Salvador Preciado Durán

Expediente 781/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
781/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
21/10/2019

Partes del expediente

  • Salvador Preciado Durán

Actuaciones

  1. Principal

    El veintiuno de octubre de dos mil diecinueve la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del catorce al dieciocho de octubre del año en curso, contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es destruible. En consecuencia, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Regina.

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, ocho de octubre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Salvador Preciado Duran, contra actos del juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Nochistlan de Mejía, Zacatecas; por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8, 14, 16 y 17 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 781/2019 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo en comento, establece que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, visible en la página 890, Materia Común, Novena Época, que al tenor establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.'. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuya instancia es Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VIII, noviembre de 1991, página: 198 Materia Común, Octava Época, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional.'. Bajo esa tesitura, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente le atribuye a las autoridades responsables lo siguiente: El ilegal, infundado e improcedente juicio mercantil que se instruyó en mi contra ante el juzgado de primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, y que el mismo se radico bajo el número 38/2010. En toda su substanciación y desarrollo, y del que se dieron diversas anomalías como lo fue el o haber sido llamado a comparecer a juicio, dentro del referido procedimiento. Así como también la resolución pronunciada dentro de las actuaciones del Juicio Mercantil marcado con el número 38/2010, que condena al pago de pesos y que esta condena deriva de un ilegal, infundado e improcedente Procedimiento Mercantil que se llevó con diversas anomalías graves en la substanciación y desarrollo de tal como lo es que no fui llamado a juicio y consecuentemente no estuve en condiciones de imponerme y dar seguimiento al referido procedimiento. Procedimiento mercantil del cual para su desarrollo y substanciación se dieron diversas anomalías como lo fueron que se violentó el derecho al legal y debido proceso, ello en razón de que el suscrito no fui llamado a juicio, ni fui emplazado de manera legal dentro el mismo, por lo que no pude estar en condiciones de comparecer a la substanciación de este juicio Mercantil que combate a través del presente. Al omitirse realizar acto de emplazamiento al suscrito en el momento procesal oportuno, de las formas previstas por la ley, y quedando por consiguiente en completo estado de indefensión. Violentándose en mi perjuicio lo previsto por los artículos 1063 del código de comercio Vigente, en relación con el artículo 309 fracción I del Condigo Federal de Procedimientos Civiles". Ahora bien, el suscrito considera procedente desechar de plano la demanda de garantías promovida por Salvador Preciado Duran; pues, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el 61, fracción XIV, del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (... ) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". De acuerdo con el precepto legal transcrito el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la tesis XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 1931, del Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Criterio jurídico que cobra aplicación al caso por ser de similar contenido el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor y el 21 del ordenamiento homónimo abrogado que ahí se interpreta. De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyen entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En esta instancia constitucional, la parte quejosa combate la falta de emplazamiento o llamamiento al juicio mercantil ejecutivo 38/2010, asimismo el quejoso refiere que no ha sido notificado, ni emplazado o llamado al juicio ejecutivo mercantil 38/2010, instaurado en su contra, en el cual ya se emitió resolución condenándosele al pago de diversos conceptos y realizar diligencia de remate sobre un bien inmueble de su propiedad. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que el peticionario del amparo precisa que tuvo conocimiento del juicio de origen el cuatro de octubre del año en curso, cuando se presentó en su domicilio una persona argumentando que había sido contratado por una los terceros interesados y que iban a valuar su propiedad porque se iba a rematar por contar con un adeudo mercantil. Sin embargo, el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, el citado quejoso tramitó ante este órgano jurisdiccional un juicio de amparo el cual quedó registrado bajo el número 1864/2018, dentro del cual se precisaron como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Nochistlan de mejía, Zacatecas. Actos reclamados: El ilegal, infundado e improcedente juicio mercantil que se instruyó en mi contra ante el juzgado de primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, y que el mismo se radico bajo el número 38/2010. En toda su substanciación y desarrollo, y del que se dieron diversas anomalías como lo fue el o haber sido llamado a comparecer a juicio, dentro del referido procedimiento. Así como también la resolución pronunciada dentro de las actuaciones del Juicio Mercantil marcado con el número 38/2010, que condena al pago de pesos y que esta condena deriva de un ilegal, infundado e improcedente Procedimiento Mercantil que se llevó con diversas anomalías graves en la substanciación y desarrollo de tal como lo es que no fui llamado a juicio y consecuentemente no estuve en condiciones de imponerme y dar seguimiento al referido procedimiento. Procedimiento mercantil del cual para su desarrollo y substanciación se dieron diversas anomalías como lo fueron que se violentó el derecho al legal y debido proceso, ello en razón de que el suscrito no fui llamado a juicio, ni fui emplazado de manera legal dentro el mismo, por lo que no pude estar en condiciones de comparecer a la substanciación de este juicio Mercantil que combate a través del presente. Al omitirse realizar acto de emplazamiento al suscrito en el momento procesal oportuno, de las formas previstas por la ley, y quedando por consiguiente en completo estado de indefensión. Violentándose en mi perjuicio lo previsto por los artículos 1063 del código de comercio Vigente, en relación con el artículo 309 fracción I del Condigo Federal de Procedimientos Civiles". Luego, el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño al juicio reclamado, al haberse incorporado al mismo. En efecto, por criterio jurisprudencial establecido se ha definido dos tipos de persona extraña al juicio de amparo a saber: una la propiamente dicha o estricto sensu, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal. La otra figura es la equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. El criterio jurisprudencial es del tenor literal siguiente: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, consistentes en copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 38/2010, en el juicio de amparo 1864/2018, se advierte que mediante escrito recibido ante el juzgado responsable el nueve de mayo de dos mil dieciocho Salvador Preciado Durán compareció al citado juicio a solicitar a la autoridad responsable girara oficio a éste a fin de fueran remitidas ante ella, los autos para su continuidad; lo anterior, porque el expediente se encontraba en archivo. Ello, aunado a que por auto de veintidós de junio de dos mil dieciocho, se tuvo a Salvador Preciado Durán, apersonándose al juicio natural, a través de su apoderada legal Ampelia Saldivar Jauregui. De este modo, las consideraciones anotadas, ponen de relieve por una parte que el quejoso, no tiene el carácter de tercero extraño al juicio en estricto sentido, pues fue demandado en el mismo, esto es, que la relación jurídico procesal derivada del juicio, fue seguida en su contra entre otros. Es así, pues del poder general para pleitos y cobranzas y actos de riguroso dominio con cláusula especial de ocho de marzo de dos mil dieciocho, exhibido con su respectivo apostillamiento y traducción autorizada, por Ampelia Saldivar Jauregui, el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se advierte de su cláusula especial, confiere a dicha mandataria judicial a dar seguimiento a la controversia legal de índole mercantil radicada ante el Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Nochistán de Mejía, Zacatecas, bajo el expediente número 38/2010 seguido contra el aquí quejoso. De ahí que, si el quejoso compareció al juicio natural, el nueve de mayo de dos mil dieciocho y luego el diecinueve de junio del referido año, por conducto de su apoderada legal Ampelia Saldivar Jauregui, es inconcuso que a partir de su comparecencia conoció de manera exacta y completa el juicio seguido en su contra. Tan es así que en el poder general para pleitos y cobranzas y actos de riguroso dominio con cláusula especial de ocho de marzo de dos mil dieciocho, exhibido con su respectivo apostillamiento y traducción autorizada, otorgado por el quejoso a Ampelia Saldivar Jauregui, conocía el ahora juicio ejecutivo mercantil reclamado, pues en la cláusula cuarta especial señaló: " (.) Para que el mandatario judicial pueda dar seguimiento a la Controversia Legal de Índole Mercantil que se lleva ante el Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Nochistlán de Mejía Zacatecas, Juicio Ejecutivo Mercantil que se encuentra radicado en el referido Juzgado bajo el número de Expediente 38/2010, del Juicio Ejecutivo Mercantil que se sigue en contra de la parte mandante de nombre SALVADOR DURÁN PRECIADO, Juicio Ejecutivo Mercantil Ejecutivo promovido y radicado por el C. LIC. ARTURO SPANCHEZ ESTRADA en su calidad de Endosatario en procuración del C. EULALIO JIMENEZ GONZALEZ: Autorizando a la parte mandante de nombre SALVADOR DURAN PRECIADO, a la parte mandante de nombre AMPELIA SALDIVAR JAUREGUI, a fin de que esta persona pueda darle seguimiento a la presente Causa Mercantil que se cita en esta Clausula; concediéndoles facultades amplísimas para que a nombre y representación de la parte mandante pueda promover todo lo conducente dentro del referido procedimiento. Así como también Para que el mandatario realice de manera exclusiva todos y cada uno de los trámites tendientes que se requieran para realizar cualquier tipo de tramite e incluso movimientos traslativos de dominio sobre la casa habitación marcada con el numero cuarenta y uno de la calle José María Robles de la Ciudad de Nochistlán de Mejía Zacatecas, bien raíz que tiene una superficie de 181.12 metros cuadrados y el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE mide 11.50 metros y linda con calle José María Robles; AL SUR Mide 11.50 metros y linda con J. Refugio Minero; AL ORIENTE mide 15.75 metros y linda con la calle Privada Emiliano Zapata; y al PONIENTE Mide 15.75 metros y linda con Juan Preciado; la cual está registrada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, bajo el número 70, folios 164-165 del Volumen 53, de Escrituras Públicas, Sección Primera de fecha 21 de Septiembre de 1990. Predio que está de acuerdo la parte mandante se cederá en forma gratuita en favor de sus hijos C.C. ILDA PRECIADO SALDOVAR Y LUIS HUMBERTO PRECIADO SALDIVAR de forma mancomunada para ambos, respecto de la propiedad señalada con antelación. Razón demás por lo que se conceden facultades amplias y no limitativas a efecto de que el mandatario judicial pueda realizar de manera exclusiva todos y cada uno de los tramites tendientes a realizar la Cesión de Derechos de a título gratuito (Donación), sobre la Totalidad de la propiedad descrita renglones arriba del presente escrito, a las personas que se citan y mencionan letras arriba del presente escrito. Así como también de manera general y con facultades amplísimas pueda el mandatario representar al mandante en todo tipo de actos jurídicos concernientes realizar movimientos traslativos de dominio sobre la propiedad que se cita, así como también para que el mandatario Judicial pueda representarlo en todo tipo de actuaciones judiciales como lo son recibir y contestar todo tipo de denuncias y/o Querellas en contra de las partes mandantes y de todo lo que se requiera, como lo establece la referida Clausula Especial, así como también articular, absolver y contestar posiciones, así como también autorizando ampliamente al Mandatario Judicial a que lo represente como su fuera el mandante en todo tipo de trámites y Actuaciones que se sigan dentro del referido procedimiento que se menciona letra arriba del presente escrito y que se encuentra enumerado dentro de esta Clausula Cuarta Especial. Así como en cualquier tipo de trámite derivado del Juicio que se cita y expresa en esta CLAUSULA ESPECIAL". Por tanto, al apersonarse el quejoso al juicio natural instruido en su contra desde el nueve de mayo y diecinueve de junio de dos mil dieciocho, dejó de tener el carácter de terceo extraño por equiparación y ante lo cual debe estarse al conocimiento previo que tuvo del juicio en la fecha indicada para los efectos del emplazamiento reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Por tanto, se advierte que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el nueve de mayo y diecinueve de junio de dos mil dieciocho, fechas que indicó en el juicio de amparo 1864/2018, del índice de este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud jurídica, la jurisprudencia XXII.J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Luego, se ordena agregar copia fotostática certificada del diverso juicio de derechos 1864/2018, para los efectos legales a que haya lugar. Así, en el citado juicio de amparo, el veinticinco de abril del año en curso, causo ejecutoria la sentencia dictada. Por tanto, es claro que al menos desde el nueve de mayo y diecinueve de junio de dos mil dieciocho tuvo conocimiento del juicio 38/2010, del índice del juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Nochistlan de Mejía, Zacatecas) tuvo conocimiento del acto reclamado. Se estima así, ya que la pretensión en una y otra determinación envuelve los mismos hechos que considera violatorios de sus derechos, pues en ambos amparos se duele de la falta de emplazamiento o llamamiento al juicio mercantil ejecutivo 38/2010. De ahí que, se insiste, el quejoso conoció de los actos que reclama al menos desde el nueve de mayo y diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Luego, el término de los quince días dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover el juicio de amparo, debe computarse a partir del día siguiente de la última fecha (diecinueve de junio de dos mil dieciocho), mismo que concluyó el diez de julio del referido año, pues los días veintitrés, veinticuatro y treinta de junio, así como los diversos uno, siete y ocho de julio de dos mil dieciocho, fueron inhábiles por corresponder a sábados y domingos. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por la parte quejosa el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido lo dispuesto en la fracción IV del citado artículo 17 que establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De lo transcrito, se desprende que el plazo de quince días para presentar demandada de amparo no es aplicable cuando los actos reclamados impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ya que en estos casos, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Como se estableció, los actos reclamados en estudio es la falta de emplazamiento o llamamiento al juicio mercantil ejecutivo 38/2010, asimismo que no ha sido notificado, ni emplazado al mencionado juicio, instaurado en su contra, en el cual ya se emitió resolución condenándosele al pago de diversos conceptos y realizar diligencia de remate sobre un bien inmueble de su propiedad, por lo que es claro que no encuadra en alguno de los supuestos de excepción que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos promovida por Salvador Preciado Duran, en términos del artículo 113 de dicha legislación. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, se tiene como autorizado para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Oswaldo Beltrán Saucedo (5282940) toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como domicilio para tal efecto en calle San Juan, número cinco (5), de la colonia Villas Mariana en Guadalupe, Zacatecas. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente.

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