Salvador Roberto Larracilla Velazquez

Expediente 1299/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1299/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
03/04/2017

Partes del expediente

  • Salvador Roberto Larracilla Velazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del siete al veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de diez de febrero de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera; en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 124 a 138), se sobreseyó en parte y se concedió en lo demás el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso, para los efectos siguientes: "NOVENO. Efectos de la concesión de amparo. En las relatadas circunstancias, en términos de lo establecido en los artículos 74, fracción V y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por SALVADOR ROBERTO LARRACILLA VELÁZQUEZ, para el efecto de que el Agente del Ministerio Público responsable, en el término prudente de veinte días hábiles, contado a partir de que se le requiera el cumplimiento de esta sentencia, realice lo siguiente: I) Realice las actuaciones, recabe las constancias y desahogue las diligencias que correspondan, dentro del marco jurídico procesal aplicable, respecto de los hechos denunciados en la averiguación previa 452/2013/CDSER (estos dos últimos puntos sólo para el caso de que sea necesario su desahogo); y, II) Una vez hecho lo anterior, con libertad de decisión, se pronuncie sobre el ejercicio o inejercicio de la acción penal en relación con los hechos que fueron denunciados en la averiguación previa 452/2013/CDSER y notifique la resolución correspondiente al agraviado, aquí quejoso." Resolución que el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento de la misma a la autoridad responsable (fojas 155 y 156). Ahora bien, se hace la precisión de que mediante oficio 1705/2016/AMP/FIR de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis (foja 163), el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional, informó a esta autoridad que quien ahora conoce de la averiguación previa 452/2013/CDSER (de la cual derivó el acto reclamado en el presente juicio), es el Agente del ministerio Público adscrito a los Juzgados Mixtos y Civiles del Distrito Judicial de Chalchicomula, Puebla. Autoridad sustituta que mediante diverso oficio 278, de cuatro de enero de dos mil diecisiete (fojas 180 a 196), hizo del conocimiento de este juzgado federal que le fue asignada la carpeta de investigación 1592/2016/CDSER/CNPP , y que en la referida fecha dictó una resolución de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora realizó lo siguiente: - Determinó sobre el ejercicio de la acción penal, solicitando al Juez de Oralidad de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán, Puebla, orden de aprehensión contra Carlos Froylan Espinoza Bello y Eufemia Cid Hernández, por el delito de fraude, previsto y sancionado por los artículos 406 Bis, y 406, párrafo segundo del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio del aquí quejoso Salvador Roberto Larracilla Velázquez. Asimismo, mediante diverso oficio 8 de siete de febrero de dos mil diecisiete (fojas 252 a 254), dicho fiscal responsable remitió a esta autoridad copia certificada de la constancia de notificación al aquí quejoso de la resolución de cuatro de enero de dos mil diecisiete. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 10 DE febrero DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, diez de febrero de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a sus autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a los Juzgados Mixtos Civiles del Distrito Judicial de Chalchicomula, Puebla, a través del cual manifiesta haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, pues remite copia certificada de la notificación al quejoso Salvador Roberto Larracilla Velázquez, relativa a la resolución de cuatro de enero de dos mil diecisiete, dictada en la carpeta de investigación 1592/2016/CDSER/CNPP (materia del acto reclamado) de su índice. En consecuencia, con el contenido del oficio de mérito, la documental anexa, y el diverso oficio recibido el cinco de enero pasado con las documentales que se anexaron al mismo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad responsable oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente cuyo rubro, texto y datos de localización en seguida se anuncian: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo..."

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por la Directora General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado, en representación del Fiscal General del Estado y anexo; visto su contenido, téngase a la referida autoridad informado que requirió al Agente del Ministerio Público adscrito a los Juzgados Mixtos y Civiles del Distrito Judicial de Chalchicomula, Puebla, a efecto de que cumpliera con el fallo protector del presente juicio de amparo.

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