anotadas, ponen de relieve por una parte que el quejoso, no tiene el carácter de tercero extraño al juicio en estricto sentido, pues fue demandado en el mismo, esto es, que la relación jurídico procesal derivada del juicio, fue seguida en su contra entre otros. Es así, pues del poder general para pleitos y cobranzas y actos de riguroso dominio con cláusula especial de ocho de marzo de dos mil dieciocho, exhibido con su respectivo apostillamiento y traducción autorizada, por Ampelia Saldivar Jauregui, el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se advierte de su cláusula especial, confiere a dicha mandataria judicial a dar seguimiento a la controversia legal de índole mercantil radicada ante el Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Nochistán de Mejía, Zacatecas, bajo el expediente número 38/2010 seguido contra el aquí quejoso. De ahí que, si el quejoso compareció al juicio natural, el nueve de mayo de dos mil dieciocho y luego el diecinueve de junio del referido año, por conducto de su apoderada legal Ampelia Saldivar Jauregui, es inconcuso que a partir de su comparecencia conoció de manera exacta y completa el juicio seguido en su contra. Tan es así que en el poder general para pleitos y cobranzas y actos de riguroso dominio con cláusula especial de ocho de marzo de dos mil dieciocho, exhibido con su respectivo apostillamiento y traducción autorizada (fojas 110 a 122), otorgado por el quejoso a Ampelia Saldivar Jauregui, conocía el ahora juicio ejecutivo mercantil reclamado, pues en la cláusula cuarta especial señaló: " (.) Para que el mandatario judicial pueda dar seguimiento a la Controversia Legal de Índole Mercantil que se lleva ante el Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Nochistlán de Mejía Zacatecas, Juicio Ejecutivo Mercantil que se encuentra radicado en el referido Juzgado bajo el número de Expediente 38/2010, del Juicio Ejecutivo Mercantil que se sigue en contra de la parte mandante de nombre SALVADOR DURÁN PRECIADO, Juicio Ejecutivo Mercantil Ejecutivo promovido y radicado por el C. LIC. ARTURO SPANCHEZ ESTRADA en su calidad de Endosatario en procuración del C. EULALIO JIMENEZ GONZALEZ: Autorizando a la parte mandante de nombre SALVADOR DURAN PRECIADO, a la parte mandante de nombre AMPELIA SALDIVAR JAUREGUI, a fin de que esta persona pueda darle seguimiento a la presente Causa Mercantil que se cita en esta Clausula; concediéndoles facultades amplísimas para que a nombre y representación de la parte mandante pueda promover todo lo conducente dentro del referido procedimiento. Así como también Para que el mandatario realice de manera exclusiva todos y cada uno de los trámites tendientes que se requieran para realizar cualquier tipo de tramite e incluso movimientos traslativos de dominio sobre la casa habitación marcada con el numero cuarenta y uno de la calle José María Robles de la Ciudad de Nochistlán de Mejía Zacatecas, bien raíz que tiene una superficie de 181.12 metros cuadrados y el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE mide 11.50 metros y linda con calle José María Robles; AL SUR Mide 11.50 metros y linda con J. Refugio Minero; AL ORIENTE mide 15.75 metros y linda con la calle Privada Emiliano Zapata; y al PONIENTE Mide 15.75 metros y linda con Juan Preciado; la cual está registrada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, bajo el número 70, folios 164-165 del Volumen 53, de Escrituras Públicas, Sección Primera de fecha 21 de Septiembre de 1990. Predio que está de acuerdo la parte mandante se cederá en forma gratuita en favor de sus hijos C.C. ILDA PRECIADO SALDOVAR Y LUIS HUMBERTO PRECIADO SALDIVAR de forma mancomunada para ambos, respecto de la propiedad señalada con antelación. Razón demás por lo que se conceden facultades amplias y no limitativas a efecto de que el mandatario judicial pueda realizar de manera exclusiva todos y cada uno de los tramites tendientes a realizar la Cesión de Derechos de a título gratuito (Donación), sobre la Totalidad de la propiedad descrita renglones arriba del presente escrito, a las personas que se citan y mencionan letras arriba del presente escrito. Así como también de manera general y con facultades amplísimas pueda el mandatario representar al mandante en todo tipo de actos jurídicos concernientes realizar movimientos traslativos de dominio sobre la propiedad que se cita, así como también para que el mandatario Judicial pueda representarlo en todo tipo de actuaciones judiciales como lo son recibir y contestar todo tipo de denuncias y/o Querellas en contra de las partes mandantes y de todo lo que se requiera, como lo establece la referida Clausula Especial, así como también articular, absolver y contestar posiciones, así como también autorizando ampliamente al Mandatario Judicial a que lo represente como su fuera el mandante en todo tipo de trámites y Actuaciones que se sigan dentro del referido procedimiento que se menciona letra arriba del presente escrito y que se encuentra enumerado dentro de esta Clausula Cuarta Especial. Así como en cualquier tipo de trámite derivado del Juicio que se cita y expresa en esta CLAUSULA ESPECIAL". Por tanto, al apersonarse el quejoso al juicio natural instruido en su contra desde el nueve de mayo y diecinueve de junio de dos mil dieciocho, dejó de tener el carácter de terceo extraño por equiparación y ante lo cual debe estarse al conocimiento previo que tuvo del juicio en la fecha indicada para los efectos del emplazamiento reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Máxime, que al haber comparecido al juicio principal, tuvo oportunidad de hacer valer los medios ordinarios de defensa en contra de los actos reclamados. De este modo, al encontrarse desvirtuado el carácter de tercero extraño del quejoso al juicio reclamado, por conocimiento previo (nueve de mayo y diecinueve de junio de dos mil dieciocho), es que el juicio de amparo devenga improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada en sentido contrario. Con independencia de lo anterior, a la vez el juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la diversa causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo. En efecto, los citados artículos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad(.)". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [...] "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La interpretación de los últimos dos artículos transcritos, pone de relieve que el término para promover la demanda de amparo es de quince días a partir: 1. Del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley que rige la materia, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. Del día siguiente en que haya tenido conocimiento del acto o resolución reclamada. 3. Del día siguiente al que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De este modo, si la demanda de amparo no se presenta dentro del término de los quince días indicado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, entonces, el acto o resolución reclamada, debe considerarse consentida conforme a lo dispuesto en el numeral 61, fracción XIV del ordenamiento indicado. En el caso, la parte quejosa relama el emplazamiento realizado al juicio ejecutivo mercantil 38/2010 y actos subsecuentes del mismo, pues refiere que de dicho juicio tuvo conocimiento aproximadamente diez días antes de haber presentado el presente juicio de derechos (veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho), Sin embargo, contrario a lo indicado por el quejoso y como quedó precisado en párrafos precedentes, éste tuvo conocimiento de la existencia del juicio ejecutivo mercantil 38/2010, el nueve de mayo de dos mil dieciocho, en que se apersonó ante la autoridad responsable a efecto de solicitarle remitieran a la responsable del archivo temporal los autos del referido juicio para su continuidad (foja 103 del tomo de pruebas); incluso, cuando en acuerdo de veintidós de junio de dos mil dieciocho, se le tuvo apersonado a través de su apodera legal, en la que conforme al mandato otorgado, en su cláusula especial cuarta, lo fue además para "(.) que el mandatario judicial pueda dar seguimiento a la Controversia Legal de Índole Mercantil que se lleva ante el Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Nochistlán de Mejía Zacatecas, Juicio Ejecutivo Mercantil que se encuentra radicado en el referido Juzgado bajo el número de Expediente 38/2010, del Juicio Ejecutivo Mercantil que se sigue en contra de la parte mandante de nombre SALVADOR DURÁN PRECIADO, Juicio Ejecutivo Mercantil Ejecutivo promovido y radicado por el C. LIC. ARTURO SPANCHEZ ESTRADA en su calidad de Endosatario en procuración del C. EULALIO JIMENEZ GONZALEZ: Autorizando a la parte mandante de nombre SALVADOR DURAN PRECIADO, a la parte mandante de nombre AMPELIA SALDIVAR JAUREGUI, a fin de que esta persona pueda darle seguimiento a la presente Causa Mercantil que se cita en esta Clausula; concediéndoles facultades amplísimas para que a nombre y representación de la parte mandante pueda promover todo lo conducente dentro del referido procedimiento. Así como también Para que el mandatario realice de manera exclusiva todos y cada uno de los trámites tendientes que se requieran para realizar cualquier tipo de tramite e incluso movimientos traslativos de dominio sobre la casa habitación marcada con el numero cuarenta y uno de la calle José María Robles de la Ciudad de Nochistlán de Mejía Zacatecas, bien raíz que tiene una superficie de 181.12 metros cuadrados y el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE mide 11.50 metros y linda con calle José María Robles; AL SUR Mide 11.50 metros y linda con J. Refugio Minero; AL ORIENTE mide 15.75 metros y linda con la calle Privada Emiliano Zapata; y al PONIENTE Mide 15.75 metros y linda con Juan Preciado; la cual está registrada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, bajo el número 70, folios 164-165 del Volumen 53, de Escrituras Públicas, Sección Primera de fecha 21 de Septiembre de 1990. Predio que está de acuerdo la parte mandante se cederá en forma gratuita en favor de sus hijos C.C. ILDA PRECIADO SALDOVAR Y LUIS HUMBERTO PRECIADO SALDIVAR de forma mancomunada para ambos, respecto de la propiedad señalada con antelación. Razón demás por lo que se conceden facultades amplias y no limitativas a efecto de que el mandatario judicial pueda realizar de manera exclusiva todos y cada uno de los tramites tendientes a realizar la Cesión de Derechos de a título gratuito (Donación), sobre la Totalidad de la propiedad descrita renglones arriba del presente escrito, a las personas que se citan y mencionan letras arriba del presente escrito. Así como también de manera general y con facultades amplísimas pueda el mandatario representar al mandante en todo tipo de actos jurídicos concernientes realizar movimientos traslativos de dominio sobre la propiedad que se cita, así como también para que el mandatario Judicial pueda representarlo en todo tipo de actuaciones judiciales como lo son recibir y contestar todo tipo de denuncias y/o Querellas en contra de las partes mandantes y de todo lo que se requiera, como lo establece la referida Clausula Especial, así como también articular, absolver y contestar posiciones, así como también autorizando ampliamente al Mandatario Judicial a que lo represente como su fuera el mandante en todo tipo de trámites y Actuaciones que se sigan dentro del referido procedimiento que se menciona letra arriba del presente escrito y que se encuentra enumerado dentro de esta Clausula Cuarta Especial. Así como en cualquier tipo de trámite derivado del Juicio que se cita y expresa en esta CLAUSULA ESPECIAL". De este modo, conforme a lo indicado por el quejoso, a partir de las citadas fechas es que estuvo en oportunidad de reclamar el emplazamiento y todo lo actuado en el juicio mercantil 38/2010. Luego, el término de los quince días dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover el juicio de amparo, debe computarse a partir del día siguiente de la última fecha (diecinueve de junio de dos mil dieciocho), mismo que concluyó el diez de julio del referido año, pues los días veintitrés, veinticuatro y treinta de junio, así como los diversos uno, siete y ocho de julio de dos mil dieciocho, fueron inhábiles por corresponder a sábados y domingos. Por tanto, al presentar la demanda de amparo en la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta localidad, el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, es inconcuso, que resultó extemporánea al promoverse fuera del término de quince días dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, esto es, tres meses y diecinueve días posteriores de conclusión del citado término y ante lo cual debe refutarse consentido el acto reclamado. Además, los actos reclamados por la quejosa, no se encuentran dentro de las excepciones que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, para presentarse la demanda en cualquier tiempo, pues no se trata de normas de carácter autoaplicativo, sentencia definitiva en proceso penal, ni relativos a derechos agrarios, incluso, tampoco se advierte que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, o de alguno de los actos previstos en el artículo 22 de la Constitución Federal. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, resulta procedente sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento invocado. Al respecto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. ES PROCEDENTE CUANDO LA DEMANDA FUE PRESENTADA EXTEMPORÁNEAMENTE, SIN IMPORTAR QUE INICIALMENTE EL JUEZ LA HUBIESE ADMITIDO. El hecho de que sea hasta la sentencia que se sobresea en el juicio de amparo, con fundamento en lo que establece la fracción XII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, es decir, cuando el Juez al momento de dictar resolución, advierta que la demanda fue presentada extemporáneamente, no resulta incongruente con el hecho de haber sido admitida a trámite, pues en el auto admisorio sólo se establece el cumplimiento de determinados requisitos y si en aquél, el a quo no se percató o no señaló la extemporaneidad de la demanda, ello obedece a que las partes tienen hasta la audiencia constitucional la oportunidad de aportar las pruebas necesarias y de formular los alegatos convenientes a su favor, pues la manifestación del quejoso de haber conocido el acto reclamado en determinada fecha, pudo variar al exhibir las constancias de notificación relativas, de tal suerte que si el Juez al momento de dictar sentencia, se percató de que la demanda se presentó en forma extemporánea, de acuerdo al citado artículo, la resolución que sobreseyó fue correcta." Sin que lo anterior pugne con el principio pro persona, estatuido en el artículo 1º, segundo párrafo, de la Constitución Federal; ya que el cambio en la forma en que los órganos jurisdiccionales nacionales deben desempeñar sus facultades, no implica que dejen de observar los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, entre los que se encuentra el de seguridad jurídica a través de la irretroactividad de las leyes adjetivas. Es aplicable al caso la tesis aislada 2a. LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en la página 1587, del Libro XIV, correspondiente al mes de noviembre de dos mil doce, Tomo Dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." En consecuencia, dado que se actualizaron las causales de improcedencia analizadas, resulta innecesario examinar los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso. Al respecto, tiene aplicación la tesis del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo. SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Salvador Preciado Durán, contra los actos reclamados al Juez de Primera Instnacia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, por motivos expuestos en el último considerando de esta determinación. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, hasta el día de hoy veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza y da fe. Ángeles

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