Salvador Muñoz Reyez

Expediente 623/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
623/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
15/08/2022

Partes del expediente

  • Salvador Muñoz Reyez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de agosto de dos mil veintidós. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, lo que así realizó en su momento el impetrante. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en autos. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el siete de mayo de dos mil veintiuno, se otorgó la protección constitucional a SALVADOR MUÑOZ REYES, contra actos del Síndico Municipal del Ayuntamiento de Morelia, con sede en esta ciudad. Así, en auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por oficio presentado el veintisiete de julio de dos mil veintiuno, el delegado de la autoridad responsable, allegó las constancias con las que pretenden acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado, los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "1.- El Director de Patrimonio de Ayuntamiento Constitucional de Morelia, deje insubsistente el oficio 1394/2020 del veinticinco de septiembre de dos mil veinte. 2.- La Síndica Municipal del Ayuntamiento de Morelia de respuesta de manera fundada y motivada a lo solicitado ante ella por SALVADOR MUÑOZ REYES en su escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil veinte; y en el supuesto de que legalmente ésta se considere incompetente para hacerlo, deberá contestar así dicho escrito y también de manera fundada y motivada remitirlo a quien conforme a la ley sea el autorizado para atenderlo; determinación que en uno u otro sentido deberá notificar debidamente a través de las personas que autorizó para tal efecto, en el domicilio señalado en su propio escrito. 3.- Asimismo, en el supuesto de que el Director de Patrimonio de Ayuntamiento Constitucional de Morelia, sea el facultado legalmente para dar respuesta a dicha solicitud, primero deberá fundar y motivar debidamente su competencia legal, para enseguida observando también dichas formalidades, dar respuesta a la multicitada petición; y una vez hecho lo anterior notificarla al ahora quejoso o a éste a través de las personas que para tal efecto señaló en su escrito de diecisiete de agosto de dos mil veinte, en el domicilio también ahí precisado." Con fecha de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se emitió acuerdo administrativo por parte de la Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Morelia (contenido en el oficio número D.S.M. 473/2021), de donde se advierte que para cumplir con la sentencia de amparo, se realizó lo siguiente: I. Se citaron los preceptos y legislación por los cuales la Síndico Municipal, se consideró competente para conocer y resolver de la petición formulada por el quejoso; II. Se dejó íntegramente insubsistente y sin efectos el oficio número 1394/2020 del veinticinco de septiembre de dos mil veinte, emitido por el Director de Patrimonio Municipal del Ayuntamiento de Morelia, dependiente de esa sindicatura; II. En sustitución del citado oficio y con plenitud de jurisdicción, se emitió nueva acuerdo, a fin de atender el pedimento formulado por el quejoso en torno a la demolición de una barda. IV. En la materia de la petición formulada por el quejoso, la autoridad responsable, sustancialmente le contestó que una vez realizada la investigación y verificación pertinentes sobre el asunto consultado, determinó que, en principio, y salvo las precisiones que surjan de un levantamiento técnico-topográfico la barda denunciada no se desplanta sobre superficie correspondiente a la vialidad denominada "Ganadería de Tequisquiapan", por lo no se apreció un detrimento al interés público que motive el ejercicio de las acciones que competencialmente corresponden a esa Sindicatura y/o a las dependencias Municipales que le constituyen, conforme a la normatividad que le citó. Asimismo, le indicó que el Comité Técnico de Trabajo Interinstitucional para atender de manera Coordinada la Recuperación y Liberación de la Vía Pública y demás Bienes de Uso Común o destinado a un Servicios Público, tomó conocimiento de la solicitud de demolición y retiro de la barda señalada por el quejoso, habiendo concluido que, dicha barda únicamente determina y delimita el polígono del fraccionamiento, de tal forma que esa barda sólo es divisoria entre el fraccionamiento y predios colindantes, sin implicar ocupación indebida de la vía pública, en cuyo caso, no atañe a la competencia del Comité de marras, por involucrar conflicto entre particulares, dejando a salvo los derechos y las acciones legales que a cada uno le corresponda; sin perjuicio de que actualmente o en un futuro surjan documentos o constancias que difieran del plano consultado, en su caso, se obligaría a un nuevo análisis por parte del referido comité; y haciendo del conocimiento que, en caso de surgir datos, elementos o circunstancias que determinen eventual afectación al Patrimonio Público del Municipio, dicha eventualidad admite denuncia Ciudadana, para cuyo efecto se integrará el expediente técnico del caso, a fin de que se analizada y determine la procedencia o improcedencia de esa denuncia; y, V. Ese acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se notificó a la parte quejosa el veintidós de ese mismo mes y año, según se advierte del acta de notificación relativa. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se atienden manifestaciones de la parte quejosa Por otra parte, visto el escrito de cuenta que suscribe el autorizado del quejoso, a través del cual desahoga la vista que se ordenó darle en autos y al efecto señala que la autoridad responsable Síndico Municipal del Ayuntamiento de Morelia, no cumple con la ejecutoria de amparo, medularmente por las siguientes, razones: - Aduce que en la sentencia de ordenó directamente al Director de Patrimonio del Ayuntamiento de Morelia, dejar insubsistente el oficio de fecha veinticinco de septiembre de dos mil veinte, no así que lo dejará insubsistente diverso funcionario; al respecto, cabe señalar que la Síndica Municipal del Ayuntamiento de Morelia, en el acuerdo de dieciséis de junio de este año, señaló claramente los preceptos y ordenamientos por los cuales se estimó competente para conocer y resolver la petición formulada por el quejoso y que al dejar insubsistente aquel oficio, expresamente indicó que dejaba íntegramente insubsistente y sin efectos el oficio número 1394/2020 del veinticinco de septiembre de dos mil veinte, emitido por el Director de Patrimonio Municipal del Ayuntamiento de Morelia, dependiente de esa sindicatura, esto es, lo realizó en cuanto superior jerárquico de la autoridad que lo emitió y en uso de la facultades legales que tiene conferidas. Máxime que, conforme al artículo 51, fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, se desprende que es facultad y obligación del Síndico, el representar legalmente al municipio, en los litigios en que éste sea parte. - También aduce la parte quejosa que la respuesta dada tiene diversos errores, omisiones e imprecisiones; en ese sentido, es necesario señalar al quejoso que la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo, ha emitido el acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, donde claramente se evidencia que cumple con la materia medular de la concesión del amparo, la cual, como quedó establecido en la sentencia de amparo, se dirige a restituir el derecho de petición del quejoso previsto en el artículo 8º Constitucional, ya que en esa propia sentencia ejecutoria se determinó que no existía certidumbre sobre la competencia o no del Director de Patrimonio Municipal para atender la solicitud formulada por el impetrante y por ello se ordenó a la Síndica Municipal del Ayuntamiento, que estableciera su competencia y resolviera en consecuencia, lo que en la especie ya aconteció, con lo cual, se acredita que atendió aquella petición que le fue formulada por el gobernado y con ello, restituido su derecho consagrado en el artículo 8º Constitucional. Motivos por los cuales, todos los señalamientos que realiza la parte quejosa en torno a errores, omisiones e imprecisiones que atribuye a la respuesta dada por la responsable, no pueden ser analizados -vía cumplimiento de la sentencia- ya que contienen tópicos o temas que no fueron materia de análisis en la ejecutoria de amparo y por ello, no son vinculantes a través de este juicio para las autoridades responsables, pues se insiste, la materia medular del asunto consistió en restituir al quejoso su derecho fundamental consagrado en el artículo 8o Constitucional, esto es, no se obligaba en forma alguna a la responsable que esa respuesta fuera de determinada forma, considerando situaciones que no le fueron marcados en el fallo protector o favorable a los intereses del peticionario. Por lo cual, de haber existido alguna inconformidad de la parte quejosa en relación a los efectos y alcances del amparo concedido, tuvo a su disposición los medios legales para impugnar esa determinación, como no lo hizo, causó ejecutoria y se requirió a las responsables para que cumplieran con la misma, única y exclusivamente en los términos en que fue dictado el fallo protector. - En torno a las manifestaciones que vierte en relación a que la respuesta dada a su escrito de diecisiete de agosto de dos mil veinte, no le ha sido notificado a través de las personas que autorizó para tal efecto, y que no hay ninguna constancia donde el aquí quejoso o sus autorizados hayan firmado de recibido; al respecto, es pertinente señalar al quejoso que la responsable allegó tanto la respuesta dada a su escrito, como la constancia de notificación relativa (acta de notificación fijada en la puerta del domicilio señalado para recibir la notificación), situación que éste órgano jurisdiccional hizo del conocimiento del quejoso a través de la vista dada al quejoso y si le atribuye algún vicio o ilegalidad a esa notificación, no puede ser analizada en cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que no hubo un análisis en sede constitucional en torno a esa notificación y que debieran observar las responsables. Orienta a lo anterior, los siguientes criterios: Época: Novena Época Registro: 190356 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Enero de 2001 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 1/2001 Página: 203 "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia." Registro digital: 196354 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 26/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Mayo de 1998, página 272 Tipo: Jurisprudencia "INCONFORMIDAD. NO PROCEDE ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DA RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL QUEJOSO. Si bien el debido respeto al derecho de petición que una ejecutoria de amparo determine infringido, supone no sólo que se dé contestación a la petición que le fue formulada a la autoridad responsable, sino también que la misma se haga de su conocimiento, ello no puede llevar a considerar que, para efectos de determinar el debido acatamiento a la ejecutoria, deba analizarse la legalidad de la notificación de la resolución por la que se da respuesta a la petición del quejoso, pues la misma debe tenerse como válida mientras no exista una resolución dictada en el medio de defensa legal procedente que declare lo contrario. Por tanto, en la inconformidad hecha valer contra el acuerdo en que se tiene por cumplida la ejecutoria no procede analizar los vicios de legalidad aducidos contra dicha notificación, por no ser materia de la misma dicho estudio." Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Devolución de documento Con fundamento en el invocado artículo 18 del Acuerdo General antes citado, contenido en el Capítulo Séptimo "Expedientes Depurables", requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días naturales, contado a partir del siguiente al de la legal notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado a recuperar el poder notarial o documentos originales que hubiere exhibido; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se concede, las documentales podrán ser destruidas. En el concepto de que, para llevar a cabo dichos trámites, la parte solicitante debe considerar que tendrá que generar una cita para ingresar a las instalaciones de este juzgado de distrito, mediante código QR. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del cinco al diecinueve de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/01926/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LO SIGUIENTE: Morelia, Michoacán, quince de agosto de dos mil veintidós. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, lo que así realizó en su momento el impetrante. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en autos. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el siete de mayo de dos mil veintiuno, se otorgó la protección constitucional a SALVADOR MUÑOZ REYES, contra actos del Síndico Municipal del Ayuntamiento de Morelia, con sede en esta ciudad. Así, en auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por oficio presentado el veintisiete de julio de dos mil veintiuno, el delegado de la autoridad responsable, allegó las constancias con las que pretenden acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado, los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "1.- El Director de Patrimonio de Ayuntamiento Constitucional de Morelia, deje insubsistente el oficio 1394/2020 del veinticinco de septiembre de dos mil veinte. 2.- La Síndica Municipal del Ayuntamiento de Morelia de respuesta de manera fundada y motivada a lo solicitado ante ella por SALVADOR MUÑOZ REYES en su escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil veinte; y en el supuesto de que legalmente ésta se considere incompetente para hacerlo, deberá contestar así dicho escrito y también de manera fundada y motivada remitirlo a quien conforme a la ley sea el autorizado para atenderlo; determinación que en uno u otro sentido deberá notificar debidamente a través de las personas que autorizó para tal efecto, en el domicilio señalado en su propio escrito. 3.- Asimismo, en el supuesto de que el Director de Patrimonio de Ayuntamiento Constitucional de Morelia, sea el facultado legalmente para dar respuesta a dicha solicitud, primero deberá fundar y motivar debidamente su competencia legal, para enseguida observando también dichas formalidades, dar respuesta a la multicitada petición; y una vez hecho lo anterior notificarla al ahora quejoso o a éste a través de las personas que para tal efecto señaló en su escrito de diecisiete de agosto de dos mil veinte, en el domicilio también ahí precisado." Con fecha de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se emitió acuerdo administrativo por parte de la Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Morelia (contenido en el oficio número D.S.M. 473/2021), de donde se advierte que para cumplir con la sentencia de amparo, se realizó lo siguiente: I. Se citaron los preceptos y legislación por los cuales la Síndico Municipal, se consideró competente para conocer y resolver de la petición formulada por el quejoso; II. Se dejó íntegramente insubsistente y sin efectos el oficio número 1394/2020 del veinticinco de septiembre de dos mil veinte, emitido por el Director de Patrimonio Municipal del Ayuntamiento de Morelia, dependiente de esa sindicatura; II. En sustitución del citado oficio y con plenitud de jurisdicción, se emitió nueva acuerdo, a fin de atender el pedimento formulado por el quejoso en torno a la demolición de una barda. IV. En la materia de la petición formulada por el quejoso, la autoridad responsable, sustancialmente le contestó que una vez realizada la investigación y verificación pertinentes sobre el asunto consultado, determinó que, en principio, y salvo las precisiones que surjan de un levantamiento técnico-topográfico la barda denunciada no se desplanta sobre superficie correspondiente a la vialidad denominada "Ganadería de Tequisquiapan", por lo no se apreció un detrimento al interés público que motive el ejercicio de las acciones que competencialmente corresponden a esa Sindicatura y/o a las dependencias Municipales que le constituyen, conforme a la normatividad que le citó. Asimismo, le indicó que el Comité Técnico de Trabajo Interinstitucional para atender de manera Coordinada la Recuperación y Liberación de la Vía Pública y demás Bienes de Uso Común o destinado a un Servicios Público, tomó conocimiento de la solicitud de demolición y retiro de la barda señalada por el quejoso, habiendo concluido que, dicha barda únicamente determina y delimita el polígono del fraccionamiento, de tal forma que esa barda sólo es divisoria entre el fraccionamiento y predios colindantes, sin implicar ocupación indebida de la vía pública, en cuyo caso, no atañe a la competencia del Comité de marras, por involucrar conflicto entre particulares, dejando a salvo los derechos y las acciones legales que a cada uno le corresponda; sin perjuicio de que actualmente o en un futuro surjan documentos o constancias que difieran del plano consultado, en su caso, se obligaría a un nuevo análisis por parte del referido comité; y haciendo del conocimiento que, en caso de surgir datos, elementos o circunstancias que determinen eventual afectación al Patrimonio Público del Municipio, dicha eventualidad admite denuncia Ciudadana, para cuyo efecto se integrará el expediente técnico del caso, a fin de que se analizada y determine la procedencia o improcedencia de esa denuncia; y, V. Ese acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se notificó a la parte quejosa el veintidós de ese mismo mes y año, según se advierte del acta de notificación relativa. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se atienden manifestaciones de la parte quejosa Por otra parte, visto el escrito de cuenta que suscribe el autorizado del quejoso, a través del cual desahoga la vista que se ordenó darle en autos y al efecto señala que la autoridad responsable Síndico Municipal del Ayuntamiento de Morelia, no cumple con la ejecutoria de amparo, medularmente por las siguientes, razones: - Aduce que en la sentencia de ordenó directamente al Director de Patrimonio del Ayuntamiento de Morelia, dejar insubsistente el oficio de fecha veinticinco de septiembre de dos mil veinte, no así que lo dejará insubsistente diverso funcionario; al respecto, cabe señalar que la Síndica Municipal del Ayuntamiento de Morelia, en el acuerdo de dieciséis de junio de este año, señaló claramente los preceptos y ordenamientos por los cuales se estimó competente para conocer y resolver la petición formulada por el quejoso y que al dejar insubsistente aquel oficio, expresamente indicó que dejaba íntegramente insubsistente y sin efectos el oficio número 1394/2020 del veinticinco de septiembre de dos mil veinte, emitido por el Director de Patrimonio Municipal del Ayuntamiento de Morelia, dependiente de esa sindicatura, esto es, lo realizó en cuanto superior jerárquico de la autoridad que lo emitió y en uso de la facultades legales que tiene conferidas. Máxime que, conforme al artículo 51, fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, se desprende que es facultad y obligación del Síndico, el representar legalmente al municipio, en los litigios en que éste sea parte. - También aduce la parte quejosa que la respuesta dada tiene diversos errores, omisiones e imprecisiones; en ese sentido, es necesario señalar al quejoso que la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo, ha emitido el acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, donde claramente se evidencia que cumple con la materia medular de la concesión del amparo, la cual, como quedó establecido en la sentencia de amparo, se dirige a restituir el derecho de petición del quejoso previsto en el artículo 8º Constitucional, ya que en esa propia sentencia ejecutoria se determinó que no existía certidumbre sobre la competencia o no del Director de Patrimonio Municipal para atender la solicitud formulada por el impetrante y por ello se ordenó a la Síndica Municipal del Ayuntamiento, que estableciera su competencia y resolviera en consecuencia, lo que en la especie ya aconteció, con lo cual, se acredita que atendió aquella petición que le fue formulada por el gobernado y con ello, restituido su derecho consagrado en el artículo 8º Constitucional. Motivos por los cuales, todos los señalamientos que realiza la parte quejosa en torno a errores, omisiones e imprecisiones que atribuye a la respuesta dada por la responsable, no pueden ser analizados -vía cumplimiento de la sentencia- ya que contienen tópicos o temas que no fueron materia de análisis en la ejecutoria de amparo y por ello, no son vinculantes a través de este juicio para las autoridades responsables, pues se insiste, la materia medular del asunto consistió en restituir al quejoso su derecho fundamental consagrado en el artículo 8o Constitucional, esto es, no se obligaba en forma alguna a la responsable que esa respuesta fuera de determinada forma, considerando situaciones que no le fueron marcados en el fallo protector o favorable a los intereses del peticionario. Por lo cual, de haber existido alguna inconformidad de la parte quejosa en relación a los efectos y alcances del amparo concedido, tuvo a su disposición los medios legales para impugnar esa determinación, como no lo hizo, causó ejecutoria y se requirió a las responsables para que cumplieran con la misma, única y exclusivamente en los términos en que fue dictado el fallo protector. - En torno a las manifestaciones que vierte en relación a que la respuesta dada a su escrito de diecisiete de agosto de dos mil veinte, no le ha sido notificado a través de las personas que autorizó para tal efecto, y que no hay ninguna constancia donde el aquí quejoso o sus autorizados hayan firmado de recibido; al respecto, es pertinente señalar al quejoso que la responsable allegó tanto la respuesta dada a su escrito, como la constancia de notificación relativa (acta de notificación fijada en la puerta del domicilio señalado para recibir la notificación), situación que éste órgano jurisdiccional hizo del conocimiento del quejoso a través de la vista dada al quejoso y si le atribuye algún vicio o ilegalidad a esa notificación, no puede ser analizada en cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que no hubo un análisis en sede constitucional en torno a esa notificación y que debieran observar las responsables. Orienta a lo anterior, los siguientes criterios: Época: Novena Época Registro: 190356 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Enero de 2001 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 1/2001 Página: 203 "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia." Registro digital: 196354 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 26/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Mayo de 1998, página 272 Tipo: Jurisprudencia "INCONFORMIDAD. NO PROCEDE ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DA RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL QUEJOSO. Si bien el debido respeto al derecho de petición que una ejecutoria de amparo determine infringido, supone no sólo que se dé contestación a la petición que le fue formulada a la autoridad responsable, sino también que la misma se haga de su conocimiento, ello no puede llevar a considerar que, para efectos de determinar el debido acatamiento a la ejecutoria, deba analizarse la legalidad de la notificación de la resolución por la que se da respuesta a la petición del quejoso, pues la misma debe tenerse como válida mientras no exista una resolución dictada en el medio de defensa legal procedente que declare lo contrario. Por tanto, en la inconformidad hecha valer contra el acuerdo en que se tiene por cumplida la ejecutoria no procede analizar los vicios de legalidad aducidos contra dicha notificación, por no ser materia de la misma dicho estudio." Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Devolución de documento Con fundamento en el invocado artículo 18 del Acuerdo General antes citado, contenido en el Capítulo Séptimo "Expedientes Depurables", requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días naturales, contado a partir del siguiente al de la legal notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado a recuperar el poder notarial o documentos originales que hubiere exhibido; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se concede, las documentales podrán ser destruidas. En el concepto de que, para llevar a cabo dichos trámites, la parte solicitante debe considerar que tendrá que generar una cita para ingresar a las instalaciones de este juzgado de distrito, mediante código QR. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del cinco al diecinueve de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/01926/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Parte quejosa desahoga vista y realiza manifestaciones Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponde, el escrito signado por el quejoso, mediante el cual desahoga la vista que se ordenó darle en autos, en los términos precisados en su escrito de cuenta, manifestaciones que se ordena tomar en consideración al momento en que el suscrito juzgador se pronuncie sobre el cabal cumplimiento del fallo protector. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil veintiuno. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por el delgado de la autoridad responsable Síndico Municipal del Ayuntamiento de Morelia, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite las constancias relativas a la respuesta dada al pedimento formulado por la parte quejosa, el diecisiete de agosto de dos mil veinte, y constancia de notificación relativa. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Alfredo Montoya Revilla, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del diecinueve de julio al dos de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/1784/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

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