Samantha Amastal Izquierdo
Expediente 1386/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 39 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1386/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 07/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Fernando Mayorga Merida
- Samantha Amastal Izquierdo
- FERNANDO MAYORGA MERIDA y Otros.
- SAMANTHA AMASTAL IZQUIERDO y Otros.
- Adolfo Benitez Prior (Defensor)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de noviembre de dos mil veintitrés.********************I. Declara firme auto.********************Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas.********************Lo anterior, en virtud de que la última notificación se efectuó por lista, previo aviso, a la quejosa ******************** el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés; la cual, surtió efectos al siguiente día hábil, es decir, el veintiséis de septiembre, de conformidad con el artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo y, por ende, el aludido plazo transcurrió del veintisiete de septiembre al seis de noviembre de la presente anualidad, previo descuento de los días: ********************i) Treinta de septiembre, uno, siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de octubre, así como cuatro y cinco de noviembre, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; ********************ii) Doce de octubre, por disposición expresa de dicho numeral; ********************iii) Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre, con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; y, ********************iv) Uno, dos y tres de noviembre, al declarase inhábiles por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, según lo informado en la circular 12/2023, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.********************En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme.********************II. Archivo.********************Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), archívense las presentes actuaciones e insértese este acuerdo en el cuaderno único del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1386/2022.********************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, con fundamento en los artículos 14, fracción II, y 17 fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí conservable y susceptible de ser transferido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, a los depósitos documentales dependientes del área coordinadora de archivos de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 9 del Acuerdo.********************En cuanto al cuaderno original único del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1386/2022, en virtud de que se concedió la medida cautelar definitiva, se decreta que es conservable y susceptible de ser transferido, cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, a los depósitos documentales dependientes del área coordinadora de archivos de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, ello, en términos del artículo 17 fracción III, inciso b), en relación con el artículo 9, del capítulo segundo del acuerdo general señalado.********************Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General.********************III. Devolución de documentos a las partes.********************Por otro lado, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que se remitieron en complemento al informe justificado y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se ordena devolver a la autoridad responsable 1. ********************, Juez del Tribunal de Enjuiciamiento, con Jurisdicción en todo el Estado de Puebla, las documentales siguientes:********************( Seis discos en formato Versátil Digital (DVD), relativos a los registros de audio y video de las audiencias celebradas el diecinueve y veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, así como trece y veintiuno de marzo de dos mil veintitrés -fojas sin número de los anexos I y II-, y treinta de agosto de del año en curso -foja 339 del presente juicio de amparo-, dentro de la carpeta de juicio oral ********************; y,********************( Copias certificadas de diversos registros escritos que obran dentro de la aludida carpeta de juicio oral, con las cuales se formaron dos cuadernos auxiliares del presente juicio de amparo.********************No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de las documentales devueltas, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye a la persona actuaria judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas.********************Para dar margen a lo anterior, se ordena agregar la certificación de desglose correspondiente en la foja en donde obra la mica que contiene el disco exhibido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo -foja 339 del juicio de amparo en que se actúa-, para los efectos legales procedentes.********************IV. Integración al expediente físico.********************Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido.********************Notifíquese por lista al quejoso ********************, a la quejosa ******************** y a la tercera interesada ********************; y, por oficio a las autoridades responsables, a la fiscal tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, mediante cualquier medio de comunicación interna a la persona actuaria de la adscripción que le corresponda notificar el oficio dirigido al juez responsable.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que el juez responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas desahogara la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que, por una parte, sobreseyó en el juicio de respecto de los actos reclamados por la quejosa Samantha Amastal Izquierdo, y, por otra, concedió el amparo al quejoso Fernando Mayorga Mérida, respecto a la resolución dictada el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, por 1. Abelardo Gil Martínez, en su calidad de juez del Tribunal de Enjuiciamiento con Jurisdicción Estatal, en la que prorrogó por cuatro meses la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en el juicio oral penal 78/2022/JO/CENTRO-PONIENTE; así como su ejecución, reclamada al 2. Director del Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Puebla, por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno del propio fallo. Inconforme con la concesión de amparo decretada en el referido fallo, la tercera interesada Ibeth Marisol Estrada Ruiz, a través su autorizado, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión 115/2023, en el cual mediante ejecutoria dictada el diez de agosto de dos mil veintitrés, por una parte, dejó intocado el sobreseimiento y, por otra, confirmó dicha concesión. Mediante acuerdo emitido el veintiocho de agosto de la presente anualidad, se tuvo por recibida la indicada ejecutoria; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable 1. Abelardo Gil Martínez, en su calidad de juez del Tribunal de Enjuiciamiento con Jurisdicción Estatal, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Finalmente, en proveído de treinta y uno de agosto del año actual, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada con el cumplimiento dado a la ejecutoria, para que manifestaran lo que estimaran conducente, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se declaró inconstitucional la resolución dictada el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, por 1. Abelardo Gil Martínez, en su calidad de juez del Tribunal de Enjuiciamiento con Jurisdicción Estatal, en el juicio oral penal 78/2022/JO/CENTRO-PONIENTE, en la que se prorrogó por cuatro meses la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a Fernando Mayorga Mérida. Lo anterior, porque el proceder del juzgador penal fue adverso al marco constitucional y legal, habida cuenta que no motivó adecuadamente su resolución. Esto se justificó, en lo que interesa, en lo siguiente: A. El juzgador del tribunal unitario de enjuiciamiento explicó en su determinación que, la prolongación de la prisión preventiva se encontraba justificada, únicamente, por motivos del elemento "ii) conducta de la defensa del quejoso", dado que, advertía que la defensa del quejoso convino con las restantes de los imputados, en dilatar el procedimiento a fin de lograr la unidad de la acusación de todos ellos, por cuanto al delito de homicidio calificado que se le imputaba; y que, ello era suficiente para justificar la prolongación de la medida cautelar que se había impuesto al quejoso, de prisión preventiva oficiosa por más de dos años. B. En este contexto, el juez responsable desestimó los dos restantes elementos, pues por cuanto a: i) la complejidad del asunto, aquél es calificado de inoperante, porque la Fiscalía no estableció cómo es que la naturaleza del delito, los ocho acusados o, el número de testigos, generaran una complejidad de manera directa en el desahogo de la audiencia de juicio. C. Luego, en relación con: la iii) conducta de las autoridades, también declaró su inoperancia, pues este punto se basaba en el mal estado de salud e incapacidad médica del juez de control, que obstaculizó la celebración de la audiencia intermedia, pues al respecto, no existe circunstancial legal que establezca la imposibilidad de que sea diverso juez de control quien atienda esta causa penal. D. Esta aproximación al tema de la prolongación de la prisión preventiva, la sustentó en su apreciación de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 32/2022, facultó al órgano jurisdiccional a analizar la complejidad, la actividad del interesado y la de las autoridades, sin que fuera exigible la concurrencia de los tres aspectos; por lo que, en su opinión bastaba a su estudio que, la fiscalía le acreditase alguno de ellos. E. Apreciación que se dijo incorrecta, pues contrario a lo que estableció y al modo que enderezó su estudio, sí resultaba necesario que confluyeran los tres elementos de análisis, y no solo uno o dos de ellos. F. En efecto, la adecuada intelección a la ejecutoria y jurisprudencia 1a./J. 32/2022, revelan que la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia emplea una sintaxis y semántica donde existe conjunción de enunciados (hipótesis), sin que incorpore lugar a opciones que puedan o no concurrir, pues textualmente dice: "[.]De conformidad con los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar este escrutinio, las autoridades respectivas tomarán en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades.[.]" G. De donde se aprecia, el empleo de una conjunción "y", que revela el vínculo próximo y necesario de todos los elementos de análisis para que, generen la consecuencia esperada (prolongación de una medida cautelar); sin que, en el texto a estudio se revele alguna partícula o palabra que evidencie alguna disyuntiva o pluralidad de condiciones desvinculadas que, al actualizarse den por sí solas el resultado esperado. H. Aspecto que, es racional al atender a que -como se dijo- la libertad constituye uno de los más altos valores del ser humano; por lo que, las eventuales restricciones o molestias que se le pueden provocar deben descansar en altas exigencias metodológicas que, justifiquen su afectación; pues de no existir límites como los analizados por el máximo tribunal de la Nación, se permitiría una extralimitación a las facultades del Estado, en perjuicio de sus ciudadanos. I. Visto lo anterior, en el caso a estudio, se advirtió que, el juez responsable asumió una metodología incorrecta, y solo tuvo por satisfecho un elemento de análisis -y no los tres en su totalidad que señala la directiva de interpretación dada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-; por lo cual, emitió una resolución motivada inadecuadamente, con lo que, incumplió con el mandato contenido en el artículo 16 constitucional. J. En efecto, si en su propio análisis, el juez responsable estimó que la Fiscalía solo pudo acreditarle el tema de la dilación atribuible a la defensa del quejoso y declaró inoperantes las restantes alegaciones encaminadas a sostener la prolongación de la medida cautelar, debió advertir que no se satisfacía la totalidad de elementos de análisis, y por tanto, su resolución debía tomar otro matiz, distinto a justificar la prolongación de una medida cautelar altamente restrictiva, como lo es la privación provisional de la libertad. K. Así, al no motivar adecuadamente su resolución, el juez del tribunal de enjuiciamiento dejó sin defensa al peticionario de amparo, al no establecerle los motivos certeros por los que, continuaba en reclusión preventiva. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que la autoridad responsable 1. Abelardo Gil Martínez, en su calidad de juez del Tribunal de Enjuiciamiento con Jurisdicción Estatal realizara lo siguiente: "(.) NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. Así, al resultar ilegal la resolución combatida procede conceder el amparo y protección constitucional a Fernando Mayorga Mérida, para que una vez que cause ejecutoria la sentencia y se requiera su cumplimiento, Abelardo Gil Martínez, juez adscrito al Tribunal de Enjuiciamiento, con Jurisdicción en todo el Estado de Puebla, realice lo siguiente: 1. En autos de la carpeta de juicio oral 78/2022/JO/CENTRO-PONIENTE, únicamente por lo que hace al sentenciado Fernando Mayorga Mérida, dicte un acuerdo en el que expresamente deje insubsistente la resolución pronunciada en audiencia de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós y continuada el veintiuno de diciembre siguiente; en la que, le prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. 2. Deberá citar a las partes para celebrar audiencia de revisión de medida cautelar, que deberá verificarse dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que: a) Reiterará lo expuesto por las partes (Ministerio Público y defensores particulares y pública) en torno a la solicitud de prórroga de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; b) Con base en la exposición realizada por las partes -con libertad de jurisdicción- determinará si el agente del Ministerio Público justificó o no la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Fernando Mayorga Mérida, tomando en cuenta las consideraciones expuestas en esta sentencia; es decir, analizar si se satisfacen o no, los tres elementos de análisis señalados en la jurisprudencia 1a./J. 32/2022, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. c) En la inteligencia que, de no haberse justificado la totalidad de condiciones de análisis para la procedencia de la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva, deberá ordenar el cese de tal medida; y, d) Previo debate entre las partes, podrá imponer alguna otra, de las contempladas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, distintas a la prisión preventiva. 3. Remitirá a este juzgado las constancias con las que acredite lo anterior. 4. Debe señalarse que Abelardo Gil Martínez, juez adscrito al Tribunal de Enjuiciamiento, con Jurisdicción en todo el Estado de Puebla, deberá ser quien cumpla con lo anterior, a efecto de respetar el principio de inmediación, pues fue dicho juzgador quien percibió en forma directa la exposición de las partes en torno a la sustitución de medida cautelar, en la inteligencia que el citado juzgador no podrá excusarse en cuestiones administrativas como su eventual cambio de adscripción, pues aún en ese supuesto, realizará las gestiones administrativas pertinentes para estar en aptitud de cumplir la presente determinación. (.)" III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable 1. Abelardo Gil Martínez, en su calidad de juez del Tribunal de Enjuiciamiento con Jurisdicción Estatal, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: 1. Mediante oficio 11513/2023, informó que por auto dictado el veintinueve de agosto pasado, dentro de la causa penal 78/2022/JO/CENTRO-PONIENTE, entre otras cuestiones, dejó insubsistente la resolución pronunciada en audiencia de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós y continuada el veintiuno de diciembre siguiente; en la que, le prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; y, señaló las nueve horas del treinta de agosto de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la audiencia en la que se daría cumplimiento al fallo protector. 2. Luego, a través del diverso 11566/2023 remitió un disco versátil digital, relativo al registro de audio y video de la audiencia de treinta de agosto de dos mil veintitrés, llevada a cabo dentro de la carpeta judicial administrativa 78/2022/JO/CENTRO-PONIENTE. De las anteriores constancias se desprende que, siguiendo los lineamientos del fallo protector, la autoridad realizó lo siguiente: 1. Mediante auto de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la resolución pronunciada en audiencia de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós y continuada el veintiuno de diciembre siguiente; en la que, prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al aquí quejoso -acto reclamado-. 2. En el mismo proveído, citó a las partes para celebrar audiencia de revisión de medida cautelar, dentro de las veinticuatro horas siguientes. 2.1 En la audiencia de mérito, celebrada el treinta de agosto de dos mil veintitrés, el juez de origen: a) Reiteró lo expuesto por las partes (Ministerio Público y defensores particulares y pública) en torno a la solicitud de prórroga de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; b) Con base en la exposición realizada por las partes determinó que el agente del Ministerio Público no justificó la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Fernando Mayorga Mérida, tomando en cuenta las consideraciones expuestas en esta sentencia; es decir, analizó y resolvió que no se satisficieron los tres elementos de análisis señalados en la jurisprudencia 1a./J. 32/2022, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. c) Por tanto, al no justificarse la totalidad de condiciones de análisis para la procedencia de la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva, ordenó el cese de tal medida; y, d) Previo debate entre las partes, impuso una diversa medida de las contempladas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, distinta a la prisión preventiva, consistente en la firma periódica lunes y jueves de 9:00 a 15:00 horas ante la Unidad de Medidas Cautelares. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo; por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, la autoridad vinculada cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que demostró: i) que se dejó sin efectos la resolución reclamada; y, ii) que emitió una diversa determinación en la que, con libertad de jurisdicción, determinó que el agente del Ministerio Público no justificó la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Fernando Mayorga Mérida, con base en los tres elementos de análisis señalados en la jurisprudencia 1a./J. 32/2022, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por lo que, impuso la diversa medida consistente en la firma periódica lunes y jueves de 9:00 a 15:00 horas ante la Unidad de Medidas Cautelares. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. V. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación, dada su trascendencia. Notifíquese por lista al quejoso Fernando Mayorga Mérida, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia; personalmente a la quejosa Samantha Amastal Izquierdo y a la tercera interesada Ibeth Marisol Estrada Ruíz en los domicilios convencionales señalados en autos; y, por oficio a las autoridades responsables, a la fiscal tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
PUBLICACIÓN DE AVISO: EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE TERCERA INTERESADA: IBETH MARISOL ESTRADA RUÍZ, EL AUTO DE DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que el juez responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas desahogara la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que, por una parte, sobreseyó en el juicio de respecto de los actos reclamados por la quejosa Samantha Amastal Izquierdo, y, por otra, concedió el amparo al quejoso Fernando Mayorga Mérida, respecto a la resolución dictada el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, por 1. Abelardo Gil Martínez, en su calidad de juez del Tribunal de Enjuiciamiento con Jurisdicción Estatal, en la que prorrogó por cuatro meses la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en el juicio oral penal 78/2022/JO/CENTRO-PONIENTE; así como su ejecución, reclamada al 2. Director del Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Puebla, por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno del propio fallo. Inconforme con la concesión de amparo decretada en el referido fallo, la tercera interesada Ibeth Marisol Estrada Ruiz, a través su autorizado, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión 115/2023, en el cual mediante ejecutoria dictada el diez de agosto de dos mil veintitrés, por una parte, dejó intocado el sobreseimiento y, por otra, confirmó dicha concesión. Mediante acuerdo emitido el veintiocho de agosto de la presente anualidad, se tuvo por recibida la indicada ejecutoria; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable 1. Abelardo Gil Martínez, en su calidad de juez del Tribunal de Enjuiciamiento con Jurisdicción Estatal, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Finalmente, en proveído de treinta y uno de agosto del año actual, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada con el cumplimiento dado a la ejecutoria, para que manifestaran lo que estimaran conducente, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se declaró inconstitucional la resolución dictada el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, por 1. Abelardo Gil Martínez, en su calidad de juez del Tribunal de Enjuiciamiento con Jurisdicción Estatal, en el juicio oral penal 78/2022/JO/CENTRO-PONIENTE, en la que se prorrogó por cuatro meses la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a Fernando Mayorga Mérida. Lo anterior, porque el proceder del juzgador penal fue adverso al marco constitucional y legal, habida cuenta que no motivó adecuadamente su resolución. Esto se justificó, en lo que interesa, en lo siguiente: A. El juzgador del tribunal unitario de enjuiciamiento explicó en su determinación que, la prolongación de la prisión preventiva se encontraba justificada, únicamente, por motivos del elemento "ii) conducta de la defensa del quejoso", dado que, advertía que la defensa del quejoso convino con las restantes de los imputados, en dilatar el procedimiento a fin de lograr la unidad de la acusación de todos ellos, por cuanto al delito de homicidio calificado que se le imputaba; y que, ello era suficiente para justificar la prolongación de la medida cautelar que se había impuesto al quejoso, de prisión preventiva oficiosa por más de dos años. B. En este contexto, el juez responsable desestimó los dos restantes elementos, pues por cuanto a: i) la complejidad del asunto, aquél es calificado de inoperante, porque la Fiscalía no estableció cómo es que la naturaleza del delito, los ocho acusados o, el número de testigos, generaran una complejidad de manera directa en el desahogo de la audiencia de juicio. C. Luego, en relación con: la iii) conducta de las autoridades, también declaró su inoperancia, pues este punto se basaba en el mal estado de salud e incapacidad médica del juez de control, que obstaculizó la celebración de la audiencia intermedia, pues al respecto, no existe circunstancial legal que establezca la imposibilidad de que sea diverso juez de control quien atienda esta causa penal. D. Esta aproximación al tema de la prolongación de la prisión preventiva, la sustentó en su apreciación de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 32/2022, facultó al órgano jurisdiccional a analizar la complejidad, la actividad del interesado y la de las autoridades, sin que fuera exigible la concurrencia de los tres aspectos; por lo que, en su opinión bastaba a su estudio que, la fiscalía le acreditase alguno de ellos. E. Apreciación que se dijo incorrecta, pues contrario a lo que estableció y al modo que enderezó su estudio, sí resultaba necesario que confluyeran los tres elementos de análisis, y no solo uno o dos de ellos. F. En efecto, la adecuada intelección a la ejecutoria y jurisprudencia 1a./J. 32/2022, revelan que la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia emplea una sintaxis y semántica donde existe conjunción de enunciados (hipótesis), sin que incorpore lugar a opciones que puedan o no concurrir, pues textualmente dice: "[.]De conformidad con los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar este escrutinio, las autoridades respectivas tomarán en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades.[.]" G. De donde se aprecia, el empleo de una conjunción "y", que revela el vínculo próximo y necesario de todos los elementos de análisis para que, generen la consecuencia esperada (prolongación de una medida cautelar); sin que, en el texto a estudio se revele alguna partícula o palabra que evidencie alguna disyuntiva o pluralidad de condiciones desvinculadas que, al actualizarse den por sí solas el resultado esperado. H. Aspecto que, es racional al atender a que -como se dijo- la libertad constituye uno de los más altos valores del ser humano; por lo que, las eventuales restricciones o molestias que se le pueden provocar deben descansar en altas exigencias metodológicas que, justifiquen su afectación; pues de no existir límites como los analizados por el máximo tribunal de la Nación, se permitiría una extralimitación a las facultades del Estado, en perjuicio de sus ciudadanos. I. Visto lo anterior, en el caso a estudio, se advirtió que, el juez responsable asumió una metodología incorrecta, y solo tuvo por satisfecho un elemento de análisis -y no los tres en su totalidad que señala la directiva de interpretación dada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-; por lo cual, emitió una resolución motivada inadecuadamente, con lo que, incumplió con el mandato contenido en el artículo 16 constitucional. J. En efecto, si en su propio análisis, el juez responsable estimó que la Fiscalía solo pudo acreditarle el tema de la dilación atribuible a la defensa del quejoso y declaró inoperantes las restantes alegaciones encaminadas a sostener la prolongación de la medida cautelar, debió advertir que no se satisfacía la totalidad de elementos de análisis, y por tanto, su resolución debía tomar otro matiz, distinto a justificar la prolongación de una medida cautelar altamente restrictiva, como lo es la privación provisional de la libertad. K. Así, al no motivar adecuadamente su resolución, el juez del tribunal de enjuiciamiento dejó sin defensa al peticionario de amparo, al no establecerle los motivos certeros por los que, continuaba en reclusión preventiva. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que la autoridad responsable 1. Abelardo Gil Martínez, en su calidad de juez del Tribunal de Enjuiciamiento con Jurisdicción Estatal realizara lo siguiente: "(.) NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. Así, al resultar ilegal la resolución combatida procede conceder el amparo y protección constitucional a Fernando Mayorga Mérida, para que una vez que cause ejecutoria la sentencia y se requiera su cumplimiento, Abelardo Gil Martínez, juez adscrito al Tribunal de Enjuiciamiento, con Jurisdicción en todo el Estado de Puebla, realice lo siguiente: 1. En autos de la carpeta de juicio oral 78/2022/JO/CENTRO-PONIENTE, únicamente por lo que hace al sentenciado Fernando Mayorga Mérida, dicte un acuerdo en el que expresamente deje insubsistente la resolución pronunciada en audiencia de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós y continuada el veintiuno de diciembre siguiente; en la que, le prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. 2. Deberá citar a las partes para celebrar audiencia de revisión de medida cautelar, que deberá verificarse dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que: a) Reiterará lo expuesto por las partes (Ministerio Público y defensores particulares y pública) en torno a la solicitud de prórroga de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; b) Con base en la exposición realizada por las partes -con libertad de jurisdicción- determinará si el agente del Ministerio Público justificó o no la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Fernando Mayorga Mérida, tomando en cuenta las consideraciones expuestas en esta sentencia; es decir, analizar si se satisfacen o no, los tres elementos de análisis señalados en la jurisprudencia 1a./J. 32/2022, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. c) En la inteligencia que, de no haberse justificado la totalidad de condiciones de análisis para la procedencia de la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva, deberá ordenar el cese de tal medida; y, d) Previo debate entre las partes, podrá imponer alguna otra, de las contempladas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, distintas a la prisión preventiva. 3. Remitirá a este juzgado las constancias con las que acredite lo anterior. 4. Debe señalarse que Abelardo Gil Martínez, juez adscrito al Tribunal de Enjuiciamiento, con Jurisdicción en todo el Estado de Puebla, deberá ser quien cumpla con lo anterior, a efecto de respetar el principio de inmediación, pues fue dicho juzgador quien percibió en forma directa la exposición de las partes en torno a la sustitución de medida cautelar, en la inteligencia que el citado juzgador no podrá excusarse en cuestiones administrativas como su eventual cambio de adscripción, pues aún en ese supuesto, realizará las gestiones administrativas pertinentes para estar en aptitud de cumplir la presente determinación. (.)" III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable 1. Abelardo Gil Martínez, en su calidad de juez del Tribunal de Enjuiciamiento con Jurisdicción Estatal, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: 1. Mediante oficio 11513/2023, informó que por auto dictado el veintinueve de agosto pasado, dentro de la causa penal 78/2022/JO/CENTRO-PONIENTE, entre otras cuestiones, dejó insubsistente la resolución pronunciada en audiencia de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós y continuada el veintiuno de diciembre siguiente; en la que, le prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; y, señaló las nueve horas del treinta de agosto de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la audiencia en la que se daría cumplimiento al fallo protector. 2. Luego, a través del diverso 11566/2023 remitió un disco versátil digital, relativo al registro de audio y video de la audiencia de treinta de agosto de dos mil veintitrés, llevada a cabo dentro de la carpeta judicial administrativa 78/2022/JO/CENTRO-PONIENTE. De las anteriores constancias se desprende que, siguiendo los lineamientos del fallo protector, la autoridad realizó lo siguiente: 1. Mediante auto de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la resolución pronunciada en audiencia de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós y continuada el veintiuno de diciembre siguiente; en la que, prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al aquí quejoso -acto reclamado-. 2. En el mismo proveído, citó a las partes para celebrar audiencia de revisión de medida cautelar, dentro de las veinticuatro horas siguientes. 2.1 En la audiencia de mérito, celebrada el treinta de agosto de dos mil veintitrés, el juez de origen: a) Reiteró lo expuesto por las partes (Ministerio Público y defensores particulares y pública) en torno a la solicitud de prórroga de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; b) Con base en la exposición realizada por las partes determinó que el agente del Ministerio Público no justificó la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Fernando Mayorga Mérida, tomando en cuenta las consideraciones expuestas en esta sentencia; es decir, analizó y resolvió que no se satisficieron los tres elementos de análisis señalados en la jurisprudencia 1a./J. 32/2022, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. c) Por tanto, al no justificarse la totalidad de condiciones de análisis para la procedencia de la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva, ordenó el cese de tal medida; y, d) Previo debate entre las partes, impuso una diversa medida de las contempladas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, distinta a la prisión preventiva, consistente en la firma periódica lunes y jueves de 9:00 a 15:00 horas ante la Unidad de Medidas Cautelares. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo; por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, la autoridad vinculada cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que demostró: i) que se dejó sin efectos la resolución reclamada; y, ii) que emitió una diversa determinación en la que, con libertad de jurisdicción, determinó que el agente del Ministerio Público no justificó la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Fernando Mayorga Mérida, con base en los tres elementos de análisis señalados en la jurisprudencia 1a./J. 32/2022, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por lo que, impuso la diversa medida consistente en la firma periódica lunes y jueves de 9:00 a 15:00 horas ante la Unidad de Medidas Cautelares. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. V. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación, dada su trascendencia.
- Principal
AVISO: EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que el juez responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas desahogara la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que, por una parte, sobreseyó en el juicio de respecto de los actos reclamados por la quejosa, y, por otra, concedió el amparo al quejoso Fernando Mayorga Mérida, respecto a la resolución dictada el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, por 1. Abelardo Gil Martínez, en su calidad de juez del Tribunal de Enjuiciamiento con Jurisdicción Estatal, en la que prorrogó por cuatro meses la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en el juicio oral penal; así como su ejecución, reclamada al 2. Director del Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Puebla, por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno del propio fallo. Inconforme con la concesión de amparo decretada en el referido fallo, la tercera interesada Ibeth Marisol Estrada Ruiz, a través su autorizado, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión 115/2023, en el cual mediante ejecutoria dictada el diez de agosto de dos mil veintitrés, por una parte, dejó intocado el sobreseimiento y, por otra, confirmó dicha concesión. Mediante acuerdo emitido el veintiocho de agosto de la presente anualidad, se tuvo por recibida la indicada ejecutoria; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable 1. Abelardo Gil Martínez, en su calidad de juez del Tribunal de Enjuiciamiento con Jurisdicción Estatal, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Finalmente, en proveído de treinta y uno de agosto del año actual, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada con el cumplimiento dado a la ejecutoria, para que manifestaran lo que estimaran conducente, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se declaró inconstitucional la resolución dictada el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, por 1. Abelardo Gil Martínez, en su calidad de juez del Tribunal de Enjuiciamiento con Jurisdicción Estatal, en el juicio oral penal , en la que se prorrogó por cuatro meses la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a Fernando Mayorga Mérida. Lo anterior, porque el proceder del juzgador penal fue adverso al marco constitucional y legal, habida cuenta que no motivó adecuadamente su resolución. Esto se justificó, en lo que interesa, en lo siguiente: A. El juzgador del tribunal unitario de enjuiciamiento explicó en su determinación que, la prolongación de la prisión preventiva se encontraba justificada, únicamente, por motivos del elemento "ii) conducta de la defensa del quejoso", dado que, advertía que la defensa del quejoso convino con las restantes de los imputados, en dilatar el procedimiento a fin de lograr la unidad de la acusación de todos ellos, por cuanto al delito de homicidio calificado que se le imputaba; y que, ello era suficiente para justificar la prolongación de la medida cautelar que se había impuesto al quejoso, de prisión preventiva oficiosa por más de dos años. B. En este contexto, el juez responsable desestimó los dos restantes elementos, pues por cuanto a: i) la complejidad del asunto, aquél es calificado de inoperante, porque la Fiscalía no estableció cómo es que la naturaleza del delito, los ocho acusados o, el número de testigos, generaran una complejidad de manera directa en el desahogo de la audiencia de juicio. C. Luego, en relación con: la iii) conducta de las autoridades, también declaró su inoperancia, pues este punto se basaba en el mal estado de salud e incapacidad médica del juez de control, que obstaculizó la celebración de la audiencia intermedia, pues al respecto, no existe circunstancial legal que establezca la imposibilidad de que sea diverso juez de control quien atienda esta causa penal. D. Esta aproximación al tema de la prolongación de la prisión preventiva, la sustentó en su apreciación de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 32/2022, facultó al órgano jurisdiccional a analizar la complejidad, la actividad del interesado y la de las autoridades, sin que fuera exigible la concurrencia de los tres aspectos; por lo que, en su opinión bastaba a su estudio que, la fiscalía le acreditase alguno de ellos. E. Apreciación que se dijo incorrecta, pues contrario a lo que estableció y al modo que enderezó su estudio, sí resultaba necesario que confluyeran los tres elementos de análisis, y no solo uno o dos de ellos. F. En efecto, la adecuada intelección a la ejecutoria y jurisprudencia 1a./J. 32/2022, revelan que la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia emplea una sintaxis y semántica donde existe conjunción de enunciados (hipótesis), sin que incorpore lugar a opciones que puedan o no concurrir, pues textualmente dice: "[.]De conformidad con los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar este escrutinio, las autoridades respectivas tomarán en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades.[.]" G. De donde se aprecia, el empleo de una conjunción "y", que revela el vínculo próximo y necesario de todos los elementos de análisis para que, generen la consecuencia esperada (prolongación de una medida cautelar); sin que, en el texto a estudio se revele alguna partícula o palabra que evidencie alguna disyuntiva o pluralidad de condiciones desvinculadas que, al actualizarse den por sí solas el resultado esperado. H. Aspecto que, es racional al atender a que -como se dijo- la libertad constituye uno de los más altos valores del ser humano; por lo que, las eventuales restricciones o molestias que se le pueden provocar deben descansar en altas exigencias metodológicas que, justifiquen su afectación; pues de no existir límites como los analizados por el máximo tribunal de la Nación, se permitiría una extralimitación a las facultades del Estado, en perjuicio de sus ciudadanos. I. Visto lo anterior, en el caso a estudio, se advirtió que, el juez responsable asumió una metodología incorrecta, y solo tuvo por satisfecho un elemento de análisis -y no los tres en su totalidad que señala la directiva de interpretación dada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-; por lo cual, emitió una resolución motivada inadecuadamente, con lo que, incumplió con el mandato contenido en el artículo 16 constitucional. J. En efecto, si en su propio análisis, el juez responsable estimó que la Fiscalía solo pudo acreditarle el tema de la dilación atribuible a la defensa del quejoso y declaró inoperantes las restantes alegaciones encaminadas a sostener la prolongación de la medida cautelar, debió advertir que no se satisfacía la totalidad de elementos de análisis, y por tanto, su resolución debía tomar otro matiz, distinto a justificar la prolongación de una medida cautelar altamente restrictiva, como lo es la privación provisional de la libertad. K. Así, al no motivar adecuadamente su resolución, el juez del tribunal de enjuiciamiento dejó sin defensa al peticionario de amparo, al no establecerle los motivos certeros por los que, continuaba en reclusión preventiva. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que la autoridad responsable 1. Abelardo Gil Martínez, en su calidad de juez del Tribunal de Enjuiciamiento con Jurisdicción Estatal realizara lo siguiente: "(.) NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. Así, al resultar ilegal la resolución combatida procede conceder el amparo y protección constitucional a Fernando Mayorga Mérida, para que una vez que cause ejecutoria la sentencia y se requiera su cumplimiento, Abelardo Gil Martínez, juez adscrito al Tribunal de Enjuiciamiento, con Jurisdicción en todo el Estado de Puebla, realice lo siguiente: 1. En autos de la carpeta de juicio oral 78/2022/JO/CENTRO-PONIENTE, únicamente por lo que hace al sentenciado Fernando Mayorga Mérida, dicte un acuerdo en el que expresamente deje insubsistente la resolución pronunciada en audiencia de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós y continuada el veintiuno de diciembre siguiente; en la que, le prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. 2. Deberá citar a las partes para celebrar audiencia de revisión de medida cautelar, que deberá verificarse dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que: a) Reiterará lo expuesto por las partes (Ministerio Público y defensores particulares y pública) en torno a la solicitud de prórroga de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; b) Con base en la exposición realizada por las partes -con libertad de jurisdicción- determinará si el agente del Ministerio Público justificó o no la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Fernando Mayorga Mérida, tomando en cuenta las consideraciones expuestas en esta sentencia; es decir, analizar si se satisfacen o no, los tres elementos de análisis señalados en la jurisprudencia 1a./J. 32/2022, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. c) En la inteligencia que, de no haberse justificado la totalidad de condiciones de análisis para la procedencia de la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva, deberá ordenar el cese de tal medida; y, d) Previo debate entre las partes, podrá imponer alguna otra, de las contempladas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, distintas a la prisión preventiva. 3. Remitirá a este juzgado las constancias con las que acredite lo anterior. 4. Debe señalarse que Abelardo Gil Martínez, juez adscrito al Tribunal de Enjuiciamiento, con Jurisdicción en todo el Estado de Puebla, deberá ser quien cumpla con lo anterior, a efecto de respetar el principio de inmediación, pues fue dicho juzgador quien percibió en forma directa la exposición de las partes en torno a la sustitución de medida cautelar, en la inteligencia que el citado juzgador no podrá excusarse en cuestiones administrativas como su eventual cambio de adscripción, pues aún en ese supuesto, realizará las gestiones administrativas pertinentes para estar en aptitud de cumplir la presente determinación. (.)" III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable 1. Abelardo Gil Martínez, en su calidad de juez del Tribunal de Enjuiciamiento con Jurisdicción Estatal, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: 1. Mediante oficio 11513/2023, informó que por auto dictado el veintinueve de agosto pasado, dentro de la causa penal 78/2022/JO/CENTRO-PONIENTE, entre otras cuestiones, dejó insubsistente la resolución pronunciada en audiencia de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós y continuada el veintiuno de diciembre siguiente; en la que, le prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; y, señaló las nueve horas del treinta de agosto de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la audiencia en la que se daría cumplimiento al fallo protector. 2. Luego, a través del diverso 11566/2023 remitió un disco versátil digital, relativo al registro de audio y video de la audiencia de treinta de agosto de dos mil veintitrés, llevada a cabo dentro de la carpeta judicial administrativa 78/2022/JO/CENTRO-PONIENTE. De las anteriores constancias se desprende que, siguiendo los lineamientos del fallo protector, la autoridad realizó lo siguiente: 1. Mediante auto de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la resolución pronunciada en audiencia de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós y continuada el veintiuno de diciembre siguiente; en la que, prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al aquí quejoso -acto reclamado-. 2. En el mismo proveído, citó a las partes para celebrar audiencia de revisión de medida cautelar, dentro de las veinticuatro horas siguientes. 2.1 En la audiencia de mérito, celebrada el treinta de agosto de dos mil veintitrés, el juez de origen: a) Reiteró lo expuesto por las partes (Ministerio Público y defensores particulares y pública) en torno a la solicitud de prórroga de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; b) Con base en la exposición realizada por las partes determinó que el agente del Ministerio Público no justificó la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Fernando Mayorga Mérida, tomando en cuenta las consideraciones expuestas en esta sentencia; es decir, analizó y resolvió que no se satisficieron los tres elementos de análisis señalados en la jurisprudencia 1a./J. 32/2022, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. c) Por tanto, al no justificarse la totalidad de condiciones de análisis para la procedencia de la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva, ordenó el cese de tal medida; y, d) Previo debate entre las partes, impuso una diversa medida de las contempladas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, distinta a la prisión preventiva, consistente en la firma periódica lunes y jueves de 9:00 a 15:00 horas ante la Unidad de Medidas Cautelares. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo; por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, la autoridad vinculada cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que demostró: i) que se dejó sin efectos la resolución reclamada; y, ii) que emitió una diversa determinación en la que, con libertad de jurisdicción, determinó que el agente del Ministerio Público no justificó la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Fernando Mayorga Mérida, con base en los tres elementos de análisis señalados en la jurisprudencia 1a./J. 32/2022, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por lo que, impuso la diversa medida consistente en la firma periódica lunes y jueves de 9:00 a 15:00 horas ante la Unidad de Medidas Cautelares. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. V. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación, dada su trascendencia.
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