Salvador Pulido Pimentel

Expediente 879/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
879/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
16/03/2021

Partes del expediente

  • Salvador Pulido Pimentel

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con que se da cuenta, de los que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual SE DESECHÓ la demanda de amparo promovida por Erwin Huerta Rodríguez, sin que se hubiese recurrido. CAUSADO ESTADO. Consecuentemente, se declara que el aludido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. ARCHIVO. Por otro lado, como de autos se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svm

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. CUMPLE PREVENCIÓN. Vistos los escritos de cuenta signado por Erwin Huerta Rodríguez quien se ostenta defensor particular del quejoso Salvador Pulido Pimentel, mediante los cuales pretende cumplir cabalmente con la prevención hecha en autos de treinta de diciembre de dos mil veinte, por lo que respecto del punto marcado con el número uno manifiesta que el Ayuntamiento de Chirintzio, forma parte del juicio de origen, por lo que le resulta el carácter de tercero interesado. Por lo que ve al punto número dos, bajo protesta de decir verdad, de manera cronológica, suscinta y ordenada narra los hechos y abstenciones que constituyen el acto reclamado. En tal virtud, con los escritos de cuenta, se tienen por cumplidos los puntos de prevención hechos en auto de treinta de diciembre de dos mil veinte. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora bien, como del análisis a la demanda de garantías, se desprende que la promovente señala en su escrito de demanda como acto reclamado el siguiente: "ACTO QUE SE RECLAMA: La resolución emitida dentro de la audiencia de fecha treinta de noviembre del año en curso; en la cual negó la reapertura de investigación para la obtención de datos de prueba ya autorizada en tiempo y forma." Por otro lado, en sus escritos aclaratorios narra como antecedentes del acto reclamado lo siguiente: ".Se señala el día veintiocho de febrero de 2020 para la audiencia formulación dictándose en esa misma fecha auto de vinculación a proceso llevando el proceso en libertad solo imponiéndosele la medida cautelar de presentación cada mes ante la unidad de medidas cautelares. ". "Con fecha 30 de noviembre de la presente anualidad se señaló nuevamente audiencia de reapertura de investigación en la sala de oralidad número 4, en esta ciudad de Morelia, Michoacán, en donde el Juez de Control Licenciado Félix Francisco Cortés Sánchez anunció que había aprobado en una primera etapa la Reapertura de Investigación de manera concreta a actos que habían sido solicitados en tiempo y forma dentro de la etapa de investigación complementaria, y que no había sido posible obtener ambas partes por distintas circunstancias, por lo que autorizo 3 tres meses adicionales, solamente para el Ministerio Público, decretando que no era procedente autorizar que la ampliación de la reapertura de investigación a esta defensa sea para obtener la información de las actas de cabildo que ya había autorizado en la audiencia anterior." Derivado de lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que la demanda de amparo en análisis resulta improcedente, por las razones que se expondrán a continuación. El artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Mientras que, el diverso artículo 61, fracción XXIII, de la ley en cita, dispone: "El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 62, de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En tanto, el artículo 107, fracción V, de la ley de la Materia, dispone: "El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De una interpretación sistemática de los artículos y porciones normativas transcritas, se obtiene que el estudio de las causas de improcedencia debe emprenderse en forma oficiosa; por esa razón, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de garantías debe examinar el escrito de demanda y de advertir la existencia de alguna causa que torne improcedente el juicio, deberá desecharla de plano. Asimismo, que el juicio de amparo es improcedente cuando se endereza contra actos ventilados durante el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe destacar que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra Constitución Federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del cual dimanan; es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo, cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, donde el tiempo del que se le privó no será posible restituírsele. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos. Así, los únicos actos emitidos dentro de un juicio que pueden ser materia del amparo son aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, siendo el caso cuando agravian de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo materia de derechos humanos o las garantías constitucionales establecidas para la protección de éstos, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable a sus pretensiones. Es aplicable la Jurisprudencia de la otrora Tercera Sala SCJN, de rubro y texto siguiente: Época: Octava Época Registro: 207343 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: 3a. 43 Página: 291 "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Contradicción de tesis 3/89. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito. 13 de noviembre de 1989. Cinco votos. Ponente: Jorge Carpizo Mac Gregor. Secretario: José Juan Trejo Orduña. Texto de la tesis aprobado por la Tercera Sala en sesión de veintisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve. Unanimidad de cuatro votos de los señores ministros: Presidente decano Mariano Azuela Güitrón, Jorge Carpizo Mac Gregor, Salvador Rocha Díaz e Ignacio Magaña Cárdenas.". Ahora, de lo narrado en la demanda promovida por quien se ostenta defensor particular del quejoso Salvador Pulido Pimentel, se desprenden que reclama esencialmente la resolución de treinta de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 964/2019, durante la investigación complementaria, instruida en contra del aquí quejoso, por la posible comisión de los delitos de peculado, daño al erario público y los que resulten, resolución que se reclama respecto a la determinación hecha por el Juez de Control en relación a que no era procedente autorizar que la ampliación de la reapertura de investigación a la defensa para obtener la información de las actas de cabildo que ya había autorizado en la audiencia anterior. En ese sentido, del análisis integral de la demanda y artículos invocados, se considera que el libelo generador del expediente en que se actúa, es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu y 171, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior, se considera de esa forma si se tiene en cuenta que en la especie, el acto reclamado que se hace consistir en la resolución de treinta de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 964/2019, durante la investigación complementaria, instruida en contra del aquí quejoso, por la posible comisión de los delitos de peculado, daño al erario público y los que resulten, resolución que se reclama respecto a la determinación hecha por el Juez de Control en relación a que no era procedente autorizar que la ampliación de la reapertura de investigación a la defensa para obtener la información de las actas de cabildo que ya había autorizado en la audiencia anterior, no es de aquellos que tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, dado que no producen a la parte aquí quejosa, una afectación directa e inmediata a alguno de sus derechos sustantivos, sino únicamente producen efectos formales dentro del procedimiento, que en todo caso, podrían tener como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva, los cuales podrían ser susceptibles de combatirse como parte de las violaciones ocurridas en el desarrollo de la fase intermedia, hasta el auto que da inicio a la etapa intermedia, pues en esta última fase entre otras cuestiones se indican los medios de pruebas admitidos que deberán de ser desahogados en la audiencia de juicio. En efecto, el acto reclamado no es susceptible de combatirse mediante este juicio de amparo indirecto, porque se reitera, no se trata de una violación que cause a las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, sino que únicamente constituye una actuación que, en opinión de quien esto provee, será impugnable en amparo cuando se reclame el auto de apertura a la etapa intermedia al que da conclusión a la etapa de investigación. Lo anterior es así, ya que de considerar la procedencia del juicio biinstancial en contra violaciones procesales como la que ahora se hace valer, daría lugar a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto. Por lo tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Máxime si se toma en consideración que la parte promovente bajo protesta de decir verdad, en su escrito aclaratorio manifestó que se lleva el proceso penal en su contra en libertad, por lo que no se ve afectada su libertad personal con la resolución que reclama, toda vez que no se afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo materia de derechos humanos o las garantías constitucionales establecidas para la protección de éstos, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable a sus pretensiones. Por contener razonamientos afines, se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: Época: Octava Época Registro: 216267 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 65, Mayo de 1993 Materia(s): Común Tesis: VI. 2o. J/258 Página: 53 "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El desechamiento de las pruebas del quejoso puede originar que la sentencia le sea adversa; pero no significa que aquel acto sea de imposible reparación desde el momento en que está contemplado como una de las violaciones al procedimiento previstas por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Al disponer el artículo 161 de esa misma ley que las violaciones procesales a que se refiere el artículo en consulta podrán reclamarse en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello se consideró que además del hecho de que podrían repararse en sentencia tales violaciones, era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que trascendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el artículo 159 de la Ley de Amparo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 6/88. Augusto Beltrán Ramírez. 26 de enero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: E. Gustavo Núñez Rivera. Amparo en revisión 247/89. Nancy J. Muñoz Castañeda. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo en revisión 296/89. Ruth Juárez Díaz. 19 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 88/91. Angel Lira Reyes, por sí y en representación de Alquiladora San Marcos. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo en revisión 105/93. Socorro Romero Zempoalteca y otro. 26 de marzo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.". También resulta aplicable al respecto, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "Tesis: P./J. 24/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 205651 Pleno Núm. 56, Agosto de 1992 Página 11 Jurisprudencia (Común) EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Contradicción de tesis 47/90. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión números 1303/90 y 939/89, respectivamente. 9 de enero de 1992. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Disidentes: Lanz Cárdenas, Cal y Mayor Gutiérrez y Gil de Lester. Ausente: Adato Green. Secretario: Miguel Angel Castañeda Niebla". Asimismo las tesis que a continuación se transcriben: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2017171 Aislada Materias(s): Común, Penal Décima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tomo: Libro 55, Junio de 2018 Tomo IV Tesis: XVII.2o.P.A.28 P (10a.) Página: 3076 INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. CONTRA LA NEGATIVA DEL JUEZ DE CONTROL DE ACCEDER A LA SOLICITUD DE LA DEFENSA DEL IMPUTADO DE SEÑALAR FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA A FIN DE DEBATIR SOBRE EL DESAHOGO DE DIVERSAS PRUEBAS EN ESTA ETAPA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL SER UN ACTO QUE, POR SÍ MISMO, NO AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. El acuerdo pronunciado por el Juez de control, en la etapa de investigación complementaria, que forma parte del procedimiento penal acusatorio y oral, mediante el cual determinó que no era posible acceder a la solicitud realizada por la defensa del imputado de señalar fecha y hora para audiencia a fin de debatir sobre el desahogo de diversas pruebas, no afecta de manera directa e inmediata derechos fundamentales del quejoso, reclamables en el juicio de amparo indirecto, pues no genera, por sí mismo, una afectación material a derechos sustantivos, ya que sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal que puede o no trascender al sentido de la resolución definitiva que en su momento llegue a pronunciarse; además, existe la posibilidad de que en la etapa intermedia o de preparación del juicio, solicite los medios de prueba que estime pertinentes para acreditar su teoría del caso, por ser dicha etapa la que tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, de conformidad con el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 25/2018. 15 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Montes García, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Secretaria: Diana Elizabeth Gutiérrez Espinoza. Época: Décima Época Registro: 2021020 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III Materia(s): Común, Penal Tesis: XXIV.1o.3 P (10a.) Página: 2529 VIOLACIONES COMETIDAS EN LA ETAPA INTERMEDIA. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO AL DECRETARSE EL AUTO DE APERTURA AL JUICIO ORAL. Conforme al nuevo marco legal que rige al proceso penal acusatorio, éste consta de varias etapas, las cuales, de acuerdo con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son las siguientes: investigación, intermedia o de preparación y de juicio; asimismo, conforme al citado ordenamiento, los procesos penales en la actualidad se rigen por una serie de principios, entre los cuales destaca el de continuidad, el cual dispone que las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, por esa razón, las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente, ya que de no hacerlo así, se entenderá agotada la posibilidad de solicitarlo. De lo expuesto se colige que cuando se reclama una violación cometida en el desarrollo de la audiencia intermedia, en la que se dicta, además, el auto de apertura a juicio oral, el juicio de amparo indirecto resulta procedente pues, por un lado, esta actuación da conclusión a la etapa intermedia y, por otro, las violaciones acontecidas en esa etapa procesal no podrán ser objeto de estudio en el amparo directo que en su caso llegara a promoverse contra la sentencia definitiva que se dicte en la causa penal de origen, pues el juicio de amparo directo debe limitarse, exclusivamente, a aquellas cometidas durante la etapa de juicio oral, según lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), de título y subtítulo: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL."; estimarlo de otra manera dejaría en estado de indefensión al quejoso, al no poder impugnar la determinación en ningún momento y bajo ningún motivo, inclusive al fallarse el juicio en forma definitiva; lo cual imprime a la determinación final de esa fase una afectación de imposible reparación, al cobrar lo actuado en esa etapa definitividad, en tanto que lo acontecido en ella no podrá ser analizado en la etapa de juicio oral; lo cual afecta el derecho fundamental de defensa del quejoso de un modo irreparable, al no haber posibilidad de que tales violaciones puedan subsanarse en el amparo directo que en su momento se promueva contra la sentencia definitiva. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 129/2019. 2 de agosto de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Cecilia Peña Covarrubias. Secretario: Luis Alberto Escudero Sánchez. Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Tomo I, diciembre de 2018, página 175, registro digital: 2018868. Esta tesis se publicó el viernes 08 de noviembre de 2019 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Los anteriores criterios se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Erwin Huerta Rodríguez, quien se ostenta defensor particular de Salvador Pulido Pimentel, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de diciembre de dos mil veinte. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. Vista la demanda promovida por Erwin Huerta Rodríguez, quien se ostenta defensor particular de Salvador Pulido Pimentel, se acuerda lo siguiente: PREVENCIÓN. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con apoyo en el artículo 108, fracciones II, III, IV y V, en relación con el diverso 114, fracciones I, II y IV, todos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente hábil al en que quede debidamente notificada de este auto, por escrito y bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda sobre lo que se precisará en los párrafos subsecuentes: 1.- Toda vez que en el apartado relativo al nombre y domicilio de los terceros interesados, manifiesta que tienen ese carácter la Agente del Ministerio Público litigante adscrita a la Fiscalía Especializada anticorrupción de la Fiscalía General del Estado y el Ayuntamiento de Churintzio, Michoacán, sin que se advierte la razón por la que le resulta dicho carácter al Ayuntamiento antes señalado, por lo que deberá precisar porque considera que le resulta el carácter de tercero con interés. 2.- Asimismo, para que bajo protesta de decir verdad, en forma cronológica, sucinta y ordenada, narre los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes de la causa penal de donde emana el acto reclamado; debiendo precisar las partes de la causa penal, el estado procesal de la misma, entre otros. En la inteligencia que el cumplimiento de todo lo antes requerido, deberá realizarlo bajo protesta de decir verdad, pues la finalidad de ésta es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones al quejoso que manifieste hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de la materia, que señala que cuando algún quejoso o su abogado autorizado o ambos, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda admiten hechos falsos u omita los que le consten, en relación con el acto reclamado, se harán acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trecientos días de salario, adquiriendo con ello la responsabilidad que conlleva su manifestación dadas las consecuencias legales que de dicha protesta pudieran derivarse; por lo que si lo aseverado por el quejoso bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza. Tienen aplicación a lo anterior, las tesis de los rubros y textos siguientes. "Época: Novena Época Registro: 175345 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Abril de 2006 Materia(s): Común Tesis: I.7o.A.100 K Página: 990 DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 77/2005. Sociedad Mexicana de Ejecutantes de Música, S. de E. de I.P. 15 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa. Nota: Por ejecutoria del 26 de junio de 2013, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 103/2013 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.". "Época: Décima Época Registro: 2014917 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 13/2017 (10a.) Página: 5 VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Contradicción de tesis 204/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de febrero de 2017. Unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Luis Mauricio Rangel Argüelles. Tesis y/o criterios contendientes: Tesis I.3o.C.87 K (10a.), de título y subtítulo: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. SI DE LAS ACTUACIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO SE ADVIERTE LA REALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE DELITO PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE LLEVARLA A CABO.", aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de agosto de 2015 a las 14:26 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo III, agosto de 2015, página 2645, y El sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver la aclaración de sentencia derivada del amparo directo 237/2015. El Tribunal Pleno, el trece de julio en curso, aprobó, con el número 13/2017 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a trece de julio de dos mil diecisiete. Esta tesis se publicó el viernes 18 de agosto de 2017 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de agosto de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.". 3.- Finalmente, para que, en la hipótesis de dar cumplimiento de forma física y ser posible exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a todas las partes, debiendo tener en consideración que se requiere una para la autoridad que señala como responsable, dos para los terceros interesados, dos más para los cuadernos de suspensión, otra más para la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Se apercibe a la promovente del amparo que de no cumplir con lo requerido en los puntos uno y dos se tendrá por no presentada la demanda; lo anterior con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. CONSULTA ELECTRÓNICA Por otro lado y en atención al usuario "Hurepe" que señala a fin de que se le autorice la consulta del expediente vía electrónica, en términos de lo previsto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de ocho de julio de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, se autoriza al promovente la consulta electrónica del expediente en el señalado sistema electrónico a través del usuario que precisa. DESIGNA AUTORIZADOS. Por otra parte se tiene a la parte quejosa designado como autorizado de su parte a María del Rocío Zepeda González, Sergio reyes Sánchez y Mónica Liliana Godínez Urbano, sin la amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no se las confiere expresamente, por lo que únicamente podrán oír y recibir notificaciones, imponerse de autos, así como recoger documentos. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente hasta en tanto se reanuden las labores de este órgano jurisdiccional. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

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