Salvador Peralta Martinez

Expediente 64/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
64/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
13/02/2019

Partes del expediente

  • Salvador Peralta Martinez
  • Juez de lo Penal de Chalchicomula de Sesma Ciudad Serdán, Puebla

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiocho de enero de dos mil diecinueve (fojas 56 a 63), mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de enero de dos mil diecinueve. CUESTIONES PRELIMINARES Y RADICACIÓN. Agréguese a los presentes autos el oficio 2080/2019, proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por Salvador Peralta Martínez, en cumplimiento al auto dictado el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo 857/2018-VII de su índice. En tales condiciones, fórmese expediente y regístrese con el número 64/2019-B, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. Ahora bien, en atención al contenido integral de la demanda de amparo promovida por Salvador Peralta Martínez, que dio origen al presente asunto, se provee lo siguiente: SEPARACIÓN DE JUICIOS. En primer término, debe precisarse que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS: A CADA UNA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LES RECLAMO: PRIMERO: LA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES QUE NORMAN MI DERECHO COMO GOBERNADO A GOZAR DE UNA JUSTICIA, PRONTA, IMPARCIAL Y EXPEDITA. SEGUNDO: LA VIOLACIÓN A MI DERECHO FUNDAMENTAL, CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS 17 Y 21 CONSTITUCIONALES POR LA OMISIÓN DE DICTARME SENTENCIA DEFINITIVA DENTRO DE LAS CAUSAS PENALES REFERIDAS. TERCERO: DENTRO DE ESTE ACTO RECLAMO LA OMISIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEL ESTADO DE PUEBLA ASÍ COMO LA LOCAL DEL ESTADO DE NAYARIT, DE NO SOLICITAR Y DE NO REMITIR LAS COPIAS CERTIFICADAS QUE CONSTAN DE 29 TOMOS DE LA TOTALIDAD DE LA CAUSA PENAL 11/2009-VII DEL ÍNDICE DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES CON RESIDENCIA EN TEPIC, NAYARIT." De lo anterior, se observa que los actos reclamados por la parte quejosa en la presente instancia constitucional, son: 1. La omisión de dictar sentencia definitiva dentro del proceso penal 121/2014, del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Chalchicomula de Sesma, con residencia en Ciudad Serdán, Puebla. 2. La omisión de dictar sentencia definitiva dentro del proceso penal 25/2016, del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla. 3. La omisión de dictar sentencia definitiva dentro del proceso penal 442/2016, del índice del Juzgado Tercero de lo Penal con residencia en la ciudad de Puebla. 4. La omisión del Juez Primero de Procesos Penales Federales del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, de remitir a los juzgados antes mencionados, copia certificada de todo lo actuado en el proceso penal 11/2009-VII de su índice, a efecto de que estén en posibilidad de dicta sus correspondientes sentencias. En tal sentido, se advierte que se está en presencia de actos cuya fuente generadora provienen de procedimientos distintos y desvinculados entre sí; de ahí que sea procedente de oficio separar dichos actos reclamados. En efecto, la figura de separación de juicios es, por naturaleza, contraria a la de acumulación, por lo tanto, a diferencia de ésta, aquélla tiene por objeto evitar que en un solo expediente se resuelva sobre actos reclamados cuya fuente generadora provenga de procedimientos distintos y desvinculados entre sí; todo ello en razón de una mejor administración de justicia; sin embargo, al no estar regulada la figura jurídica de la separación por la Ley de Amparo, entonces, en aras de precisar las reglas de su estudio, debe atenderse a la jurisprudencia, que enseguida se transcribe. "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." Así las cosas, la separación de juicios es procedente cuando se reclaman en conjunto varios actos que están desvinculados entre sí, como en el presente caso sucede, pues los actos reclamados por la parte quejosa emanan de diversas causas penales. Por consiguiente, al considerarse que los actos reclamados están desvinculados entre sí, deben tratarse en juicios separados; en el entendido que en el presente juicio de amparo 64/2019-B, se analizará únicamente el acto relativo a: La omisión de dictar sentencia definitiva dentro del proceso penal 121/2014, del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Chalchicomula de Sesma, con residencia en Ciudad Serdán, Puebla. Por tanto, la separación de juicio versará por cuanto hace a las restantes causas penales. En consecuencia, fórmense los cuadernos de antecedentes con motivo de la aludida separación de juicios, los que deberán contener fotocopia certificada de las constancias de cuenta. Hecho lo anterior, se ordena remitir dichos cuadernos de antecedentes a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla, a fin de que registre esas demandas y las turne al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, que corresponda, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece la disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, en relación con el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el cual se deroga la fracción VIII del artículo 46 del primer acuerdo citado. En ese sentido, los juicios de amparo que se separan versarán sobre los siguientes expedientes de origen y actos reclamados: 1. El primero: La omisión de dictar sentencia definitiva dentro del proceso penal 25/2016, del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla. 2. El segundo: La omisión de dictar sentencia definitiva dentro del proceso penal 442/2016, del índice del Juzgado Tercero de lo Penal con residencia en la ciudad de Puebla. 3. El tercero: La omisión del Juez Primero de Procesos Penales Federales del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, de remitir a los juzgados antes mencionados, copia certificada de todo lo actuado en el proceso penal 11/2009-VII de su índice, a efecto de que estén en posibilidad de dicta sus correspondientes sentencias. Lo anterior, en observancia a la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, para los fines legales a que haya lugar. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora, atinente al acto reclamado por el promovente Salvador Peralta Martínez al 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Chalchicomula de Sesma, con residencia en Ciudad Serdán, Puebla, que se analizará en este juicio, consistente en: - La omisión de dictar sentencia definitiva dentro del proceso penal 121/2014, del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Chalchicomula de Sesma, con residencia en Ciudad Serdán, Puebla. Se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)". En relación con esta causa de improcedencia, existen los criterios siguientes, que tienen aplicación porque no contravienen las disposiciones de la Ley de Amparo vigente: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia". "DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIÉNDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto." En esa tesitura, en términos del referido artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de derechos fundamentales es improcedente cuando se actualizan los supuestos siguientes: i) Que la ley o acto que se reclamen en el juicio de amparo sean materia de otra controversia de la misma naturaleza; ii) Que ese diverso juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y, iii) Que ambos juicios de garantías sean promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales que se aleguen sean diversas. Ilustra lo anteriormente considerado, la jurisprudencia 2a./J. 90/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: "LITISPENDENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES AUTOAPLICATIVAS. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYE QUE EN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR EL QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LAS MISMAS NORMAS, SE PRETENDA PROTEGER UN INTERÉS JURÍDICO DISTINTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO).Conforme al indicado precepto legal, la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo, que genera la improcedencia de uno de ellos, se encuentra condicionada a que: a) La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese sentido, tratándose de juicios de garantías promovidos contra normas autoaplicativas, la causa de improcedencia referida se actualiza cuando se colman todos los requisitos enunciados, aunque las demandas relativas contengan distinta pretensión o causa de pedir, es decir, se promuevan con el ánimo de proteger un interés jurídico derivado de bienes o derechos diversos, pues además de que este último requisito no deriva del artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, en el amparo contra leyes autoaplicativas o, inclusive, heteroaplicativas, los efectos de la sentencia concesoria se traducen en desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación de la ley, por lo que la protección constitucional que, en su caso, se otorgue en el primer amparo, necesariamente abarcará cualquier acto de aplicación de la ley y respecto de cualquier bien jurídico tutelado. Lo anterior, en el entendido de que, conforme al artículo 51 del indicado ordenamiento, el sobreseimiento procede respecto del juicio promovido en segundo lugar, pero debe decretarse dentro del primero y fuera de la audiencia, una vez sustanciado el procedimiento previsto en dicho numeral. Cabe precisar que la finalidad de esta causa de improcedencia es evitar que se emitan sentencias contradictorias, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez." En ese sentido, como se advierte de la citada jurisprudencia, la finalidad de la causa de improcedencia que se analiza es evitar que se emitan sentencias contradictorias, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez. Así las cosas, para acreditar que en la especie se actualiza la referida causal de improcedencia, resulta pertinente destacar lo siguiente: a) El promovente Salvador Peralta Martínez, acudió a esta instancia constitucional (juicio de amparo 64/2019-B) a reclamar del 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Chalchicomula de Sesma, con residencia en Ciudad Serdán, Puebla, la omisión de dictar sentencia definitiva dentro del proceso penal 121/2014 de su índice; demanda presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, el veinticuatro de enero del año en curso, la cual por razón de turno se remitió a este Juzgado el veinticinco de enero siguiente; y, b) Por otra parte, es un hecho notorio para quien esto provee, que en este jugado Federal se encuentra radicado el diverso juicio de amparo 623/2018-E, del cual se ordena extraer copia certificada de las constancias conducentes, esto es: papeleta, demanda de amparo, auto admisorio de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho y sentencia dictada el veinticinco de enero de dos diecinueve, y agregarlas a estos autos para los efectos legales correspondientes; e impuesto de dicho sumario se aprecia lo siguiente: 1. El veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, en cumplimiento a lo ordenado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, respecto del conflicto competencial planteado entre esta autoridad y el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, en el que la Superioridad resolvió que este órgano jurisdiccional era legamente competente para conocer del juicio de garantías promovido por Salvador Peralta Martínez, se admitió a trámite la demanda, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable y se señalaron las nueve horas con cincuenta minutos del veintiocho de diciembre dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional. 2. De la referida demanda, se advierte que el quejoso reclama del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Chalchicomula de Sesma, con residencia en Ciudad Serdán, Puebla, lo siguiente: La omisión de decretar el cierre de instrucción y dictar sentencia definitiva dentro del proceso penal 121/2014, del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Chalchicomula de Sesma, con residencia en Ciudad Serdán, Puebla. 3. El veinticinco de enero del año en curso, previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional correspondiente, y enseguida se dictó sentencia, en la que se resolvió lo siguiente: "Primero. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Salvador Peralta Martínez, contra el acto reclamado al 1. Juez Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Chalchicomula, con sede en Ciudad Serdán, Puebla, en términos y para los efectos precisados en los considerandos séptimo y octavo de esta sentencia (.)". De lo anterior, puede concluirse que, tanto en este controvertido constitucional, como en el diverso 623/2018-E del índice de este órgano jurisdiccional, el quejoso Salvador Peralta Martínez reclamó al 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Chalchicomula de Sesma, con residencia en Ciudad Serdán, Puebla, la omisión de dictar sentencia dentro del proceso penal 121/2014 de su índice; por lo que, el veinticinco de enero del año en curso, el suscrito Juzgador resolvió amparar y proteger al quejoso; sentencia que está pendiente de adquirir firmeza. Sin soslayar que en tal fallo se emitió un pronunciamiento sobre el fondo sustancial controvertido, acorde a los intereses de la parte quejosa. Así las cosas, de un análisis comparativo efectuado entre este juicio de amparo y el diverso 623/2018-E de la estadística de este juzgado federal, se advierte que ambos sumarios fueron promovidos por el mismo quejoso, que existe identidad respecto de la autoridad responsable y el acto reclamado, y que en aquél se dictó sentencia, que no ha quedado firme. Atento a lo anterior, resulta inconcuso que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, pues resulta improcedente el sumario constitucional que se promueve en contra de un acto que es materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente firme de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se promueve por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. Tiene aplicación al caso las tesis cuyos rubros, texto y datos de localización, son: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Consecuentemente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la citada ley de la materia, procede desechar la demanda de amparo que se analiza. DOMICILIO. Ahora bien, tomando en consideración que la parte quejosa señaló como domicilio para para oír y recibir notificaciones en el Centro Federal de Readaptación Social número Cuatro, con residencia en Tepic, Nayarit y, atento a que dicho centro penitenciario se encuentra ubicado fuera de la circunscripción de éste Juzgado Federal; con fundamento en los artículos 27, fracción II y 116, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y, en términos del Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, líbrese exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número Cuatro, con residencia en Tepic, Nayarit; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al promovente Salvador Peralta Martínez, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -Juicio de Amparo 64/2019-B; y, d) Notifique el presente auto al promovente. b) Le corra traslado con copia autorizada del presente proveído. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de dicha diligencia. Así, de conformidad al Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, envíese de inmediato vía electrónica el exhorto de referencia y se autoriza a la licenciada Romina Ortiz Avila, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal para que sea la encargada del envío de dicha comunicación oficial. Queda a cargo de la Secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. AUTORIZADOS. Se hace constar, para los efectos legales a que haya lugar, que el quejoso no designó autorizado alguno en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE VÍA EXHORTO AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN, Y AL JEFE DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL DEL ESTADO DE PUEBLA.

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