Salvador Pineda Becerra
Expediente 795/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 795/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Salvador Pineda Becerra
- Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN Vistos los escritos de cuenta signados por los quejosos y la autoridad responsable Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante los cuales interponen recursos de revisión en contra de la sentencia emitida el treinta de octubre del año en curso dictada en el presente juicio, respectivamente. CÓRRASE TRASLADO A LAS PARTES En tal virtud, con fundamento en los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tienen por interpuestos dichos recursos; por tanto distribúyanse entre las partes copia del escrito de agravios relativo y, en su oportunidad, remítase el original de este y la copia para el Fiscal Federal de su adscripción, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S los autos del juicio de amparo número II-795/2023, promovido por Salvador Pineda Becerra y otros, contra actos del Gobernador del Estado de Michoacán y otras autoridades; y... Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por todos los quejosos respecto del acto y autoridad indicados en el considerando cuarto; y solo respecto de los peticionarios de derechos fundamentales Salvador Pineda Becerra, René Vega González, Raúl Enrique Farías Frutis, Héctor Omar Valencia Licea, Israel Pineda Ramos, Sahid Madrigal Pineda, Cipriano Aparicio Gutiérrez, Juan Gabriel Espinosa González, Efraín Rivera Mejía, Miguel Rivera Mejía, en cuanto apoderado de Margarita Rivera Mejía, Jorge Cortés Arreola y Alondra Guadalupe Cortés Arreola, en términos del considerando sexto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege al Ejido de Jesús Huiramba, del Municipio de Huiramba, Michoacán, en contra del Decreto reclamado por las razones expuestas y para los efectos señalados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy treinta de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.
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. V I S T O S los autos del juicio de amparo número II-795/2023, promovido por Salvador Pineda Becerra y otros, contra actos del Gobernador del Estado de Michoacán y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintidós de junio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, y remitido por razón de turno al día siguiente hábil a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, Salvador Pineda Becerra y otros solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Gobernador del estado de Michoacán y otras autoridades. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Previa aclaración de los actos reclamados a cada autoridad y ratificación del escrito aclaratorio, por auto de doce de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda registrada con el número II-795/2023; se solicitó el informe justificado respectivo a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención legal que le corresponde; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente por territorio, materia y grado para conocer y resolver del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello pues en el caso, la parte quejosa reclama un acto proveniente de una autoridad administrativa, cuyos efectos se materializan dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción y competencia mixta este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, su ampliación, así como de la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir: Del Gobernador del Estado de Michoacán, la promulgación y orden de publicación del Decreto por el que se declara área natural protegida en la categoría de reserva estatal y subcategoría de reserva de captación y recarga de mantos acuíferos, al lugar conocido como "Cerro del Águila", ubicado en los Municipios de Morelia y Lagunillas, Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el once de mayo de dos mil veintitrés. Del Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, la ejecución del Decreto por el que se declara área natural protegida en la categoría de reserva estatal y subcategoría de reserva de captación y recarga de mantos acuíferos, al lugar conocido como "Cerro del Águila", ubicado en los Municipios de Morelia y Lagunillas, Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el once de mayo de dos mil veintitrés. De la Directora del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, la publicación del Decreto por el que se declara área natural protegida en la categoría de reserva estatal y subcategoría de reserva de captación y recarga de mantos acuíferos, al lugar conocido como "Cerro del Águila", ubicado en los Municipios de Morelia y Lagunillas, Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el once de mayo de dos mil veintitrés. Del Secretario de Medio Ambiente del Estado de Michoacán, la aplicación del Decreto por el que se declara área natural protegida en la categoría de reserva estatal y subcategoría de reserva de captación y recarga de mantos acuíferos, al lugar conocido como "Cerro del Águila", ubicado en los Municipios de Morelia y Lagunillas, Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el once de mayo de dos mil veintitrés. CUARTO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del contenido del informe rendido por el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador del Estado de Michoacán, en representación del Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán (foja 281 a 298), se advierte que niega la existencia del acto reclamado que se le atribuye. Dicha negativa de actos que no fue desvirtuada por la parte quejosa; en consecuencia, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo, en lo que respecta a dicha autoridad responsable. QUINTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Contra lo afirmado por el Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado en su pedimento (foja 250 a 252 de autos), del contenido de los informes justificados rendidos por el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador del Estado de Michoacán, en representación del Gobernador del Estado (foja 281 a 298); y la Directora del Periódico Oficial del Estado de Michoacán (foja 267), se advierte que aceptan la existencia de los actos reclamados. Además, en relación con el decreto queda acreditada plenamente su existencia, pues por su naturaleza es de conocimiento general al haber sido publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán y, por consiguiente, no es objeto de prueba, en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo autoriza el numeral 2° de este ordenamiento. Ilustra lo antes determinado, por las razones que informa, la jurisprudencia número 370, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Por su parte, el Secretario del Medio Ambiente del Estado de Michoacán negó la existencia del acto que se le atribuye (foja 302 a 307 de autos); sin embargo, lo procedente es desvirtuar dicha negativa y tener por cierto el acto que se le atribuye, virtud a que realiza manifestaciones que evidencian su certeza. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que a continuación se transcribe: Registro digital: 211004 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Julio de 1994, página 391 Tipo: Aislada ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. Lo antes expuesto se corrobora con las constancias remitidas por dicha autoridad, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°. SEXTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. La Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador del Estado de Michoacán, en representación del Gobernador del Estado, así como el Secretario del Medio Ambiente en el Estado de Michoacán, señalan que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Dicha causal es fundada únicamente por lo que hace a los quejosos Salvador Pineda Becerra, René Vega González, Raúl Enrique Farías Frutis, Héctor Omar Valencia Licea, Israel Pineda Ramos, Sahid Madrigal Pineda, Cipriano Aparicio Gutiérrez, Juan Gabriel Espinosa González, Efraín Rivera Mejía, Miguel Rivera Mejía, en cuanto apoderado de Margarita Rivera Mejía, Jorge Cortés Arreola y Alondra Guadalupe Cortés Arreola. Lo anterior, en virtud de que los quejosos en cita no acreditaron la afectación a su interés jurídico, esto es, no se demostró algún tipo de menoscabo al derecho de propiedad que ostentan y que dicen se ve afectado, pues se requería probar plenamente que el Decreto por el que se declara área natural protegida en la categoría de reserva estatal y subcategoría de reserva de captación y recarga de mantos acuíferos, al lugar conocido como "Cerro del Águila", ubicado en los Municipios de Morelia y Lagunillas, Michoacán de Ocampo, publicado el once de mayo de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial del Estado, afecte precisamente terrenos de su propiedad. En efecto, las personas físicas quejosas no evidenciaron de qué forma se demuestra fehacientemente la identidad de los inmuebles que defienden, y sostienen se afectan con la emisión del aludido decreto. Ahora bien, para resolver lo que se propone, es necesario imponerse del contenido del precepto legal en cita, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Del precepto legal transcrito, se desprenden las siguientes hipótesis de improcedencia del juicio de amparo: a) Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso; b) Contra actos que no afecten los intereses legítimos del quejoso; y, c) Contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que los artículos 17, 61, fracción XII y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En efecto, el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio al quejoso. [.]" De lo anterior, se advierte que todos los gobernados cuentan con dos momentos fundamentales para impugnar las leyes, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, con motivo de su sola vigencia o contra el primer acto de aplicación. En el primer caso, basta que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de promover la acción constitucional dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I de la Ley de Amparo. En el segundo caso, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días, según la regla establecida en el artículo en cita. En lo que aquí interesa, importa destacar que para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato; o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. Al respecto, es de tomar en cuenta el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de establecer las bases para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas, cuyo rubro y texto señalan: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Por su parte, el interés jurídico ha sido definido para efectos del juicio de amparo, como el derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad o terceros. Muestra de ello es el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, que dice: Registro digital: 217651 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: I. 1o. A. J/17 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 60, Diciembre de 1992, página 35 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. En ese orden de ideas, la parte quejosa tendrá interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad, en la medida que sea titular de un derecho subjetivo que se vea afectado con la actuación del poder público. Esa afectación podría ocurrir de dos formas, a saber: I. Que se afecte la esfera jurídica del demandante en abstracto, imponiendo una obligación que antes no se tenía; o II. Que se afecte un derecho subjetivo en particular, ya sea eliminándolo o restringiéndolo. Con base en lo anterior, la causa de improcedencia citada se actualiza cuando el acto de autoridad que se combate en el juicio de amparo no incide en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le impone obligación alguna, o bien, no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto. Así, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en su primer hipótesis, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5º de la Ley. Ahora bien, dentro de los postulados básicos del juicio de amparo se encuentra el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo. En relación con lo expuesto, es conveniente poner de manifiesto que en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, se establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho, como puede verse en la transcripción siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" En relación con dicho numeral, deben citarse, además, los diversos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, que respectivamente prevén: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. [.]" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley." De los preceptos transcritos se desprende que en el juicio de amparo constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. Conforme a los artículos 107, fracción I, de la Constitución, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de poder para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una persona o colectividad, identificada e identificable y supone que la parte quejosa pertenece a ella. Lo anterior se aprecia del siguiente criterio: Registro digital: 2003067 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a. XVIII/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, página 1736 Tipo: Aislada INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Por otra parte, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al respecto, estableció que el interés legítimo permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo, por lo que el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Lo cual se podría considerar como un agravio personal e indirecto, en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico. Esto es, el interés legítimo puede definirse como aquél interés personal (individual o colectivo), cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor del quejoso. Además, la Sala referida aseveró que ese interés debe estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; por lo que debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Dicho criterio jurisprudencial es del tenor siguiente: Registro digital: 2002812 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a. XLIII/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, página 822 Tipo: Aislada INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de lo anterior, debe precisarse que el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos y que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Por otra parte, el interés jurídico, en cambio, sí precisa la afectación a un derecho subjetivo, como lo definió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 168/2007, que señala: Registro digital: 170500 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Enero de 2008, página 225 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. De acuerdo con el criterio anterior, debe decirse que el interés jurídico para acreditarse en el juicio de amparo, debe derivar de un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, esto es, del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, o sea, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente tutelados. En resumen, existe interés jurídico cuando la parte quejosa demuestra una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. Por tanto, la diferencia entre el interés jurídico y el legítimo consiste en que en el primero, la parte quejosa debe acreditar fehacientemente que es titular del derecho subjetivo público que es violado por un acto de autoridad, en cambio, en el segundo, se pueden combatir actos que se estiman lesivos de derechos humanos, sin la necesidad de que demuestre ser titular de un derecho subjetivo, por lo que el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. En relatadas consideraciones, para la impugnación de normas a través del juicio de amparo, debe quedar acreditado que se produjeron efectos en la esfera jurídica de quien solicita la protección constitucional, sea porque la entrada en vigor de las mismas los produzca de inmediato o porque dichos efectos se hayan producido por una actuación, por un acto de autoridad, que vincule al peticionario a la ley por actualizarse los supuestos de la norma. Así, para que surja el derecho de un particular para solicitar amparo en contra de una ley autoaplicativa o heteroaplicativa, es necesario que se individualice el efecto de la misma en aquél que lo promueve, sea a partir de su entrada en vigor (individualización incondicionada) o con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio (individualización condicionada). En esa tesitura, para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo contra leyes y estar en condiciones de analizar el aspecto sustantivo de una norma legal, la parte promovente debe probar que con la emisión de los preceptos legales controvertidos, se haya irrumpido en su individualidad al grado de ocasionarle un agravio, positivo o negativo, en su esfera jurídica. Lo anterior es así, porque el interés jurídico implica la legitimación de obrar, o bien, la legitimación activa y el perjuicio; por tanto, para que la parte se encuentre legitimada para obrar, es necesario tener en cuenta la identidad de quién hace valer la acción constitucional, con la persona en cuyo favor o contra quién está la ley o acto reclamado. En el caso, los medios de convicción aportados al juicio de amparo, no acreditan que los inmuebles que defienden las personas físicas quejosas antes referidas se vean afectadas fehacientemente, con la expedición de decreto reclamado, por lo siguiente: Algunos de los quejosos para acreditar su supuesto interés jurídico exhibieron, entre otras documentales, copias certificadas de los contratos compraventa, a través de los cuales adquirieron los predios localizados en Tacícuaro, en las localidades o tenencias de Capula, Cuanajillo, Municipios de Capula y Morelia, respectivamente. En ese orden, se advierte que los quejosos no cumplieron con la carga procesal de acreditar la afectación a su interés jurídico, porque las documentales anteriores, aun cuando por su naturaleza las primeras sean un documento público que goza de valor probatorio pleno, lo cierto es que no tienen el alcance para evidenciar fehacientemente que la superficie de las propiedades que defienden, se afectó con los actos reclamados. Lo anterior es así es en razón de que de dichas documentales, no se advierten datos u opinión técnica alguna a través de los cuales se pueda determinar, con certeza que los predios cuya propiedad defienden los quejosos, personas físicas, se encuentran comprendidos dentro del área en que se autorizó declarar como área natural protegida con categoría de reserva estatal y subcategoría de reserva de captación y recarga de mantos acuíferos. Esto es, no demostraron fehacientemente que sus propiedades se localicen dentro de la superficie de 5,128 hectáreas, integrada por los vértices, rumbos, distancias y coordenadas precisados en el decreto que por esta vía reclama. En efecto, para acreditar dicho extremo, en todo caso, los quejosos debieron ofrecer y desahogar mayores medios de prueba para evidenciar tal identidad. Máxime que por la superficie extensa del área afectada con el decreto y la forma en que se precisó el área que fungirá como reserva natural, a través de coordenadas proyectadas en "Universal Transverse de Mercator " (UTM), era indispensable identificar la zona afectada; así como la superficie de cada inmueble que, efectivamente, se afectó de cada quejoso persona física. Al efecto los quejosos, personas físicas, podían ofertar la prueba pericial en materia de topografía o cartografía, la cual es la idónea para acreditar la identidad de dichas fracciones de terreno, pues con ella los peritos se encontrarían en posibilidad de precisar la identidad de los predios, con base en el título de propiedad, y planos que son afectados por el decreto reclamado, así como la superficie de cada terreno que fue afectada por el decreto. Lo anterior se afirma porque en este tipo de cuestiones no puede basarse en indicios derivados de dichos documentos, sino que resulta necesaria la opinión técnica que se emita mediante los dictámenes periciales respectivos por profesionistas en la materia. Efectivamente, a través de la prueba pericial en comento se podría determinar qué superficie es la afectada por el decreto y si dentro de ésta se encuentran los inmuebles que defienden los quejosos, pues no se sabe con exactitud si ese acto invade en algún tramo las medidas y colindancias de los bienes de los quejosos, personas físicas, por lo que en esa medida se requiere establecer fehacientemente la identificación del terreno y su localización topográfica, por ende la importancia de esa prueba. En efecto, para determinar si la afectación se produce en una superficie de tierra propiedad de la parte quejosa son necesarios conocimientos técnicos especializados ajenos a la ciencia jurídica, siendo la prueba pericial el medio de convicción idóneo para demostrar tal aspecto, de conformidad con el artículo 143 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Ello es así, porque la función de los dictámenes periciales es hacer una exposición de los conocimientos técnicos o científicos necesarios para que el juzgador pueda elaborar un juicio propio sobre las cuestiones debatidas, además de tener por objeto que personas calificadas, con conocimientos especiales en una ciencia o arte, ilustren al juzgador en cuestiones técnicas que escapan a su pericia y conocimiento, a efecto de instruirlo sobre las cuestiones que ignora y que forman parte de la controversia. Se cita en apoyo a lo anterior, por los principios que la rigen, la tesis de rubro y texto siguientes: Registro digital: 206737 Instancia: Tercera Sala Octava Época Materias(s): Administrativa Tesis: 3a. XXV/93 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI, Mayo de 1993, página 52 Tipo: Aislada PRUEBA PERICIAL. SU IDONEIDAD PARA ACREDITAR INTERESES JURÍDICOS AFECTADOS POR DECRETOS DE EXPROPIACIÓN POR POLÍGONOS. La expropiación por razones de urbanismo supone la previa calificación de determinadas superficies territoriales como susceptibles de ser destinadas a los fines de la medida. Cuando tal determinación no se contrae a la particularización individual o genérica de los bienes de terceros ubicados en la superficie considerada, porque ninguno de ellos, valorado aisladamente, resulta apto para satisfacer el interés público que preside la mencionada calificación, se da la necesidad, por razones de precisión, de establecer los límites del área respectiva aplicando la topografía, la fotogrametría o determinadas técnicas científicas de medición de terrenos. Consecuentemente, una de las formas de fijar los límites de la superficie expropiada es la de establecer los polígonos que la componen. Ahora bien, decretada la expropiación en tales términos, la prueba idónea de que un determinado bien particular queda comprendido en el área expropiada y, por ende, que se afecta un interés jurídico de la parte quejosa, máxime cuando no se admite así por las responsables ni se deriva claramente de algún otro medio de prueba eficaz, no puede ser otra que la pericial pues, conforme a los artículos 143 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicables supletoriamente a la materia del amparo, compete a quien tiene conocimientos técnicos o científicos en las disciplinas de medición de terrenos, ilustrar al juzgador sobre tal hecho pues, en principio, los otros elementos de convicción que ofreciera el interesado, podrían carecer de eficacia probatoria suficiente frente a la información de carácter estrictamente técnico que, en su caso, surgiera de la prueba pericial respectiva. Es aplicable, por analogía, la tesis de jurisprudencia 23/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Registro digital: 206321 Instancia: Segunda Sala Octava Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 23/94 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 84, Diciembre de 1994, página 20 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. OBLIGACIÓN DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME. La presunción de existencia del acto reclamado por falta de informe justificado de las autoridades responsables, prevista por el artículo 149 de la Ley de Amparo, no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que el acto que reclama afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de la fracción V del artículo 73, y fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo. Aunado a ello, que de las documentales ofrecidas no se advierte, de forma fehaciente, en cuál área de subzonificación del decreto, se encuentran los bienes inmuebles que pretenden defender, a efecto de determinar, con base en la zonificación, si se trata de áreas de conservación, restauración o aprovechamiento, para determinar el grado de posible afectación a su interés, pues para ello debe conocerse la delimitación de estas zonas. Es aplicable por analogía, la tesis aislada 3a.LXXI/93 de la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Registro digital: 206687 Instancia: Tercera Sala Octava Época Materias(s): Administrativa Tesis: 3a. LXXI/93 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XII, Diciembre de 1993, página 360 Tipo: Aislada INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PUEDE INFERIRSE NECESARIAMENTE DEL RECONOCIMIENTO DE UN ACTO EXPROPIATORIO LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS HECHO POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN SUS INFORMES JUSTIFICADOS. El interés jurídico que establece el artículo 4o. de la Ley de Amparo como presupuesto procesal para la procedencia del juicio de garantías, no puede derivarse necesariamente del reconocimiento de la existencia de los actos reclamados hecho por las autoridades responsables en su informe justificado, pues ello equivaldría a darle a tal reconocimiento alcances mayores a los que realmente tiene consistentes, exclusivamente, en la certeza de dichos actos, pero ello no releva al quejoso de la obligación de demostrar que tales actos afectan su interés jurídico. Y, si bien se alegan violaciones diversas, lo cierto es que el interés jurídico para acudir al juicio constitucional, depende de la certeza que se tenga respecto a que los bienes inmuebles que defienden, se encuentran inmersos en las áreas de subzonificación. Por tanto, se concluye en la necesidad del ofrecimiento y desahogo de una prueba pericial topográfica, agrimensura o cartografía, en la que uno o varios peritos determinen en cuál subzona del área natural protegida se encuentran los bienes inmuebles que defienden los quejosos. En relatadas consideraciones, se colige que en el caso no se encuentra demostrada fehacientemente una afectación en los derechos de la parte quejosa, ya que como se asentó a principios de este considerando, ésta no debe inferirse a base de presunciones o conjeturas. En conclusión, procede sobreseer en el juicio de amparo promovido por los quejosos Salvador Pineda Becerra, René Vega González, Raúl Enrique Farías Frutis, Héctor Omar Valencia Licea, Israel Pineda Ramos, Sahid Madrigal Pineda, Cipriano Aparicio Gutiérrez, Juan Gabriel Espinosa González, Efraín Rivera Mejía, Miguel Rivera Mejía, en cuanto apoderado de Margarita Rivera Mejía, Jorge Cortés Arreola y Alondra Guadalupe Cortés Arreola, de conformidad con el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la ley de la materia. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución del decreto, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia del acto tildado de inconstitucional. Por otra parte, es preciso señalar que, al haberse actualizado la causa de improcedencia examinada con anterioridad, resulta innecesario que este juzgador analice las demás hipótesis invocadas por las autoridades responsables, respecto de los quejosos en cita, dado que llevaría al mismo resultado y en contravención del principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal. Sobre el particular deviene ilustrativa la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.". Ahora bien, en lo que respecta al Ejido de Jesús Huiramba, del Municipio de Huiramba, Michoacán, resulta infundada la aludida causal de improcedencia. Ello es así, ya que del contenido del propio decreto, específicamente en su artículo 1º, se señala expresamente que dentro del polígono afectado por el decreto reclamado se encuentran propiedades de diecisiete ejidos, entre los que destaca el Ejido de Jesús Huiramba, lo que resulta suficiente para tener por acreditado el interés jurídico que le asiste al citado ejido para promover el presente juicio de garantías. Máxime si se tiene en consideración que el decreto reclamado puede afectar el derecho de propiedad que por ley ha sido dotada a los ejidos, al encontrarse un aparente límite con el aludido decreto, al impactarse en su propia organización económica y social, pues invade la adopción libre de reglas para el aprovechamiento de las tierras en lo individual y colectivo. Tanto es así que en el artículo 5º del decreto reclamado, se establece expresamente que en la reserva estatal creada no se autorizará la fundación de nuevos centros de población ni la urbanización de las tierras ejidales. Lo que tiene como efecto afectar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios al núcleo de población ejidal; y, por tanto, el ejido resiente un agravio con la sola emisión del decreto reclamado. Por otro lado, el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador del Estado de Michoacán, señala que en el particular se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la VIII del diverso 108, de la Ley de Amparo, al señalar que el ejido quejoso no formuló conceptos de violación. Dicho argumento resulta infundado, por los motivos que a continuación se exponen: Los artículos 61, fracción XXIII, y 108, fracción VIII, ambos de la invocada Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación.". Luego, basta la simple lectura de la demanda de amparo, para percatarse que al respecto, sí se hacen valer conceptos de violación en contra del acto reclamado, pues en esencia la parte quejosa, entre otras cosas, precisó que se transgreden en su perjuicio los artículos 4º, 14, 16 y 27 Constitucionales, debido a que previo a la emisión del decreto no se verificó la consulta y participación del ejido quejoso, con lo que a su decir se viola su garantía de audiencia previa al acto privativo de su derecho de propiedad, ya que el decreto establece una restricción y limitante sobre el uso y disfrute del terreno perteneciente al ejido. Además de imponerles la manera de administrar, manejar, preservar y restaurar el área de reserva estatal que dicho decreto establece; ello, incluso, sin que exista un reglamento operativo para la expedición de permisos y autorizaciones para realizar actividades dentro de la zona declarada como área natural protegida. Asimismo, señala el ejido quejoso que el decreto viola el debido proceso al no haberse respetado las formalidades del procedimiento para la declaratoria de área natural protegida, el cual incluso, a su decir, carece de fundamentación al no haberse realizado el estudio justificativo actualizado. Aunado a ello, es menester señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que cualquier razonamiento vertido en la demanda de amparo debe examinarse, siendo suficiente que en el mismo se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que se estime le causa el acto, resolución o ley combatidos, así como los motivos que originaron ese agravio. De ahí que al haber expuesto el ejido quejoso de manera expresa y en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 108 de la Ley de la Materia, los imperativos de la Constitución General de la República que contienen las garantías que considera se conculcaron con expedición del decreto reclamado, dejó claro cuál es su causa de pedir, además de que expuso los razonamientos elementales por los cuales llegó a tal conclusión. Apoya lo anterior, la siguiente tesis: Época: Novena Época Registro: 191384 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 68/2000 Página: 38 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo. Máxime que al ser un ejido la parte quejosa opera la suplencia de la deficiencia de la queja aún ante la ausencia de conceptos de violación, acorde a lo dispuesto por el artículo 79, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por otro lado, la apoderada jurídica y Enlace Jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, señala que en el particular se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones XIII y XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. A cuyo efecto aduce que el decreto reclamado fue consentido expresamente por el ejido quejoso al haber estado presente en la sala de juntas y haber sido notificados del inicio del procedimiento de la declaratoria de la eventual área natural protegida. Asimismo, que fue consentido tácitamente en razón de que el ejido quejoso tuvo conocimiento del dictamen desde el quince y veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, por lo que estuvieron en posibilidad de promover el juicio de amparo en contra del estudio técnico justificativo. Se desestiman las causas de improcedencia alegadas. En efecto, la autoridad responsable sustancialmente sustenta las aludidas causales de improcedencia, con base en que los representantes del ejido estuvieron presentes en la reunión donde se verificó la propuesta del estudio técnico justificativo de la eventual área natural protegida; además, que de la transcripción se desprende que fueron notificados del inicio del procedimiento de declaratoria de la eventual área natural protegida; y, por tanto, tuvieron conocimiento del dictamen desde el quince y veintitrés de marzo de este año, fechas en las que la autoridad responsable considera pudiera establecerse con certeza que el ejido tuvo conocimiento de los actos de cuya legalidad se duele, y tomarla en cuenta para el cómputo del término para la interposición del juicio de amparo. Empero, tal argumento no puede ser considerado para sustentar las causas de improcedencia invocada, ya que precisamente el ejido quejoso se duele de la violación a su garantía de audiencia previa, por lo que tales circunstancias se encuentran cuestionadas por éste, lo que es materia de estudio del fondo del presente juicio de amparo. Así que no es jurídicamente posible sobreseer el juicio de garantías con base en una cuestión de fondo. Más aún que en el mes de marzo aún no se emitía el decreto que constituye el acto reclamado, sino que este, como acto culminativo del procedimiento que afecta la esfera de derechos del ejido quejoso, y subjetivo público a proteger en el presente juicio de amparo, se publicó hasta el once de mayo de dos mil veintitrés. Sirven de apoyo a lo anterior, en lo conducente, las tesis jurisprudenciales que a continuación se transcriben: Registro digital: 187973 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 135/2001 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002, página 5 Tipo: Jurisprudencia IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. Registro digital: 182425 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VII.2o.C.13 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Enero de 2004, página 1513 Tipo: Aislada DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DE SU PRESENTACIÓN EL TÉRMINO NO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA RECLAMADA CUANDO AQUÉLLA TAMBIÉN ES PARTE DE LA LITIS. Cuando en amparo directo se controvierta la sentencia definitiva así como la forma en que se ordenó su notificación, no puede tomarse esta actuación para efectuar el cómputo y determinar la oportunidad o no de la acción constitucional, pues al impugnarse su validez, ello corresponde al fondo del asunto y el Juez necesariamente realizará el pronunciamiento al respecto, de tal suerte que no debe desechar o sobreseer por constituir parte de la litis en el amparo. SÉPTIMO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte promovente, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. Es fundado y suficiente uno de los conceptos de violación expresados por el ejido quejoso, para otorgar la protección constitucional. El ejido quejoso aduce que el Decreto reclamado es un acto que limita la libre disposición de las tierras ejidales que se encuentran incluidas dentro de la declaratoria de área natural protegida. Y que para su emisión, el Gobernador responsable no realizó notificación personal respecto del procedimiento de declaratoria del área protegida. Como se adelantó, dicho planteamiento es fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada. El derecho de audiencia previa contenida en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en la oportunidad que tienen todos los gobernados de defenderse frente a actos que tiendan a privarlos de sus derechos, previamente a su emisión. Se trata de un derecho de los particulares, no sólo frente a las autoridades judiciales y administrativas que en todo caso deben ajustar sus actos a las leyes aplicables, sino también frente a las legislativas, que están obligadas a cumplir el mandato constitucional, consignando en las normas generales los procedimientos necesarios para que se escuche a los interesados y se les dé la oportunidad de defenderse o intervenir en todos aquellos casos en que puedan resultar afectados en sus derechos, lo que significa que las normas generales deben estatuir los mecanismos de defensa u oposición al potencial acto privativo. Así deriva de la jurisprudencia 210 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1156, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Debido proceso, Apéndice de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", así como de la diversa jurisprudencia 187, consultable en la página 1126, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección, Apéndice de 2011, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS PARTICULARES.". Al regular los actos de naturaleza privativa, el legislador federal los distingue de los actos de molestia, a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14 Constitucional. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, en términos de lo previsto en el artículo 16 Constitucional, siempre que preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Para distinguir entre actos privativos y de molestia, debe atenderse a la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional. Estas consideraciones encuentran sustento en la tesis jurisprudencial P./J. 40/96 del Pleno del alto tribunal, visible en la página 5, Tomo IV, Julio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.". En ese sentido, las autoridades deben respetar la garantía de audiencia no sólo cuando expropien un bien, sino también cuando impongan modalidades a la propiedad que impliquen para el gobernado una privación definitiva en los derechos de uso, goce o disposición de aquélla, en cualquiera de las materias señaladas en el tercer párrafo del artículo 27 de la Constitución Federal -entre las que se ubica la relativa a la protección al ambiente y el equilibrio ecológico-, pues la obligación de respetar al particular su derecho a defenderse contra un acto del Estado, no surge de la materia en que éste se realiza, sino de la privación definitiva que con él se haga de su libertad, propiedades, posesiones o derechos. La consideración anterior tiene sustento en la tesis 2a. LXIII/2007, consultable en la página 340, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "AUDIENCIA. LAS AUTORIDADES DEBEN RESPETAR ESA GARANTÍA EN CUALQUIER MATERIA, INCLUYENDO LAS SEÑALADAS EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, CUANDO IMPONGAN MODALIDADES A LA PROPIEDAD PRIVADA POR LAS QUE SE PRIVE DEFINITIVAMENTE AL GOBERNADO EN LOS DERECHOS DE USO, GOCE O DISPOSICIÓN DE LA PROPIEDAD.". Debido a que el análisis de los planteamientos relacionados con la violación al derecho de audiencia previa involucran como premisa principal la naturaleza privativa de la declaratoria reclamada, se procede a definir si ésta efectivamente tiene ese carácter o si genera solamente actos de molestia. Esto es, si tuvo como finalidad la privación definitiva de un bien o derecho, o si la restricción o privación tiene una naturaleza provisional en tanto constituyó solo un medio para conseguir un fin distinto (no privativo de derechos). Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por reiteración P./J. 79/97, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Octubre de 1997, Materia Constitucional, Administrativa, página 172, sostuvo lo siguiente: "EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL CAPÍTULO II DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Los artículos 59 al 71 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora regulan el procedimiento para establecer, mediante declaratorias, áreas naturales protegidas, las que tienen como efecto jurídico la privación de la posesión en perjuicio de los propietarios o poseedores de los predios afectados; sin embargo, como no existe disposición alguna que permita que dichos propietarios o poseedores, previamente a la emisión de la declaratoria correspondiente, puedan ser oídos con la oportunidad de ofrecer las pruebas que estimen conducentes, debe estimarse que las disposiciones legales relativas transgreden la garantía de previa audiencia que consagra el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que pueda considerarse que el recurso administrativo de inconformidad previsto en el numeral 157 del mencionado ordenamiento subsane la violación al citado derecho público subjetivo, pues la interposición de dicho medio de defensa es posterior y no previa a la emisión de la declaratoria respectiva, y tal situación no se encuentra prevista, como excepción a la regla general de previa audiencia, ni expresa ni tácitamente en la propia Constitución Política.". De lo expuesto, se colige que el punto que ahora se debate fue abordado en la jurisprudencia de trato, en la cual, sobre un decreto similar como lo es la declaratoria de área natural protegida, el Máximo Tribunal del País determinó que reviste las características de un acto de privación en perjuicio de los propietarios y poseedores de los inmuebles comprendidos dentro de su radio de afectación desde el momento de su emisión; y, por tal motivo, debe respetarse la garantía de audiencia previa consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal. De igual manera, sobre la presente temática, resulta conveniente tomar en cuenta las consideraciones expuestas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 136/2007, en cuanto a las modalidades que impone el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus párrafos segundo y tercero; ya que en dicha ejecutoria se realizó la interpretación del citado numeral, se estableció la diferencia entre la obligatoriedad en el respeto a la garantía de audiencia y se determinó, en lo que interesa: "Esta Segunda Sala estima incorrecta la interpretación efectuada por el Juez de Distrito, en cuanto a que el tercer párrafo del artículo 27 constitucional establece un régimen de excepción a la garantía de audiencia cuando se trata de limitar o restringir el derecho de propiedad en materia de asentamientos humanos; toda vez que se basa en un criterio que ya fue superado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para sustentar tal aserto, es oportuno transcribir los párrafos primero, segundo y tercero de ese precepto de la Norma Fundamental, que disponen: "Art. 27. (se transcribe) El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 18/2004 analizó esa porción normativa y señaló que en ella destaca, en primer término, que la Nación tiene la propiedad originaria de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, y que puede transmitir el dominio de ella a los particulares, constituyendo así la propiedad privada. Pero si bien es cierto que el texto de la Carta Magna, en diversas disposiciones (artículos 14, 16 y el propio 27) reconoce como derecho fundamental esa clase de propiedad, la misma Constitución, como ocurre con casi todos los derechos fundamentales, lo delimita, fijando su contenido y sus fronteras a fin de garantizar otros bienes o valores constitucionales, como son, el bien común o el respeto al ejercicio de los derechos de los demás integrantes de la sociedad. Las limitaciones a los derechos fundamentales sólo puede establecerlas la propia Constitución o bien, autorizar al legislador para hacerlo en determinados casos, pero sin que afecte la esencia del derecho, ni impida su ejercicio. Así, tratándose del derecho de propiedad, la Constitución le impone como limitación su función social, toda vez que de acuerdo con el propio numeral 27, el Estado puede imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público o bien, podrá ser objeto de expropiación por causas de utilidad pública y, por tanto, es el texto constitucional el que delimita el derecho de propiedad en aras del interés colectivo; consecuentemente, es claro que ese derecho no es oponible frente a la colectividad, sino que, por el contrario, en caso de ser necesario, debe privilegiarse a esta última sobre el derecho de propiedad privada del individuo, en los términos que dispone expresamente el mismo ordenamiento. Con base en esa resolución, el Tribunal Pleno estableció la tesis de jurisprudencia P./J. 37/2006, que dice: "PROPIEDAD PRIVADA. EL DERECHO RELATIVO ESTÁ LIMITADO POR SU FUNCIÓN SOCIAL" (transcribe texto) Ahora bien, la facultad que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a las autoridades para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público (además de efectuar la expropiación por causas de utilidad pública) atendiendo a la función social que le reconoce, está supeditada a que dichas modalidades tengan los siguientes objetivos: Ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; Preservar y restaurar el equilibrio ecológico; El fraccionamiento de los latifundios; Disponer, en los términos de la ley reglamentaria (Agraria) la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; El desarrollo de la pequeña propiedad rural; El fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural; y, Evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Cabe significar que la imposición de las modalidades a la propiedad privada previstas en el tercer párrafo del artículo 27 de la Constitución se traduce, necesariamente, en la supresión o en la limitación de alguno de los derechos reales que le son inherentes, como el derecho a usarla, disfrutarla y disponer de ella; de manera que sólo cuando se afectan estos elementos, puede considerarse que se imponen las referidas modalidades y no simplemente cuando se le afecte de cualquier manera. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. XLI/2000, que esta Segunda Sala comparte, publicada con el rubro siguiente: "PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDADES A LA. SU IMPOSICIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ESTÁ REFERIDA A LOS DERECHOS REALES QUE SE TENGAN SOBRE LA COSA O EL BIEN." (transcribe datos de localización). En correspondencia con este punto, debe decirse que contrario a lo que afirman los quejosos, la imposición de las modalidades a la propiedad privada que establece el tercer párrafo del artículo 27 constitucional puede llevarse a cabo, tanto por las autoridades federales, como las estatales, municipales e incluso por el Distrito Federal, tratándose de las materias en que ejercen facultades concurrentes, como la de asentamientos humanos y la de protección civil, según se advierte de los siguientes criterios: "FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES." "ASENTAMIENTOS HUMANOS. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN I, DE LA LEY GENERAL CORRESPONDIENTE NO ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL AL ESTABLECER QUE CORRESPONDE A LAS LEGISLATURAS LOCALES ASIGNAR MODALIDADES A LA PROPIEDAD PRIVADA" "DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY EXPEDIDA POR LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL NO VIOLA EL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL AL IMPONER MODALIDADES A LA PROPIEDAD PRIVADA." (reproduce texto y datos de localización). Ahora bien, el hecho de que el artículo 27 de la Constitución en sus párrafos segundo y tercero faculte a las autoridades para realizar la expropiación de la propiedad privada (por causa de utilidad pública y mediante indemnización) o bien, imponerle las modalidades que dicte el interés público, atendiendo a la función social que le otorga, no implica el desconocimiento de otras garantías que la misma Norma Fundamental establece, entre ellas, la garantía de audiencia a que se refiere su artículo 14, pues dicha garantía opera para todo acto de autoridad que implique una privación definitiva al gobernado de su libertad, propiedades, posesiones o derechos; caso en el cual, las autoridades tienen la obligación de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, es decir, aquéllas que resultan necesarias para garantizar al gobernado la defensa adecuada en contra de ese acto y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y, 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Es aplicable al respecto, la tesis de jurisprudencia número P./J. 47/95 establecida por el Tribunal Pleno, publicada con el siguiente rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." (cita datos de localización). En esos términos, si para todo acto de autoridad que priva definitivamente al gobernado de su libertad, propiedades, posesiones o derechos, se debe respetar la garantía de audiencia que establece el artículo 14 constitucional, aún cuando esa privación tenga un fin de interés público, como el ordenar los asentamientos humanos o evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad, o incluso, tratándose de la expropiación por alguna causa de utilidad pública; la única diferencia radica en determinar si, atendiendo a la naturaleza del fin perseguido y la urgencia del caso, la defensa del afectado debe otorgarse previamente o con posterioridad a la ejecución de ese acto. Sobre ese particular, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el expediente Varios número 2/2006-SS, solicitud de modificación de jurisprudencia, emitió la tesis de rubro y texto siguientes: "EXPROPIACIÓN. LA GARANTÍA DE AUDIENCIA DEBE RESPETARSE EN FORMA PREVIA A LA EMISIÓN DEL DECRETO RELATIVO" (cita datos de localización). (.) Sin que puedan eludir esa obligación cuando la expropiación o la imposición de las modalidades a la propiedad la decreten en la materia de asentamientos humanos o cualquiera de las señaladas en el tercer párrafo del artículo 27 constitucional, pues como quedó demostrado, la obligación de respetar al gobernado la posibilidad de defenderse contra esos actos no surge de la materia en que se realizan, sino de la privación definitiva que con ellos haga sobre los derechos de uso, goce o disposición de su propiedad. Situación diferente ocurre, cuando la imposición de las modalidades a la propiedad privada no suprime definitivamente esos derechos del particular, sino únicamente los limita a través de un acto de molestia, susceptible de quedar posteriormente sin efectos, como ocurre en la ocupación temporal, total o parcial, o la simple limitación de los derechos de dominio que también prevé el artículos 2 de la Ley de Expropiación; actos para cuya ejecución no rige la garantía de audiencia a que se refiere el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que constituyen medidas provisionales de carácter temporal, que también pueden dictarse para casos urgentes, como los previstos en las ya mencionadas fracciones V, VI y X del artículo 1° de la Ley de Expropiación. Cierto, los mencionados actos de molestia constituyen ejemplos en que se impone una modalidad a la propiedad privada sin privar al gobernado de ella; por tanto, no es indispensable que la autoridad le permita defenderse contra ellos antes de su aplicación, pues además de que también responden a los casos de emergencia anteriormente señalados, estas modalidades a la propiedad privada no son de carácter definitivo, sino únicamente constituyen medidas provisionales, de carácter temporal, que generalmente son accesorios para el logro de un fin diverso; por lo que su constitucionalidad debe analizarse a la luz del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (.) Asimismo, que el respeto a esa garantía no significa necesariamente, que en todos los procedimientos expropiatorios se deba escuchar al gobernado antes de ejecutar ese acto, toda vez que, tratándose de los casos urgentes e inaplazables a que se refieren las fracciones V, VI y X de la Ley de Expropiación, tal derecho del gobernado la puede otorgar con posterioridad a la ocupación del bien, pero antes de que el Estado disponga definitivamente de dicha propiedad. En cambio, si la medida decretada no priva definitivamente al gobernado de los derechos de uso, goce o disfrute de su propiedad, sino únicamente tiene el carácter de provisional, que cesa una vez que las circunstancias que la legitiman desaparecen, la autoridad no está obligada a respetar la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues sólo constituirá un acto de molestia que se rige por lo establecido en el artículo 16 del mismo ordenamiento, donde se obliga a la autoridad a cumplir con las garantías de fundamentación y motivación. Las mismas características de ser actos de molestia que pueden ser ejecutados inmediatamente y sin escuchar al gobernado pueden atribuirse también a las medidas de seguridad que se decretan con carácter provisional en materia de protección civil, al no poder considerárseles actos privativos, sino medidas precautorias que sólo tienen efecto inmediato para enfrentar una necesidad colectiva urgente y apremiante; por lo que no se requiere otorgar al afectado el derecho a la defensa antes de ser ejecutadas, a menos que dicha medida, por las características del riesgo, emergencia o desastre, deba tornarse en definitiva, caso en el cual, la autoridad deberá conceder al gobernado la garantía de audiencia indispensable para todo acto privativo. (.) Como consecuencia de lo relatado, es menester considerar que, contrario a lo resuelto por el Juez de Distrito, la garantía de audiencia sí debe regir a todo acto que prive definitivamente al gobernado en su libertad, propiedades, posesiones o derechos, incluyendo los actos que impongan modalidades a la propiedad para la regulación de los asentamientos humanos o la protección civil, en términos del tercer párrafo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues la limitación al derecho de uso, goce o disposición de la propiedad únicamente podrá llevarse a cabo dejando de observar esa garantía, si las medidas decretadas tienen el carácter de provisional." En la ejecutoria en mención, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, básicamente dijo que el tercer párrafo del artículo 27 constitucional no establece un régimen de excepción al derecho fundamental de audiencia cuando se trata de limitar o restringir el derecho de propiedad en materia de asentamientos humanos; porque ello se basa en un criterio que ya fue superado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 18/2004. De igual modo, puntualizó que el hecho de que el artículo 27 de la Constitución en sus párrafos segundo y tercero faculte a las autoridades para realizar la expropiación de la propiedad privada -por causa de utilidad pública y mediante indemnización- o bien, imponerle las modalidades que dicte el interés público, atendiendo a la función social que le otorga, no implica el desconocimiento de otras garantías que la misma norma fundamental establece, entre ellas, el derecho fundamental de audiencia a que se refiere su artículo 14, porque opera para todo acto de autoridad que involucre una privación definitiva al gobernado de su libertad, propiedades, posesiones o derechos. Sostuvo que se debe respetar el derecho fundamental de audiencia, aun cuando esa privación tenga un fin de interés público, como el ordenar los asentamientos humanos o evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad o, incluso, tratándose de la expropiación por alguna causa de utilidad pública; la única diferencia radica en determinar si, atendiendo a la naturaleza del fin perseguido y la urgencia del caso, la defensa del afectado debe otorgarse previamente o con posterioridad a la ejecución de ese acto. Especificó que la obligación de respetar al gobernado la posibilidad de defenderse contra esos actos no surge de la materia en que se realizan, sino de la privación definitiva que con ellos haga sobre los derechos de uso, goce o disposición de su propiedad. Además, concluyó que el derecho fundamental de audiencia debe regir a todo acto que prive definitivamente al gobernado en su libertad, propiedades, posesiones o derechos, incluyendo los actos que impongan modalidades a la propiedad para la regulación de los asentamientos humanos o la protección civil -como es el caso-, en términos del tercer párrafo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la ejecutoria de referencia, emanó entre otras, la tesis 2a. LXIII/2007, visible en la página 340 del Tomo XXV, de Junio de dos mil siete, recopilada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 172260, y es del texto siguiente: "AUDIENCIA. LAS AUTORIDADES DEBEN RESPETAR ESA GARANTÍA EN CUALQUIER MATERIA, INCLUYENDO LAS SEÑALADAS EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, CUANDO IMPONGAN MODALIDADES A LA PROPIEDAD PRIVADA POR LAS QUE SE PRIVE DEFINITIVAMENTE AL GOBERNADO EN LOS DERECHOS DE USO, GOCE O DISPOSICIÓN DE LA PROPIEDAD. Las autoridades deben respetar la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo cuando expropien un bien, sino también cuando impongan modalidades a la propiedad privada que impliquen para el gobernado una privación definitiva en los derechos de uso, goce o disposición de aquélla, sea en materia de asentamientos humanos o en cualquiera de las señaladas en el tercer párrafo del artículo 27 de la propia Norma Fundamental, pues la obligación de respetarle al particular su derecho a defenderse contra un acto del Estado, no surge de la materia en que éste se realiza, sino de la privación definitiva que con él se haga de su libertad, propiedades, posesiones o derechos." Al respecto, también es aplicable la jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que dice: "DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN 23 LUGARES COMO ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, CON EL CARÁCTER DE ZONAS SUJETAS A CONSERVACIÓN ECOLÓGICA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2000. CONSTITUYE UN ACTO PRIVATIVO. Del análisis al decreto aludido se concluye que si bien es cierto que tiene como fin último preservar, y, en su caso, restablecer el medio ambiente y sus reservas naturales, propiciando el equilibrio ecológico, también lo es que para ello impone limitaciones, cambios, modificaciones y/o restricciones definitivas a los predios localizados dentro de las 23 áreas naturales declaradas como protegidas y con el carácter de zonas sujetas a conservación ecológica en el Estado de Nuevo León, respecto de las que sus propietarios y poseedores y, en general, todos los interesados, quedan vinculados a acatarlas, lo que les impide disponer libremente de ellas, por el solo hecho de que se localicen en esa superficie, ya que la administración, conservación, desarrollo y vigilancia de las zonas sujetas a conservación ecológica quedan a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, además porque todo proyecto de obra pública o privada que se pretenda realizarse en ellas deberá contar con la autorización del impacto ambiental correspondiente, incluso para realizar actividades de preservación de los ecosistemas y sus elementos, de investigación científica y de educación ecológica, encontrándose obligados los propietarios o poseedores, desde ese momento y en forma permanente, a su conservación y cuidado, conforme a la reglamentación a la que se les sujete. Por tanto, el decreto en comento constituye un acto privativo, pues desde su emisión depara perjuicio al gobernado en la libre disposición del inmueble de su propiedad o posesión, ya que limita, cambia, modifica y restringe el uso que le pueda dar al bien, imponiéndole permanentemente obligaciones de hacer y no hacer de forma unilateral, pues no se establece que desaparecerán en determinado momento; de manera que, aun cuando sea el legítimo propietario o poseedor el mismo, no puede disponer libremente de él." En la ejecutoria del criterio jurídico de referencia, el Pleno de Circuito partió de la distinción establecida en la jurisprudencia P./J. 40/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recopilada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Julio de mil novecientos noventa y seis, Materia Común, página cinco, registro 200080, titulada: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN", y determinó: I. Que el decreto ahí impugnado constituye un acto de carácter privativo de derechos y no meramente un acto de molestia, pues desde su emisión le depara perjuicio al gobernado en la libre disposición del inmueble de su propiedad o posesión, ya que limita, cambia, modifica y restringe de manera definitiva el uso que le pueda dar al bien, imponiéndosele obligaciones de hacer y no hacer de forma unilateral, pues no obstante que sea el legítimo propietario o poseedor, no puede disponer libremente de él, en tanto requiere la autorización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado para cualquier proyecto que quisiera realizar. II. Asimismo, se argumenta que, en general, todas las personas que se interesen en el área relativa, quedan vinculadas a acatar las limitaciones y restricciones, pues incluso las actividades agropecuarias y forestales deben llevarse a cabo con sujeción al programa que sea emitido para la conservación ecológica de las áreas designadas. III. Concluye que la trascendencia y magnitud de la restricción de forma permanente en el derecho de propiedad de los gobernados, implica de manera evidente, una modificación definitiva en este, al no poder decidir sobre el destino del bien, así como disponer libremente de él, dado que requiere de autorización para cualesquier proyecto que quieran emprender, no obstante que sean sus legítimos propietarios o poseedores, y tiene como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva del uso, disfrute y disposición del bien. Consideraciones que este órgano jurisdiccional estiman aplicables al caso en particular, en virtud que el decreto reclamado es un acto de carácter privativo, porque depara al ejido quejoso un perjuicio en la libre disposición de la propiedad o posesión al limitar, cambiar, modificar y restringir el uso o goce del mismo de manera definitiva. En lo que interesa, el citado decreto dispone: "Artículo 1°. Se declara de orden público e interés social establecer como Área Natural Protegida en la categoría de Reserva Estatal y subcategoría de Reserva de Captación y Recarga de Mantos Acuíferos, al lugar conocido como «Cerro del Águila», ubicado en los municipios de Morelia y Lagunillas, Michoacán de Ocampo, con una superficie total de 5,128 hectáreas, siendo su descripción analítica-topográfica y limítrofe la siguiente: El polígono que delimita el Área Natural Protegida se encuentra al Suroeste del Municipio del Morelia y al Noroeste del Municipio de Lagunillas, al Sur de la carretera Morelia-Jiquilpan y al Oeste de la carretera Morelia-Pátzcuaro, limitando al Norte con las Tenencias de Tacícuaro y Capula, al Sur con las localidades de Tiripetío, Cuanajillo del Toro y San José Coapa, al Este con Uruapilla, Cointzio, Santiago Undameo, Estación Jácuaro, Nueva Florida, El Barreto Tercera Etapa, La Estancia, Joya de la Huerta y La Mintzita, al Noreste colinda con conjuntos habitacionales tales como Villa Magna, La Hacienda y Villas del Pedregal, y con las comunidades de San Lorenzo Itzícuaro, San Juanito Itzícuaro y el Cerrito de Itzícuaro, al Oeste con Iratzio. Dentro del polígono se encuentran propiedades de 17 Ejidos: Coapa, Cuanajillo, El Reparo, Huatzanguio, Iratzio, Jesús Huiramba, Joya de Buena Vista, Joya de la Huerta, La Caja, La Estancia, La Mintzita, Lagunillas, Las Pilas, San José Coapa, San Nicolás Obispo, Tacícuaro y Triripetío. [.] Artículo 2º. . La zonificación, usos y actividades permitidas dentro del Área Natural Protegida «Cerro del Águila», se describe de la siguiente manera: Zonificación La zonificación define usos del suelo potenciales de las subzonas del área natural protegida, conforme a criterios que identifican unidades de paisaje donde se apliquen usos específicos, acordes a las características del área y a los requerimientos de conservación y protección que se requieran. Criterios de Zonificación Se dividió el área en unidades de paisaje para la zonificación tomando en cuenta lo siguiente: · Cobertura vegetal: se consideraron aquellas características de la vegetación del área, su grado de conservación, el tipo de vida predominante, arbustivo o arbóreo. · Uso del suelo: Utilizando el uso actual del suelo, de acuerdo a los instrumentos de planeación vigentes estatales y municipales (OET, PMDU). · Esta zonificación permitirá implementar las actividades de Protección, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de los recursos disponibles en zonas que lo necesiten. La forma en la que se definieron las unidades de paisaje dentro del área para su zonificación se describen en la siguiente tabla: [.] Artículo 4º. La Secretaría, en coordinación con los Ayuntamientos correspondientes, así como los dueños y poseedores de los terrenos que integran el polígono serán los encargados de administrar, manejar, preservar y restaurar los ecosistemas y los elementos del área de reserva estatal de captación y recarga de mantos acuíferos, así como de vigilar que las acciones que se realicen dentro de esta se ajusten a los propósitos del presente Decreto, conforme a la Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. Así mismo, podrá celebrar convenios con las autoridades Municipales y Federales y con entidades educativas y de representación social, con el propósito de su mejor administración Artículo 5º. En la Reserva Estatal de Captación y Recarga de Mantos Acuíferos «Cerro del Águila» no se autorizará la fundación de nuevos centros de población ni la urbanización de las tierras ejidales. Artículo 6°. El otorgamiento o expedición de permisos, licencias, concesiones, o en general de autorizaciones a que se sujetaren la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos, así como para cualquier obra o actividad pública o privada que se pretenda realizar dentro de la Reserva Estatal de Captación y Recarga de Mantos Acuíferos «Cerro del Águila» debe sujetarse a las modalidades y lineamientos establecidos en este Decreto, el Programa de Manejo del Área Natural Protegida y a las demás disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo, quienes pretendan realizar dichas obras o actividades deberán contar, en su caso y previamente a su ejecución, con la autorización en materia de impacto ambiental en los términos de la Ley y su Reglamento, independientemente de los permisos, licencias y autorizaciones que deban expedir otras autoridades en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 7°. Para el establecimiento y administración de órganos colegiados representativos, la creación de instrumentos económicos y la elaboración del Programa de Manejo del Área Natural Protegida, se observarán los requisitos y procedimientos que en materia de Áreas Naturales Protegidas establecen la Ley y su Reglamento y demás disposiciones normativas aplicables. Artículo 8°. Los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques, que se encuentren dentro de la superficie de la Reserva Estatal de Captación y Recarga de Mantos Acuíferos «Cerro del Águila» quedan sujetos a las modalidades que se establecen en la Ley y su Reglamento y en el presente Decreto. Por tanto, están obligados a llevar a cabo sus actividades conforme a los criterios de preservación y conservación de los ecosistemas y sus elementos establecidos en el presente Decreto, y deben respetar las previsiones contenidas en el Programa de Manejo y demás disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 9°. La Secretaría formulará el Programa de Manejo de la Reserva Estatal de Captación y Recarga de Mantos Acuíferos «Cerro del Águila», promoviendo la participación que corresponda a los titulares de derechos de los predios en ella incluidos, a las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Federal competentes, así como a las organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto y con sujeción a las disposiciones jurídicas aplicables. El contenido del Programa de Manejo deberá contener el conjunto de políticas y medidas de protección, manejo, incluyendo el uso sustentable y restauración, así como procesos de conocimiento, cultura y gestión que se aplicarán para la conservación de la Reserva Estatal de Captación y Recarga de Mantos Acuíferos «Cerro del Águila», ajustándose a lo dispuesto en la Ley y su Reglamento, el presente Decreto y demás disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 10°. La inspección y vigilancia en la Reserva Estatal de Captación y Recarga de Mantos Acuíferos «Cerro del Águila», queda a cargo de la Secretaría, por conducto de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán, con la participación que corresponda a las demás dependencias de la Administración Pública Estatal competentes. De la anterior transcripción se obtiene que el Decreto tildado de inconstitucional, se emitió con la finalidad de declarar el "Cerro del Águila", como área natural protegida en la categoría de reserva estatal y subcategoría de reserva de captación y recarga de mantos acuíferos, así como establecer las bases para la coordinación que permitieran lograr el beneficio de un medio ambiente adecuado para el Estado. Determinó a quiénes correspondía la administración, manejo, preservación, vigilancia y restauración de los ecosistemas y los elementos del área de reserva estatal de captación y recarga de mantos acuíferos; y, Estableció que las obras o actividades que se realizarán en el referido polígono deberían sujetarse a los lineamientos establecidos en el Programa y a las disposiciones jurídicas aplicables, por lo que se determinó que no se autorizará la fundación de nuevos centros de población ni la urbanización de las tierras ejidales. Todo lo cual evidencia que se trata de un acto privativo. En ese sentido, como se anticipó, para que un acto privativo pueda ser considerado constitucional, debe permitirse al gobernado una adecuada y oportuna defensa previa a su emisión. El referido precepto 14 Constitucional, señala las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, aquéllas que permiten al gobernado participar en el procedimiento; aportar las pruebas que estime idóneas y la oportunidad de alegar a su favor previo a la emisión del acto privativo; impone a la autoridad la obligación de emitir una resolución en la que todas las cuestiones, oportunamente planteadas, se resuelvan de manera efectiva con el dictado de una resolución en la que consten las razones y fundamentos en que se sustente el acto reclamado. Ilustra sobre el tema, la jurisprudencia P./J. 47/95 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 1995, tomo II, página 133, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." De lo anterior se desprende que las mencionadas formalidades tienen como finalidad otorgar al gobernado una oportuna y adecuada defensa. Dichas prerrogativas consisten en: 1. Emplazamiento (notificación conforme a la ley del inicio del procedimiento y sus consecuencias). 2. Oportunidad probatoria (ofrecer y desahogar pruebas con las que se finque la defensa del gobernado). 3. Oportunidad de alegar (formular manifestaciones que se estimen convenientes). 4. Resolución (pronunciar resolución que dirima la controversia planteada). 5. Adicionalmente, la posibilidad de impugnar dicha resolución. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con la finalidad del derecho fundamental de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Considerando la naturaleza del decreto reclamado, debe atenderse además, a lo dispuesto por los artículos 85 a 94 de la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán de Ocampo, vigente en la época en que se expidió el decreto reclamado, en los cuales se establece lo siguiente: CAPÍTULO IV DE LAS DECLARATORIAS DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Artículo 85. Previamente a la expedición de las declaratorias o de los actos de creación para el establecimiento de las áreas naturales protegidas, se deberán realizar los estudios que lo justifiquen, conforme a lo que disponga el Reglamento de la presente Ley, los cuales deberán ser puestos a disposición del público. Artículo 86. La Secretaría y el Ayuntamiento respectivo, deberán notificar a los propietarios de los terrenos involucrados en una eventual área natural protegida del inicio del procedimiento para la declaratoria o creación de la misma, según sea el caso, y tramitarán su publicación en el Periódico Oficial del Estado y en el diario de mayor circulación en la Entidad. En dicha notificación, así como en la publicación referida, se darán a conocer, además, las fechas y los lugares en que habrán de realizarse las reuniones públicas de información y consulta relacionadas con el área en cuestión. Artículo 87. Con el objeto de que los propietarios de los predios, que habrán de integrarse al área natural protegida y la sociedad en general, participen y asuman responsablemente las obligaciones que se deriven del acto de declaratoria o de creación correspondiente, la Secretaría o el Ayuntamiento, según sea el caso, deberán realizar reuniones públicas de información y consulta, para dar a conocer los alcances del establecimiento del área respecto de los derechos de propiedad, posesión, uso y usufructo de los recursos naturales por parte de los propietarios y poseedores, y recibir propuestas de los participantes. Artículo 88. Los decretos o actos de creación mediante los cuales se establezcan áreas naturales protegidas y sus programas de manejo, deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado. La declaratoria de área natural protegida se hará del conocimiento de los propietarios mediante notificación personal. En caso de no poder realizarse la notificación de manera personal, ésta se hará mediante edictos que serán publicados en los estrados de la Secretaría por el término de treinta días, así como a través de una publicación en el periódico de mayor circulación en la entidad, a efecto de que los propietarios de los predios involucrados comparezcan a exponer lo que a su derecho convenga. De no hacerlo en el término anteriormente señalado, se les tendrá por notificado de dicha declaratoria. Artículo 89. Las comunidades, los ejidos, las organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas, podrán promover ante la Secretaría y los Ayuntamientos, el establecimiento de áreas naturales protegidas en terrenos de su legítima propiedad o posesión, en apego al procedimiento establecido en el Reglamento de la presente Ley. En estos casos, la autoridad responsable del acto de declaratoria o de creación del área podrá determinar la coadministración y el manejo de la misma por parte del promovente con la participación que le corresponda conforme a las atribuciones que al respecto se le otorgan en esta Ley. Artículo 90. Una vez establecida un área natural protegida, sólo podrá ser modificada su extensión observando a la legislación nacional e internacional y, en su caso, los usos del suelo con apego a las normas oficiales mexicanas en la materia; o cualquiera de sus disposiciones, por la autoridad que la haya establecido, siguiendo las mismas formalidades previstas en esta Ley para la expedición de la declaratoria respectiva. Artículo 91. Las declaratorias y los actos de creación mediante los cuales se establezcan las áreas naturales protegidas deberán contener: I. La categoría del área natural protegida que se establece, así como la finalidad y objetivos de su declaratoria; II. Delimitación precisa del área, ubicación, superficie, linderos, poligonal y zonificación; III. Limitaciones y modalidades de uso de suelo, así como lineamientos generales para su manejo; y, IV. Lineamientos y plazo para que la Secretaría o el Ayuntamiento, según sea el caso, elabore el programa de manejo del área, el cual deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Artículo 92. Independientemente del régimen de propiedad de los predios, se podrán declarar Áreas Naturales Protegidas. Artículo 93. En el otorgamiento o expedición de permisos, licencias, concesiones, o en general de autorizaciones a que se sujetaren la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos en áreas naturales protegidas, se observarán las disposiciones de la presente Ley, el Reglamento y lo que al respecto se establezca en las declaratorias y actos de creación correspondientes, así como en los programas de manejo respectivos; siempre y cuando su plan de manejo y objetivo de decreto permita las actividades citadas y sin comprometer el equilibrio ecológico de las Área (sic) Natural (sic) Protegida (sic). Artículo 94. La Secretaría y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias: I. Promoverán las inversiones públicas, privadas y sociales para la administración y el manejo de las áreas naturales protegidas; II. Establecerán o en su caso promoverán, la creación y utilización de esquemas y mecanismos para captar recursos y financiar o apoyar la administración y el manejo de las áreas naturales protegidas; y, III. Otorgarán a los propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas, concesiones, permisos o autorizaciones para la realización de en (sic) las áreas naturales protegidas, de conformidad (sic) Reglamento, lo que para tal efecto establezcan actos de creación y los programas de manejo respectivos; siempre que su plan de manejo y objetivo de decreto lo permita y con objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad asegurando la protección y preservación de los ecosistemas y su biodiversidad. De los preceptos transcritos se advierte que contemplan como atribución del titular del Ejecutivo del Estado, expedir las declaratorias de áreas naturales protegidas, conforme al procedimiento establecido en los referidos ordenamientos. Asimismo, se establecen las formalidades a las que debía sujetarse la actuación de las autoridades a fin de expedir el decreto relativo, principalmente notificar a los propietarios y poseedores del inicio del procedimiento de emisión de la declaratoria. De la observancia de los anteriores requisitos dependerá la validez de la emisión de un decreto que declara un área natural protegida, pues dado que aquella se realiza sobre los derechos de propiedad o posesión (bienes tutelados por el artículo 14 constitucional), indiscutiblemente deben colmarse, además de los requisitos constitucionales los que establezcan las leyes respectivas. De esta manera, previo a iniciar un procedimiento administrativo para la declaración de área natural protegida, se deberá contar con los requisitos descritos de los que destaca la opinión, aceptación y anuencia de ser posible, de los legítimos propietarios o poseedores de los predios en cuestión, o a quienes les asista un interés jurídico especial respecto a la declaratoria, en virtud del evidente perjuicio que sobre sus derechos de propiedad o posesión pudiesen resentir. Aunado a ello, las disposiciones normativas disponían que la declaratoria debía publicarse en el Periódico Oficial del Estado y en el diario de mayor circulación en la Entidad y notificarse personalmente a los propietarios o poseedores de los predios afectados y, en caso de no poder realizarse la notificación de manera personal, esta se hará mediante edictos publicados en los estrados de la Secretaría por el término de treinta días, así como a través de una publicación en el periódico de mayor circulación en la entidad, a efecto de que comparezcan a exponer lo que a su derecho convenga. De no hacerlo en el término anteriormente señalado, se les tendría por notificados de dicha declaratoria. De dichos numerales se advierte que los decretos debían notificarse de manera personal a las personas interesadas y sólo en caso de que ello no fuera posible, se efectuaría por medio de edictos con efectos de notificación. De lo anterior se puede concluir que las formalidades que las leyes, vigentes a las fechas de expedición de los decretos reclamados, establecían para el procedimiento de declaratoria de área natural protegida, se encaminaban a otorgar al gobernado, propietario o poseedor del área que se vea afectada, el derecho de seguridad jurídica. Así, cuando alguno de los legítimos propietarios o poseedores de inmuebles que, en su caso, se hubiesen contemplado dentro de la zona calificada como natural protegida no sean debidamente llamados al procedimiento, para ser oídos en su derecho, tal acto será violatorio del derecho fundamental de audiencia. En el caso, de las constancias remitidas por las autoridades responsables no se aprecia que, previo a la declaratoria de área natural protegida que el ejido quejoso hubiese sido notificado sobre el procedimiento, a través de los tres integrantes del comisariado ejidal, no obstante que dicha declaratoria se realizó sobre sus tierras ejidales. En efecto, no obra en autos constancia alguna por la cual las responsables acreditaran el haber emplazado en forma personal al ejido solicitante del amparo, al procedimiento que se siguió para emitir la declaratoria de área natural protegida a que se hace referencia, a través de su órgano representativo, a fin de que aquél hubiese estado en posibilidad de conocer e imponerse de los estudios técnicos que, en su caso, justificaran la delimitación de tal zona. En tal sentido, si bien obran las constancias levantadas el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés dirigidas a notificar al "comisariado, representante del núcleo agrario, representante legal, apoderado, persona autorizada"; no obstante, no se aprecia que tal notificación estuviera dirigida específicamente a los integrantes del comisariado ejidal del ejido quejoso Jesús Huiramba; menos aún que se hubiera entendido con alguno de tales integrantes. De manera que no es útil para evidenciar el conocimiento pleno del inicio del procedimiento de declaratoria del área natural protegida denominada "Cerro del Águila" (fojas 317 a 318). Por ende, como consecuencia de tal omisión, el quejoso no estuvo en posibilidad de ofrecer pruebas y formular alegatos en relación a tales declaratorias, a fin de que la autoridad responsable tomara en cuenta los argumentos y elementos de convicción del hoy quejoso, antes de emitir el decreto. En efecto, a fin de respetar las etapas del procedimiento que establecía la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán de Ocampo, vigente al momento de la expedición del decreto impugnado, las autoridades responsables debieron notificar al ejido quejoso, a través de los tres integrantes del comisariado ejidal, el inicio del procedimiento para la declaración del área natural protegida, además de contar con su aceptación o anuencia por escrito, o contar con la justificación de utilidad pública, de ser posible, en virtud de que se realizó dentro de los límites de la propiedad del ejido quejoso. Aspecto este último que se encuentra acreditado con el propio decreto en el que se establece que dentro del polígono se encuentran propiedades del ejido quejoso, entre otros. Es decir, que existe una afectación a las tierras ejidales del quejoso, los cuales quedan dentro de la zona afectada. Entonces, según se adelantó, previo a emitir la declaratoria para el establecimiento de un área natural protegida reclamada, era requisito hacer del conocimiento del ejido, mediante notificación personal a través de los integrantes del comisariado ejidal, para que esté en aptitud de formular las observaciones, ofrecer y desahogar las pruebas que a su interés convenga; lo que en la especie no se probó por las responsables, pues conviene recordar que al alegarse violación al derecho fundamental de audiencia, la autoridad era la que debía acreditar que hizo del conocimiento de la afectada el inicio del procedimiento, así como la declaratoria respectiva. Lo anterior demuestra que las autoridades que participaron en la emisión del decreto reclamado no brindaron intervención al ejido peticionario de derechos fundamentales en el procedimiento respectivo, que concluyó con la declaratoria de área natural protegida, que le impide el uso, goce y disposición de su propiedad, sin que se le hubiera notificado el inicio del procedimiento y sus consecuencias. No es obstáculo para arribar a la anterior conclusión, la circunstancia de que las autoridades señalen que los representantes del ejido y algunos propietarios acudieron a diversas reuniones, toda vez que no se advierte ni está evidenciado en autos su objeto, sobre qué temas trataron o si durante su celebración se verificó algún tipo de notificación, incluso si se verificó la consulta para conocer los alcances del establecimiento del área lo exige la legislación estatal aplicable. En tal sentido, además, si bien es cierto que a foja 309 obra constancia de la asistencia de Francisco Domínguez, como integrante del comisariado a la reunión de quince de marzo de dos mil veintitrés, sobre "la propuesta de ANP Cerro del Águila"; empero no existe evidencia de que los otros dos integrantes del comisariado ejidal hubieran asistido. A más de que tal asistencia se dio un día antes de que se pretendiera notificar el inicio del procedimiento de declaratoria del área natural protegida denominada "Cerro del Águila"; de ahí que la comparecencia se realizó en un acto previo e independiente al inicio del procedimiento aludido. Por tanto, se reitera, si en autos no consta que las autoridades correspondientes hayan notificado personalmente al ejido quejoso, o bien, a través de edictos como lo señala la normatividad, el decreto reclamado resulta contrario al derecho fundamental de audiencia previa, prevista en el artículo 14 Constitucional. En mérito de lo anterior, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que: Se notifique personalmente al ejido quejoso, a través de los integrantes de su comisariado ejidal, en términos de lo dispuesto por la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de que, de estimarlo conveniente, comparezcan a deducir sus derechos en relación con Decreto por el que se declara área natural protegida en la categoría de reserva estatal y subcategoría de reserva de captación y recarga de mantos acuíferos, al lugar conocido como "Cerro del Águila", ubicado en los Municipios de Morelia y Lagunillas, Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, el once de mayo de dos mil veintitrés. Lo anterior en el entendido de que la parte quejosa no queda liberada de observar el resto de normas nacionales e internacionales en materia de protección al medio ambiente, incluidas las penales, al no haber sido materia de reclamo ni estudio en el presente juicio de amparo. Cabe señalar que la determinación contenida en este fallo no impide que las autoridades responsables, en el ejercicio de sus facultades, puedan realizar todos los actos necesarios para cumplir con las disposiciones constitucionales y legales que aquí se estimaron infringidas e, incluso, modificar o emitir nuevos decretos en aras de proteger de manera efectiva el medio ambiente, con respeto de la garantía de audiencia previa, de resultar conducente. Concesión que se hace extensiva, en vía de consecuencia, a la Secretaría de Medio Ambiente, del Estado de Michoacán, toda vez que es la autoridad encargada de administrar, conservar, desarrollar y vigilar el área natural protegida en comento. Al haberse declarado la inconstitucionalidad del decreto impugnado, resulta innecesario el examen de los restantes conceptos de violación, merced a que no obtendría mayor beneficio al concedido en el presente fallo. Sólo resta precisar que los criterios invocados en esta ejecutoria se citaron acorde con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, en razón de que su contenido no se contrapone a dicha legislación. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por todos los quejosos respecto del acto y autoridad indicados en el considerando cuarto; y solo respecto de los peticionarios de derechos fundamentales Salvador Pineda Becerra, René Vega González, Raúl Enrique Farías Frutis, Héctor Omar Valencia Licea, Israel Pineda Ramos, Sahid Madrigal Pineda, Cipriano Aparicio Gutiérrez, Juan Gabriel Espinosa González, Efraín Rivera Mejía, Miguel Rivera Mejía, en cuanto apoderado de Margarita Rivera Mejía, Jorge Cortés Arreola y Alondra Guadalupe Cortés Arreola, en términos del considerando sexto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege al Ejido de Jesús Huiramba, del Municipio de Huiramba, Michoacán, en contra del Decreto reclamado por las razones expuestas y para los efectos señalados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy treinta de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.
- Principal
Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 795/2023 promovido por SALVADOR PINEDA BECERRA, RAÚL ENRIQUE FARIAS FRUTIS, HÉCTOR OMAR VALENCIA LICEA, ISRAEL PINEDA RAMOS, SAHID MADRIGAL PINEDA, CIPRIANO APARICIO GUTIÉRREZ, JUAN GABRIEL ESPINOZA GONZÁLEZ, EFRAIN RIVERA MEJIA, MIGUEL RIVERA MEJIA apoderado legal de MA. MARGARITA RIVERA MEJIA, JORGE Y ALONDRA GUADALUPE CORTÉS ARREOLA, OLIVIER PINEDA BECERRA apoderado legal de RENÉ VEGA GONZALEZ, EJIDO DE JESÚS DE HUIRAMBA a través de su Presidente FRANCISCO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, Secretario MARCELINO RAMÍREZ SEGURA y su Tesorero PAULO SAGRERO SOLORZANO, contra actos del Gobernador del Estado de Michoacán, y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta registrado con el número 15286, signado por los quejosos ******************** A lo anterior, el Juez acuerda: téngase a la parte quejosa formulando los alegatos vertidos, de los que se ordena hacer mención en la etapa correspondiente. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no tiene reconocido el carácter de tercero interesado persona alguna. Por otra parte, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Gobernador del Estado de Michoacán. (foja 281) Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán. (foja 281) Directora del Periódico Oficial del Michoacán. (foja 267) Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Michoacán. (foja 302) EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tuvo por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que tanto la parte quejosa como las autoridades responsables ofrecieron diversas pruebas documentales, asimismo la autoridad responsable Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Michoacán, remitió un disco óptico, mismas que obran agregadas en autos, y que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que los formuló el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a este Juzgado de Distrito, a través de su pedimento número 575/2023, presentado el diecisiete de julio de dos mil veintitrés, así como la parte quejosa, ante la Oficialía de Partes de este Juzgado. EL JUEZ: Ténganse por formulados los alegatos de referencia en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo vigente. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. ESPERANZA FUENTES REYES
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