Salvador Pérez Hernández
Expediente 480/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 480/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Salvador Pérez Hernández
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de esta misma fecha, se advierte, ha fenecido el término concedido al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, con sede en esta localidad, en proveído de diez de octubre de dos mil diecinueve, a fin de vincular el presente juicio de amparo con el diverso 864/2019 de su índice; por tanto, se ordena cancelar la vinculación de que se trata; para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio firmado por el secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, en atención a su contenido, a fin de que esa autoridad judicial pueda consultar el expediente electrónico, realícese la vinculación del presente juicio de amparo al diverso 864/2019, de su índice, por el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que se notifique este proveído; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Infórmese lo anterior al Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo que promueve SALVADOR PÉREZ HERNÁNDEZ, contra actos del Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro; fórmese expediente en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese bajo el número 480/2019. En ese tenor, una vez examinada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia, debe desecharse la misma. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el arábigo 107, fracción V, éste interpretado en sentido contrario, de la ley en cita, cuyos textos establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En cuanto al tema que se aborda, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho humano previsto en la Carta Magna, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate. En estos casos (los de excepción), la justicia federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto, sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, pues las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Sin embargo, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo. En el particular, el acto reclamado al juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, se hace consistir en: la negativa tácita a declarar al quejoso heredero único y universal, dentro del juicio sucesorio intestamentario 21/2019, ya que no se le ha notificado resolución respecto de la junta de herederos verificada el tres de mayo del año en curso. En ese contexto, cabe señalar que la Segunda Sala del Máximo Tribunal al resolver la contradicción de tesis 325/2015 determinó, en concordancia con el criterio del Pleno, que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8°, 14, 16 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Por ello refirió que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Entonces el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente, a menos que el juez de amparo advierta que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción, lo que en el caso no sucede, puesto que de la narración de los hechos, efectuados bajo protesta de decir verdad, se colige que se ha actuado en el procedimiento de origen, pues el tres de mayo de este año, el juez responsable desahogó una junta de herederos, lo que implica que el asunto no está paralizado y que ello no produce una afectación al artículo 17 constitucional. Consecuentemente, como se estableció previamente, el presente asunto no se ubica en la hipótesis de excepción determinada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, si existe "abierta dilación" o "paralización total" del procedimiento, al no actualizarse las condiciones necesarias para ello, como son: i) que el retraso consista en un estado o situación de carácter extraordinario, ingente, fuera de toda proporción y notoriamente injustificado; y ii) que el asunto se encuentre detenido por completo. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en análisis, con apoyo en el artículo 113 del propio ordenamiento en cita, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, y entregue los oficios que del mismo deriven. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, así como por autorizado únicamente para tales efectos a la persona menciona, sin gozar de las demás facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acredite ante este Juzgado encontrarse debidamente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o proporcione los datos correspondientes. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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