Salvador Pérez Hernández
Expediente 496/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 496/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro
- Salvador Pérez Hernández
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, con sede en esta localidad, mediante el cual solicita se haga disponible el expediente electrónico del presente juicio de amparo para estar en aptitud de vincularlo con el diverso 864/2019 de su índice; al respecto se provee: De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, como lo solicita la autoridad oficiante, realícese la vinculación del presente juicio de amparo al diverso 864/2019, del inventario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, únicamente por el plazo de tres días, contados a partir de la fecha en que dicha autoridad quede legalmente notificada del presente acuerdo; una vez transcurrido dicho término, sin dictar acuerdo, cancélese la vinculación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y toda vez que en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos diversos documentos originales por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
PREVIO AVISO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo que promueve Salvador Pérez Hernández, contra el acto reclamado al juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con residencia en la ciudad de Oaxaca; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 496/2019. Examinada en su integridad la demanda, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la ley normativa del juicio de garantías, debe desecharse la misma. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el arábigo 107, fracción V, éste interpretado en sentido contrario, de la ley en cita, cuyos textos establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En cuanto al tema que se aborda, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho humano previsto en la Carta Magna, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate. En estos casos (los de excepción), la justicia federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto, sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, pues las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Sin embargo, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo. En el particular, el acto reclamado al juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, se hace consistir en: la dilación abierta al procedimiento, dentro del expediente 21/2019, porque han transcurrido dieciocho días hábiles, sin que se haya dictado la resolución correspondiente, siendo que la junta de herederos se celebró el tres de mayo del año en curso. En ese contexto, cabe señalar que la Segunda Sala del Máximo Tribunal al resolver la contradicción de tesis 325/2015 determinó, en concordancia con el criterio del Pleno, que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8°, 14, 16 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Por ello refirió que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Entonces el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente, a menos que el juez de amparo advierta que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción, lo que en el caso no sucede, puesto que de la narración de los hechos, efectuados bajo protesta de decir verdad, se colige que se ha actuado en el procedimiento de origen, pues el tres de mayo de este año, el juez responsable desahogó una junta de herederos, lo que implica que el asunto no está paralizado y que ello no produce una afectación al artículo 17 constitucional. Consecuentemente, como se estableció previamente, el presente asunto no se ubica en la hipótesis de excepción determinada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, si existe "abierta dilación" o "paralización total" del procedimiento, al no actualizarse las condiciones necesarias para ello, como son: i) que el retraso consista en un estado o situación de carácter extraordinario, ingente, fuera de toda proporción y notoriamente injustificado; y ii) que el asunto se encuentre detenido por completo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en análisis, con apoyo en el arábigo 113 del propio ordenamiento en cita, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Sin que esté por demás mencionar que el impetrante, para impugnar la dilación en que afirma incurre la autoridad judicial, que puede estimarse una denegación de justicia, puede interponer el recurso de queja previsto en los artículos 697 y 699 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, para el efecto de que el superior inmediato del juez, obligue a éste a pronunciarse en relación a lo pedido. Los preceptos legales citados estatuyen: "De la queja Artículo 697.- El recurso de queja tiene lugar: I. Contra el juez que se niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante antes de emplazamiento; II. (DEROGADA, P.O. 20 DE ABRIL DE 2001) III. Contra la denegación de apelación; IV. En los demás casos fijados por la ley y en los casos de denegación de justicia. [.] Artículo 699.- El recurso de queja contra el juez se interpondrá ante el superior inmediato dentro de los tres días que sigan al acto reclamado, haciéndolo saber dentro del mismo tiempo al juez contra quien va el recurso, acompañándole copia. El escrito relativo podrá enviarse al superior por conducto del mismo juez. Dentro del tercero día de que tenga conocimiento, el juez de los autos remitirá al superior informe con justificación. El superior, dentro de tercero día, decidirá lo que corresponda". En otro aspecto, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica, por autorizado a la persona que señala, sin las facultades del numeral 12 de la ley de la materia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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